Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63771
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.771, "Clear S.R.L. contra Municipalidad de Olavarría. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
I. La empresa prestataria del servicio de limpieza y recolección de residuos Clear S.R.L., mediante apoderada, interpone demanda contencioso administrativa con el objeto de que se declare judicialmente la nulidad del decreto 885/01, el que según explica, luego de imputar el incumplimiento de las órdenes de servicio n° 71, 73 y 75 -que se sostienen ilegítimas- rescindió el contrato que la vinculaba con la Municipalidad de Olavarría y, a su vez, desestimó el recurso de revocatoria interpuesto anteriormente contra dichas órdenes en fecha 28 de noviembre de 2001. Todo ello en el marco del desarrollo del contrato de concesión de servicios públicos celebrado en fecha 31 de mayo de 1999 con la citada Municipalidad para la "Recolección de residuos domiciliarios, barrido de la vía pública y tratamiento de residuos incluido el relleno sanitario", adjudicado por decreto 638/99.
Asimismo, solicita el reconocimiento de su derecho a continuar con la explotación del servicio público, conforme a los términos del contrato suscripto y por el lapso de 10 años, y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el acto rescisorio ilegítimo (daño emergente y lucro cesante, el abono de las sumas adeudadas por servicios prestados y no saldados y la inaplicabilidad al presente caso, por inconstitucionalidad, de las leyes de emergencia económica 12.727, 12.774 y 12.836, con sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Manifiesta que en fecha 4 de mayo de 1999, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Olavarría, en ejercicio de sus propias competencias aprobó el procedimiento licitatorio n° 10/98, dictando el decreto 368, por medio del cual se adjudicó a Clear S.R.L. la prestación de servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido de la vía pública y tratamiento de residuos en el relleno sanitario local (que abarca las localidades cercanas de Sierra Chica, Hinojo, Colonia Hinojo, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Loma Negra y Villa Laclau). Indica que, a tales fines, se le exigió la posesión de infraestructura técnica y tecnología acorde a la prestación encomendada, así como la implementación de un sistema que generara un impacto ambiental global positivo (cfr. art. 20, Pliego de Bases y Condiciones).
Destaca que, durante el desarrollo del contrato, se proveyeron sucesivas ampliaciones de los servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido de la vía pública y tratamiento de residuos (transporte de estos al relleno sanitario circundante) a través de los decretos 684/99, 851/99, 279/00, 1.048/00, 340/01 y 661/01.
Sostiene que, a partir de la situación de emergencia económica verificada a nivel nacional a finales del año 2000 y principios de 2001 (a la que el municipio adhirió mediante ordenanzas 2.620/01 y 2.621/01), el Intendente municipal dictó los decretos 406/00 y 367/01, disponiendo que a partir de agosto de 2000 se produjeran disminuciones en la frecuencia de la prestación de los servicios de barrido y recolección de residuos. Dichas disminuciones implicaron, según expresa, más del 29% en el ítem n° 2 y más del 34% en el ítem n° 3, todo lo cual significó que, en los hechos se verificara una disminución de más del 20% en la facturación mensual sobre la convenida.
Asegura que, con motivo de la modificación de las prestaciones, con fecha 2 de octubre de 2000 presentó ante la comuna un plan de readecuación de trabajos y afectación del personal al nuevo sistema de frecuencias y tareas, sobre la base de un esquema de "esfuerzos compartidos", para hacer frente a los efectos adversos de la crisis económica sobre los costos del contrato; pues de otro modo la prestación del servicio solo le generaría pérdidas. Indica que la comuna contestó en las semanas siguientes ofreciendo una nueva propuesta en el marco de la ley 12.727 con el fin de introducir modificaciones temporarias en el sistema de liquidación mensual.
Denuncia que, con anterioridad y posterioridad a la declaración pública de emergencia económica, la comuna incurrió en reiterados incumplimientos contractuales: prueba de ello son los cuatro convenios de renegociación de deuda que se generaron a partir del año 1999, debiendo la empresa -pese a sus insistentes intimaciones de pago- soportar largos períodos de tiempo sin cobrar lo que le era debido. Sin perjuicio de ello, señala que al día 2 de octubre de 2001, había cumplido con el 93% de las inversiones comprometidas.
Afirma que por orden de servicio n° 71, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos municipal comunicó que, a partir del 1 de diciembre de 2001 el Departamento Ejecutivo había dispuesto que los residuos recolectados por la empresa Clear S.R.L. sean depositados en el Predio (cantera) sito en un lugar que le sería comunicado con cinco días de antelación a la citada fecha. Asimismo, se le informó que la empresa no podría ingresar a la actual planta de tratamiento mayor cantidad de residuos que diez toneladas diarias; no reconociendo el municipio ningún crédito a su favor que provenga de una cantidad superior de residuos que la señalada. Por órdenes de servicio n° 73/75, aduce, se ratificó y mantuvo lo precedentemente expuesto.
Finalmente, expone que por orden de servicio n° 76 se consideró "definitivamente incumplida y no acatada la orden de servicio nro. 71" y, consecuentemente, el decreto 885/01 dispuso la rescisión del contrato por culpa de la empresa. Expresa que el acto de rescisión es nulo por vicios en su causa, motivación, y la violación de los límites jurídicos de la discrecionalidad, lo que según aduce configura arbitrariedad manifiesta. También endilga vicios en la finalidad de dicho acto.
En concreto, denuncia la nulidad de la rescisión contractual argumentando que, de un lado, disponer la disminución de la cantidad de residuos a recolectarse y tratarse no era una competencia factible de ejercerse por la comuna, y aun menos por encima del 20% del monto total del contrato (en violación a lo normado por los arts. 37 del Pliego de Bases y Condiciones y 33 de la ley 6.021), puesto que, aun en supuestos de emergencia, no existe aval jurídico que obligue al contratista a trabajar a pérdida.
Por lo demás, indica que las órdenes de servicio fundantes del decreto impugnado constituyeron "una táctica de negociación contractual", a tenor de declaraciones del Intendente municipal en un diario local. Ello constituye a todas luces, según explica, el vicio de desviación de poder.
Puntualiza que la ley 12.727, contempla la posibilidad de que el particular no acepte las condiciones de renegociación contractual en el marco de la emergencia pública, circunstancia que en modo alguno puede considerarse un incumplimiento contractual per se . Ello se muestra aun más palmariamente cuando dichas modificaciones alteren sustancialmente el contrato, en más de un 20%.
Ofrece prueba documental, instrumental y pericial. Plantea la inconstitucionalidad de las leyes 12.727, 12.774 y 12.836, con sus modificatorias y decretos reglamentarios (y por extensión también a las ordenanzas municipales 2.620/01 y 2.621/01), particularmente en cuanto somete las obligaciones exigibles al pago a través de bonos de consolidación, y suspende por 180 días (prorrogables) todos los trámites de ejecución de sentencias judiciales que condenen al pago de sumas de dinero al Estado provincial. Alega que las normas citadas lesionan y restringen con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta los derechos de propiedad y legalidad, así como la garantía de la defensa en juicio y el principio de razonabilidad derivado del art. 28 de la Constitución nacional.
Hace reserva del caso federal.
II. A fs. 364/408 la actora amplía su demanda, e incorpora la pretensión de continuar en la prestación de servicios, conforme los términos del contrato suscripto y por el lapso de 10 años; el reconocimiento de los daños y perjuicios derivados del acto rescisorio ilegítimo -decreto 885/01-, con intereses hasta el efectivo pago. Incorpora el pedido de pago de la deuda por servicios prestados, conformados, facturados y adeudados, con intereses hasta el efectivo pago.
En dicho escrito, la actora señala eventos ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda primigenia, como lo es el dictado del decreto 565/02, en virtud del cual se aprueba el balance definitivo de la contratación -y que fuera oportunamente recurrido administrativamente por la accionante- y, de la resolución 32 (de 5-IX-2002) de la Subsecretaría Legal y Técnica del municipio de Olavarría, por la cual se resuelve conferir vista con obtención de copias de los dictámenes técnicos motivantes del decreto 565/02 sin que ello confiriera derechos para ampliar los fundamentos del recurso de revocatoria interpuesto contra dicho acto. Indica que esta resolución también fue recurrida en legal tiempo y formal. Todo lo anterior culminará con el dictado del decreto desestimatorio 1.323/03, cuya legitimidad también cuestiona.
Con relación a la indemnización de los daños y perjuicios solicitada, estima que en virtud de la aplicación al caso de la ley provincial de obra pública (art. 64) y del art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones, el contratista tiene derecho a una reparación integral de las consecuencias dañosas derivadas de una rescisión contractual ilegítima. La enumeración y especificación de cada rubro de los daños y perjuicios se presenta por separado, como Anexo I.
Ofrece prueba documental, instrumental y pericial ingenieril y contable. Reitera las cuestiones constitucionales respecto de la normativa de emergencia arriba detalladas. Hace reserva del caso federal.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta la Municipalidad de Olavarría, solicitando el rechazo de la demanda.
Niega en forma general y particular las afirmaciones enunciadas en el escrito de demanda por la parte actora, incluyendo el desconocimiento de la autenticidad de todos y cada uno de los documentos agregados como prueba en la pretensión actoral.
Sostiene la plena legitimidad del decreto 885/01, con el argumento de que el obrar comunal ha seguido el procedimiento administrativo rescisorio de la vinculación contractual de manera legal, habiendo sido respaldado por "informes técnicos intachables" y con estricto apego a los márgenes jurídicos y contractuales que rigieron el vínculo entre las partes.
Asegura que las actuaciones administrativas cumplidas con motivo del contrato desarrollado entre las partes dan cuenta de una serie de circunstancias de orden fáctico, técnico y jurídico, que presentan incidencia en torno al normal desarrollo de los acontecimientos -en particular los informes de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos- todas ellas con especial vinculación con la emergencia económica declarada en el orden nacional en aquel entonces, y que fuera receptada -con inevitables consecuencias fácticas y jurídicas para las concesiones públicas vigentes- por la ley de emergencia 12.727 en la Provincia de Buenos Aires, y luego reconocida en la jurisdicción municipal por las ordenanzas 2.620/01 y 2.621/01. A través de estas últimas, indica, se demostró en forma acabada que existió una marcada incidencia negativa en el presupuesto municipal por incumplimientos por parte de la Provincia en la provisión de recursos que pertenecen a la comuna de Olavarría, respecto del cálculo previsto para el año 2001, en lo que se refiere a los derechos de explotación de canteras y coparticipaciones provinciales.
En dicho contexto, prosigue, la comuna inició múltiples gestiones de renegociación contractual con la empresa Clear S.R.L., con la finalidad de recomponer y adaptar la contratación al precitado contexto de emergencia, en consonancia con los principios rectores aplicables en materia de contrataciones administrativas, pese a lo cual no se logró llegar a un acuerdo con la demandante, quien insistió en sostener una posición generadora de graves perjuicios al interés público.
Asegura que del análisis de los distintos ítems y factores de importancia en el decurso de la ejecución del servicio adjudicado a Clear S.R.L. surgen marcados desequilibrios en la incidencia de la mano de obra en relación a lo facturado por los servicios específicos de recolección de residuos domiciliarios y barrido manual mecánico, y en la variación del tonelaje de residuos recepcionados en la Planta de Tratamiento de Residuos y Relleno Sanitario. Todo lo cual implicaba en los hechos, un incremento irrazonable de los beneficios de la contratista, con el consiguiente perjuicio para la comuna, variación que según indica rondaría en el orden del 35,47%, respecto de los montos estimados al momento de la contratación.
Con relación al decreto 406/00, que dispuso modificaciones en la frecuencia de las prestaciones, explica que fue cuestionado administrativamente por la actora, lo que fue rechazado por decreto 962/00. Este último acto no mereció crítica por parte de la empresa, por lo que debe considerarse firme y consentido.
Sostiene que las órdenes de servicio n° 71, 73, 75 y 76 se instrumentaron en un todo de acuerdo con las posibilidades que brinda el marco normativo que rigió el contrato, y que, particularmente, los arts. 23 y 28 del Pliego de Bases y Condiciones generales resultan claros y terminantes al contemplar el procedimiento a seguir en materia de cuestionamiento de órdenes de servicio, no eximiendo la observación de la contratista de cumplir con lo ordenado, bajo apercibimiento de ejecutarse a su costa con deducción de su importe de los certificados pendientes de cobro, garantías constituidas y pago de multas. Ante ello, observa que la actora no cumplió con el procedimiento indicado, puesto que era su deber apelar en primera instancia, ante el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y en segunda, ante el Departamento Ejecutivo, quien es la autoridad competente para decidir en definitiva. Nada de ello fue cumplido, según afirma, por la actora en su rol cuestionador, por lo que, en definitiva, las mencionadas órdenes de servicio, también han quedado firmes y ejecutoriadas.
De igual modo aduce la inexistencia de los vicios en la finalidad del acto (objeto), la desviación de poder y el principio de legalidad que se endilgaran al referido decreto 885/01, todo ello en virtud de que, en el caso de la prestación de un servicio público en el marco de una emergencia económica legalmente declarada, deben resguardarse cuidadosa y particularmente los intereses públicos, así como el equilibrio de las prestaciones de las partes durante la ejecución del contrato. Ello implica que en casos como el presente no pueda pretenderse la existencia de derechos adquiridos con carácter absoluto, cuando las condiciones generales le imponen cierto límite a su ejercicio, siempre que esta limitación sea razonable, tal como lo ha reconocido invariablemente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Prosigue su defensa diciendo que, luego de la aprobación del balance definitivo de la contratación, efectuada por decreto 648/02, se abonó el saldo reconocido en favor de la actora por un monto de $9.846,42, mediante orden de pago n° 4.218, de fecha 31 de julio de 2002. Tras lo cual, y luego de la presentación de diversas impugnaciones y pedidos de nulidad por parte de la contratista, la administración dictó el decreto 1.323/03, cerrando definitivamente la cuestión al rechazar las impugnaciones pretendidas, sobre la base de los dictámenes técnicos pertinentes y en pleno acatamiento del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso y de la defensa.
En este punto, la demandada desconoce concretamente la existencia de una factura impaga por un importe de $166.828,28, así como que resulten ilegítimos los descuentos producidos en las facturas n° 002-0000055 y 002-00000062, ambas del mes de marzo de 2000.
Finalmente, niega la pertinencia del reclamo de daños y perjuicios alegando que por tratarse del ejercicio de una actividad estatal lícita y ejercida de modo razonable en el marco de la legislación administrativa aplicable al caso. Destaca que no existe daño cierto, ni relación causal entre el accionar estatal y el perjuicio aludido, ni la posibilidad jurídica de imputar los daños al Estado; ni ausencia del deber jurídico de soportar el daño; y por último, destaca la existencia de un sacrificio especial en el afectado que justifique su reclamo.
Ofrece prueba documental, instrumental, testimonial y pericial contable. Se opone a la producción de la prueba pericial ingenieril ofrecida por la actora, en virtud de no haberse especificado la especialidad que debería revestir el mismo, requisito esencial a tenor de lo dispuesto por el art. 458 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial.
Hace reserva del caso federal.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, no restando prueba pendiente de producción, glosado el alegato de la parte actora (la demandada perdió su derecho a hacerlo, v. fs. 760), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De las actuaciones administrativas agregadas sin acumular, surgen los siguientes datos útiles a los fines de resolver la presente litis.
I.1. A fs. 5.576/5.587 (cuerpo XXV, expte. adm. n° 032-D/98) obra copia del decreto 368/98, por el cual el intendente de Olavarría aprueba el procedimiento para la licitación pública 10/98, adjudicando la futura prestación de los servicios de recolección de residuos y limpieza de espacios públicos a la empresa comercial Clear S.R.L.
I.2. Seguidamente (v. fs. 5.638/5.647), se adjunta copia del contrato vinculante entre las partes (de fecha 30-V-1999) con una previsión temporal de prestación por diez años (cfr. art. 16), con referencias directas a la posibilidad de ampliación o disminución de áreas de servicio (arts. 3 y 37) y un sistema de rescisión contractual en caso de incumplimientos unilaterales o bilaterales (art. 43).
I.3. A través del decreto 279/00 se verificó la primera ampliación de zona de servicios en favor de la contratista (v. fs. 5.739).
I.4. Las primeras dificultades para el pago de las prestaciones contractuales son detectadas y reveladas por la Secretaría de Economía y Hacienda el 14 de junio de 2000 (v. fs. 5.743, cuerpo XXVI). Tras ello, las dependencias técnicas correspondientes elaboran un proyecto de modificación al contrato (v. fs. 5.746/5.753). Ello llevó a que, con fecha 29 de mayo de 2000, mediante el decreto 406/00 se realicen modificaciones parciales al sistema de prestación con ampliación de montos contractuales.
I.5. Con fecha 3 de noviembre de 2000, la Secretaría de Economía y Hacienda elabora un informe acerca de las dificultades financieras de la comuna (v. fs. 5.789), que provoca el dictado del decreto 857/00, que modificó días y horarios en relación a la frecuencia del servicio, prorrogando al anterior decreto 406 (v. fs. 5.801).
I.6. Ello suscitó el reclamo de Clear S.R.L. por considerar que las modificaciones establecidas por los decretos en cuestión superaban el 20% previsto en el art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones, afectando el precio unitario pactado y el análisis de costos (v. fs. 5.816/5.821, reclamo de 3-X-2000).
I.7. Por resolución 09/00, el Intendente de la Municipalidad de Olavarría desestimó la solicitud, entendiendo que el área de trabajo no ha variado por fuera de los términos del citado art. 37 y que, a su vez, las referidas modificaciones poseían únicamente carácter temporal (v. fs. 5.831). Con fec
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