Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73108
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.108, "Giorno S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó lo decidido por el juez de primera instancia que, a su turno, había declarado la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850 y reconocido a la firma Giorno S.A. el mantenimiento de la exención de pago del impuesto sobre los ingresos brutos dispuesto por la ley 11.518 (v. fs. 115/124).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 130/138).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 153), agregadas las memorias de la actora a fs. 146/149 y de la Fiscalía de Estado a fs. 159/165, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La firma Giorno S.A. promovió, mediante apoderado, una acción declarativa de certeza con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad del art. 5 de la ley 13.850, a través de la cual la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la exención frente al impuesto sobre los ingresos brutos que le había sido reconocida por la ley 11.518. Para el caso de que se acogiera lo peticionado, hizo reserva de solicitar la devolución de todos los importes abonados por dicho concepto.
Recordó que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento suscripto con fecha 12 de agosto de 1993 tuvo el objetivo de eliminar los gravámenes que provocaban efectos distorsivos en la economía, y fue ratificado por la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 11.463.
Puntualizó que el Estado provincial -como las demás provincias signatarias- se obligaron a hacer efectivas exenciones tributarias de forma parcial y progresivamente, aunque debían estar vigentes antes del 30 de junio de 1995. Paralelamente indicó que las partes asumieron la obligación de que en el plazo no mayor de tres años a partir de la firma del convenio la imposición del impuesto a los ingresos brutos para diversas actividades -entre ellas la producción primaria- fuera sustituida por un impuesto general al consumo.
Explicó que, en cumplimiento del Pacto referido y a través de la ley 11.518 el Estado provincial eximió del pago de los ingresos brutos, a partir del 1 de julio de 1994, a diversas actividades primarias, entre ellas la que desarrolla la demandante (pesca).
Señaló que el art. 5 de la ley 13.850 suspendió las exenciones derivadas de ciertas leyes -entre las que se encuentra la 11.518-, exceptuando a los contribuyentes que desarrollen actividades de producción primaria cuyos ingresos hubieran sido, durante el período fiscal anterior, inferiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000).
Asimismo, denunció que se sustituyó el art. 11 de la ley 13.787, y se establecieron alícuotas para tributar los ingresos brutos de ciertas actividades de producción primaria y producción de bienes.
Sostuvo que el Estado provincial violó el compromiso asumido al suscribir el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento al imponer un condicionamiento -que los ingresos del contribuyente superen la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000)- a los efectos del pago del gravamen, lo que a su juicio genera una desigualdad incompatible con el art. 16 de la Constitución nacional.
Concretamente solicitó la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850 por contravenir el art. 31 de la Constitución nacional, en tanto vulnera los compromisos asumidos en la oportunidad de suscribir el Pacto Federal antes aludido.
En cuanto a la vía intentada, apuntó que los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial contemplan un proceso especial ante la Suprema Corte para casos en los que se persigue la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos, pero observó que, vencido el plazo de caducidad allí previsto (como estimó que había sucedido en la especie), queda abierta la posibilidad de ocurrir ante la justicia ordinaria.
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata al decidir el caso advirtió que el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo no requiere en forma expresa, como requisito de admisibilidad de la pretensión declarativa de certeza, la existencia de un estado de incertidumbre. Tras derivar de allí que este concepto debería apreciarse con flexibilidad, evaluó que, en autos, la actora traía a consideración una controversia actual y concreta respecto del alcance de una situación derivada de su relación jurídica como contribuyente, que no revestía carácter consultivo ni importaba una indagación meramente especulativa y que -por ende- la pretensión resultaba útil para el fin planteado.
Añadió que -a su entender- la incertidumbre (requisito mencionado por el art. 322, CPCC; al que remite el art. 12 inc. 4, CCA) se presenta cuando el demandado no ha adoptado un comportamiento que torne necesario, desde el punto de vista del actor, una sentencia de condena y consideró que ello era lo que sucedía en el caso.
Recordó que el 12 de agosto de 1993 el Estado nacional y las provincias suscribieron el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, con el objetivo principal de eliminar los gravámenes que provocaban efectos distorsivos en la economía y que en ese marco aquéllas asumieron el compromiso de eximir del impuesto sobre los ingresos brutos, en forma parcial y progresiva, a distintas actividades, entre estas la de pesca que desarrolla la firma actora. Agregó que mediante las leyes 11.490 y 11.518 se consagró el beneficio en cuestión. Dedujo que el pacto aludido se hizo operativo en la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de las citadas leyes 11.490 y 11.518, pero advirtió que, con posterioridad, la ley 13.850 suspendió las exenciones allí establecidas.
Entendió que debía dilucidarse aquí sí, pese a lo expuesto, estos beneficios se mantienen vigentes, cuestión que resolvió de manera afirmativa tras razonar que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento debe prevalecer sobre la ley 13.850 debido a la superior jerarquía normativa que reviste por surgir de un acuerdo interjurisdiccional, lo cual impide su derogación unilateral por cualquiera de las partes. Destacó que dicho instrumento no fue denunciado por la provincia demandada. Adujo que al efecto de decidir no era necesario declarar la inconstitucionalidad de la ley cuestionada, sino que bastaba con una interpretación armónica conforme la cual aquella no podía suspender ni dejar sin efecto la exención reconocida a la sociedad actora sobre la base de los antecedentes indicados.
III. Apelado el pronunciamiento por la parte demandada (v. fs. 91/96) la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el remedio deducido, decretó la inconstitucionalidad de la ley 13.850, pues -a diferencia del juez de grado- sostuvo que sin una declaración semejante dicha norma no podía dejar de aplicarse al caso y -fuera de ello- confirmó la sentencia de grado en cuanto reconoció que la firma actora debe seguir gozando de la exención dispuesta por la ley 11.518 (v. fs. 115/124).
III.1. El Tribunal de Alzada caracterizó la pretensión declarativa de certeza regulada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo como una vía procesal amplia, de carácter independiente y principal, diferente por ende de la acción declarativa contemplada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya naturaleza es subsidiaria. Sin oponer objeciones a la admisibilidad de aquella en el caso sujeto a juzgamiento, manifestó que la parte actora, cuestionando la constitucionalidad de la ley 13.850, perseguía hacer cesar el estado de incertidumbre que se habría generado a partir de la sanción de esta última norma.
III.2. En cuanto al fondo de la materia debatida, sostuvo que los tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional (y dentro de ellos, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento) cuentan con un rango normativo específico que impide su derogación, modificación o la alteración de su contenido por parte de cualquiera de los signatarios, salvo que alguno de ellos materialice el procedimiento de denuncia. Seguidamente observó que, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula primera, puntos 3 y 4, apartado "a" del Pacto involucrado, la legislatura bonaerense sancionó la ley 11.518, a través de la cual dispuso eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, entre otras, a la actividad pesquera. Consideró que, en tanto dicho convenio no fue denunciado, la provincia demandada se encuentra obligada por él y que su objeto y fin se vieron frustrados por la decisión de suspender la vigencia de la exención previamente otorgada.
Destacó que la fecha originalmente establecida por el referido Pacto Federal para el cumplimiento de las medidas consensuadas (esto es, el 30 de junio de 1995) fue objeto de sucesivas prórrogas, dispuestas por el Estado nacional mediante las leyes 24.468, 24.699, 25.063, 25.239 y 26.078, a las cuales la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante las leyes 11.646, 11.904, 12.555, 12.575 y 13.698. Interpretó, sin embargo, que tales normas no importaban haber puesto en crisis la operatividad y vigencia de dicho convenio en aquellas parcelas de compromiso que tuvieron oportuna ejecución.
Rechazó el argumento del Fisco según el cual la firma actora no se encontraría habilitada para "...demandar el cumplimiento de un Pacto del cual no ha sido parte...", ello en virtud de precedentes que reconocen "standing" suficiente a quienes se consideren directamente alcanzados por alguna de las medidas (tributarias o no) dispuestas en leyes convenio (conf. Fallos: 330:530, 332:998, 330:1718, 329:6023; e.o.). Además, -en la inteligencia del a quo - la sociedad de autos no procura exigir a la Provincia de Buenos Aires "que cumpla el Pacto", sino "...que se vierta luminosidad sobre la relación jurídica tributaria que la une con el Fisco provincial [...] y que se ha visto empañada por la adopción de una medida fiscal [...] que desconoce otra anteriormente dictada [...] para satisfacer, justamente, el compromiso asumido al suscribir el Pacto...".
Aseguró compartir la arraigada jurisprudencia según la cual nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes, reglamentaciones ni a la alterabilidad de las mismas, pero argumentó que la pretensión articulada no procura mantener inalterado el régimen dispuesto por la ley 11.518 sino más bien cuestionar la constitucionalidad del nuevo esquema delineado por la ley 13.850, que -a su juicio- importa un unilateral apartamiento del compromiso asumido mediante el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, cristalizado en su momento por la ley citada en primer término.
IV. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo y 322 del Código Procesal Civil y Comercial; de la doctrina legal construida por esta Corte en torno a los presupuestos de admisibilidad de la pretensión declarativa de certeza y del art. 31 de la Constitución nacional.
En primer lugar, plantea que la sentencia en crisis interpreta erróneamente los recaudos legales para la procedencia de la acción meramente declarativa, confundiéndola con la acción originaria de inconstitucionalidad.
Sostiene que en el caso de autos no existe un estado de incertidumbre en relación a la ley 13.850 sino que, por el contrario, dicha ley le generó a la demandante un agravio en cuanto limitó un beneficio tributario del cual gozaba.
Señala que la firma actora en modo alguno pretendió hacer cesar un estado de duda respecto de los alcances de la relación jurídica que lo vinculaba con el Fisco a raíz de la sanción de la ley 13.850 sino que el objeto de su acción se dirigió a cuestionar los alcances de la relación tributaria de los cuales no existía ninguna duda o incerteza.
Manifiesta que la impugnación de la ley 13.850 no puede deducirse por la acción meramente declarativa sino -en todo caso- por vías específicas como la acción de inconstitucionalidad, motivo por el cual el Tribunal de Alzada debió haber rechazado la acción incoada atento su carácter subsidiario.
Cita doctrina de esta Corte por la que se estableció que, para la procedencia de la acción meramente declarativa resulta imprescindible la existencia de un estado de incertidumbre o duda en relación a alguno de los elementos de la relación jurídica que vincula a las partes, agregando que además quien la promueve no debe contar con otro medio legal para poner fin a esa situación (causas B. 66.737, "Spicer Ejes Pesados S.A", sent. de 6-VII-2005; B. 69.418, "Merenda", resol. de 14-V-2008; B. 70.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 18-II-2009; e.o.).
En lo atinente al fondo de las cuestiones discutidas, plantea que el fallo atacado hace una errónea aplicación del art. 31 de la Constitución nacional al considerar que el Estado provincial al dictar la ley 13.850 transgredió una norma de jerarquía superior, declarándola por ello inconstitucional.
Sostiene que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento sólo genera compromisos entre los estados firmantes, negando que los contribuyentes puedan impulsar acciones para demandar su cumplimiento. Indica que son las partes signatarias las que pueden reclamar su cumplimiento a la Comisión Federal de Impuestos.
Expresa que el mencionado Pacto no llegó a ser operativo debido a las sucesivas prórrogas del plazo fijado originariamente para cumplir con los compromisos asumidos, dispuestas tanto en el orden nacional como en el provincial.
Asegura que el tribunal a quo no ponderó las potestades tributarias locales ni las implicancias recaudatorias que la decisión adoptada trae aparejada.
V. Corresponde señalar que el caso bajo análisis guarda sustancial analogía jurídica con la causa A. 73.330, "Luis Solimeno e Hijos S.A.", sentencia de 16-XII-2020 circunstancia que me permite reproducir -en lo pertinente- los lineamientos allí expuestos.
V.1. En primer lugar, deben rechazarse los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la presunta inadmisibilidad de la vía intentada.
Al respecto se ha precisado que la pretensión reglada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo no se encuentra exenta de lógicos condicionamientos procesales, como la existencia de un estado de incertidumbre acerca de una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo (dicho requisito se confunde con el interés jurídico en obtener la declaración de certeza perseguida) o la imposibilidad de su ejercicio cuando no se trate de dirimir un "caso" o "controversia", exigencia ésta que encuentra su razón de ser en la necesidad de circunscribir la labor judicial a la resolución de contiendas, evitando desbordes que al contravenir la manda del art. 171 de la Constitución provincial, la sitúen más cerca de la función consultiva que dentro de la propiamente jurisdiccional.
Ahora bien, en la acción promovida se ha acreditado la necesidad de que un pronunciamiento judicial determine el alcance de una relación jurídica - cuestionamiento que excede la mera especulación o consulta- en una controversia concreta, con un grado de afectación a un interés legítimo del actor suficientemente directo y con lesión específica, procurando conjurar los efectos de un acto en ciernes por parte de la demandada.
Frente a ello, los agravios de la recurrente de acuerdo con los cuales no existe en autos un verdadero estado de incertidumbre no pueden ser favorablemente acogidos.
En efecto, el interés de la actora por alcanzar un pronunciamiento judicial que defina si el art. 5 de la ley 13.850 contradice o no una norma de superior jerarquía como el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento y por ende esclarezca si la exención debatida se halla o no vigente, ha quedado a lo largo de estas actuaciones suficientemente establecido. Dicha situación se muestra capaz de haber generado un estado de incertidumbre sobre el punto discutido, más allá de cuál sea la convicción personal de las partes que participan de este litigio, aspecto que para definir la admisibilidad de la vía intentada no reviste mayor relevancia.
No obsta a lo manifestado la circunstancia de que la certeza procurada en el presente exija expedirse acerca de la constitucionalidad de la referida ley 13.850. Es que, sobre la base de lo dispuesto por los arts. 15 y 57 de la Constitución provincial, corresponde la aplicación del control de constitucionalidad en todos los procesos y por todos los órganos jurisdiccionales (doctr. causas B. 51.686, "Cebitronic" y B. 53.450, "Molinos Río de la Plata", sents. de 3-III-1998, dictadas durante la vigencia del llamado Código Varela), criterio que resulta congruente bajo el régimen contencioso administrativo, en tanto el art. 3 de la ley 12.008 establece: "La competencia contencioso administrativa no quedará desplazada aun cuando para la resolución del caso fuere necesario declarar la inconstitucionalidad de leyes, de ordenanzas municipales o de actos administrativos de alcance general o particular".
Considero que los principios referidos resultan aplicables en el ámbito de la pretensión de sentencia declarativa de certeza contemplada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo, ya que ninguna disposición los excluye de manera expresa y no advierto, en general, razones para negar la posible configuración de un estado de incertidumbre como el que habilita la promoción de la vía intentada, por el solo hecho de que dicha situación se relacione con los efectos generados por una norma tachada de inconstitucional.
Las particularidades de autos no permiten, entonces, afirmar que a través del camino procesal recorrido la firma Giorno S.A. se sustrajo indebidamente el caso de los requisitos de admisibilidad de la acción originaria de inconstitucionalidad, mencionada en su escrito por la Fiscalía de Estado, ni tampoco que a través de la presente se eludió una vía de carácter exclusivo para el fin perseguido.
Por lo expuesto, deben rechazarse los agravios del Fisco tendientes a impugnar la admisibilidad de la vía intentada.
V.2. Distinta decisión corresponde adoptar sobre el fondo de las cuestiones controvertidas.
El compromiso asumido por la Provincia de Buenos Aires al aprobar el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, en el sentido de "modificar el impuesto a los ingresos brutos, disponiendo la exención de las actividades que se indican a continuación...", entre ellas la "producción primaria", debía originalmente completarse "antes del 30 de junio de 1995" (v. acto declarativo primero, punto 4, del Pacto cit., aprobado en esta jurisdicción por medio de la ley 11.463).
Sin embargo, el término para consagrar tales exenciones fue prorrogado, en el orden nacional, por las leyes 24.468 (art. 5), 24.699 (art. 1), 25.063 (art. 11), 25.239 (art. 17), 26.078 (art. 76), el decreto 2.054/10 (art. 26) y la ley 27.199 (ar
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