Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123929
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2 del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.929, "Ramos, Manuel Fabian contra Transportes Malvinas S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Soria .
En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte a fs. 625/643, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, dictó el pronunciamiento de fs. 658/662 y practicó nueva liquidación respecto de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y los intereses.
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 679/689 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, esta Suprema Corte, en el marco de la acción deducida por el señor Manuel Fabián Ramos contra Transportes Malvinas S.R.L., hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el legitimado activo, y revocó la sentencia dictada en la instancia de grado en cuanto había rechazado el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345), y dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen (v. fs. 625/643).
Cumplida la devolución, el tribunal actuante condenó al demandado al pago de la señalada multa por la suma de $290.763,75, más intereses (v. fs. 658/662).
Luego la legitimada activa presentó recurso de aclaratoria (v. fs. 668/669 vta.) por considerar que el tribunal de grado cometió un error material respecto a la remuneración tomada como base de cálculo para cuantificar la mentada sanción.
Al resolver la cuestión, el órgano de origen declaró que, si bien en la sentencia de fs. 564/575 vta. se estableció que el actor debió percibir por el mes de junio de 2011 la suma de $5.130,14, ello no implicó determinar que la totalidad de los rubros que la conformaron resultaban remunerativos.
En ese sentido, sostuvo que, en virtud de la categoría que poseía el señor Ramos y el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, correspondía -de conformidad con lo previsto en el art. 4.2.11- deducir aquellas percepciones definidas como no remunerativas, tales como los viáticos especiales y la comida (arts. 4.1.13 y 4.1.12, respectivamente).
De tal modo, concluyó que debía rechazarse la aclaratoria y confirmar el valor de $3.876,85 como base de cálculo para la cuantificación de la indemnización prevista en el mentado art. 132 bis (v. fs. 671/674 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba y violación de los arts. 43 de la ley 25.345; 1 del decreto 146/01; 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 9, 44 inc. "d" y 48 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 1 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 95; y 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional (v. fs. 679/689 vta.).
Objeta la decisión del juzgador de grado de tomar como base salarial para el cálculo de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el monto de $3.876,85.
Manifiesta que la remuneración a considerar era la correspondiente al mes de junio de 2011 en el cual el actor percibió una remuneración bruta de $4.328,52, la cual, sumando la incidencia del sueldo anual complementario proporcional, arriba a un total de $4.689,23.
Alega que el tribunal incurrió en un absurdo en la valoración de la prueba documental al manifestar que el resultado de la base salarial resultó de deducir los viáticos especiales y la comida (arts. 4.1.13 y 4.1.12 del CCT 40/89), por cuanto del recibo de sueldo adjuntado a fs. 44 -correspondiente al mes de junio- no se advierte la presencia de dichos rubros, sino sólo el 5.3.10 concerniente a la prolongación de la jornada laboral, y sobre el cual se realizaron los correspondientes descuentos.
Señala que el art. 4.2.11 del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 establece expresa y taxativamente los rubros que "...en ningún caso sufrirán descuentos ni carga social alguna, por no formar parte de las remuneraciones de los dependientes, en un todo de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 20.744 (t.o. 1976)".
A partir de ello, sostiene que, a diferencia de los ítems señalados por el tribunal de grado al resolver el recurso de aclaratoria, no encontrándose incluido en aquel listado el rubro del art. 5.3.10, su naturaleza remuneratoria resulta innegable y -por lo tanto- debió ser incluida en la base salarial.
Por último, asevera que lo resuelto por el juzgador de origen contradice la doctrina legal de esta Suprema Corte en los precedentes L. 107.420, "Pérez" (sent. de 19-II-2015); L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013) y L. 118.645, "Yanuzzio" (sent. de 23-V-2017).
III. El recurso prospera.
III.1. Ante todo, destaco que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) -que sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos- resulta a los fines del recurso de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.148, "Ferreira de Jesús", sent. de 20-XII-2017; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 124.849, "López", sent. de 22-II-2021; e. o.), sin que sea óbice a lo expuesto la cuantificación del reclamo por diferencias en la referida multa.
III.2. Sentado lo anterior, anticipo que el interesado logra evidenciar la existencia del absurdo que invoca.
III.2.a. Tiene dicho reiteradamente esta Corte que la concurrencia del señalado vicio invalidante requiere acreditar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019 y L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020), y que excede el marco del mero disentimiento o la discrepancia de criterio personal.
III.2.b. En el caso, se exhibe nítido el yerro en la interpretación material de la prueba rendida que ha conducido a un desenlace claramente insostenible o inconciliable con las constancias de autos (causas L. 118.700, "Leyes", sent. de 15-VI-2016; L. 120.887, "Fresca", sent. de 14-XI-2018 y L. 121.569, "Villagra", sent. de 31-VIII-2020).
Como se expuso en el relato de antecedentes, puesto a cuantificar la multa establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado fijó la base salarial -sin formular ninguna aclaración adicional- en la suma de $3.876,85, indicando que correspondía a la remuneración devengada en el mes de junio de 2011 (v. fs. 659).
Luego, al resolver el recurso de aclaratoria presentado por la parte actora, manifestó que no debía tomarse el monto de $5.130,14 habida cuenta de que tenían que excluirse las sumas que "...expresamente no revisten carácter remuneratorio". En el caso, según consignó, los viáticos especiales y la comida (v. fs. 672 y vta.).
Ahora bien, esta definición ha sido eficazmente cuestionada en la postulación recursiva, pues -como allí se indica- un simple análisis del recibo, refleja un salario bruto de $4.328,92 compuesto por los ítems: a) 5.3.10: de $471,56; b) "licencia por enfermedad": de $3.536,70 y c) "antigüedad choferes": de $320,66; todos ellos de naturaleza remuneratoria y sin que figuren en él los ítems señalados por el juzgador de grado. Incluso, partiendo de ese valor, el actor reclama en la demanda diferencias salariales solicitando se adicionen los viáticos especiales y la comida (v. fs. 182 vta.), lo cual fue parcialmente reconocido por el tribunal interviniente por un valor de $793,22, y por el que luego arribó al total señalado de $5.130,14 (v. fs. 573).
A partir de lo expuesto, fácil es advertir que el guarismo propuesto por el impugnante se contradice palmariamente con la pauta establecida por el propio sentenciante como base de cálculo a los fines de fijar la sanción conminatoria prevista en el citado art. 132 bis.
III.2.c. En estas condiciones observo que -como adelanté- la recurrente ha cumplido con la carga de acreditar el vicio invalidante invocado, poniendo en evidencia el grave error en que incurrió el tribunal de grado al arribar a una conclusión que no se compadece con las constancias objetivas de la causa.
III.3. Distinta suerte ha de correr el planteo por conducto del cual solicita el interesado que se incorpore al cálculo de la base salarial el proporcional del sueldo anual complementario.
Reiteradamente ha sostenido el Tribunal que integro que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma vinculada al agravio que expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019 y L. 122.590, "Quinteros", sent. de 7-IX-2020; e. o.).
En el caso, la réplica traída no abastece la incumbencia impuesta por el precepto procesal mencionado, en cuanto la recurrente omite mencionar el o los preceptos y, en su caso, la doctrina legal que considera quebrantados en el marco de la crítica ensayada (art. 279, cit.).
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que, a tenor de la solución propiciada, practique nueva liquidación.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2 del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:03:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:54:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 16:47:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 13:29:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 15:03:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia