Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121774
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.774, "A., M. A. contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda interpuesta e impuso las costas a la actora, con el alcance establecido en el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 1.260/1.269 vta.).
Se dedujeron, por esta última, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 1.317/1.334 vta.), habiendo sido concedido por el citado tribunal únicamente el primero de los nombrados a fs. 1.335/vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.360/1.362 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente acogió la excepción de pago opuesta por Prevención ART S.A. y rechazó la acción promovida por la señora M. A. A., en su carácter de curadora y representante legal del señor L. D. P. A., por la que perseguía el cobro de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo (con las modificaciones introducidas por el dec. 1.694/09), reajustadas por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 y el adicional contemplado en el art. 3 de este último texto legal (v. fs. 1.260/1.269 vta.).
Para así resolver, juzgó no controvertido el infortunio de trabajo que protagonizó el trabajador el día 3 de enero de 2012 mientras desempeñaba sus tareas habituales como peón de camiones atmosféricos (bajo la dependencia del señor Julio César Guernica), oportunidad en la que, realizando la limpieza de uno de ellos aspiró los gases que se hallaban en el interior del tanque, provocándole el desvanecimiento y la caída en el interior de la cámara del vehículo, debido a una intoxicación con gas metano sulfhídrico que le provocó un paro cardiorespiratorio (v. vered., fs. 1.260 vta.).
Asimismo, destacó que no fue cuestionado el profundo deterioro psicofísico que presenta el señor P. A. como consecuencia del siniestro, que le impide realizar por sí sólo los actos elementales de la vida. En tal sentido, puntualizó que padece una marcada disminución neurocognitiva, debiendo ser trasladado en silla de ruedas, sin posibilidad de movimiento de sus cuatro miembros y de apertura ocular espontánea, con cuadriplejia espástica, teniendo que ser alimentado a través de un botón de gastronomía -cánula con sonda- y sin poder controlar esfínteres. Estableció de tal modo que resulta portador de una incapacidad del 100% de carácter permanente y gran invalidez (v. vered., fs. 1.261).
Con sustento en la prueba producida en la causa, tuvo por acreditado que la accionada efectuó un depósito de $587.355,27, en los autos "P. A., L. D. s/ insania" (expediente n° 203.042, que tramitaran ante el Juzgado de Familia n° 2 del mismo Departamento Judicial de Bahía Blanca), en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente y definitiva, liquidado sobre la base de un ingreso mensual de $3.112,28, considerando los salarios informados por el principal, ante la falta de prueba por parte de la accionante (el día 23 de junio de 2016; v. informe de fs. 1.240 y vered., fs. 1.261 vta.).
Igualmente, juzgó probados los depósitos de prestaciones dinerarias efectuados por la aseguradora demandada en la caja de ahorros a nombre de la curadora, entre los meses de septiembre del año 2012 a julio del año 2017 (v. informe fs. 1.248/1.251 y vered., fs. cit.).
Siguiendo esa línea, consideró demostrado el pago de las prestaciones en especie al trabajador por una suma de $7.793.249,92 (v. fs. 9/45 del exhorto) y de $1.346.063 "por IPT temporal, provisoria, definitiva y gran invalidez, incluyendo la suma depositada ante el Juzgado de Familia" (fs. cit.).
Por otro lado, determinó que la parte actora no logró acreditar -como era su carga- que la cantidad y calidad de las prestaciones otorgadas por la aseguradora demandada fueran insuficientes (v. vered., fs. 1.262).
En la etapa de sentencia, señaló el juzgador, con cita de doctrina legal que, al haber sido consentido por la accionada, no existían dudas acerca de su competencia para intervenir en los presentes obrados (v. sent., fs. 1.264).
Por otro lado, meritó que devenían abstractos diversos planteos efectuados en la demanda, entre ellos, el relativo a la intervención de las Comisiones Médicas, dado que en dicha sede se otorgó al trabajador víctima del accidente laboral el máximo porcentaje de incapacidad (100% del índice de la total obrera y situación de gran invalidez; v. sent., fs. 1.264 vta.).
Posteriormente, en atención a la fecha del infortunio, precisó que -en el caso- resultaban de aplicación las disposiciones de la ley 24.557 (art. 6 apdo. 1), con las modificaciones del decreto 1.694/09 (v. sent., fs. 1.265).
Destacó, además, que el dictamen de la Comisión Médica Central determinó que, por tratarse de una patología crónica, el trabajador requería prestaciones de mantenimiento durante toda su vida, pudiendo solicitar las prestaciones en especie que correspondieran, conforme lo establecido en el art. 20 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 1.265 vta.).
A su vez, rechazó la pretensión actoral dirigida a obtener una sanción para Prevención ART S.A. (v. fs. 1.266).
Luego, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo formulado por la accionante porque lo consideró insuficientemente fundado (v. sent., fs. 1.266 vta. y 1.267).
Seguidamente, con fundamento en la doctrina legal emanada del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), rechazó la pretensión de la parte actora de aplicar al caso las prescripciones de la ley 26.773 y, siguiendo ese razonamiento, desestimó el pedido de aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones mediante el índice RIPTE. En este orden, juzgó que dicha normativa no se hallaba vigente al momento del accidente de trabajo sufrido por el dependiente. También entendió inadmisible la pretensión fundada en el art. 3 de la citada ley. Estableció, asimismo, que devenía abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14, reglamentario del señalado cuerpo legal (v. sent., fs. 1.267/1.268).
En ese contexto, concluyó que los pagos realizados al trabajador por Prevención ART S.A. se ajustaron a las normas vigentes al momento del infortunio, por lo que hizo lugar a la excepción de pago opuesta por la aseguradora accionada y desestimó la demanda promovida, con costas a la parte actora vencida (art. 22, ley 11.653; v. sent., fs. 1.268).
II. Contra dicho pronunciamiento, esta última deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 542 del Código Procesal Civil y Comercial provincial; 13 apartado 1 de la ley 24.557; 17 apartado 7 de la ley 26.773 y 9 y concordantes de la ley 20.744 (t.o.) y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 1.317/1.334 vta.).
II.1. En primer lugar, aduce que el juzgador de grado incurrió en una errónea interpretación y aplicación del art. 17 apartado 7 de la ley 26.773.
Argumenta que el sentenciante fundó el rechazo de su aplicación en la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la citada ley -en cuanto limita su aplicación a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia-, refiriendo, incluso, que respecto a los casos de gran invalidez también "entrará en vigencia a partir del mismo período, independientemente de la fecha de determinación de esa condición", sin tener en consideración que en el supuesto de gran invalidez, se exceptúa expresamente esa regla general, resultando su actuación retroactiva (v. fs. 1.318 vta. y 1.319).
Agrega que, contrariamente a lo señalado por el tribunal de origen, en el escrito de inicio no se peticionó la declaración de invalidez constitucional de las mencionadas normas (v. fs. 1.319).
En sustento de su postura transcribe el voto emitido por el doctor de Lázzari (distinguido ex colega, ya fallecido) en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; v. fs. 1.319/1.323 vta.).
En esa línea, denuncia que el fallo de grado hizo caso omiso a los principios de progresividad porque no aplicó al caso la normativa más favorable para el trabajador (esto es, la ley 26.773 y el índice RIPTE allí previsto). También desoyó, a su juicio, el de indemnidad en la medida que utilizó un simple cálculo numérico aportado por la accionada -y, objetado por su parte- para valorar el monto de la indemnización que le correspondía percibir al trabajador (art. 39 inc. 3, Const. prov.). En apoyo de su fundamentación, cita la opinión plasmada por la Procuradora Fiscal en el fallo "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 1.323 vta./1.325).
En este orden, afirma que el sentenciante debió tener en cuenta las especiales circunstancias del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstos pudieran tener en el ámbito de la vida laboral y de relación de la víctima, que -en el caso concreto- lo incapacitan en un 100% del índice de la total obrera, reuniendo las condiciones de gran inválido. Expresa que lo dicho encuentra respaldo en las declaraciones de la Corte federal en el conocido precedente "Aquino" (v. fs. 1.325 y vta.).
Añade que, de conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ante un supuesto de duda en la interpretación o selección de la norma, el tribunal de trabajo debió otorgar prevalencia a la más favorable para el dependiente, esto es, el citado art. 17 apartado 7 de la ley 26.773 (v. fs. 1.326).
II.2. En otro orden, controvierte que el juzgador de grado desestimara el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, con ello, desatendiera las diferencias endilgadas en la variable del ingreso base utilizado para calcular las prestaciones dinerarias (v. fs. 1.326 vta.).
Manifiesta que en el libelo inicial solicitó al sentenciante que a fin de calcular el ingreso base mensual tuviera en consideración el salario que le pudiera haber correspondido percibir al accidentado, acorde a su actividad laboral, al momento del dictado de la sentencia. Refiere que a esos fines adjuntó como prueba documental la escala salarial correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. En cuanto a la prueba informativa, indica que -falazmente- el tribunal estableció que la actora no diligenció el oficio para probar el salario solicitado, cuando -expone- la producción de ese medio probatorio fue rechazado a fs. 557 (v. fs. cit.).
Sostiene que, contrariamente a lo determinado en el fallo, acompañó recibos de haberes y de "prestaciones por incapacidad laboral temporaria", en los cuales consta que el accidentado percibía un importe mayor al que se utilizó erróneamente para realizar el cálculo (v. fs. 1.326 vta. y 1.327).
Relata que el tribunal expresamente hizo mención a que la prestación mensual de junio de 2016 ascendía a $7.856,04 y, luego, en franca contradicción con sus propios argumentos, en la sentencia estableció que el ingreso base mensual ascendió a $3.112,28. A tenor de lo dicho, expresa que el órgano de grado contó con elementos suficientes para expedirse sobre la inconstitucionalidad planteada (v. fs. 1.327).
A mayor abundamiento, asevera que la temática referida a la declaración de oficio por parte de los magistrados fue abordada -precisamente- en el voto del doctor Negri (distinguido ex colega, ya fallecido) en el citado precedente L. 118.695 (v. fs. 1.327 y vta.).
Aduce que, en virtud de la especial situación de gran invalidez del trabajador, el juzgador de grado debió tener en cuenta para el cálculo del ingreso base, el salario que le corresponde a un trabajador de la misma categoría y actividad al momento de la sentencia (v. fs. 1.327 vta.).
II.3. Por otro lado, alega que el tribunal de mérito omitió abordar el planteo de invalidez constitucional formulado por su parte con relación a la actuación de las Comisiones Médicas (v. fs. 1.327 vta. y 1.328).
Asevera que el procedimiento ante estas últimas ha resultado dilatorio y arbitrario para la obtención de la indemnización que le correspondía percibir al señor P. A., en atención a su grado de invalidez total, máxime -dice- si el mismo es abonado cuatro años después del siniestro laboral (v. fs. 1.328 vta. y 1.329).
Solicita que, en todo caso, lo abonado por Prevención ART S.A. sea tomado como pago a cuenta y no como pago total (v. fs. 1.328 vta.).
Refiere que la deuda es exigible desde ese momento, por lo cual la demandada se "ajustó" al procedimiento ante la mencionada Comisión cuando le correspondía realizar el pago indemnizatorio total. En estas condiciones, considera que resulta improcedente que el tribunal lo hubiera tenido como excepción por parte del sentenciante (v. fs. 1.329).
Afirma que el procedimiento ante la Comisión Médica resultó dilatorio, arbitrario e inconstitucional, en virtud de la especial situación de la víctima relatada en la demanda (v. fs. 1.329 vta.).
Asimismo, considera que lo argumentado por el tribunal respecto a las sumas abonadas por la demandada ($7.493.249,92 y $1.346.063) carece de cualquier fundamento, ya que -expone- los mencionados gastos son obligatorios e impuestos por la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 1.330).
Asegura que, por esa razón, el pago efectuado ($587.355,27) resulta irrisorio e inadecuado. Por ello, sostiene que su juzgamiento como pago total resulta incongruente con la realidad y la situación en la que se encuentra el señor P. A. y, por ende, importa una clara y manifiesta vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa (v. fs. cit.).
II.4. Finalmente, cuestiona que el órgano de grado haya rechazado la aplicación de una sanción a la aseguradora, que involucra una reparación de daños, dada la insuficiencia de las prestaciones en especie otorgadas.
Expone para que arribar a esa conclusión, el juzgador no tuvo en cuenta el relato de los hechos, la prueba producida en la causa, la desfavorable evolución del trabajador y el reagravamiento de su estado de salud. Advierte que, como derivación de la falta de tratamiento de fonoaudiología en tiempo oportuno, padece ausencia total de reflujo deglutorio, siendo además propenso a bronco aspirarse con riesgo de vida constante (v. fs. 1.332 vta. y 1.333).
Para más, aduce que la aseguradora accionada no acompañó prueba que demuestre la realización de tratamiento alguno para revertir la mencionada situación del trabajador. Relata que, incluso, el día 1 de febrero del año 2016, Prevención ART S.A. dejó de brindar la asistencia permanente de enfermería, situación por la cual se le dio intervención a la Comisión Médica Central. Este organismo, afirma, obligó a la aseguradora a continuar brindando las prestaciones, surgiendo así evidente el incumplimiento por parte de aquélla. Denuncia que tal circunstancia tampoco fue tenida en consideración por el sentenciante (v. fs. 1.333).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Por razones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios formulados, principiando por abordar el cuestionamiento concerniente al rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 de cara a la pretendida composición del ingreso base por parte de la actora.
III.1.a. El juzgador determinó el valor mensual de ese ítem en la suma de $3.112,28, con apoyo en los salarios informados por el principal a fs. 509/513. Sostuvo que la parte actora no acompañó a los autos otros recibos de haberes, ni produjo prueba en contrario (v. vered., fs. 1.261 y sent., fs. 1.265 y vta.).
Señaló que el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 estaba orientado a obtener diferencias en la variable del ingreso, reclamando el uso del salario de la actividad de los camioneros (CCT 40/89), vigente a la fecha de la sentencia, y que su monto no fue respaldado con prueba alguna (art. 375, CPCC; v. sent., fs. 1.265 y 1.266 y vta.).
Destacó que la interesada no diligenció la prueba informativa vinculada a los salarios ofrecida en el punto XVIII, c) informativa, "t", de su escrito postulatorio (v. fs. 150 vta.) y que fue proveída a fs. 557 (v. fs. 1.266 vta.).
Luego, continuó diciendo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad, ultima ratio del orden jurídico. En ese orden, entendió que un planteo de esa naturaleza exigía una gravosa carga que -en el caso- no advertía configurada (v. sent., fs. 1.266 vta. y 1.267).
Explicó que el agravio de la actora se fundó, en rigor, en proponer una alternativa de base de cálculo consistente en el salario vigente al tiempo de la sentencia, hipótesis -expresó- distinta a la prevista en el mencionado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Añadió en ese sentido que "...en el mejor de los casos si se critica la norma por no proveer para el cálculo del IBM la totalidad del salario del trabajador, era imprescindible determinar a cuánto ascendía el mismo y cuáles eran las sumas no remunerativas que, a su juicio, debieron incluirse en la base de cálculo, u otras que reuniendo las notas que tipifican el salario no se hubiesen tenido en cuenta, elementos necesarios para patentizar así el supuesto agravio económico..." (sent., fs. 1.267).
III.1.b. En autos, no solo se pretende la determinación del ingreso base descalificando la utilización del propio módulo, para cuantificarlo con sustento directo en la remuneración al tiempo de la sentencia, sino que además la impugnación bajo tratamiento no consigue -observo- desvirtuar las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido.
En la especie, el remedio deja sin réplica adecuada el razonamiento seguido por el tribunal de grado, con arreglo al cual descartó el reclamo de la accionante mediante el que sujetó su pretensión a la aplicación de una base de cálculo alternativa y diferente a la prevista en la fórmula tarifada del art. 12 de la Ley de Riesgo del Trabajo, calculada conforme la retribución que le hubiera correspondido percibir al trabajador siniestrado al tiempo del dictado de la sentencia, con sustento en una remuneración cuya omisa prueba fue puesta de resalto por el juzgador. En definitiva, este último consideró que lo peticionado se dirigió únicamente a sustituir la fórmula tarifada establecida en el precepto, sin aportar elementos de juicio destinados a justificar esa posición.
En efecto, lejos de controvertir las declaraciones plasmadas en el fallo atacado, la crítica formulada por la interesada se limita a insistir en la postura asumida al demandar, sin lograr rebatir de modo concreto, directo y eficaz los argumentos esgrimidos por el tribunal de mérito para fundar tal esencial conclusión; circunstancia que revela la insuficiencia técnica de la impugnación (causas L. 119.933, "Botto", sent. de 27-VI-2018; L. 120.139, "Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 10-VII-2019 y L. 119.908, "Asociación de Trabajadores del Estado", sent. de 25-VIII-2020; e.o.).
III.1.c. La interesada también se desentiende de lo decidido en la i
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