Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72693
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 72.693, "Cariló Arco SRL contra Municipalidad de Pinamar sobre Inconstitucionalidad de ordenanza 4239/2013", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres.
I. Cariló ARCO S.R.L., por apoderada, interpone una acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. Procura la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 4.239/13 de la Municipalidad del Partido de Pinamar que estableciera modificaciones al Código Tributario municipal en cuanto al método de cálculo de las tasas municipales, produciendo un aumento desmedido de las mismas. Ello, por considerar que fue sancionada sin observar lo prescripto en el art. 193 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Solicita la invalidez de la mentada ordenanza 4.239/13, del decreto 540/13 y de todo otro artículo derivado de la misma que modifique el Código Tributario, en tanto la considera violatoria de normas y principios constitucionales (arts. 17 y 28, Const. nac. y 193 inc. 2, Const. prov.).
Sostiene que dicha ordenanza fue aprobada sin el quorum necesario.
Refiere que el inc. 2 del art. 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que "Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales".
Explica que el día 17 de mayo de 2012 se realizó una sesión especial con el fin de conformar las listas de mayores contribuyentes del año 2012 conforme las reglas establecidas en el art. 94 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que fue aprobada en forma unánime.
Indica que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de la Municipalidad de Pinamar está compuesta por veinte miembros y requiere la presencia de once miembros para sesionar conforme la mayoría absoluta establecida en el art. 100 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Agrega a ello que los arts. 94 y 96 de ese cuerpo normativo prevén la participación de los mayores contribuyentes suplentes solo cuando se den los supuestos de excusación o renuncia de los titulares, lo que habilitará que sean reemplazados por aquellos que integren las listas de su mismo bloque político.
Sobre el punto explica que el día 11 de enero de 2013 se dio inicio a la sesión convocada en el Honorable Concejo Deliberante a fin de aprobar la ordenanza 4.239/13 y su ordenanza preparatoria, que modifica el Código Tributario en cuanto al cálculo para la determinación del importe a pagar por tasas de servicios urbanos.
Denuncia que su aprobación se dio sin cumplirse con los recaudos antes mencionados, ya que a fin de alcanzar el número necesario para sesionar estuvieron presentes dos mayores contribuyentes titulares simultáneamente con sus dos suplentes, circunstancia que inhabilitaría la conformación de dicho órgano.
Al mismo tiempo denuncia, en relación con la segunda mayoría requerida para decidir sobre el aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras municipales, que según entiende, corresponde sea contabilizada sobre la totalidad de los integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (arts. 29, LOM y 193 inc. 2, Const. prov.) y también dicha exigencia fue incumplida dado que en el caso se aprobó con nueve votos y no con un mínimo de once como correspondía.
Alega que la norma impugnada introduce un conjunto de modificaciones en cuanto al cálculo de las tasas que produce un aumento irrazonable de las mismas de un trescientos por ciento (300%) llegando en algunos casos a novecientos por ciento (900%), como acredita con las partidas municipales que acompaña, que no guarda relación con la inflación estimada para el año 2013 (30%) ni con el costo del servicio que presta la comuna. Por ello acusa al municipio de desnaturalizar la esencia de las tasas al querer financiar otras actividades de la comuna ajenas al servicio previsto.
Por último, peticiona que se dicte medida cautelar solicitando se suspenda la aplicación de la ordenanza 4.239/13 hasta el dictado de la sentencia, la cual es concedida mediante resolución de este Tribunal de fecha 28 de diciembre de 2016.
II. Corrido el traslado, la Municipalidad de Pinamar contesta la demanda solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.
En cuanto al procedimiento de sanción de la ordenanza 4.239/13 argumenta que, haciendo una interpretación armónica de lo establecido en los arts. 192 y 193 de la Constitución provincial y 99 y 100 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, surge que la mayoría absoluta de votos refiere a los miembros presentes una vez obtenido el quorum para sesionar.
En virtud de ello, plantea que habiéndose obtenido el quorum en la segunda convocatoria se contó con la mitad más de los miembros que integran el cuerpo (11) y la mayoría de los votos a favor de la ordenanza impugnada (9).
En cuanto a la relación entre el costo del servicio y la cuantía de la tasa, manifiesta que no es necesario que exista una equivalencia estricta imposible de establecer. Explica cómo se determinó el costo del servicio y cita antecedentes jurisprudenciales aplicables al caso.
Agrega que lejos de haber "...desnaturalizado la tasa", como expresa la actora, en realidad se ha distribuido el costo del servicio entre los sujetos pasivos en función del principio de capacidad contributiva.
Concluye sobre el punto que la actora solo expresa una mera disconformidad, pero no plantea que la tasa sea confiscatoria, por lo que entiende debe rechazarse dicha pretensión.
Con tales argumentos solicita el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad.
Ofrece prueba documental y hace reserva del caso federal.
III. Agregados el alegato de la parte actora, el dictamen del señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La cuestión sometida a tratamiento es sustancialmente análoga a la planteada en la causa I. 72.548, "Anaya" (sent. de 15-VI-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Negri, cuyos fundamentos guiarán -en lo pertinente- el desarrollo de mi voto.
Esta Suprema Corte ha reiterado, en fallos posteriores, tal postura (causas I. 72.501, I. 72.570 e I. 72.727, sents. de 29-XI-2017; I. 72.471 e I. 72.537, sents. de 6-XII-2017; I. 72.588, sent. de 28-II-2018; I. 72.546, sent. de 23-II-2021; e.o.).
II. Planteadas las postulaciones de las partes, y visto el contenido del dictamen del señor Procurador General, a los fines del tratamiento de los argumentos alegados por la actora para sostener su reclamo de inconstitucionalidad, corresponde discriminarlos en dos: uno, referido a las formalidades que se denuncian incumplidas por parte de la demandada al momento de sancionar la ordenanza impugnada; y otro, relacionado con la desproporción en el aumento de las tasas municipales y la afectación de los derechos patrimoniales de la demandante.
II.1. Abocándome al primero de ellos, cabe recordar que esta Suprema Corte ha considerado procedente, por la vía de la demanda originaria de inconstitucionalidad, juzgar la validez de una norma frente al inequívoco cuestionamiento de la misma por incumplimiento de requisitos constitucionales ineludibles, como resulta ser la inobservancia de la mayoría de votos necesarios para la existencia y consecuente validez de una ordenanza municipal. Ello por cuanto no cabe restringir, dogmáticamente, el carácter justiciable de la cuestión, si se hallan en tela de juicio los requisitos de forma y procedimiento reglados constitucional y legalmente y constitutivos de la norma como tal (causa I. 2.029, "Murphy", sent. de 21-VI-2000).
II.2. El ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios potestades para disciplinar variados aspectos -incluido el tributario- siempre en el interés general de la comunidad local.
De conformidad con la Constitución provincial, integra el ámbito competencial de los municipios el dictado de "...ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6, Const. cit.) a quienes, por cierto, también se les han conferido potestades para crear tributos (arts. 192 inc. 5 y 193 inc. 2, Const. cit.) mediante cláusulas que, al decir de esta Suprema Corte, no revisten el carácter de enunciados taxativos en la Ley Orgánica municipal (arts. 226 y 227, LOM; "Acuerdos y Sentencias", 1957-V-116; 1958-III-337, 350 y 360; 1966-II-15; 1972-II-659; 1977-I-1131; entre muchas), aunque todas ellas se refieren a imposiciones reguladas con el fin de posibilitar cometidos propios del gobierno comunal.
En cuanto al procedimiento que se debe cumplir para el ejercicio de tales atribuciones, el art. 193 de la Constitución provincial establece que "...todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales" (inc. 2).
Por su parte, el decreto ley 6.769/58 regula la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el Capítulo III (arts. 93 a 106). En el art. 104 expresa que "...la sanción de una ordenanza por parte de la Asamblea necesitará para su aprobación la mayoría establecida en el artículo 184 (actual 193), incisos 2 y 3 de la Constitución".
II.3. La actora postula que la ordenanza 4.239 del año 2013 fue dictada sin que se hubieran alcanzado las mayorías que el art. 193 de la Constitución provincial establece para tal fin.
Cabe dejar sentado que ambas partes son contestes en que la sesión en la que se trató y aprobó la ordenanza cuestionada tuvo lugar el día 11 de enero de 2013; que más allá de las dificultades para obtener el quorum del cuerpo para funcionar -tal lo denunciado por la actora- el mismo se alcanzó; y que la votación se llevó a cabo obteniéndose el resultado de nueve (9) votos afirmativos y dos (2) negativos.
Siendo así, lo que resta resolver es qué cantidad de sufragios eran necesarios como mínimo para la sanción de la ordenanza municipal 4.239/13, modificatoria del Código Tributario de Pinamar.
II.4. Adelanto mi opinión favorable a la posición de la actora.
No debe confundirse el denominado quorum necesario para sesionar con las mayorías requeridas para obtener una decisión válida.
El primero es el número mínimo de miembros de un cuerpo colegiado cuya presencia es necesaria a la hora de legislar (conf. Sagües, Néstor; Elementos de Derecho Constitucional , Buenos Aires, Astrea, 1993, pág. 393) que puede tener diferente regulación en punto al inicio de la sesión, el necesario para sesionar y el que se exige para votar. La regla general es la mayoría absoluta de los miembros (arts. 64, Const. nac. y 87, Const. prov.). En el caso, este extremo fue satisfecho y las partes son contestes en reconocerlo, aunque la actora refiera irregularidades para su consecución.
Por otro lado, el número de votos requeridos para tomar decisiones, que por regla general es el correspondiente a la mayoría absoluta de los presentes en la sesión, es el número mínimo de voluntades coincidentes que deben concurrir para poder sancionar válidamente una norma por parte del cuerpo legisferante.
Ahora bien, el ordenamiento ha establecido en algunos supuestos, fundándose en razones que tienen más que ver con la naturaleza de los derechos en cuestión o bien con la trascendencia institucional de la temática, que el requisito de las mayorías para sancionar una norma se vea agravado requiriéndose un número mayor de votos concordantes. Así, la Constitución nacional exige "...mayoría absoluta de los miembros de las Cámaras" (arts. 85 y 101) y "...mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de las Cámaras" (arts. 39, 40, 75 incs. 2, 3 y 24, 77, 79, 99 inc. 3, 101 y 104); por su parte, la Constitución provincial, "...mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara" (art. 67 inc. 2) y "...mayoría absoluta de sus miembros" (art. 175).
Cabe destacar que, cuando quiere tomar en cuenta a los "miembros presentes", la propia Constitución provincial se refiere a ello expresamente. Así, el art. 114 dispone que "...todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes".
A nivel legislativo, es dable recordar que el decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone mayorías agravadas en punto a la suspensión preventiva (art. 249 in fine ) o destitución (art. 255) de concejales e intendentes; como así también para el otorgamiento en concesión a empresas privadas la prestación de un servicio público municipal (art. 53) o para autorizar las transmisiones, arrendamientos o gravámenes de los bienes públicos y privados municipales (art. 55); entre otros casos.
II.5. Entiendo que el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial exige una mayoría agravada que no consiste en la mayoría de los miembros de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes presentes al momento de resolver, sino tal como allí reza la "...mayoría absoluta de votos de una asamblea...", entendiendo que con la palabra "votos" el constituyente hace referencia a miembros.
Esta interpretación que postulo recibe una justificación en razón de la materia que trata el inciso en cuestión -ejercicio de la potestad de imposición tributaria por parte de la comuna- y por el sentido de la norma y la naturaleza del órgano asambleario en cuestión.
En cuanto al primero de esos fundamentos cabe recordar que el art. 32 del decreto ley 6.769/58, al reglar las ordenanzas impositivas, impone que deberán ser sancionadas por "...la mayoría absoluta de los miembros integrantes del Cuerpo", por lo que puede advertirse la intención del legislador -que también, según entiendo, fue la del constituyente- de imponer mayores exigencias para el ejercicio de la potestad tributaria por parte de las comunas con relación a la sanción de las demás ordenanzas.
Por otro lado, el requisito de la mayoría absoluta de los miembros deriva también de la naturaleza especial que posee el órgano denominado Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que tuvo su origen en el texto constitucional del año 1934, pero que reconoce antecedentes en las constituciones provinciales de los años 1873 (art. 203 inc. 3) y 1889 (art. 206 inc. 3), como así también en la ley provincial 4.183 del año 1933 (arts. 92 a 99).
La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes es el único órgano facultado por la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades para crear y aumentar tasas, impuestos y contribuciones en el ámbito comunal (arts. 193 inc. 2, Const. prov. y 29, LOM; causa B. 52.614, "Franceschi", sent. de 24-III-1998). Su constitución está compuesta por los ediles en ejercicio y un número igual de mayores contribuyentes seleccionados de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 94 del decreto ley 6.769/58.
Considero que la interpretación que postulo con relación al contenido del art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial, en cuanto exige el voto concordante de la mayoría absoluta de los miembros del citado órgano, impide que una ordenanza impositiva que aumente o cree tributos comunales pueda ser sancionada solo por el voto afirmativo de los concejales o bien solo por los mayores contribuyentes, exigiéndose de tal manera la concurrencia de votos de los dos sectores que conforman este órgano legisferante mixto.
II.6. Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que corresponde al Concejo Deliberante sancionar las ordenanzas impositivas y que las que dispongan aumentos o creación de impuestos o contribuciones de mejoras deberán ser sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial y de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 29: presentación del proyecto, tratamiento y aprobación en comisión, sanción -por mayoría simple- de una ordenanza preparatoria que oficiará de anteproyecto y tratamiento en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.
Para la sanción definitiva de una ordenanza impositiva por parte de la Asamblea se necesitará para su aprobación de la mayoría establecida en el artículo de la Constitución antes citado (art. 104) y que deberá interpretarse la denominación genérica de "impuestos" como comprensiva de la contribución de mejoras y la retribución de servicios municipales, oblados en forma directa (art. 106).
II.7. En el presente caso, tal como adelantara, las partes coinciden en que la ordenanza municipal 4.239/13 fue sancionada por los votos afirmativos de nueve (9) integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, por lo que no se ha alcanzado el número de al menos once (11) votos coincidentes, extremo que, por las razones antes expuestas, debía ser satisfecho en la especie.
La manifiesta inobservancia del aludido requisito para la sanción de la ordenanza, reconocida por parte de la accionada, constituye una grave deficiencia en el procedimiento llevado a cabo, cuyos efectos impactan negativamente en la legitimidad de la decisión del órgano deliberativo adoptada en esas condiciones. Desde que la irregularidad que esa circunstancia implica es susceptible de viciar el acto dictado en consecuencia, resulta inoficioso abordar los argumentos articulados por la actora en punto a la desproporción en el aumento de las tasas municipales y la afectación de sus derechos patrimoniales.
III. Por las razones expuestas, siguiendo el criterio aconsejado por el señor Procurador General, juzgo que debe hacerse lugar a la demanda, declarándose la inconstitucionalidad de la norma impugnada, lo que importa su inaplicabilidad a la situación de hecho en que se encuentra la actora (arts. 25, 190, 191, 192 inc. 7 y 193, Const. prov. y 240, dec. ley 6.769/58).
Voto por la afirmativa.
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
La decisión que se propone al litigio en cuestión tiene fundamento en lo decidido por esta Suprema Corte en los autos I. 72.548, "Anaya" (sent. de 15-VI-2016), en cuya deliberación no he participado.
Habiendo analizado la exigencia constitucional que el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial prevé para concretar la mayoría necesaria para decidir sobre el aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras municipales, de acuerdo al desarrollo argumental efectuado por el señor Juez doctor Pettigiani, entiendo que la ordenanza censurada no ha sido dictada conforme al debido estándar constitucional.
Tal conclusión me conduce a la adhesión al señor magistrado que abre el presente y, consecuentemente, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la demanda, declarándose la inconstitucionalidad de la ordenanza 4.239/13 de la Municipalidad de Pinamar, lo que importa su inaplicabilidad a la situación de hecho en que se encuentra la actora.
Cesen, por consecuencia, los efectos de la medida cautelar dictada el día 28 de diciembre de 2
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