Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124861
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.861, "Gil, Ricardo Fabián contra Boehringer Ingelheim S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. veredicto y sentencia, fs. 347/364; aclaratoria, fs. 406/408).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 376/398).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida por el señor Ricardo Fabián Gil contra la firma Boehringer Ingelheim S.A., condenando a esta última a abonar al actor diferencias de naturaleza salarial (aquellas originadas por el pago en menos del sueldo anual complementario del año 2016 y de las vacaciones 2015/2016; de los premios de los años 2015 y 2016 y del extraordinario del período 2016) e indemnizatorias (a saber, las derivadas del despido; arts. 232, 233 y 245, LCT), como así también los resarcimientos contemplados en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. ley 25.345) y el incremento previsto en el art. 53 ter de la ley 11.653. Asimismo, ordenó la entrega de los certificados del art. 80 de la citada ley de fondo. En cambio, rechazó el reclamo por el que se procuraba el cobro de la integración del mes de despido y el salario proporcional del mes de abril de 2016 y la sanción del art. 1 de la ley 25.323 (v. fs. 347/364).
Para así resolver, tuvo por cierto -en primer término- que entre el accionante y la firma demandada existió un contrato de trabajo iniciado el día 21 de mayo de 1990, en virtud del cual aquel se desempeñó como jefe de promoción y ventas (v. fs. 347 vta.).
Juzgó, asimismo, que la extinción del vínculo se produjo por el despido sin causa dispuesto por la patronal el día 31 de marzo de 2016. Para arribar a esta conclusión, precisó en el veredicto que "...no obra prueba alguna en autos que dé cuenta que la notificación llegó a destino el 1° de abril de ese año, tal como lo sostiene el accionante..." (fs. 347 vta.).
También tuvo por verificado que, con motivo del distracto, la accionada pagó al dependiente la suma de $2.414.861 en concepto de liquidación final, imputándola a distintos conceptos salariales e indemnizatorios (v. fs. cit.)
Paralelamente, declaró no probado que la cuenta bancaria abierta a nombre del trabajador en HSBC Bank Argentina S.A., en la cual se acreditaban los salarios correspondientes, le generara al actor gastos de mantenimiento, por lo que descartó su carácter salarial (v. fs. 349, 355 y vta.).
Por otro lado, puesto a determinar la remuneración que debió utilizarse como base de cálculo para las indemnizaciones derivadas del despido, sostuvo el sentenciante que correspondía adicionar a la retribución "principal" ($92.231,42) otros conceptos complementarios, a saber: el valor del uso del celular, automóvil, alquiler de la cochera, combustible, seguro, mantenimiento, peajes, gastos de patentes, obra social; como así también la parte proporcional de los diversos premios, gratificaciones y bonus que surgían de los recibos de sueldo agregados al expediente (v. fs. 352 vta./355). Luego, con sustento en las consideraciones vertidas, arribó a un salario base mensual -incluyendo la parte proporcional del sueldo anual complementario- de $118.384,41 (v. fs. 355 vta.).
A renglón seguido, constató que dicho monto superaba el tope del Convenio Colectivo de Trabajo 119/75 aplicable a la actividad, que ascendía a $62.651,16 (v. fs. 355 vta.). Dispuso que la aplicación de este último implicaba -en la especie- una reducción ampliamente superior al 33%, por lo que declaró la inconstitucionalidad del tope previsto en el segundo párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 355 vta./357).
En este contexto, invocando razones de economía procesal y por acatamiento del fallo "Vizzoti", dictado por la Corte Suprema de Justicia nacional y de la doctrina legal proveniente del precedente "Bravo Elizondo" de esta Suprema Corte, estableció la base de cálculo en un 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual antes referida, arribando así a un importe de $79.317,55 (v. fs. 357 vta.).
Definida tal cuestión, procedió a determinar el monto de las diferencias indemnizatorias reclamadas en la demanda.
En lo tocante al resarcimiento normado en el art. 1 de la ley 25.323, dispuso su rechazo por considerar que, conforme lo informado por el perito contador en su experticia, la accionada tenía debidamente registrado al dependiente en los libros que -según hubo de apuntar- fueron llevados en legal forma. A ello adunó que la existencia de diferencias salariales no poseía gravitación en este punto, toda vez que era resultado de la valoración e interpretación llevada a cabo en la sentencia (v. fs. 358 vta.).
Con relación a la sanción instituida en el art. 2 de la ley citada, tras declarar configurados los presupuestos que definen su procedencia y reiterar que las sumas reconocidas en favor del actor eran consecuencia de la tarea hermenéutica efectuada en el fallo, dispuso -en ejercicio de la facultad que la norma confiere al juzgador para morigerar o eximir de dicha sanción- adecuar su cuantía en un veinticinco por ciento de las diferencias declaradas a favor del actor, toda vez que -juzgó- la demandada pudo haberse considerado con derecho a rechazar lo solicitado por aquel (v. fs. 359).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y la violación del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); de los arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 9, 11, 12, 13, 14, 52, 55, 57, 63, 66, 138, 140 inc. "c", 231, 232, 233, 245 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; de las leyes 25.323 y 24.241; 8, 9, 10, 11, 263, 726, 961, 1.061, 1.067, 1.735 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 39, 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653. Aduce, también, quebrantamiento de la regla de la norma más favorable, de los principios de irrenunciabilidad de derechos y congruencia y de la doctrina legal que cita (v. fs. 376/398).
II.1. Objeta la aplicación al caso del criterio que emana de los casos "Vizzoti", sentenciado por la Corte federal el día 14 de setiembre de 2004 y L. 79.366, "Bravo Elizondo", fallado el día 28 de junio de 2006 por esta Suprema Corte, para determinar la base salarial a tener en cuenta para el cálculo indemnizatorio (v. fs. 383).
Puntualiza que la aplicación de dichos precedentes al caso de autos constituye un acto confiscatorio, que no se compadece con los usos de empresa ni con el comportamiento asumido por la empleadora a la hora de abonar al actor la indemnización por despido; oportunidad en la que no utilizó limitación cuantitativa alguna (teoría de los actos propios), lo cual implicó -a su criterio- el otorgamiento de condiciones más favorables que debieron ser ponderadas a la luz del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 383/384 vta.).
Denuncia la existencia del vicio de absurdo en la valoración las pruebas documental y pericial contable, desde que -reitera- con apoyo en esas probanzas se tuvo por demostrado que se pagó al actor la indemnización por antigüedad sin tope alguno (v. fs. 384 vta.).
Al respecto, pone énfasis en reiterar que esa conducta patronal (silenciada en oportunidad de contestar la demanda) constituyó un acto propio jurídicamente relevante, a punto tal que -sostiene- el tribunal debió concluir que no resultaba de aplicación la limitación de la base indemnizatoria derivada de los precedentes mencionados anteriormente (v. fs. 386).
En este aspecto, precisa que importaba un uso y costumbre de la empresa demandada el pago de las indemnizaciones con prescindencia del tope previsto en la normativa y jurisprudencia aplicables.
II.2.a. En otro orden, cuestiona la decisión de mérito con arreglo a la cual se dispuso el rechazo de la sanción prevista en el art. 1 de la ley 25.323 (v. fs. 386 vta./388).
Una vez más, mediante invocación de absurdo, refuta la definición del fallo vinculada a que la accionada tenía debidamente registrado al dependiente, que sus libros eran llevados en legal forma, y que la existencia de las diferencias salariales resulta el fruto de la interpretación plasmada en el pronunciamiento (v. fs. 386 vta.).
Plantea que el sistema remuneratorio de la empresa rigió durante toda la relación laboral, por lo que resulta anterior al dictado de la sentencia y, por ello, apunta que sus haberes eran abonados parcialmente "en negro" (fs. 386 vta. y 387).
Destaca que aquellos rubros que, conforme el fallo de grado, revisten carácter salarial (v.gr. telefonía celular, uso del automóvil, combustible, seguro, etc.) no estaban incluidos en los recibos de sueldo (v. fs. 387).
Sobre esta base, señala que no es válido considerar -como erróneamente lo hizo el sentenciante- que los libros estaban llevados en legal forma, siendo que su veracidad resultó quebrada por haberse constatado que algunos conceptos de carácter remunerativo no surgían de los registros laborales (v. fs. cit.).
Afirma que los asientos deficientes en la documentación laboral subsumen la situación en el art. 39 primera parte de la ley 11.653, norma que -señala- establece una presunción en favor de las afirmaciones del trabajador y traslada la incumbencia probatoria al empleador (v. fs. 387).
Añade que en autos no se produjo prueba alguna para desvirtuar las manifestaciones del reclamante sobre los datos que debieron figurar en los libros laborales pertinentes, conforme preceptúa el art. 52 inc. "e" de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. cit.)
II.2.b. Por otro lado, se agravia de la omisión en que -a su criterio- incurrió el juzgador al no haberse expedido respecto de la obligación de pago previsional que pesa sobre la demandada con relación a los haberes percibidos por el trabajador que no fueron objeto de retenciones y posterior depósito ante los organismos correspondientes (v. fs. 387 vta.).
Agrega que la patronal hubo de instrumentar un régimen de pago de las remuneraciones en fraude a la ley (art. 14, ley cit.), infringiendo abiertamente el ordenamiento laboral y previsional (v. fs. 387 vta.).
II.3. Luego, refuta el modo en que el órgano de grado aplicó la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 388).
Cuestiona ese tramo de la decisión, toda vez que -no obstante haber tenido por verificados los requisitos que habilitan su procedencia- entiendo que el sentenciante, extralimitándose en el uso de sus facultades, dispuso readecuar el monto de la sanción en un 25% de las diferencias indemnizatorias por las que progresó el reclamo, previa aplicación -destaca- del fallo "Vizzoti" (v. fs. 389 vta.).
Puntualiza que este aspecto del pronunciamiento vulnera la doctrina legal que cita, emergente de las causas L. 101.564, "Quintana" (sent. de 27-VI-2012); L. 118.760, "Tateo" (sent. de 13-VI-2018) y L. 119.555, "Bocca" (sent. de 15-VIII-2016); entre otras (v. fs. 390 y vta.).
Observa que, conforme recepta el art. 8 del Código Civil y Comercial, la ignorancia de las leyes -en el caso, del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo- no sirve de excusa para su cumplimiento si no está autorizada por el ordenamiento jurídico (v. fs. 390 vta.), argumentando que el derecho se presume conocido por todos, por lo que mal pudo la accionada haberse considerado con derecho a rechazar lo solicitado (v. fs. cit.).
Señala que lo resuelto por el órgano de grado -en cuanto juzgó que el empleador pudo haber considerado que los rubros reclamados no tenían naturaleza remuneratoria- conculca el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, habiendo incurrido aquel en error al efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad (v. fs. 392).
II.4. Por último, cuestiona el rechazo de la integración del mes de despido, fundada -a criterio del recurrente- en la errada conclusión vinculada con que la extinción contractual se consumó el 31 de marzo de 2016.
Manifiesta que la fecha señalada se corresponde con la del libramiento del telegrama rescisorio, pero no fue la misma que la de su recepción, que ocurrió -según surge del escrito liminar- el 1 de abril de 2016.
Señala que, si la demandada pretende, como sostuvo en el responde, que el despido se produjo el 31 de marzo, debió probar ese hecho, acompañando el acuse de recepción. Pues, a diferencia de lo postulado en el fallo censurado, sobre ella pesaba la carga de demostrar que, ese día recibió el actor la comunicación rupturista, incumbencia que -insiste- no satisfizo (v. fs. 392 vta.).
Aduce el quejoso que el tribunal alteró las reglas de las cargas probatorias y aplicó erróneamente el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
De otro costado, en este fragmento de la impugnación, peticiona se incluya en la base de cálculo el importe derivado del mantenimiento de la cuenta bancaria premium (v. fs. 393).
II.5. A modo de colofón, en lo sustancial, invoca absurdo en la valoración de los hechos, del intercambio postal y en los términos en que quedó trabada la litis y, asimismo, grave afectación del principio de congruencia (v. fs. 396 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No es de recibo el agravio por conducto del cual se cuestiona la aplicación al caso de la doctrina legal emergente de L. 79.366, "Bravo Elizondo", (sent. de 28-VI-2006), criterio también sostenido en el precedente "Vizzoti" (sent. de 14-IX-2004) de la Corte nacional.
III.1.a. En la especie, el tribunal de origen determinó que el tope establecido por el convenio colectivo de aplicación (CCT 119/75) era -al momento del despido- de $62.651,16. Asimismo, estableció que la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada por el actor -fuera de convenio- durante el último año de prestación de servicios, más la parte proporcional del sueldo anual complementario, ascendía a $118.384,41 (v. fs. 357).
Luego de verificar que el referido límite convencional implicaba una reducción ampliamente superior al 33% del salario devengado, procedió a declarar la inconstitucionalidad del tope establecido en el segundo párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, por entender que pulveriza la reparación debida, resulta confiscatorio y también violatorio de derechos y garantías constitucionales (v. fs. 357).
A continuación, previo dejar a salvo su opinión sobre el punto, invocando razones de economía procesal, consideró que debía acatamiento a la doctrina fijada en las causas precedentemente citadas, por lo que fijó la base de cálculo en un 67% de la remuneración devengada por el reclamante (v. fs. 357 vta.).
III.1.b. Desde este contexto de análisis, surge nítido que la decisión adoptada en la instancia anterior se ajusta a los lineamientos de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte, entre otras, en las causas L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006); L. 80.233, "Elizalde" (sent. de 11-IV-2007); L. 90.473, "Dolcini" (sent. de 23-IV-2008); L. 93.367, "Pascualino" (sent. de 10-IX-2008); L. 90.782, "Pérez" (sent. de 10-XII-2008) y L. 85.325, "Ricco" (sent. de 17-XII-2008). Siendo así, por las razones allí expuestas -a las que remito en honor a la brevedad- corresponde desestimar la crítica en tratamiento.
III.1.c. Luego, habré de señalar que el hecho de que la accionada hubiera abonado sin tope alguno la indemnización por despido al dependiente no es óbice para arribar a la solución que propongo.
Si bien tal circunstancia quedó acreditada en autos (v. fs. 268 y vta.), no es menos cierto que la propia actora en su escrito liminar invocó -y cuestionó- el criterio jurisprudencial citado (v. fs. 68/71) y, a su vez, que la accionada planteó su aplicación en el responde (v. fs. 111 vta./112).
Cabe agregar que, aun cuando en aquella oportunidad procesal la reclamante reparó en que la accionada efectuó el cómputo del rubro prescindiendo de la limitación con iguales fundamentos que los que aquí trae para desvirtuar el fallo, esta Suprema Corte ha declarado que una argumentación de tal naturaleza no es útil como técnica recursiva. En efecto, es doctrina legal que la reiteración de planteos sometidos ya a consideración del tribunal de origen, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido ni evidenciar la existencia de error en la aplicación de las normas actuadas en el fallo (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 106.313, "Panigutti", sent. de 15-VII-2015; L. 119.812, "Bianchi", sent. de 4-VII-2018 y L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ", sent. de 9-II-2021; e.o.).
Por otro lado, la alegación que se formula en el libelo recursivo bajo estudio en orden a que el pago de las indemnizaciones derivadas del despido -sin la aplicación de limitación alguna- constituía un uso de empresa, carece de respaldo en las constancias objetivas de la causa y en las pruebas producidas. Resulta, por lo tanto, un argumento ineficaz para conmover lo resuelto en la instancia de origen.
III.2. Tampoco acierta el impugnante en cuanto objeta el rechazo de la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323.
III.2.a. En lo que interesa, el tribunal de mérito -luego de ponderar las constancias de la causa y a la luz de las diversas fuentes jurídicas que indicó en el fallo- declaró el carácter remuneratorio de diversas prestaciones (a saber: valor del uso del celular, automóvil, mantenimiento de este último, chochera, combustible, seguros, etc.). Ello así, en la inteligencia que los importes percibidos por tales conceptos configuran una clara contraprestación del trabajo subordinado desempeñado por el señor Gil. Sobre esta premisa, concluyó que dichos rubros debían incorporarse al salario y, asimismo, a la base de cálculo para liquidar la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 353/354).
Luego, y toda vez que tuvo en consideración que la accionada había registrado debidamente el contrato de trabajo en libros llevados en legal forma y que las diferencias detectadas fueron determinadas -por una interpretación judicial- en la sentencia, dispuso el rechazo de la pretensión por la que se procuraba el cobro del incremento indemnizatorio previsto en el art. 1 de la ley 25.323 (v. sent. fs. 358 vta.).
III.2.b. Como se dijo, el impugnante atribuye al juzgador la comisión del vicio de absurdo pues -a su juicio- el reconocimiento del carácter remuneratorio de las mencionadas prestaciones debió tener su correlato en la definición en torno a la irregularidad del vínculo habido entre las partes y, por ende, en la condena al pago de la sanción contemplada en la citada ley especial.
III.2.c. Empero, en dicha labor, prescinde rebatir eficazmente aquella esencial motivación que brindó el tribunal de grado en esta parcela del pronunciamiento para descartar la aplicación de la norma. Tan solo exhibe su mero criterio discrepante, no apto -como tal- para comprobar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo y susceptible de invalidar el pronunciamiento (art. 279, CPCC; causa L. 117.113, "Bernedo", sent. de 18-III-2015; e.o.).
La impugnación muestra -entonces- solamente un reproche parcial al fallo, dejando en pie el fundamental argumento sobre el que se estructura. Esta técnica, sabido es, reiterada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.