Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124700
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.700, "Insaurralde, Noelia Marisol Anali contra Mapfre ART S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 221/242).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 252/272 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda instaurada por Noelia Marisol Anali Insaurralde y condenó a Mapfre Argentina ART S.A. al pago de la reparación prevista por la ley 24.557, con motivo del accidente en el trayecto que padeciera el 7 de septiembre de 2009. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba el cobro de la indemnización integral por daños y perjuicios fundada en disposiciones del pretérito Código Civil, merced a la ausencia de prueba sobre el deficiente proceder endilgado a la aseguradora en ocasión de otorgar el tratamiento respectivo (v. fs. 221/242).
En lo que interesa destacar, tuvo por acreditado que la Comisión Médica n° 07C de la ciudad de Rosario dictaminó que la promotora del juicio era portadora de una incapacidad parcial y permanente equivalente al 14,2% del índice de la total obrera, habiendo percibido de la aseguradora la suma de $25.560 (v. vered., cuestiones cuarta y octava; fs. 223 y vta. y 228 vta.).
A partir de las conclusiones de la pericia médica producida en la causa, juzgó demostrado que, a raíz del mencionado infortunio, la actora padece cervicobraquialgia y lumbalgia, y una secuela posquirúrgica de rodilla derecha que le ocasionan una minusvalía del 6% y 20%, respectivamente. Con tales elementos y los factores de ponderación del decreto 659/96, fijó la incapacidad parcial, permanente y definitiva en el orden del 29,28% (v. vered., cuestión quinta; fs. 223 vta. y 224).
Luego abordó la acción vinculada al pago de las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 233 vta. in fine y 234).
Desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y rechazó la aplicación al caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contemplado en la ley 26.773 (v. fs. 234 vta. in fine /236 vta.).
Teniendo en cuenta la edad de la trabajadora a la fecha del siniestro (veinticinco años), el valor mensual del ingreso base ($1.639,83) y el porcentaje de incapacidad (29,28%), cuantificó el importe de las prestaciones dinerarias que le correspondían percibir en la suma de $66.163,59. En tales condiciones, toda vez que dicho monto superaba el tope legal establecido en el apartado segundo del inciso "a" del art. 14 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00), declaró su invalidez constitucional (v. fs. 237/239).
Por último, sobre el importe de condena el tribunal de grado aplicó intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación en su "variante digital" (v. fs. 239 in fine y 240).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653.
II.1. Objeta que el tribunal de grado no aplicara ningún mecanismo de actualización monetaria al momento de estimar las prestaciones dinerarias que fueran reconocidas en la sentencia.
Cuestiona el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557. Al respecto afirma que el juzgador desestimó su planteo con apoyo en doctrina legal de esta Suprema Corte y en la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, sin analizar el grave perjuicio que ocasiona la aplicación literal de la norma.
Sostiene que el mecanismo utilizado pulveriza el derecho a una indemnización justa. Añade que la fórmula matemática-financiera se desentiende totalmente del resultado cuantitativo final y del modo en que el mismo gravita en la pérdida de ganancia futura -lucro cesante- respecto de la minusvalía que aquella padece en forma definitiva.
Indica que de haberse considerado el ingreso base mensual como una "deuda de valor" y de haberse utilizado un salario actualizado, el tribunal hubiera arribado a un monto sumamente mayor.
Argumenta que la Ley de Riesgos del Trabajo, como cualquier otra norma que reglamenta el derecho a la integridad psicofísica del trabajador, merece un análisis guiado por la razonabilidad, debiendo descalificarse cuando no cumple con el mandato constitucional.
Aduce que el sistema indemnizatorio previsto en dicha ley provoca un enriquecimiento ilícito a favor de las aseguradoras de riesgos del trabajo, quienes cobran sus alícuotas en moneda actualizada y pagan las indemnizaciones en moneda depreciada, situación que contradice las bases del derecho laboral.
Expresa que en autos se ha configurado una situación de discriminación, ya que la actora -que transitó un largo proceso judicial- obtuvo un resultado irrisorio y recibió un trato dispar respecto de aquellos otros dependientes que, sin recurrir a juicio alguno, logran obtener un resarcimiento proporcional a sus ingresos reales.
En suma, afirma que el régimen reparatorio especial de infortunios laborales, tal como ha sido diseñado, premia al incumplidor, pues produce una redistribución de ingresos inversa, que les otorga a los que más tienen y les quita a los económicamente más débiles (esto es, a los trabajadores incapacitados que se encuentran en mayor estado de indefensión).
En apoyo a su postura invoca distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -a su criterio- avalan el pedido de reajustar las sumas reclamadas.
II.2. Peticiona que, en el caso, se disponga la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor de créditos reclamados desde su exigibilidad hasta el día del efectivo pago.
Manifiesta que el tribunal de grado no interpretó la citada norma en consonancia con el restante plexo normativo laboral.
Añade que a fin de establecer el valor mensual del ingreso base se deben considerar salarios ajustados, ya que toda indemnización supone una ponderación del valor actual del desmedro patrimonial sufrido, pues de lo contrario se desnaturalizaría su función resarcitoria.
II.3. Por los argumentos expuestos, plantea también la invalidez constitucional de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 (v. fs. 272 y también fs. 255 -punto I- del escrito impugnativo).
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, me permito señalar que, a tenor de lo expresado por la recurrente a fs. 258 vta. de la postulación bajo examen en lo atingente a la admisibilidad del medio de impugnación respecto del valor del litigio, observo que la cuantificación que efectúa -teniendo en cuenta la diferencia entre lo concedido en el fallo y la suma pretendida- supera el monto mínimo para recurrir vigente al momento de la interposición del embate (art. 278, CPCC, texto conf. ley 24.141).
Ahora bien, no obstante es cierto que la suma indicada solamente halla respaldo en los dichos de la interesada, no lo es menos que habiéndose introducido en el recurso agravios de naturaleza federal, destinados a cuestionar la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 y de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), la presente vía extraordinaria debe analizarse por fuera de las restricciones impuestas por las normas procesales locales (arts. 55, ley 11.653; 278, cit.; causas L. 116.672, "Leuzzi", sent. de 21-V-2014; L. 118.847, "Díaz", sent. de 4-VIII-2016; L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016 y L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; e.o. ).
III.2.a. Sentado lo anterior, conforme fue relatado, el tribunal de grado condenó a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo in itinere sufrido por la actora el día 7 de septiembre de 2009.
En lo que interesa por resultar materia de agravio, para arribar a tal definición y cuantificar el importe de la tarifa, el juzgador abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Reprodujo el criterio ostentado en otro precedente del mismo organismo, señalando que la consideración de los haberes devengados durante el año anterior a la manifestación invalidante como pauta estructural para la determinación del salario base no exhibe confrontación con ninguna norma constitucional, ni pulveriza el significado económico de la indemnización, más allá de que por variaciones salariales posteriores, producto de las distintas coyunturas históricas, las remuneraciones del actor se hayan visto incrementadas. Afirmó que esta última circunstancia no era causa en sí misma que justifique la modificación de todo un régimen indemnizatorio que tarifa los resarcimientos, cuando siquiera se ha probado que la cifra a la que se arriba por desinencia del procedimiento establecido en la norma especial no abastezca la reparación merecida por el trabajador (v. fs. 234 vta. y 235).
En conclusión, explicitó el a quo , habiendo la promotora del pleito accionado por la normativa especial de la ley 24.557, el cálculo del art. 12 de dicho régimen legal resultaba aplicable al caso, sin que se avizore en los achaques que vierte la interesada ninguna objeción constitucional respecto de su aplicación, único presupuesto que -en definitiva- hubiere obstado a su utilización como fórmula de cálculo de obtener favorable acogida su pretensión (v. fs. 235 in fine y vta.).
III.2.b. Tales motivaciones no han recibido un embate idóneo por parte de la agraviada, pues su crítica -vinculada, en esencia, a la necesidad de recurrir a valores actuales al momento de utilizar la fórmula legalmente prevista- no ataca concretamente las definiciones sobre las que el órgano de grado estructuró este tramo del pronunciamiento, quedando así evidenciada una manifiesta deficiencia técnica en el desarrollo del embate (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016 y L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
Desde este punto de mira, la ausencia de eficacia de la impugnación se exhibe nítida, ni bien se repara que su argumentación contiene un enfoque distinto; en otras palabras: el desarrollo crítico del recurso se advierte como el fruto de una reflexión que innova el discurso blandido en la demanda -que el a quo estimó inhábil a los fines pretendidos- , toda vez que este último -claramente entremezclado con el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 24.557 (v. fs. 38 vta. in fine /41)- dista -a todas luces- del expuesto ahora en esta instancia extraordinaria.
Sobre el particular, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación esgrimida por el interesado denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e.o.).
Ello así, pues en rigor, la recurrente pretende en el escrito bajo examen que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante; ver demanda, fs. 27 y vta.) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar salarios actualizados).
III.3. Por último, sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal para la introducción del planteo de inconstitucionalidad de los de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561), corresponde señalar que es criterio de esta Suprema Corte que son constitucionalmente válidas tales normas en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 88.616, "Ibáñez", sent. de 5-VI-2013; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; L. 118.241, "Tarelli", sent. de 15-VI-2016; L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017 y L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018); sin que las razones vertidas en la impugnación ameriten la revisión de dicha postura.
III.4. Corolario de lo expuesto es que el fallo puesto en crisis no ha de modificarse, dada la insuficiencia técnica del embate orientado a cuestionar la conclusión que causa agravio a la impugnante y la reiterada doctrina legal que sobre el tópico tratado en el punto anterior ha forjado este Superior Tribunal (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. No acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348 -B.O. de 24-II-2017-), concretamente en cuanto establece para determinar el ingreso base mensual un módulo calculado sobre la base de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante.
En efecto, advierto que, como apuntó el doctor Genoud, el pedimento formulado ante esta instancia -en cuanto persigue se calcule el citado módulo con arreglo al salario ajustado a valores actuales al momento de aplicar la fórmula legalmente prevista- difiere de los términos -confusos, por cierto- en que fue esgrimida la pretensión en el escrito de inicio (v. dem., fs. 38 vta./41), introduciendo extemporáneamente un planteo que, además de alterar sustancialmente el alcance del esquema que conformó la demanda, tornándolo inatendible (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; e.o.), impide determinar con nitidez la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
En tales condiciones, la insuficiencia técnica de esta parcela del recurso define su rechazo.
I.3. En lo demás, también suscribo la propuesta del ponente.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Observando que en el caso el recurrente se ha encargado de evidenciar que podría estar en juego una cuestión federal, comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud acerca del marco en el que debe resolverse el recurso deducido. Con ello, coincido también con la opinión que brinda el ponente para desestimar el medio de impugnación, y en fin, con la solución que propone.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2021 16:56:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2021 19:10:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 09:40:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 11:29:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 12:52:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia