Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124045
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.045, "Olivera, Pablo Javier contra Cafés La Virginia S.A. y otros. Despido y cobro", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. fs. 740/761 vta. y aclaratoria de fs. 802/805 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 769/774 vta. y 775/788).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 769/774 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al interpuesto a fs. 775/788?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Pablo Javier Olivera y condenó solidariamente a Cafés La Virginia S.A., Smith Group S.A. y Spell S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, vacaciones proporcionales -con más el sueldo anual complementario sobre todos los rubros mencionados y el proporcional del primer semestre del año 2002-, salarios adeudados, diferencias salariales, los incrementos previstos en los arts. 16 de la ley 25.561; 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y la sanción contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -junto con la entrega del certificado allí establecido y el que se consigna en el art. 12 inc. "g" de la ley 24.241-. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el cobro de la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013, la sanción por temeridad y malicia (contenida en el art. 275, LCT) y una reparación por daño moral. A su vez, declaró abstracto el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad de la ley 6.716, de la ley 8.480 y de la ley 10.628.
Asimismo -por mayoría- rechazó en todas sus partes la demanda iniciada contra Inc. S.A. (v. sent., fs. 740/761 vta. y aclaratoria de fs. 802/805 vta.).
En lo que es motivo de impugnación e interesa para la resolución de la litis, el a quo desestimó la pretensión del trabajador de percibir la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, porque juzgó acreditado que la demandada Spell S.A. cumplió con la obligación de depositar las sumas retenidas al actor. Con cita de doctrina legal forjada por esta Suprema Corte, agregó que en el supuesto de considerarse que el trabajo fue efectuado sin el debido registro, tampoco correspondía aplicar la referida multa, en tanto su procedencia requería la existencia de fondos retenidos y no aportados (v. vered., fs. 741 y 742; y sent., fs. 749).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita (v. fs. 769/774 vta.).
Alega que, en el caso, se encuentran configurados los presupuestos de aplicación del citado precepto, denunciando absurda valoración de los elementos de juicio sobre los que se cimentó el rechazo de la sanción peticionada, pues entiende que la solución adoptada transgrede la doctrina legal elaborada en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013; v. fs. 769/772 vta.).
Manifiesta que el sentenciante juzgó que el actor trabajó para Cafés La Virginia S.A (desde el día 20 de junio de 2001), hasta la fecha del despido indirecto dispuesto por el dependiente (el 23 de abril de 2002), bajo la intermediación fraudulenta de la empresa Spell S.A., que -a la par- había sido subcontratada por la intermediaria Smith Group S.A., firma que actuaba como proveedora de mano de obra.
Aduce que en el fallo no se afirmó que el trabajador estuviera "en negro" o bien que no se le dedujeran aportes destinados a jubilaciones, a las previsiones de la ley 19.032, a obras sociales y a cuotas sindicales (v. fs. 772 vta. y 773).
Asegura que no se encontró controvertida la existencia de esas deducciones, toda vez que tales descuentos no resultaron desconocidos por los demandados y, además, surgen de los recibos de haberes acompañados por la codemandada Spell S.A. (v. fs. 46/54 y 773).
Agrega que, pese a considerarlo innecesario, el trabajador intimó en los términos del decreto 146/01, sin mediar demostración del depósito de los fondos retenidos (v. fs. 773).
Denuncia que el tribunal de grado incurrió en absurdo al rechazar la procedencia de la mencionada sanción cuando tuvo por acreditados los depósitos de las sumas retenidas al actor, sin efectuar el análisis de las constancias de la causa (v. fs. 773 y vta.). Asimismo, alega que los recibos de haberes que acompañó -reconocidos como auténticos en la primera cuestión del veredicto- demuestran las deducciones efectuadas sobre las remuneraciones del actor con destino al sistema jubilatorio, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a la obra social (OSECAC) y el descuento de la cuota sindical (SEC). Aduce -también- que las mencionadas retenciones fueron reconocidas en la quinta cuestión del veredicto (v. fs. 773 vta. y 774).
Sostiene que la norma en cuestión obliga a acreditar los ingresos de todas las deducciones que se le efectuaron al trabajador "con destino a los organismos de la seguridad social [...] y las cuotas destinadas a las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial" (fs. 774).
Afirma que esos extremos no fueron corroborados mediante la respuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puesto que la demandada únicamente le requirió que informara sobre los ingresos de aportes previsionales y su monto, limitándose el período de datos aportados al periodo comprendido entre junio 2001 a abril 2002. Ante ello, denuncia que se concluyó que la demandada Spell S.A. "...en algún momento ingresó los aportes jubilatorios del 11% deducidos al actor..." (v. fs. cit.).
Indica que la sentencia resulta equivocada, por cuanto en el citado oficio nada se dijo sobre las deducciones destinadas al INSSJP (ley 19.032), obra social y cuota sindical (v. fs. cit.).
Aduce que la patronal no probó -como era su carga- el ingreso de todos los fondos retenidos, ni siquiera -asegura- ofreció prueba tendiente a cumplimentar esa incumbencia (v. fs. 774 y vta.).
III. El recurso prospera.
III.1. Toda vez que el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43 de la ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite -de modo fehaciente- el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines de la estimación de su valor- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 119.148, "Ferreira de Jesús", sent. de 20-XII-2017; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020), por lo que ningún reparo relativo a la admisibilidad admite la impugnación.
III.2.a. Sentado lo anterior, es dable recordar que el citado art. 132 bis prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, citada en el recurso, v. fs. 769 vta./772 vta.; L. 110.591, "Arguello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015; e.o.).
III.2.b. Asimismo, ha señalado esta Suprema Corte que es facultad privativa de los tribunales del trabajo determinar -con arreglo a la prueba producida- si se verifican los requisitos a los que la norma indicada subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son revisables en casación, salvo que se invoque y acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell" y L. 108.019, "De Luca", sents. de 16-V-2012; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; e.o.).
III.3. En la especie, el interesado logra evidenciar la existencia del aludido vicio.
III.3.a. Resultó probado -en conclusión que arriba firme a esta sede casatoria- que al actor se le realizaron las retenciones con destino a los organismos de la seguridad social y sindical (v. vered., primera cuestión, fs. 740 vta. y 741) y que esos descuentos surgen acreditados mediante los recibos de sueldo agregados por la parte actora (v. fs. 46/54), donde se los individualizan como "jubilación; ley 19.032; O.S.E.C.A.C. y Sind. Empleados de Co." (v. fs. cit.).
En el fallo de los hechos, el tribunal consideró probado "...que Spell S.A. hizo el depósito de las sumas retenidas al trabajador -informativa AFIP fs. 430/435-..." (v. vered., segunda cuestión, fs. 742 vta.).
Sobre esta base, el órgano judicial de grado se limitó a rechazar el reclamo deducido por el actor al amparo del mencionado art. 132 bis, alegando que en el supuesto de autos "...se encuentra acreditado que se efectuó el depósito de las sumas retenidas a Olivera. Si se considerase que el trabajo es sin registro tampoco puede prosperar, ya que, en la doctrina de la SCBA, para que proceda la indemnización debe existir fondos retenidos y no aportados [...] situación ajena a los trabajos sin el debido registro del contrato..." (v. sent., fs. 749).
III.3.b. De suyo, la decisión se aparta de la directriz que impone al juzgador evaluar los hechos litigiosos mediante un análisis integral y conducente de las constancias de la causa y, a la par, el recurrente acierta cuando se orienta a impugnar este aspecto del fallo, toda vez que -en efecto- lo resuelto carece de adecuado sustento y dista de constituir una razonada derivación de los elementos obrantes en autos (causa L. 121.662, "Alemán", sent. de 14-VII-2020).
Contrariamente a la conclusión del tribunal de origen, a partir del cotejo de los recibos de sueldo acompañados y del informe emitido por la AFIP -certificado del art. 12 inc. "g" de la ley 24.241; v. fs. 430/435-, solo es posible constatar que la patronal realizó el depósito de las retenciones efectuadas con destino al sistema jubilatorio (11%). Sin embargo, no se desprende de ello que el a quo ingresara a analizar el cumplimiento de la carga de depositar las deducciones realizadas con destino a la obra social y aportes sindicales efectivamente retenidos.
De allí que, a mi juicio, se configura la existencia del error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017; L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.3.c. Lo expuesto resulta suficiente para revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Si mi opinión es compartida, corresponderá devolver los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales que considere necesarios y emita nuevo pronunciamiento en torno a la sanción de referencia, teniendo en cuenta los planteos y defensas articuladas por las partes y las constancias objetivas del expediente.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contenido en la presentación de fs. 769/774 vta., con el alcance establecido en el punto anterior.
Costas a la demandada vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que resulta materia de agravio, el tribunal de grado desestimó el planteo por conducto del cual se cuestionó la validez de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según la ley 25.561) y dispuso, por mayoría, aplicar intereses al capital de condena desde la fecha del distracto (23 de abril de 2002), y hasta la de su efectivo pago, según la tasa activa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, con sustento en el art. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399; v. sent., fs. 754 vta./755 y aclaratoria de fs. 802/805 vta.).
II. Contra esa decisión, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 775/788).
II.1. Respecto a la admisibilidad de la impugnación, plantea que este Superior Tribunal debe intervenir sin las limitaciones impuestas por las normas procesales, desde que en el recurso se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior respecto de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Constitución nacional. Afirma que los fallos y precedentes del Máximo Tribunal "...deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia..." (fs. 775 vta. in fine /776 vta.).
Indica que de las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996), se desprende que esta Suprema Corte ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal (v. fs. 776 vta. y 777).
II.2. En concreto, se agravia de la tasa de interés activa que -por mayoría- el tribunal de origen aplicó al capital de condena, con sustento en el art. 48 de la ley 11.653 (reformada por el art. 1 de la ley 14.399).
Sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció para los juicios laborales la inaplicabilidad de tasas confiscatorias -por producir un enriquecimiento indebido del deudor- como las dispuestas por la ley 14.399 en la Provincia de Buenos Aires. Tras citar en su apoyo dos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirma que la doctrina del máximo Tribunal federal considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero laboral (v. fs. 777 vta.).
Señala que la aplicación de tasas de interés fuertemente negativas no otorga ningún interés real y positivo, por cuanto son muy inferiores a la inflación que sacude a nuestra economía y siquiera cubren la depreciación monetaria, afectando gravemente el poder adquisitivo del accionante (v. fs. cit.).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, cuantifica el crédito de autos aplicando un "...coef. ajuste por depreciación monetaria (352%)..." e intereses al 6% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena (v. fs. 781).
Concluye señalando que la reforma introducida al art. 48 de la ley de procedimiento laboral por la ley 14.399 es un hecho de gravedad institucional y resulta inconstitucional, por cuanto despoja al acreedor de gran parte del poder adquisitivo de su crédito y de la totalidad de sus intereses (v. fs. 781 vta.).
A tenor de lo expuesto, propone tres métodos a fin de evitar la "confiscación" del crédito del trabajador: el primero, a través del mecanismo de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). El segundo mediante la utilización de un porcentaje de ajuste aplicable para el cálculo de los intereses. Y, por último, considerando la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses (v. fs. 782 vta./785).
Luego, arguye que la ley 14.399 vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil de Vélez (v. fs. 785/786).
Para finalizar, ratifica la tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando opinión autoral en apoyo de su postura (v. fs. 786/787).
III. El recurso no prospera.
III.1. El valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia entre el importe de la condena determinado en la sentencia en concepto de intereses y el que habría de obtenerse por aplicación de los distintos criterios propuestos en la impugnación- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, razón por la cual su admisibilidad -en principio- solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 119.339, "Banegas", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
III.2. Los planteos destinados a sortear los requisitos de admisibilidad impuestos por las normas procesales locales que formula el recurrente han sido resueltos en casos análogos, en sentido adverso a su postulación (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; e.o.).
III.2.a. Este Superior Tribunal ha descartado las objeciones como las que aquí se esgrimen.
Aun cuando no se encuentra referido a la exégesis de norma alguna que haya regido la relación sustancial debatida en la especie conforme lo expuesto en párrafos anteriores, lo transcripto por el interesado correspondiente al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que atribuye a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde a la opinión personal de uno de los Ministros integrantes, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2.b. Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una equívoca lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en esos pronunciamientos en modo alguno el Alto Tribunal se pronunció por la inaplicabilidad en los "juicios laborales" de tasas de interés como la dispuesta en la ley 14.399. Lo traído por el quejoso -siguiendo un desenfocado trazo de razonamiento- parece sustentarse en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el entonces Minis
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