Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126666
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la demanda promovida por Raúl Héctor Pizarro -y continuada por sus herederos (Enrique Raúl Pizarro y Hebe María Pizarro)- contra el Colegio San Cayetano de la Orden de los Clérigos Regulares, mediante la cual procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual contemplada en el art. 132 bis de la ley 20.744 (v. fs. 287/292).
Para así decidir, juzgó que el trabajador intimó a la demandada a que acredite el depósito total de aportes y contribuciones y a que efectivice los mismos, una vez vencido el plazo bienal de prescripción previsto en el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. presentaciones electrónicas ambas de fecha 15-VII-2020), siendo concedido por el a quo el primero y denegado el segundo (v. resolución electrónica de fecha 28-IX-2020).
En el único remedio que corresponde sea abordado por esta Corte, los impugnantes cuestionan el momento a partir del cual el sentenciante juzgó que era exigible la indemnización prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, denuncian absurdo en la valoración de las pruebas, y citan las normas y la doctrina que consideran transgredidas.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que esta Corte ha declarado que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 121.452, "Ford", resol. de 4-VII-2018 y L. 123.652, "Zalazar", resol. de 8-VII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2. En el caso, el tribunal de grado señaló que la extinción del vínculo laboral se produjo con fecha 1 de agosto de 2005 -hecho que no ha sido controvertido- y que el actor intimó a la demandada, mediante telegrama del 29 de octubre de 2013, a que acredite el depósito total de aportes y contribuciones de la seguridad social (AFIP e IPS) y a que efectivice los mismos en los términos del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese contexto, juzgó que al momento en que el actor practicó el emplazamiento, ya había operado el plazo previsto en el art. 256 de la ley 20.744, para peticionar la percepción de la sanción conminatoria objeto del reclamo de autos, en tanto el punto de partida de la prescripción debía computarse a partir de la fecha en que tuvo lugar la disolución del contrato de trabajo.
III.3. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por los interesados, en tanto, a través de un discurso novedoso y extemporáneo, no logran concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, exteriorizando tan solo su disconformidad -mediante la expresión de una mera opinión discrepante- con las conclusiones de los magistrados de origen en torno a la definición fáctica censurada, vinculada, como se indicó, al punto de partida para el cómputo de la prescripción.
En efecto, al apoyarse en un nuevo análisis de las constancias obrantes en la causa, según un personal criterio valorativo, los interesados revelan, en definitiva, su intención de sustituir el criterio de los jueces de mérito por el suyo propio, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 119.403, "Díaz", sent. de 6-II-2019; L. 120.441, "López", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020).
III.4. En definitiva, se advierte entonces, que la argumentación que contiene el recurso denota, en rigor, un discurso que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo en que el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 124.441, "Arias", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Recuérdese además que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/06/2021 14:59:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/06/2021 10:59:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2021 21:02:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/06/2021 15:28:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/06/2021 08:32:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia