Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 90938
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 90.938, "Wassinger, Walter Fabián/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 19.932 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres.
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de diciembre de 2003 resolvió, en cuanto aquí importa, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de Walter Fabián Wassinger contra la sentencia del Juzgado de Transición n° 1 departamental que lo había condenado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de armas en concurso real -hechos "b" de la causa 14-32.199 y "c" de la causa 14-39.433- cometidos el día 13 de enero de 1995 y autor de los delitos de resistencia a la autoridad y disparo de arma de fuego agravado ( criminis causa ) que fueron concursados idealmente entre sí, y realmente con el de tenencia ilegal de arma de guerra -hechos cometidos el 17 de enero de 1995-, y con los desapoderamientos referidos (v. fs. 720/735 con relación a fs. 609/626).
El imputado, por derecho propio, y con la asistencia de su letrada particular doctora Esther Delia Giusti, interpuso recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 790/834). La Cámara concedió el último mencionado sin expedirse respecto de los requisitos de admisibilidad de las restantes vías impugnativas deducidas (v. fs. 836); razón por la cual esta Corte devolvió los autos a sus efectos (v. fs. 846). A fs. 852 y vta. el Tribunal de Alzada denegó los remedios de nulidad e inconstitucionalidad articulados.
El 26 de abril de 2004, mediante la resolución que luce a fs. 871/872, Walter Fabián Wassinger fue declarado rebelde y ordenada su captura, suspendiéndose a su respecto el trámite de la causa hasta tanto fuera habido (v. fs. 900). Ante la renuncia en julio de 2008 de su asistente letrada al cargo de defensora (v. fs. 915), se dio intervención a la defensoría oficial (v. fs. 917).
En febrero de 2016, en atención al pedido efectuado por la unidad carcelaria n° 39 de Ituzaingó para que se informase si interesaba la detención del nombrado, el juez de garantías (a cargo del expediente residual) con competencia en estas actuaciones, requirió que le fueran remitidas a su sede y previa vista a la fiscalía y trámites de rigor, dictó la resolución de fs. 966 por la que dejó sin efecto la rebeldía y captura del nombrado imputado, constató asimismo que había sido notificado a fs. 932 vta. de lo resuelto por la Cámara a fs. 852 y vta. y remitió la causa a la Cámara interviniente. Recibido el expediente en esta Corte, el 27 de junio de 2018 se dispuso el pase en vista a la Procuración (v. fs. 987), que emitió su dictamen el 17 de agosto del mismo año aconsejando el rechazo del recurso (v. fs. 988/992). Dictada la providencia de autos (v. fs. 993) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Antes de resolver sobre la vigencia de la acción penal en la presente causa, cabe efectuar algunas consideraciones sobre dicha temática.
I.1. En primer lugar, se debe destacar que si bien los hechos en juzgamiento datan del mes de enero de 1995 (causas 14-39.433 y 14-39.434), todos de fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005; art. 18, Const. nac.); el principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el mentado art. 2 del digesto sustancial (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
Ello, en lo que importa, modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio" como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"), y con expresa contemplación de la teoría del paralelismo para el supuesto de concurso de delitos (conf. causas P. 77.178, sent. de 14-V-2008; P. 70.829, sent. de 31-X-2007; P. 105.339, sent. de 16-XII-2009; P. 116.962, sent. de 16-XII-2015; P. 126.558, sent. de 29-III-2017; e.o.).
I.2. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
El dictado de la ley 25.990 y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67 apdo. cuarto incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión de los delitos impugnados se ha extinguido.
I.3. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979 "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) conforme los lineamientos que habían sido establecidos en causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-X-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
I.4. Sin perjuicio de ello, recientemente se dejó de lado ese criterio en causa P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020), con voto del doctor Torres al que presté mi adhesión, cuyos términos me permito reproducir en la presente en atención a su plena aplicación al caso.
En ese pronunciamiento se expresó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al fallo dictado el 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67 inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva la Corte federal sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJ 572/2009 [45-S]/CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", de 26-II-2013; CSJ 133/2009 [45-S]/CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", de 26-III-2013 y CSJ 1586/2005 [41-F]/CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría- de 11-VII-2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67 inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13°, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14°).
A su vez, en el considerando 14°, resaltó que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7° y sus citas; e.o.); y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP).
Destacó que en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18`de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 16° dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese Tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379)", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito rige la doctrina jurisprudencial que se apoya en una interpretación extensiva del art. 67 inc. "e" del Código Penal.
En el considerando 19° se refirió a que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra legem en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esa Corte en que se había explicitado que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme la letra del art. 67 inc. "e" del Código Penal, constituye un "...claro alzamiento por parte del tribunal a quo y los tribunales que de él dependen, contra la autoridad de este Tribunal, en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina"; y que tal reticencia por parte de las autoridades judiciales provinciales para aplicar en su ejercicio jurisdiccional la doctrina constitucional sentada por esa Corte en casos como el presente, conlleva la lesión de los derechos con relación a los cuales se adoptó el criterio respectivo, la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tal motivo, consideró necesario instruir a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. 'e', del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)".
I.5. En consecuencia, a partir de esa decisión, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Farina, Haydée s/ homicidio culposo" (conf. causa P. 131.745, cit.).
II.1. Sentado lo anterior, corresponde señalar que en estas actuaciones se hallan prescriptas las acciones penales nacidas de los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas criminis causa que concursan idealmente entre sí y en forma material con el delito de tenencia ilegal de arma de guerra (arts. 54, 55, 104, 105 -en función del 80 inc. 7-, 239 y 189 bis, Cód. Penal), delitos por los que Wassinger fue condenado entre otros ilícitos, razón por la que esta Corte se halla imposibilitada de expedirse con relación a los mismos.
Es innecesario en autos resolver cuál es la tesis aplicable para computar la prescripción de la acción en el supuesto de concurso ideal de delitos, ya que, cualquiera sea la que se adopte, en el caso el plazo legal de prescripción igualmente acaeció.
Lo mismo cabe decir, en esta concreta situación, respecto de la tipificación legal del suceso en los términos del art. 189 bis del Código Penal, toda vez que sea bajo la legislación anterior -ley 25.086- o conforme su actual redacción -ley 25.886-, el término al que alude el art. 62 inc. 2 del Código Penal también transcurrió.
Bajo estas consideraciones, y de conformidad con lo señalado en los apartados precedentes, tomando como último acto interruptivo a la sentencia del Juzgado de Transición n° 1 del Departamento Judicial de Morón dictada el 10 de junio de 2003 (v. fs. 609/622, causa 14-28.924 del antiguo Juzgado Criminal y Correccional n° 14), hasta el presente ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2 con relación a los delitos antes aludidos, sin que a su respecto hubiera actuado la causal prevista en el art. 67 inc. "a" primera parte del Código Penal, a tenor de los informes de fs. 999, de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires obrantes a fs. 1.009 y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de fs. 1.003/1.005.
II.2. En cuanto a los delitos contra la propiedad y su calificación legal en orden al plazo de prescripción que corresponde verificar, es necesario considerar lo siguiente:
II.2.a. En el tenido como hecho "b" correspondiente a la causa 14-32.189 (víctimas Díaz, Mazitelli y Parada), esta Corte estableció la aptitud de las armas empleadas en ese suceso (art. 166 inc. 2, Cód. Penal), ello en virtud de la sentencia dictada en esta misma causa respecto del coprocesado Néstor Javier Paiva (v. fs. 973/986, esp. fs. 984 y vta.), con más lo que resultará -puntualmente- respecto de Wassinger al tratar la cuestión siguiente.
II.2.b. Con relación al hecho "c" de la causa 14-39.433 (víctimas Sandra Yocco y Nilde Marchegiani) el fallo condenatorio estableció la circunstancia de haber sido utilizada el arma de modo impropio, más allá de la significación jurídica que luego otorgó al suceso por aplicación de doctrina legal de esta Corte imperante al momento de su pronunciamiento, y ello resistirá el embate de la defensa contra la calificación legal, conforme se analizará en la cuestión segunda (art. 166 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 621 vta. y 622, 726 vta.).
II.3. Cabe agregar que, de los informes requeridos a los fines de verificar los antecedentes penales, surge que Walter Fabián Wassinger fue imputado en otra causa como autor de tenencia ilegítima de estupefacientes, delito cometido el 3 de junio de 2015 y por el que fue condenado por sentencia que se encuentra firme (v. fs. 930, 999, 1.003/1.005 y 1.009).
Si bien ese antecedente carece de virtualidad interruptora respecto de los delitos examinados en el apartado II.1. de la presente, toda vez que fue perpetrado una vez superado el plazo legal que a ese respecto se debe tener en consideración (art. 62 inc. 2, Cód. Penal), en cambio configura la causal prevista en el apartado "a" del art. 67 del Código sustantivo -ley 25.990- con relación a los restantes delitos también imputados a Wassinger -ver apartados II.2.a. y II.2.b.- (hechos "b" y "c", sent. condenatoria de fs. 609/622), y a partir de entonces (3 de junio de 2015) el término legal de prescripción no ha transcurrido (conf. arts. 62 inc. 2 y 166 inc. 2, Cód. Penal).
III. En consecuencia, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto de Walter Fabián Wassinger en orden a los delitos de resistencia a la autoridad y disparo de arma de fuego agravado ( criminis causa ), que concursan idealmente entre sí y de forma material con el de tenencia ilegal de arma de guerra (arts. 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 104, 105 -con relación al 80 inc. 7-, 239 y 189 bis, Cód. Penal).
IV. En función de lo expuesto y de lo que será resuelto en la cuestión segunda, los autos deberán volver a la instancia de origen para que se gradúe la pena a imponer a Walter Fabián Wassinger respecto de los delitos materia de condena que permanecen firmes y de conformidad con los índices mensurativos que resulten pertinentes.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Atento el pormenorizado desarrollo efectuado en su voto por el Ministro ponente, doctor Genoud, respecto a esta primera cuestión, habré de puntualizar simplemente lo siguiente.
I. Que en este caso por imperio del art. 2 del Código Penal, rige el art. 67 del mismo Código en su redacción según ley 25.990. Al respecto, conforme fue suficientemente detallado por mi colega en el punto I.1. de su voto -en cuanto a su contenido- se impone aquí aplicar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo "Farina, Haydée s/Homicidio culposo" (sent. de 26-XII-2019).
Conforme lo señalé oportunamente al dar mi voto en causa P. 131.745 (sent. de 21-VII-2020) si bien dejando a salvo mi opinión sobre la inteligencia que cabe asignar al art. 67 inc. "e" del Código Penal, como consecuencia de lo expuesto por la doctrina mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo arriba citado, debo seguir en la presente causa los lineamientos allí vertidos en la orden emanada del Máximo Tribunal de la Nación, haciéndolo por consiguiente también en este caso, mutatis mutandi , en los términos que ya he referido en mi anterior intervención, a los que me remito, en honor a la brevedad.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.