Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74908
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.908, "Asociación Mutual Once de Febrero (AMOF) c/ Municipalidad de General Pueyrredón. Pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que acogió la pretensión declarativa de certeza entablada, declarando la inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza 22.594 y -en consecuencia- el derecho de la actora a que la demandada dé curso al trámite de las habilitaciones solicitadas, sin necesidad de acreditar la cancelación o regularización de la deuda invocada (v. fs. 117/124 y 183/197).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el apoderado de la Municipalidad de General Pueyrredón interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 200/210), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 211).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 214), acompañado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 14 de febrero de 2019, 03:21:17 hs.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la pretensión declarativa de certeza entablada, declarando la inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza 22.594 y -en consecuencia- el derecho de la Asociación Mutual Once de Febrero a que la Municipalidad de General Pueyrredón dé curso al trámite de las habilitaciones solicitadas, sin necesidad de acreditar la cancelación o regularización de la deuda invocada.
En lo atinente a la admisibilidad de la vía intentada, sostuvo que el requisito de incertidumbre debe ser apreciado con flexibilidad. Descartó que este se identifique con la duda respecto de la cuestión sometida a decisión y que pueda emplearse para repeler aquellas pretensiones en las cuales el derecho que se invoca resulta fácilmente interpretable.
Añadió que la exigencia referida tampoco constituye la contracara de la certeza que se persigue mediante cualquier pretensión y que no puede quedar sujeta al criterio subjetivo del actor o el juez. Consideró que ella se presenta en los supuestos en que no se ha producido un determinado comportamiento del otro sujeto de la relación jurídica que determine la necesidad de impulsar una pretensión de condena.
Entendió que, en el caso, mediaba incertidumbre, por cuanto no se contaba (al menos, hasta la fecha de interposición de la demanda) con un acto del municipio que afectara a la actora y que pudiera ser dejado sin efecto en sede judicial.
Sobre la base de las opiniones de los autores que citó, observó que la ley 13.101 suprimió la mención a las ordenanzas municipales que hacían diferentes preceptos del Código Contencioso Administrativo, pero afirmó que ello no resulta suficiente para excluirlas del control directo en el ámbito del fuero.
Rechazó la insinuación de que en el caso se encontraría comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 161, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC). En esa dirección, advirtió que la declaración perseguida no se sustentaba únicamente en el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza 22.594, al punto de que este fue incorporado en forma subsidiaria. Agregó que la pretensión declarativa prevista en el Código Contencioso Administrativo no excluye el control difuso de constitucionalidad.
Estimó que lo peticionado en autos no tiene carácter simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa, sino que corresponde a un caso concreto y busca precaver los efectos de un acto en ciernes.
En cuanto al fondo de la cuestión planteada, señaló que la Municipalidad de General Pueyrredón no dio curso a las solicitudes de habilitación realizadas por la Asociación Mutual Once de Febrero, en virtud de lo dispuesto por el art. 14 de la ordenanza 22.594 (ordenanza fiscal para el ejercicio 2016), que exige la previa acreditación de la cancelación o regularización de las deudas fiscales.
Manifestó que, de acuerdo con las constancias obrantes en autos, el día 2 de junio de 2015 la aquí actora interpuso recurso administrativo contra las resoluciones que liquidaron sumas presuntamente adeudadas por ella en concepto de tasa por inspección de seguridad e higiene y fondo para la promoción turística.
Destacó que, según lo establecido por el art. 60 de la ordenanza citada, la interposición de recursos administrativos suspende la obligación de pago, mandato que -en su visión- la comuna parecía desoír en la especie. Sin embargo, interpretó que dicha declaración podía resultar insuficiente para dar respuesta al problema que afectaba a la accionante, en tanto la situación suscitada se reeditaría si el municipio rechazara el remedio intentado.
Por este motivo, pasó a abordar el planteo de inconstitucionalidad formulado. En esa dirección, describió que, con el objeto de obtener la satisfacción de obligaciones tributarias, por medio del art. 14 de la ordenanza 22.594, la comuna demandada condiciona el avance de cualquier tramitación al previo pago de aquellas.
Recordó que el Estado tiene facultades para intervenir por vía de reglamentación en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efectos de restringirlo o encauzarlo, aunque con el límite del art. 28 de la Constitución nacional.
Distinguió luego entre el referido poder de policía, ejercido con el fin de promover el bienestar público, y el poder impositivo, relacionado con el propósito de obtener rentas.
Citó jurisprudencia de acuerdo con la cual la imposición de cumplimiento de obligaciones impositivas, como condición para el otorgamiento de habilitaciones, excede el marco de razonabilidad dentro del cual debe ejercerse el poder de policía y encubre una pretensión fiscal que obra, en los hechos, como un impedimento de derechos constitucionales (CSJN causa "Irizar", sent. de 12-IX-1996).
Dedujo que, en el caso de autos, exigir el pago previo de las deudas de la entidad con el municipio supone imponer una finalidad netamente recaudatoria y coercitiva frente a la cual tal exigencia se torna irrazonable y atentatoria de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal.
Aclaró que lo expuesto no significaba que la comuna no debiera percibir las tasas que por cualquier concepto pudiera adeudar la actora, sino que dicho objetivo debía canalizarse a través de los procedimientos establecidos al efecto y no por la vía de obstaculizar ilegítimamente el ejercicio de una actividad comercial.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia.
Coincidió con el señor magistrado de primera instancia en que la pretensión declarativa de certeza no persigue propiamente la condena del demandado, sino el esclarecimiento de una determinada situación en la que media incertidumbre.
Caracterizó a dicha pretensión, regulada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo, como una vía procesal amplia, de carácter independiente y principal, diferente por ende de la acción declarativa contemplada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya naturaleza es subsidiaria.
Tras realizar distintas consideraciones sobre la admisibilidad de la vía en cuestión, concluyó que la pretensión entablada en autos presenta las aristas propias de un caso susceptible de ser enjuiciado en los términos del art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto procura disipar un genuino estado de duda o perplejidad respecto de los alcances de una situación concreta, en el marco de la relación jurídica que une a la actora con el municipio.
Resaltó que la mutual no persigue la invalidez de los actos administrativos que determinaron las presuntas obligaciones fiscales, que su reclamo no resulta teórico ni especulativo y que no surge de las constancias de autos que se haya dictado un acto de aplicación del art. 14 de la ordenanza 22.594, por medio del cual se deniegue de manera expresa el curso de los trámites que la accionante procura instar, hasta tanto esta cancele o regularice las deudas que se le reclaman.
Añadió que sí existen ciertas actuaciones y trámites preparatorios de la demandada que presagian el resultado disvalioso que se procura precaver a través de este juicio. Indicó que es precisamente esa "actividad administrativa en ciernes o inacabada" la que permite inferir que la decisión de la autoridad contraria a sus intereses ocurrirá en un futuro inminente y que frente a ello cobra sentido el carácter eminentemente preventivo de la pretensión intentada. Apuntó que se trata de un conflicto con vocación de reiterarse en el tiempo, dada la periodicidad con que se renuevan las habilitaciones municipales.
Reconoció que, a partir de la modificación introducida por la ley 13.101 al art. 12 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, ha quedado vedada la posibilidad de impugnar de manera directa, por conducto de la pretensión anulatoria, las ordenanzas de contenido normativo, pero evaluó que no existe valladar alguno para postular su invalidación constitucional o legal por medio de la pretensión declarativa de certeza. Reiteró los argumentos del señor juez de primera instancia sobre dicha cuestión.
Con respecto a la cuestión de fondo, sostuvo que los dichos de la demandada en el sentido de que el art. 14 de la ordenanza 22.594 se enmarca dentro del genérico poder de policía que le compete, por lo que resultaría plenamente legítimo y razonable, a más de encontrarse -a su juicio- exento del control judicial por tratarse de una medida de política legislativa, traducen una mera disconformidad que no basta para conmover los cimientos de la decisión del señor magistrado de grado, en tanto no cumplen con las exigencias derivadas de los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Para más, recordó que toda la actividad estatal se encuentra sometida al principio de razonabilidad, el cual constituye un límite preciso a la actividad del poder público que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto.
Manifestó que la expresión de agravios debe contener una crítica precisa y puntual de las partes del fallo que se consideran equivocadas. Entendió que esta no se verificaba en el caso y que -por ende- la parcela bajo análisis del recurso de apelación presentado resultaba insuficiente.
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el apoderado de la Municipalidad de General Pueyrredón denuncia violación de la doctrina legal de esta Corte emanada de los fallos que cita (causas B. 66.737, "Spicer Ejes Pesados", sent. de 6-VII-2005; B. 66.779, "Pérez", sent. de 19-II-2015; e.o.) y de los arts. 5, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional.
Añade que -a su entender- la Cámara interviniente ha vulnerado la normativa cuestionada en autos a través de una errónea interpretación. Acusa asimismo absurdo y arbitrariedad.
Sostiene que su representada nunca fundó la legalidad de la ordenanza fiscal que prohíbe la continuidad de trámites de habilitación con deuda pendiente en el hecho de que constituya el único medio posible para asegurar su cobro. Asegura que la reglamentación tachada de inconstitucional es complementaria de otros mecanismos.
Alega que el Tribunal de Alzada omitió realizar un análisis amplio e integral del plexo normativo imperante en materia fiscal y que por ello el resultado alcanzado se encuentra desapegado del ordenamiento jurídico y los fines perseguidos por el Estado.
Expresa que ningún derecho es absoluto, sino que todos ellos pueden ser restringidos en pos de la protección de un bien jurídico superior. Aduce que, para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, se fijaron ciertos requisitos que condicionan la continuación de trámites de habilitación ante el municipio.
Descarta que resulte irrazonable la exigencia de anteponer el desembolso de lo debido al Estado, en tanto el pago es destinado a fines de interés público que tienen prioridad. Sostiene que no se trata de una "emboscada" para facilitar la recaudación estatal, sino de una facultad legal.
Tacha a los fundamentos del fallo en crisis de dogmáticos por omitir consideraciones sobre el marco fáctico en que la norma impugnada fue sancionada. Insinúa que esta se adecua a las especiales circunstancias por las que atraviesa la ciudad de Mar del Plata en materia económico-financiera.
Considera que la reglamentación cuestionada no afecta ningún derecho adquirido de la accionante, sino que remite a un procedimiento administrativo seguido con todas las garantías del debido proceso, en el cual el interesado no obtuvo aún el acto administrativo definitivo.
Plantea que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y que debe ser decretada como ultima ratio cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrado por la Constitución, circunstancia que -a su entender- no se da en autos.
Manifiesta que la declaración de inconstitucionalidad confirmada por el Tribunal de Alzada no cumple con los extremos básicos para ser tenida como tal, sino que se limita a pregonar la supuesta falta de razonabilidad de la norma enjuiciada, analizando de manera sesgada los valores jurídicos en juego.
Cita jurisprudencia según la cual el control de constitucionalidad de las leyes y normas estatales que incumbe a los jueces no importa la posibilidad de sustituir a los órganos gubernamentales en punto al criterio de conveniencia o eficacia adoptado en ejercicio de facultades que en principio les son privativas (causas I. 1.302, sent. de 5-XII-1989; Ac. 40.805, sent. de 17-IV-1990; e.o.).
Asegura que "...la arbitrariedad e ilegalidad del acto que se ataca por medio de la presente acción debe ser calificable como manifiesta, ostensible y palmaria, cuestión no verificada por estos motivos en estas actuaciones y no ponderada adecuadamente por la resolución recurrida" (fs. 206 vta.).
Más adelante expresa: "...la arbitrariedad o ilegalidad de una acción u omisión lesiva se revela como presupuesto básico de la acción que nos ocupa , y significa en general un incumplimiento claro que contraviene normas positivas, una conducta contraria a derecho, al ordenamiento jurídico en general, y como tal a[l] criterio de razonabilidad (arts. 31 y 28 de la Constitución nacional), circunstancias que no concurren en esta causa [...] por cuanto la accionada se ha limitado a exigir al actor el cumplimiento de la Tasa de Seguridad e Higiene para la continuación de un trámite de habilitación, Tasa [de la] que [...] el actor no se encuentra exent[o] por resultar la liquidación practicada [...] un acto administrativo ejecutorio, más allá de los recursos introducidos en sede administrativa..." (fs. 206 vta. y 207; el destacado figura en el original).
Tras hacer referencia a la vía adecuada para impugnar ordenanzas municipales, que a su juicio es la acción directa de inconstitucionalidad, acusa al a quo de no haber ponderado la existencia de un procedimiento administrativo que al momento de interponer la acción objeto de autos no se encontraba concluido.
Razona que el actor podría haber planteado un amparo por mora, instado una pretensión anulatoria configurando silencio y en su caso, peticionado las medidas cautelares que le pudieran asistir, alternativas todas que -a su entender- demuestran la inexistencia del estado de incertidumbre alegado.
Estima que el criterio de la Cámara interviniente importa poco menos que desconocer el carácter de actos de sustancia legislativa, asignado en la causa "Promenade" de la Corte nacional, a las ordenanzas municipales. Indica que en todo caso debería haberse declarado inconstitucional el art. 8 de la ley 13.101, por medio del cual se suprimió la alusión a la pretensión anulatoria contra ese tipo de ordenanzas.
Predica que la inconstitucionalidad dictada resulta severísima y contrapuesta a los principios inspiradores de la ley, tendientes a bloquear trámites de los deudores de tasas y contribuciones, que con su accionar desaprensivo contribuyen a profundizar la crisis económico-financiera del municipio.
Invoca la presunción de legalidad de las normas legales o reglamentarias, el principio de división de poderes y la autonomía municipal reconocida por el art. 123 de la Constitución nacional, entre otros.
Concluye que la sentencia atacada resulta arbitraria por resolver de manera sesgada el recurso articulado, reiterando los argumentos del señor juez de grado y "...opinando sobre circunstancias que le son ajenas". Enfatiza que mantener dicha decisión importaría vulnerar los derechos de defensa, propiedad y debido proceso de su representada.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En lo concerniente a la admisibilidad de la vía impulsada, la lectura de los agravios esgrimidos por el recurrente y su confronte con las precisas y detalladas razones desarrolladas por el tribunal a quo al abordar dicha cuestión evidencian la falta de idoneidad técnica de aquellos para conmover la decisión atacada (arg. art. 279, CPCC). Veamos.
En un inicio, el impugnante parece confundir los recaudos de la propia acción debatida, pues plantea que el "...presupuesto básico de la acción que nos ocupa..." consiste en un acto u omisión manifiestamente arbitrario o ilegítimo (v. fs. 206 vta.). Estos conceptos resultan aplicables en todo caso al amparo, pero no a la pretensión declarativa de certeza.
Asimismo, se advierte una incorrecta identificación en torno a algunos de los fundamentos sobre los que descansa la sentencia en crisis. En efecto, no es cierto que esta haya omitido ponderar la existencia de un procedimiento administrativo inconcluso.
Por el contrario, dicha circunstancia fue expresamente considerada como un argumento en favor de la admisibilidad de la pretensión articulada, dado su carácter preventivo (cfr. sent. de Cámara, fs. 191 vta. y 192; recurso de inaplicabilidad, fs. 208, primer párr.).
Por otra parte, el recurrente menciona ciertas alternativas procesales que podrían haberse promovido y reconoce en esa posibilidad la supuesta inexistencia de un estado de incertidumbre (v. fs. 208, segundo párr.). El razonamiento expuesto implica desentenderse de la construcción lógica desplegada por la Cámara interviniente, que analizó de manera separada lo atinente a la incertidumbre y al carácter no subsidiario, sino independiente y principal, que le asignó a la pretensión declarativa de certeza regulada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo (v. pto. II.1.1. del fallo, fs. 187 vta. y 188).
No altera lo manifestado la denuncia de violación ni la parcial transcripción de la doctrina sentada en la causa B. 66.737, "Spicer Ejes Pesados", sentencia de 6-VII-2005 (v. fs. 208 y vta.). Ello así, por cuanto la Cámara analizó el caso a la luz del criterio adoptado en dicho precedente por este Tribunal (v. pto. II.1.2. del fallo, fs. 188 vta. in fine y 189), sin que ninguno de los argumentos vertidos en el sentido de que a través de la pretensión entablada no se sortean obstáculos jurídicos ni temporales de vías específicas y exclusivas haya sido objeto de una crítica puntual por parte del impugnante.
Tampoco logran superar el umbral de sufic
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.