Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122910
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.910, "Rojo, Ariel Martin contra Electroingeniería S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 179/186 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25 de junio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Ariel Martin Rojo contra Electroingenieria S.A. condenándola al pago de diferencias salariales, fondo de cese laboral (art. 15, ley 22.250), horas extras e importes previstos en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 182/186 vta.).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de dicho texto legal.
Al respecto, y con el informe proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (v. fs. 134/145), tuvo por acreditado que la empleadora no había depositado íntegramente los importes destinados a los organismos de la seguridad social. Luego, ponderó que del informe del Instituto Mandatarios de Recaudaciones surgía que la accionada había abonado los conceptos referidos a las liquidaciones mensuales correspondiente a la obra social OSPECON, más no había desembolsado conceptos sobre aportes sindicales. Asimismo, destacó la ausencia de un informe con destino a la entidad sindical que representa a los trabajadores de la construcción.
No obstante, ya en la sentencia, desestimó el reclamo instaurado al juzgar que el trabajador no había cumplido con lo establecido en el decreto 146/01 para hacerse acreedor de la multa reclamada, en tanto la intimación no fue cursada con anterioridad a la extinción contractual, no especificaba el importe que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social ni a cuál de ellos correspondía (v. sent., fs. 183 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6; 354 inc. 1; 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 25 de junio de 2018).
Se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que entiende transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013), entre otras.
Denuncia violación y errónea aplicación del art. 1 del decreto 146/01 y 132 bis citado, señalando que el tribunal de origen, sin fundamentos, concluyó que no se habían cumplido los requisitos de la normativa citada.
Sostiene que el a quo se apartó de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 5/48) y el informe realizado por la AFIP (v. fs. 136/137); puesto que al actor se les descontaron aportes de la seguridad social sin verificarse su posterior ingreso.
lII. El recurso debe prosperar.
III.1. Esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que la impugnación referida a la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) es -salvo puntuales excepciones- de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
A la luz de tal directriz, ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis.
III.2. Corresponde rescindir aquel aspecto del fallo en la que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no realizarse antes de la desvinculación contractual y no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
La norma citada establece que para la procedencia de la sanción conminatoria objeto de reclamo, el trabajador "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin señalar que en su intimación (v. fs. 4) el accionante indicó el período correspondiente a la infracción denunciada, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de requisitos -referidos a la materialización económica y al momento del reclamo- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3. Aclarado ello, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.3.a. Este Tribunal ha declarado que para la procedencia de dicha sanción debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y la subsistencia de esa omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.3.b. En ese marco, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso (causa L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020).
Como fuera señalado a partir del cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/48 y el informe emitido por la AFIP, el juzgador tuvo por acreditado que en vigencia del vínculo el empleador realizó descuentos con destino a los organismos de la seguridad social sin ingresarlos en su totalidad (v. fs. 136/137).
Por otro lado, tuvo por reconocido el telegrama glosado a fs. 4, por el que Ariel Martin Rojo intimó a su empleadora (1 de noviembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en el absurdo denunciado (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. En definitiva, demostrado el vicio imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
III.3.d. Ante ese resultado, y en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), cabe señalar que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 72)- fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, con virtualidad adversa a sus pretensiones. Conforme ello, y en ausencia de elementos que permitan abonar el cumplimiento de la obligación a cargo del empleador, debe admitirse la impugnación traída.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Comparto la solución propuesta por el doctor Genoud.
Ello, si bien en el concreto contexto de las constancias obrantes en la presente relevadas en el voto que antecede, al influjo de los argumentos que brindé al emitir mi opinión -entre otras- en las causas L. 122.214, "Cabezón" (sent. de 11-VI-2020); L. 122.424, "González Giménez" (sent. de 4-VIII-2020); L. 122.556, "Soto" (sent. de 10-VIII-2020) y L. 123.030, "López" (sent. de 14-XII-2020) -todas sentenciadas por el mismo Tribunal de Trabajo n° 2 de Bahía Blanca-, de connotaciones similares a la presente y a las que por razones de brevedad me remito en lo que resulte pertinente.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto la solución propuesta por mi distinguido colega doctor Genoud en su voto. Arribo a tal decisión, luego de ponderar las constancias de la causa mencionadas por el ponente, a tenor de la opinión que brindé al emitir mi sufragio en el precedente L. 122.214, "Cabezón" (sent. de 11-VI-2020), análogo a la presente y a la que por celeridad -en lo concordante- me remito.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/06/2021 12:21:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2021 17:26:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2021 09:53:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 11:16:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 13:44:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia