Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124094
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.094, "Borda, Orlando José contra Galeno ART S.A. (ex Consolidar ART S.A.). Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín admitió parcialmente la acción instaurada, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 122/127 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 130/149).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, desestimó la excepción de cosa juzgada e hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Orlando José Borda promovió contra Galeno ART S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 122/127 vta.).
Para así decidir, luego de decretar la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y declarar la cuestión de puro derecho, señaló que en autos no se encontraba controvertido que el día 26 de abril de 2008, el actor sufrió un accidente laboral que -conforme el dictamen de la Comisión Médica interviniente- le provocó una incapacidad del 22% del índice de la total obrera. Asimismo, determinó que la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la suma de $39.600, en el año 2009 (v. sent., fs. 123/124 vta.).
Destacó, asimismo, que el actor apeló dicho dictamen, estableciéndose en las actuaciones n° 28.106 ("Borda, Orlando José c/ Galeno ART S.A. s/ apelación de resolución administrativa", en trámite ante ese mismo tribunal), que el trabajador es portador de una incapacidad del 46,86% del índice de la total obrera, imputable al siniestro indicado, por lo cual recibió el pago de $44.748; arribando -entonces- a la suma total de $84.348, en concepto de incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva. También dijo que esa cuantía fue percibida por el accionante en disconformidad (v. sent., fs. 124 vta.).
A su vez, tuvo por no controvertido que -con arreglo a las pautas establecidas en el art. 12 de la ley 24.557 y los recibos de sueldos obrantes a fs. 11 y sigs.- el ingreso base mensual del actor ascendió a $3.724,04 (v. sent., fs. 124 vta.).
Sobre este escenario, se abocó a examinar si entre el monto reclamado y el oportunamente abonado por la aseguradora existía alguna diferencia indemnizatoria a favor del actor. A tal fin consideró que, en virtud de los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), debía aplicarse la ley vigente a la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas (arts. 6 primer párrafo y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -conf. decreto 1.278/00-). Por estas razones, señaló que no correspondía brindar tratamiento a "...las inconstitucionalidades pretendidas sobre normativa dictada con posterioridad a la fecha de acaecido el accidente respectivo por la razón jurisprudencial mencionada, ni la de los arts. 21 y 22 LRT 24.557, ni la de falta de acción cuya abstracción resulta evidente atento la falta de controversia a las cuestiones fácticas conforme han sido relatadas en la demanda..." (fs. 125).
En ese orden, sostuvo que al dependiente le correspondía percibir la suma de $107.287,86, según la siguiente operación aritmética: $3.724,04 (IBM) x 53 x 46,86% de incapacidad de la total obrera x 1,16 (65/56; v. sent., fs. 125 y vta.).
Finalmente, difirió a un juicio sumarísimo posterior el reclamo objeto de autos por la suma que individualizó en concepto de diferencia indemnizatoria y dispuso la aplicación de intereses (v. sent., fs. 125 vta./126 vta.).
II. Contra la sentencia de grado, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de la doctrina legal que identifica y errónea aplicación de la ley 24.557 (v. fs. 130/149).
II.1. En su presentación, sostiene que el juzgador de grado soslayó la doctrina legal de esta Suprema Corte, vinculada con la valoración de la "razonabilidad" de las prestaciones y montos indemnizatorios por los daños sufridos por los trabajadores, al momento de ser abonados (v. fs. 134 vta. y 135).
En tal sentido, explica que, si bien el accidente de trabajo ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, el actor debió transitar por los distintos procesos previos (administrativo y judicial en grado de apelación) durante varios años, sin lograr una indemnización adecuada, la que fue liquidada sobre salarios vigentes en los años 2007 y 2008 (v. fs. 135 y vta.).
Considera infringida la doctrina legal emergente de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), en tanto -aduce- el citado precedente se asemeja al sub lite (v. fs. 136/137).
Denuncia que, en el caso, el a quo omitió brindar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, formulado por su parte en oportunidad de presentar su alegato, vulnerando -de este modo- los arts. 14, 14 bis, 28 y concordantes de la Constitución nacional y Tratados Internacionales con igual jerarquía (v. fs. 137 y vta.).
Manifiesta que el sentenciante debió tener en cuenta la depreciación monetaria producida entre el siniestro y la efectiva percepción parcial del crédito indemnizatorio, respetando los principios de razonabilidad y protección de la acreencia reparatoria (v. fs. cit.).
Explica que en el precedente que se alega vulnerado, el tribunal de trabajo tuvo en consideración -al momento de cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al trabajador- que utilizar la base salarial para el cálculo tomando en consideración los doce (12) meses anteriores a la primera manifestación invalidante, en lugar de realizarlo teniendo en cuenta el salario devengado a la fecha en la que la indemnización había sido abonada, generaba una diferencia económica notoria e importante que conducía a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador; situación que -afirma- no aconteció en el caso (v. fs. 137 vta./138 vta.).
Aduce que, independientemente de los reproches de inconstitucionalidad formulados sobre el ámbito temporal de aplicación de la normativa aplicable, el juzgador de grado soslayó realizar un examen prudente de la cuestión, prescindiendo -según alega- brindar tratamiento a las inconstitucionalidades peticionadas, incurriendo en una "...omisión trascendental que cambia la suerte del pleito..." (fs. 139).
Sostiene que el aludido precedente y el caso bajo juzgamiento resultan coincidentes, de modo que -enfatiza- se configura el supuesto de violación de doctrina legal (v. fs. 139 vta.).
Añade que la solución que propicia halla respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos "Marando" y "Leguizamón"; v. fs. 139 y 140).
II.2. Por otro lado, argumenta que las sucesivas reformas del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo (v.gr. decreto 1.694/09, ley 26.773, resoluciones semestrales publicadas por la autoridad de aplicación y, por último, ley 27.348), exhiben claramente la insuficiencia reparatoria del régimen especial y la desactualización de las prestaciones dinerarias, propugnando la necesidad de realizar adecuaciones constantes, tendientes a reconocer indemnizaciones razonables e integrales (v. fs. 142/143).
Afirma que la decisión de grado no tuvo en consideración la discriminación que padece el accionante cuando emplea una normativa desactualizada, en tanto -dice- no puede acceder a una reparación adecuada del daño sufrido, con relación a aquellos trabajadores que perciben un resarcimiento integral (v. fs. 143 vta.).
Refiere que la denunciada infracción se materializa cuando el a quo mantiene y recepta "a rajatabla" precedentes que constituyen doctrina legal, prescindiendo aplicar normas vigentes y de jerarquía constitucional que postulan y erigen el principio de razonabilidad, conculcando con tal proceder los derechos del actor (v. fs. cit.).
Postula que, de conformidad con lo normado en el art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, el sentenciante debió aplicar la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 (v. fs. 144).
Por este motivo, sostiene que la reparación ofrecida al señor Borda, conforme el sistema tarifario impuesto por la primigenia Ley de Riesgos del Trabajo, dada la minusvalía que padece, luce incuestionablemente irrisoria, escasa e insuficiente (v. fs. 145 vta.).
Contribuye a sustentar su postura mediante la cita de jurisprudencia que entiende vulnerada (v. fs. 146 vta./147 vta.).
III. El recuso no prospera.
III.1. En primer lugar, debe advertirse que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia (v. fs. 126 vta.), limitándose a suscribir la planilla de circulación de expedientes (v. fs. 121) y la constancia de registro del fallo (v. fs. 127 vta.). No se sabe, entonces, quien redactó el acta de Acuerdo, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron.
Los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero no dejo de señalarlos toda vez no pueden pasar inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Sentado lo anterior, corresponde ingresar en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
III.2.b. El remedio fue concedido por el sentenciante de grado en el estrecho marco de la excepción que consagra el art. 55 primer párrafo in fine , de la ley procesal del fuero, siendo esta limitación en la admisión cuestionada por el actor, mediante revocatoria (v. presentación electrónica del día 2 de mayo de 2019). El tribunal interviniente entendió que no correspondía su tratamiento, en virtud de "...encontrarse desprendido de la jurisdicción atento el recurso extraordinario concedido a fs. 150 y vta.…" (fs. 153).
Desde esta arista, advierto que -en efecto- el interesado equivocó el carril procesal para impugnar la decisión del inferior en grado con arreglo a la cual se pronunció sobre los recaudos de admisibilidad del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (arts. 281, 292 y concs., CPCC; 55 y 63, ley 11.653).
Ahora bien, desde que la decisión del tribunal de origen ha arribado firme a esta sede casatoria, el medio de impugnación traído deberá analizarse con las restricciones derivadas del estricto molde de análisis que prevé el citado art. 55 primer párrafo in fine , de la ley ritual del fuero laboral.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.240, "Gómez", sent. de 6-XI-2019; L. 124.722, "Amatto", sent. de 22-XII-2020; L. 124.732, "Soto", sent. de 12-II-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e. o.).
III.3.a. En lo que concierne al primer agravio traído, considero que su improcedencia luce manifiesta.
En su postulación, la recurrente manifiesta que el juzgador de grado omitió brindar tratamiento a los planteos -articulados por su parte en oportunidad de presentar su alegato- de inconstitucionalidad de los arts. 12 de la ley 24.557 (con relación al período computable para el cálculo del ingreso base mensual) y 14 apartado 2 inc. "a" del mismo ordenamiento legal y, con ello, a la presunta violación de la doctrina legal relacionada con el tópico, cuestiones que -aduce- resultaban conducentes para la resolución del caso, omitiendo así -a su juicio- tratar una cuestión, sin lugar a dudas, esencial.
III.3.b. De lo reseñado se colige, más allá del escrito marco en el que ha sido admitido el canal intentado, que la impugnante ha equivocado el carril recursivo.
En ese sentido, ha declarado esta Suprema Corte que resultan ajenas al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las cuestiones relativas a la presunta omisión de tratamiento de planteos litigiosos (causas L. 120.287, "Baleztena", sent. de 22-VIII-2018; L. 120.286, "Aragón", sent. de 28-XI-2018; L. 120.285, "Allega", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.508, "Cáceres", sent. de 29-IV-2020; e. o.).
Lo declarado resulta suficiente para sellar la suerte adversa de este tramo de la postulación recursiva, sin que corresponda ingresar en consideraciones de otra índole.
III.3.c. Por lo demás, con relación al precedente L. 119.987, "Espindola" (sent. de 4-VII-2018), que se denuncia conculcado en este fragmento de la réplica, debo señalar -sin perjuicio de que los presupuestos fácticos delineados en la presente difieren de aquellos que se desarrollaron en la citada causa- que en esta última esta Corte resolvió que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debía ser desestimado por no abastecer los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, confirmó la sentencia de mérito en razón de la insuficiencia del aludido medio de impugnación, sin mediar en dicha ocasión una definición sobre el fondo de la cuestión debatida.
III.4.a. Luego, teniendo en cuenta el acotado margen de revisión por el que transita el examen de la réplica, se impone desestimar el agravio dirigido a controvertir el rechazo de la pretendida aplicación al caso del decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
Me afirmo en esta solución por cuanto el recurrente no consigue acreditar la configuración del supuesto de excepción previsto en el referido art. 55 primer párrafo in fine , de ley 11.653, toda vez que en este tramo de su postulación impugnativa omite citar e individualizar doctrina legal en apoyo de su postura (causas L. 119.379, "Río", sent. de 10-X-2018; L. 120.346, "Britos", sent. de 6-XI-2019; L. 120.708, "García", sent. de 19-II-2020 y L. 120.554, "Fevola", sent. de 8-VII-2020; e. o.).
III.4.b. Para más, es dable recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código citado (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 120.083, "Sanquigni", sent. de 14-II-2018; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020).
Tampoco revisten esa categoría los precedentes que refieren a un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte, y, por ello, quedó en minoría (causas L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014; L. 118.682, "Palacios", sent. de 12-XI-2017 y L. 121.330, "Esquivel", sent. de 11-III-2020).
III.5. Finalmente, sin perjuicio de lo que pudiera decirse en torno al profuso despliegue argumental efectuado por el tribunal interviniente en el fallo, es lo cierto que la pretensión contenida en el recurso no puede tener cabida, puesto que el tópico bajo examen ha sido resuelto por este Tribunal en casos análogos y en sentido adverso a la tesis propugnada por el impugnante (causas L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2016; L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; L. 118.181, "Mansilla", sent. de 19-X-2016; L. 118.532, "Godon", sent. de 5-IV-2017 y L. 118.433, "González", sent. de 11-IV-2018; e. o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto, por sus fundamentos, la propuesta efectuada por el doctor Torres.
A todo evento y para mayor satisfacción del agraviado, interesa recordar que los cuestionamientos que conciernen a la forma en que se analizaron los términos de la litis y los escritos constitutivos del proceso -con virtualidad para desplazar el eventual tratamiento de las pretensiones sometidas a juzgamiento- resultan ajenos al estrecho marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.181, "Barrera", sent. de 16-IX-2020 y L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; e. o.).
Por último, en adición a las observaciones que contiene el punto III.1. del voto del colega ponente, cabe advertir -aun cuando no ha mediado impedimento para conocer del remedio extraordinario interpuesto por la parte actora- que el tribunal de origen debe procurar el cabal cumplimiento -con intervención del Actuario- de lo normado en el art. 48 de la ley 11.653.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2021 21:59:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/07/2021 10:55:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2021 11:06:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:33:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2021 08:08:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia