Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123847
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.847, "Valetti, Oscar Bautista contra Electroingenieria S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 157/168).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15 de febrero de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Oscar Bautista Valetti contra Electroingeniería S.A., condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias de naturaleza salarial (horas extras, sueldo anual complementario y vacaciones) y por el fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250); y -por otro lado- de las indemnizaciones con sustento en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 157/168).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento del depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos por el empleador en los períodos diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015 (v. vered., tercera cuestión, fs. 159 y vta.), juzgó que, para hacerse acreedor de la sanción pretendida, la intimación debió cursarse -por la interpretación que formuló de los términos del art. 1 del decreto 146/01- con indicación precisa de los conceptos e importes impagos, así como de los organismos a los cuales correspondían.
Por ello, en razón de que tales recaudos no se encontraban cumplidos, y pese a que el ingreso de los importes en cuestión al sistema de seguridad social no se había producido, desestimó la pretensión (v. sent., fs. 163 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 19 y concordantes de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el citado art. 132 bis del texto legal mencionado, ya que -entiende- la solución adoptada por el tribunal inferior en grado transgrede la doctrina legal elaborada en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el juzgador incurrió en violación y errónea interpretación -con apego a un exceso de rigor formal- del alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) porque estableció que la intimación debió realizarse precisando el monto y el período de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados al organismo de destino, desde que tales requisitos no están previstos en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el órgano de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias, a saber: el telegrama (v. fs. 8), los recibos de sueldo (v. fs. 10/48) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 126/135).
Esto último, desde que -asegura- de su compulsa surge con claridad que en el período reclamado (diciembre de 2014 a febrero de 2015) la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite, en cuanto a su admisibilidad, la impugnación bajo análisis pues, en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Inicialmente, corresponde rescindir aquel aspecto del fallo con arreglo al cual el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma, al no incluir con precisión el monto y período de los aportes presuntamente retenidos y el organismo al cual correspondían.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 8 se indicó el período en que se denunció la infracción (que, adelanto, coincide en un tramo con las constancias de la causa), se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada en la norma a la que vengo haciendo referencia, por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -referidos a la materialización económica y al momento del reclamo- que no reconocen sustento en la correcta exégesis de su texto, desbordándolo.
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos en los períodos diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015 (v. vered., fs. 159 vta. y sent., fs. 163), no lo es menos que la demandada no tuvo ocasión de recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Desde esa óptica, se advierte que la legitimada pasiva sostuvo en oportunidad de contestar la demanda que correspondía el rechazo de la sanción, desde que -afirmó- había cumplido íntegramente con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 69 y vta.).
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
En tal sentido, deviene necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.3.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis en los términos en que efectivamente fue solicitado por la actora.
En efecto, tal como lo sostiene el propio sentenciante, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 10/47 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es posible constatar que -como acertadamente denuncia el recurrente- en los meses de diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. fs. 127).
Asimismo, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente, del telegrama glosado a fs. 8, que el señor Oscar Bautista Valetti intimó a su empleadora (el día 1 de noviembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
Ello basta, más allá de otras consideraciones que podrían formularse, para evidenciar en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
En consecuencia, y quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos por la accionada, debe revocarse la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:40:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:55:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:51:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia