Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.757, "Castelli, Alfredo Juan contra Absa S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la actora con el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 301/306).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 311/325).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda iniciada por el señor Alfredo Juan Castelli contra ABSA S.A., mediante la cual pretendía el cobro de diferencias salariales (v. fs. 301/306).
Para así resolver, tuvo por verificado que el Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA) y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias suscribieron con la empleadora el Convenio Colectivo de Trabajo 695/05 E (y sus modificaciones) y que -en ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva- fueron acordando los aumentos salariales del sector a través de los años desde el 2005.
Consideró acreditado el pago de las sumas originadas en los decretos 392/03, 1.347/03 y 1.295/05 y, asimismo, que estas no fueron incluidas en el cómputo del sueldo básico. Sim embargo, entendió que formaban parte de la masa salarial tomada para el cálculo de los incrementos de los haberes, por tratarse de sumas fijas remunerativas (v. vered., fs. 301/302 vta.).
En la etapa de sentencia, estableció que no resultaba reprobable la forma en que las partes fueron conviniendo la inclusión de dichos rubros en los recibos de remuneraciones. En este orden, señaló que los aumentos que fueron percibiendo los trabajadores a través del tiempo fueron consensuados entre aquellos que temporalmente integraron la negociación colectiva del sector.
Agregó que la variable que la empresa y los gremios eligieron para calcular los incrementos correspondientes a los mentados decretos, fue la de fijar un porcentaje sobre el básico de la primera categoría. De allí -sostuvo- la aplicación del criterio que postula el actor implica modificar los montos de los aumentos ya acordados en cada paritaria.
Concluyó que, de todos modos, tampoco se habían generado diferencias salariales en favor del trabajador debido a la falta de integración en su salario básico de las sumas previstas en los indicados decretos.
En consecuencia, resolvió rechazar la demanda.
II. La actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, errónea aplicación y violación de los arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial; 7, 8, 9, 12 y 103 de la Ley de Contrato de Trabajo; 26 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; la ley 14.250; el Convenio Colectivo de Trabajo 695/05; los decretos 392/03, 1.347/03 y 1.295/03; la resolución del Ministerio de Trabajo 64/03; de los Convenios 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo; y de la doctrina que cita (v. fs. 311/325).
En concreto, ensaya los siguientes agravios.
II.1. Postula que el tribunal omitió fundar la decisión y realizó una absurda interpretación de las constancias de la causa, en particular, de la pericia contable.
Afirma que el experto reconoció que los decretos 392/03, 1.347/03 y 1.295/03 no habían sido incluidos en el básico y que era correcto el cálculo aportado en el escrito de inicio con relación a las diferencias salariales.
Sostiene que no obra en el expediente ningún acta-acuerdo que avale los supuestos convenios celebrados por la empresa con el Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias.
II.2. Por otra parte, manifiesta que desde la lectura del fallo se evidencia que el juzgador tuvo dudas sobre la aplicación e interpretación de los referidos decretos, por lo que -aduce- debió resolver en favor del trabajador a tenor de las prescripciones contenidas en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Añade que los arts. 7 de la ley 14.250 y 8 de la ley de fondo citada en el párrafo anterior reconocen la preeminencia de las leyes laborales por sobre los convenios colectivos de trabajo y explica que la aplicación de esta última normativa -proveniente de la autonomía de la voluntad negocial- no puede afectar las condiciones más favorables estipuladas en los contratos individuales de trabajo.
II.3. Por último, insiste en que el tribunal prescindió analizar planteos realizados del escrito de inicio, por lo que -aduce- el pronunciamiento carece de justificación y motivación. Ello condujo -según asevera- al dictado de la decisión atacada, que -de modo dogmático- soslaya la ponderación de medios probatorios.
Denuncia apartamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas, a partir de un convencimiento inmotivado, traducido en una sentencia arbitraria e infundada. Por lo tanto, solicita su anulación (art. 171, Const. prov.; v. fs. 323 vta./324).
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia el interesado- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Desde esta perspectiva, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.).
III.2.a. En este reducido marco de análisis, no son atendibles los planteos del interesado tendientes a desvirtuar lo resuelto por el tribunal de grado.
Ello es así, pues tanto los fundamentos de la decisión objetada, como los argumentos que nutren la impugnación, se arraigan en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo y análisis resultan ajenos al ámbito de la casación por la estrecha vía por la que transita el examen del remedio.
Reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que no se verifica la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, cuando mediante la denuncia de violación de doctrina legal, se traen a consideración en la sede extraordinaria cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas a este acotado margen de revisión (causas L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010; L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 119.339, "Banegas", sent. de 13-VI-2018 y L. 121.225, "Corani", sent. de 27-VII-2020; e.o.). Así, en la especie, determinar si al trabajador le corresponde -o no- percibir sumas de dinero en concepto de diferencias salariales (causas L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010; L. 107.918, "Cerda", sent. de 14-II-2013; L. 118.905, "Contreras", resol. de 7-X-2015 y L. 121.256, "Juárez", sent. de 4-III-2020; e.o.).
Cabe agregar que tampoco luce idónea en la mentada hipótesis de excepción, la denuncia de violación de doctrina legal que refiere al vicio de absurdo (causas L. 93.692, "Archetti", sent. de 14-III-2012; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.). Tampoco la cita de la opinión vertida por distintos autores en la materia, en tanto no conforman el concepto de "doctrina legal" a que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653; causas L. 118.679, "Gardú", resol. de 8-VII-2015; L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017 y L. 121.578, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020; e.o.).
III.2.b. El criterio que emerge de los precedentes citados a fs. 322 vta. y 323 -vinculado a los yerros en que pudieran incurrir los jueces al fundar sus fallos- no resulta útil a los fines de examinar el pronunciamiento en crisis bajo el restrictivo contexto de revisión.
III.2.c. En otras palabras, los cuestionamientos traídos que se sustentan en la subjetiva opinión del quejoso -acompañados de la denuncia de absurdo-, en tanto se hallan orientados a refutar la definición de grado que juzgó no acreditada la existencia de diferencias salariales en favor del trabajador, imponen necesariamente renovar el análisis de los hechos y las pruebas que concurren en el caso, cometido ajeno al ámbito de la casación por la acotada vía de excepción por la que transita el recurso.
III.2.d. Finalmente, cabe recordar que la hipotética omisión de tratamiento de planteos oportunamente introducidos por las partes, es ajena a la vía intentada y constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), que -en el caso- impugnante se abstuvo de deducir (causas L. 116.765, "Policheni", sent. de 18-IX-2013; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; e.o.).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/06/2021 14:55:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2021 08:29:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2021 09:36:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2021 14:43:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2021 20:58:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia