Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66335
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.335, "Campana, Alfredo E. c/ Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres, Violini .
I. El señor Alfredo Eduardo Campana, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires por retardación en el dictado de la resolución definitiva en el sumario administrativo, tramitado en los expedientes 2137-096.484/90 y 091.748/95, caratulados "Infrac. Art. 58 inc. 12 ley 9550/80".
Solicita su reincorporación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el pago de los salarios dejados de percibir desde que se ordenara su disponibilidad preventiva. Asimismo, peticiona se compute, a fin de la antigüedad para el ascenso, todo el tiempo que estuvo fuera de servicio. Reclama el resarcimiento por el daño moral sufrido. Todo ello con intereses, actualización, costos y costas procesales.
Ofrece prueba y deja planteado el caso federal.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, postulando la legitimidad del obrar administrativo y solicitando el rechazo de la demanda.
Plantea asimismo la prescripción de todo reclamo posterior al día 20 de agosto de 1998, es decir cinco años después al cese del actor por declaración de prescindibilidad.
III. La parte actora contesta el planteo prescriptivo solicitando su desestimación.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la actora y los alegatos de ambas partes, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que la Administración le inició el sumario administrativo 3203-728.815/88 por supuesta infracción del art. 58 inc. 15 del decreto ley 9.550/80.
Refiere que, revistando en la comisaría de General Madariaga, en el año 1988, intervino en un operativo policial en el establecimiento rural "La Refalosa", donde se encontraban dos personas de sexo masculino capturando animales silvestres sin autorización, resultando herido uno de ellos con un arma de fuego.
Manifiesta que juntamente con el Sargento 1° Escobar, constataron la perpetración del ilícito, secuestrando diversos elementos, entre ellos una cuchilla con mango de madera con tres remaches y una hoja de aproximadamente veinte centímetros, enfundada en una vaina de cuero de color negro.
Indica que, atento a la existencia de riesgo de vida de una persona, se procedió a su traslado para que recibiera atención médica.
Señala que el arma secuestrada se extravió, imputándosele su responsabilidad al respecto.
Agrega que por tal motivo se incoaron las actuaciones citadas, por incumplimiento de los deberes propios del cargo, toda vez que se consideró que, al momento de confeccionar el acta de procedimiento donde se había secuestrado un arma blanca, no se adoptaron los recaudos necesarios para tal fin, sancionándoselo con veinte (20) días de arresto mediante la resolución 60.433 del día 20 de abril de 1989.
Añade que sin perjuicio de ello, por ante el Juzgado Penal del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del doctor Luis Dupuy, en autos "Actuaciones derivadas de la causa 1062 seguida a Medina Juan Inocencio Homicidio a Medina Juan José en General Madariaga", se lo procesó por los mismos acontecimientos por el delito de falsedad ideológica de instrumento público y violación de los deberes de funcionario público, siendo posteriormente condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sentencia que se encuentra firme.
Agrega que dichas actuaciones motivaron un nuevo sumario administrativo, el 96.484/90, donde se lo imputaba por infracción del art. 58 inc. 12 de la ley 9.550/80.
Destaca que, en consecuencia, con relación a un mismo hecho (extravío del arma blanca secuestrada), se incoaron dos sumarios pese a haber sido sancionado en el primero de ellos.
Manifiesta que con fecha 16 de octubre de 1992 fue notificado de su pase a disponibilidad preventiva por aplicación de la ley 11.184 y su decreto reglamentario 465/92, sin goce de ningún tipo de haber, situación que se mantiene hasta el presente (v. fs. 5, estas actuaciones).
Agrega que, por el extravío de los respectivos expedientes disciplinarios, con fecha 30 de mayo de 2000 se inició la reconstrucción que corre bajo el número de expediente 399.148/00.
Expresa que en el mes de mayo de 2001 solicitó la reincorporación a las filas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e información sobre el estado de los actuados.
Agrega que, en el mes de enero de 2002, se le comunicó por acta que existía pedido de cesantía y que no se lo reincorporaría.
Añade que el día 16 de octubre de 2002 solicitó el dictado de resolución definitiva al señor Superintendente de la Policía Bonaerense no obteniendo resultado satisfactorio a la fecha, lo que le causa grandes perjuicios.
Subraya que al momento de la interposición de la demanda (19 de agosto de 2003) se encuentra bajo disponibilidad preventiva, que desconoce si se ha reconstruido o no el expediente disciplinario y que no percibe ningún tipo de haber.
Precisa que, ante la falta de respuesta a su solicitud del día 16 de octubre de 2002, se produjo el silencio de la Administración encontrándose, en consecuencia, habilitado para iniciar la presente acción por retardación conforme los arts. 7 del Código Contencioso Administrativo y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Especifica que, ante la falta de dictado de la resolución definitiva por un hecho cometido en el año 1988, impone que se declare la prescripción de la acción.
Precisa que la causa penal concluyó en el año 1991.
Invoca el art. 70 del decreto 9.550/80 en cuanto a las causales de interrupción de la prescripción. En consecuencia, considera que desde el mes de mayo del año 2000, cuando se inició la reconstrucción del expediente administrativo, había transcurrido en exceso el lapso prescriptivo legal, solicitando así se declare y se disponga su reincorporación en el cargo que correspondería en la actualidad, con más el pago de los haberes y bonificaciones dejadas de percibir, más intereses.
Afirma que la cuestión de la prescripción fue planteada previamente por ante la Instrucción sumarial y no fue resuelta.
Por otra parte, expone que se ha violado la regla non bis in idem al pretender juzgarlo dos veces por la misma conducta dentro de una misma esfera jurisdiccional, lo que tornaría arbitrario el proceder de la Administración.
Recalca que al no existir resolución definitiva en el segundo procedimiento, y consecuentemente no respetarse los plazos legales previstos para la conclusión del sumario por parte de la Instrucción sumarial, la situación se torna arbitraria.
Sostiene que la potestad disciplinaria y la disponibilidad preventiva decretada escapa a todo marco de razonabilidad y legalidad.
Señala que al finalizar la disponibilidad no se declaró su prescindibilidad y no se pagó la indemnización correspondiente.
Reclama, como reparación patrimonial por el cese ilegítimo, la suma equivalente al cien por ciento (100%) de los haberes no percibidos por todo concepto desde la separación en el cargo y hasta la oportunidad su reincorporación, más intereses, actualización y daño moral.
II. A su turno, se presenta la Fiscalía de Estado a contestar la demanda y solicitar su rechazo.
II.1. Preliminarmente manifiesta que, al margen del sumario impugnado en autos, el actor ya había sido declarado prescindible de la fuerza policial el día 20 de agosto de 1993, habiéndose extinguido la potestad disciplinaria por tal circunstancia.
Sostiene que esta medida está firme y consentida. Declara que este dato ha sido silenciado en la demanda pero incide negativamente sobre la viabilidad de la pretensión anulatoria e indemnizatoria intentada así como la posibilidad de reingreso a la fuerza policial.
Añade que, por otra parte, esa prescindibilidad se consideró extintiva de la acción disciplinaria y del sumario iniciado (resol. 10.504), evitando la necesidad de sanción y discusión al respecto.
Aclara que estas decisiones están firmes y consentidas para el actor por falta de impugnación oportuna y no pueden ser revisadas en el ámbito de este proceso.
Considera que por ello la pretensión ha quedado desactualizada porque ha sido intentada sobre la base de suponer la vigencia actual de un empleo y de un sumario disciplinario, que en realidad ya habían sido declarados extinguidos por la prescindibilidad decretada en el año 1993, por lo que el presente proceso aparece como inoficioso.
Estima que la falta de actualización de la pretensión, con inclusión e impugnación de la extinción del empleo y de la acción disciplinaria por prescindibilidad del actor, excluye la procedencia de la acción y la efectividad del proceso.
Señala que no se puede discutir la ilegalidad de una supuesta cesantía por prescripción de la acción disciplinaria y/o violación del non bis in idem , cuando el empleo se extinguió por otra razón.
II.2. En cuanto al obrar administrativo, defiende su legitimidad.
Manifiesta que, tanto al ordenar la disponibilidad preventiva del actor cuanto al iniciar el sumario disciplinario, la autoridad obró con plena sujeción al marco de legalidad aplicable al caso.
Explica que por resolución 60.483 del 20 de abril de 1989 (v. fs. 28) se aplicó al señor Campana la sanción de veinte días de arresto, por haber encuadrado su conducta en el art. 54 inc. 21 del decreto ley 9.550/80, como un descuido del actor por haberse extraviado un arma blanca secuestrada en un incidente.
Posteriormente en sede penal se determinó que en realidad había existido un delito de falsedad de instrumento público.
A raíz de ello, señala que la autoridad policial procedió a solicitar al Poder Ejecutivo la baja por cesantía del Oficial Subinspector Campana (resol. 66.453 del 23 de enero de 1991).
Reitera que dicha cesantía no llegó a decretarse porque con fecha 20 de agosto de 1993 se procedió a disponer la prescindibilidad del actor en su calidad de agente de la policía (conf. dec. 3.209/93).
Concluye manifestando que esta prescindibilidad que provocó la separación del actor de la fuerza policial, finalmente terminó aparejando la extinción de la acción disciplinaria por desvinculación del agente de la institución (resol. 10.504/05).
Con relación al planteo prescriptivo de la potestad disciplinaria, señala que no existió el período de inactividad que resulte reprochable a la autoridad demandada, ni existió ejercicio de la facultad disciplinaria que resultara extemporáneo.
Afirma que el proceso penal suspendió el curso de la prescripción de la acción disciplinaria, habiéndose instruido el sumario dentro del plazo de tres (3) años de conocida la condenación (art. 70, dec. ley 9.559/80). Agrega que, durante la secuela de dicho sumario, con fecha 23 de enero de 1991, se propició la sanción de cesantía.
Añade que la pena propuesta no llegó a aplicarse porque antes de que se decretara tal medida se dispuso la prescindibilidad del actor mediante el decreto 3.209/93, tornándose abstracto a partir de ese momento la continuación del sumario, que finalmente fue declarado extinguido por desvinculación del actor de la fuerza policial (art. 72 inc. 2, dec. ley 9.550/80; resol. 10.504 del 26 de agosto de 2005).
Por ello sostiene que resulta improcedente este agravio.
En cuanto al planteo por violación del principio de non bis in idem , argumenta que tampoco debe prosperar. Explica que la pérdida del empleo no habría resultado en sustancia de una decisión administrativa sino de la condena penal que se le aplicara al actor, en virtud de la pena de inhabilitación especial con que fuera condenado. Por otro lado, que la condena penal resultó una causal autónoma de cesantía prevista en la legislación policial en su art. 58 inc. 12 del decreto ley 9.550/80.
Por todo ello solicita el rechazo de la demanda y la pretensión de reincorporación al empleo pretendida. Por otra parte, manifiesta que, en su caso, por efectos de la prescindibilidad, no correspondería el pago de ninguna indemnización por fuera de la tarifada prevista por el art. 12 de la ley 11.184, pese a que la considera prescripta.
También rechaza el derecho al cobro de los salarios caídos, en primer lugar por la disponibilidad preventiva y luego por la prescindibilidad, así como a la indemnización por pérdida de los ascensos y daño moral.
Finalmente deja planteada la prescripción de todo reclamo que pretendiera invocar el actor a partir de la prescindibilidad dispuesta con fecha 20 de agosto de 1993. Cualquier requerimiento patrimonial que el señor Campana pretendiera realizar se habría extinguido a los cinco años de aquel cese, es decir, el día 20 de agosto de 1998.
III. De las actuaciones administrativas (expte. 21.100-728.815/88 y sus acumulados), se desprenden las siguientes constancias útiles para la presente causa:
III.1. Inicio de sumario 728.815/88 del día 23 de agosto de 1988, por infracción del art. 58 inc. 15 de la ley 9.550 (v. fs. 7).
III.2. Resolución 60.483 del día 20 de abril de 1989 por la que se le aplicó al Oficial Subinspector Alfredo Eduardo Campana la pena de veinte (20) días de arresto, "...por haberse acreditado que incurrió en incumplimiento de los deberes propios del cargo toda vez que, al momento de confeccionar un acta de procedimiento donde se había secuestrado un arma blanca, no adoptó los recaudos necesarios para tal fin, desconociéndose el destino del arma en cuestión, conducta que motivara que se instruyera un sumario penal por el delito de Falsedad Ideológica de Instrumento Público y violación de los deberes de Funcionario Público [...] sin perjuicio de la definitiva resolución que se adopte en sede penal..." (art. 54 inc. 21, dec. ley 9.550/80; v. fs. 287 -segundo cuerpo-).
III.3. En fecha 14 de septiembre de 1989, precisamente en sede penal, en la causa n° 1.328 caratulada "Campana, Alfredo Eduardo. Falsificación ideológica de instrumento público y Violación de los deberes de funcionario público en Gral. Madariaga", se condenó al señor Campana a la pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación absoluta, venciendo la pena de inhabilitación el día 11 de septiembre de 1991 (v. certificado, fs. 348, expte. reconstruido 333.915/02).
III.4. Informe de la División de Control de Gestión, del que resulta que el señor Campana registra sumario administrativo, expediente 96.484/90, caratulado "Infracción Artículo 58 Inciso 12 Ley 9550/80", incoado con fecha 14 de septiembre de 1989 por el delito de falsedad ideológica de instrumento público, revistando en situación de disponibilidad preventiva desde el día 28 de junio de 1990 (v. fs. 5, tercer cuerpo).
III.5. Resolución 66.452, en el sumario 96.484/90, del día 23 de enero de 1991, mediante la cual el señor jefe de la Policía solicita al Poder Ejecutivo disponer la baja por cesantía del señor Campana (v. fs. 7, tercer cuerpo).
III.6. Copia del decreto 3.209 del día 20 de agosto de 1993, donde el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declaró prescindible, a partir del día 1 de julio de 1993, al personal policial que figuraba en su anexo, entre los que se encontraba el actor (v. fs. 34, segundo cuerpo).
III.7. Presentación del actor de fecha 16 de junio de 1995 en la que solicitó reincorporación y planteó prescripción de la acción (v. fs. 1, expte. adm. 2137-73.301/95, segundo cuerpo).
III.8. Telegrama al señor jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires del día 9 de enero de 1996 en el que el señor Campana intimó a que se lo reincorporara al servicio (v. fs. 1, expte. adm. 2137-152.360, segundo cuerpo).
III.9. Pedido del actor al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para que se avocara al conocimiento de las actuaciones administrativas, del día 30 de junio de 1996 (v. fs. 3, reconstrucción n° 333.915/02).
III.10. Dictámenes de los Organismos Asesores de los días 30 de abril de 1997 y 25 de marzo de 1998, de los que resulta que la sanción de cesantía no se encontraba firme a esas fechas (v. fs. 33 y 43, expte. 2137-91.748/95, tercer cuerpo).
III.11. Informe de la Dirección General de Sumarios, del que resulta que con fecha 30 de mayo de 2000 se inició la reconstrucción del sumario administrativo, expediente 96.484/90, caratulado "Inf. Art. 58 inc. 12 Ley 9550/80", bajo el número 399.148/00 (v. fs. 69, tercer cuerpo).
III.12. Dictamen del Departamento de Asuntos Legales del que resulta que, al día 25 de junio de 2001, el sumario seguido por expediente 399.148/00 no había concluido (v. fs. 113, expte. 11.005/96, tercer cuerpo).
III.13. Solicitud de reincorporación del actor del día 31 de mayo de 2001 (v. fs. 109, tercer cuerpo).
III.14. Pedido del actor, de fecha 31 de agosto de 2001, ante el Ministerio de Seguridad, de prescripción de la acción por no haber sancionado "...un hecho acontecido en el año 1989". Allí refiere que desde el día 23 de enero de 1991 no se cumplimentaron actos administrativos interruptivos de prescripción y que, para el día 30 de mayo de 2000, cuando se inició la reconstrucción del sumario, ya se había cumplido en exceso el lapso establecido por el art. 70 del decreto ley 9.550/80 (v. expte. 21.100-753.395/01, reconstrucción n° 333.915/02).
III.15. Presentación del señor Campana del día 16 de octubre de 2002 en la que solicitó al señor Superintendente de la Policía Bonaerense la resolución definitiva en los expedientes administrativos 96.484/90 y 399.148/00 (su reconstrucción; v. reconstrucción expte. n° 333.915/02).
III.16. Constancia de registro de "Reconstrucción expediente N° 399.148/00 Infracción Artículo 58 inciso 12° Ley 9550/80" en el que resulta imputado el señor Campana, con fecha 10 de enero de 2003 bajo el número 333.915/00 (v. fs. 135 y 136, tercer cuerpo).
III.17. Resolución del señor Interventor de la Dirección General de Sumarios Administrativos n° 10.504, del día 26 de agosto de 2005, en la que declaró extinguida la acción disciplinaria incoada al señor Campana toda vez que se encontraba desvinculado de la institución por haber sido declarado prescindible -art. 72 inc. 2 de la ley 9.550/80- dejándose constancia en su legajo personal que de haber continuado revistando en la institución habría sido pasible de una sanción expulsiva (v. fs. 54, expte. reconstruido 333.915/02).
IV. Es menester analizar en primer término el planteo formulado por el actor relativo a la extinción por prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración.
IV.1. La defensa articulada por la Administración para oponerse al tratamiento de este instituto arguye que, tal como resulta de la resolución 10.504 dictada por el señor Interventor de la Dirección de Sumarios, el día 26 de agosto de 2005 se declaró extinguida la acción disciplinaria contra el señor Campana, por haberse desvinculado de la institución al haber sido declarado prescindible (art. 72 inc. 2, dec. ley 9.550/80).
La resolución mencionada desconoce lo dispuesto por el art. 107 del decreto ley 9.550/80, puesto que el cese de la relación de empleo no puede ser considerado como interrupción de la acción disciplinaria, máxime cuando expresamente la norma, que en este caso dispone la prescindibilidad, exige continuar el trámite a fin de definir lo relativo al pago de la respectiva indemnización, tal como resulta del art. 20 del decreto 465/92, reglamentario de la ley 11.184.
Por lo cual, descartada esta defensa, corresponde abocarse al tratamiento de la prescripción.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.