Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123865
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.865, "R. M., P. A. contra Provincia ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida e impuso las costas a la actora, con el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 150/159).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19 de febrero de 2019 y escrito de fs. 165/182).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 165/182 deducido por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al interpuesto mediante la referida presentación electrónica por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la accionada y, en consecuencia, desestimó la demanda promovida por el señor P. A. R. M. contra Provincia ART S.A., en cuanto pretendía el pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y el régimen de la ley 26.773 (v. fs. 150/159).
Con base en el intercambio telegráfico obrante a fs. 135/140 -habido entre las partes-, sostuvo el órgano de origen que el accionante denunció a la aseguradora la enfermedad profesional mediante TCL del 29 de octubre de 2015, en el que expresamente señaló que la primera manifestación invalidante de la dolencia había ocurrido en el mes de marzo de 2013. Asimismo, estableció que, luego del rechazo del reclamo por parte de la aseguradora bajo la alegación de que estaba prescripto, el actor argumentó que, más allá de la fecha de la primera manifestación invalidante, la toma de conocimiento había acontecido en marzo de 2014, conforme el certificado médico que tenía en su poder.
Seguidamente, el juzgador de grado destacó que la demanda había sido interpuesta el día 26 de agosto de 2016 (conf. cargo de fs. 13 vta.), por lo que -aún en el escenario más favorable para el trabajador- al momento de presentación de dicho escrito ya se había cumplido el plazo de dos años previsto en el art. 44 de la ley 24.557.
Resaltó que, al contestar la actora el segundo traslado (art. 29, ley 11.653) nada dijo con relación a la excepción de prescripción opuesta.
Tras declarar su competencia, concluyó que, habiendo el trabajador promovido la demanda una vez vencido el plazo prescriptivo establecido en el art. 44 de la ley 24.557, sin haber sido aquel interrumpido ni suspendido, correspondía hacer lugar a la defensa de prescripción articulada y, por ende, rechazar la acción deducida (art. 726, Cód. Civ. y Com. de la Nación).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 44 de la ley 24.557; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 3.980 del Código Civil velezano; 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación; 161 apartado 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. "d", 163 inc. 6, 279, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 165/182).
Cuestiona lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto admitió la excepción de prescripción.
II.1. En primer lugar, argumenta que el órgano de origen consideró erróneamente como inicio del cómputo del plazo el hito de la supuesta primera manifestación invalidante, la cual -señala- fijó de manera arbitraria el día 1 de marzo de 2013 (v. fs. 168/171 vta.).
II.1.a. Sostiene que de conformidad con lo establecido en la ley 24.557, la prescripción se produce pasados los dos años desde el cese de la relación laboral, que, en el caso, operó el día 18 de diciembre de 2015.
Manifiesta que, teniendo a su disposición dos fechas distintas para tomar como punto de partida, esto es, la del distracto y la de la primera manifestación invalidante, el sentenciante se valió de aquella que -a la postre- resultó la más perjudicial para el trabajador, vulnerando lo dispuesto en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.1.b. Advierte que tampoco correspondía computar el plazo liberatorio bienal desde el distracto, por cuanto a esa fecha el dependiente no había tomado conocimiento aún del incremento de su minusvalía (v. fs. 171 vta./177 vta.).
Destaca que la patología del actor fue de lenta evolución, progresiva y continuada en el tiempo, y nunca tuvo determinación cabal y fehaciente de la misma y de su irreversibilidad, por lo que recién conoció su real dimensión en cuanto dolencia incapacitante con posterioridad a su desvinculación, mediante la pericia oficial de autos, continuando con atención médica psiquiátrica.
Arguye que la prescripción se computa desde el momento en que la incapacidad es calificada como definitiva, destacando que "...antes por más de que haya tenido conocimiento de la invalidez, no era definitiva y no tenía por ende acción para reclamar. Y la fijación de la minusvalía recién se produjo en este juicio con el dictado de la pericia..." (fs. 173 vta.).
II.2. Asevera que del informe pericial psicológico surge que el trabajador posee un 50% de incapacidad psíquica, con fallas importantes de memoria de fechas, depresión, con razonamiento y criterio de realidad obstaculizados, por lo que resulta evidente que tenía un claro impedimento para ejercer la acción.
Precisa que el art. 3.980 del Código Civil velezano consagra un supuesto de dispensa del cómputo de la prescripción, mediante el cual autoriza al juez de la causa a tenerla por no operada cuando el vencimiento del plazo acaece mientras subsiste dicha circunstancia (v. fs. 177 vta./178 vta.).
II.3. Finalmente, asegura que la demanda fue interpuesta en legal tiempo y forma, atento que -conforme lo establecido en el art. 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación- el plazo fue suspendido mediante la misiva epistolar remitida a la aseguradora demandada el 29 de octubre de 2015.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a los jueces de grado. De modo que, las conclusiones que al respecto se formulen por estos últimos no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 115.788, "Díaz", sent. de 21-VIII-2013; L. 118.880, "Benítez", sent. de 30-III-2016; L. 118.756, "Stalldeker", sent. de 12-IV-2017; L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
La verificación de dicho vicio exige que se acredite la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014; L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, la crítica traída resulta inhábil para modificar lo decidido, pues se basa sobre argumentos distintos a los esgrimidos oportunamente ante el tribunal de la instancia de grado.
III.2.a. Al promover la demanda, el accionante se limitó a transcribir el intercambio telegráfico habido con la aseguradora, en el cual el trabajador denunció que la fecha de la primera manifestación invalidante de la enfermedad profesional fue en marzo 2013 y que la toma de conocimiento ocurrió en marzo de 2014, sin hacer referencia alguna al plazo prescriptivo de la acción (v. fs. 3/13 vta.).
Posteriormente, frente a la defensa de prescripción opuesta por la demandada (v. fs. 44 vta./45 vta.), al contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, el actor sólo esgrimió -textualmente- el siguiente argumento que negaba la "...sinceridad del contenido a las cartas documentos que remitiera la demandada y ratifico, en todos sus términos, las respuestas que, por igual medio concretara mi representada" y, asimismo, expresó: "...ratifico en todos sus términos la demanda incoada solicitando desde ya se haga lugar a las misma..." (fs. 59). Se colige que nada dijo acerca de la excepción de prescripción articulada por la aseguradora accionada.
Trabada la litis en los términos descriptos, el tribunal de grado declaró vencido el plazo prescriptivo y acogió la excepción opuesta por la demandada, a tenor de los argumentos reseñados.
En estas condiciones se observa que, en el recurso extraordinario bajo análisis, el impugnante varía o modifica las razones llevadas a conocimiento del tribunal de la instancia de grado, a partir de sus propias consideraciones. En este sentido, postula diversas opciones para computar la fecha de comienzo del plazo prescriptivo (a saber: el momento del despido o bien la época de presentación del dictamen médico). También alega la existencia de impedimentos físicos para ejercer la acción y arguye que, mediante la epístola remitida el día 29 de octubre de 2015, se verificó la suspensión del plazo de prescripción, y, con ello, invoca que la demanda se dedujo en tiempo y forma.
III.2.b. De lo expuesto surge evidente que el agravio no puede tener favorable acogida.
En numerosas oportunidades esta Suprema Corte ha sostenido la ineficacia de las argumentaciones novedosas, fruto de una reflexión tardía, para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, toda vez que -como tales- no fueron introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 116.945, "Bernachea", sent. de 26-III-2014; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 120.021, "Isa", sent. de 12-IX-2018; L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
III.2.c. La doctrina legal citada por el interesado no logra modificar la suerte adversa de la crítica, desde que ha sido elaborada sobre la base de presupuestos que no guardan similitud con los del caso bajo juzgamiento (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 120.307, "Zucaro", sent. de 19-IX-2018; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión planteada también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 9, 15, 27 y 43 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 10, 13, 14, 21, 23, 43 y 47 de la ley 8.904; 16, 21, 22, 23, 28, 43, 51, 54 y concordantes de la ley 14.967; 68 y 476 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 19 de febrero de 2019).
I.1. Cuestiona la regulación de honorarios de su letrado y de los dos peritos que intervinieron en el proceso, en tanto -sostiene- fue realizada considerando la exorbitante suma reclamada en la demanda y en violación de la doctrina legal que esta Corte estableció en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001); C. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007); L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007); C. 95.112, "Cabuli" (sent. de 17-IX-2008) y L. 75.889, "Poma Cerrunda" (sent. de 25-XI-2009).
Agrega que los dictámenes periciales médico y psicológico no tuvieron ninguna gravitación en la resolución de la causa, siendo que el fallo de grado hizo lugar a la defensa de prescripción.
Resalta que a su parte le hubiera convenido posiblemente perder el pleito por el monto en que razonablemente hubiera prosperado la acción, que ganarlo y postula que, en supuestos como el de autos, para establecer la base regulatoria, el juzgador de grado no debía ceñirse necesaria y dogmáticamente al capital reclamado, pues -según se desprende de los aludidos precedentes- ello trae aparejado que la finalidad perseguida por el art. 23 de la ley 14.967 se vuelva en contra del vencedor de la contienda.
I.2. Solicita se regulen los honorarios de los profesionales en base al monto por el cual hubiese prosperado la demanda y con el límite del 25% establecido por la ley 24.432.
I.3. Por último, peticiona que se declare de oficio la inconstitucionalidad del art. 23, cuarto párrafo, de la ley 14.967.
II. El recurso debe prosperar.
II.1.a. Advierto que el interesado no ha cumplido con la carga de demostrar que el monto de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria (en el caso, la diferencia derivada de los honorarios regulados) supere la cuantía mínima para recurrir fijada en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), ya que nada dijo en torno al valor del litigio con la finalidad de observar ese requisito de admisibilidad. Por ello, ya que no corresponde a este Superior Tribunal indagar sobre los guarismos a los que se arribaría para suplir esa falencia, he de abordar el remedio traído en el marco de la vía de excepción que establece el art. 55, primera párrafo in fine, de la ley 11.653.
En este sentido, ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; e.o.).
II.1.b. En estas condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021).
II.2.a. En el caso, la actora demandó el pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales, con motivo de la incapacidad que alegó padecer como consecuencia de la supuesta enfermedad profesional contraída por las labores desempeñadas, reclamando la suma de $10.172.042 (v. demanda, fs. 10 vta.), habiendo sido desestimada íntegramente la acción intentada (v. sent., fs. 150/159).
Sobre el capital peticionado, el tribunal de origen practicó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, fijando los estipendios de la letrada de la parte demandada con fundamento en el decreto ley 8.904/77 -doctora Julieta Benvenuto- y de los peritos psicólogo y contador en la suma de $406.882 para cada uno de ellos (v. fs. 158/159). Ello arrojó, como resultado, un total de $1.220.646, sin incluir los aportes pertinentes ni el impuesto al valor agregado (IVA), carga económica que recae en la vencedora Provincia ART S.A., en razón del beneficio del art. 22 de la ley 11.653 con el que fueron impuestas las costas al accionante.
II.2.b. A partir de lo dicho, no abrigo dudas sobre la razón que asiste al recurrente, ya en la causa Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001), esta Corte -con una integración de la que no participe, pero en sentido que acompaño- había expuesto que resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del referido decreto ley 8.904/77, queden convalidadas situaciones de manifiesta inequidad, como la que se da en el caso: una pretensión indemnizatoria desmesurada y fuera de toda correspondencia con las reparaciones generalmente fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales, se transforma en base regulatoria a partir de la cual se fijan honorarios que, por ello, resultan inmoderados y extremos, con el agravante de que -en razón de la solidaridad establecida por el art. 58 de la ley arancelaria-, terminan siendo abonados por la parte que salió airosa del juicio. Así resulta que la demandada ha obtenido una victoria pírrica, habiéndole convenido probablemente perder el juicio por una suma ínfima que ganarlo de esa manera.
En la misma línea, se ha dicho que la regulación de honorarios practicada sobre la base de lo reclamado en una demanda rechazada trasciende el marco de lo reglado por el art. 58 del decreto ley 8.904/77. En situaciones excepcionales, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De esa manera, para evitar una determinación desmesurada -y, por ende, irrazonable- (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes (cualquiera sea su especialidad) deben fijarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido al actor de haber prosperado su reclamo (causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009; L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019; L. 121.164, "Méndez", sent. de 27-XI-2019; e.o.).
II.2.c. Las razones expuestas abastecen la solución que se propicia para aquellos supuestos en que como en el sub examine se cuestiona la razonabilidad del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda íntegramente rechazada.
Ello me exime de ingresar en el análisis de los demás cuestionamientos ensayados.
II.2.d. A tenor de lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso en este aspecto y devolver los autos al tribunal de origen para que -con renovada integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiera correspondido al actor. Cumplido ello, el a quo procederá a regular nuevamente, y sobre esa base, los honorarios que motivaron el presente recurso, teniendo en cuenta el mérito, la naturaleza y la importancia de los trabajos efectivamente cumplidos.
III. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado en el punto II.2.d.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Teniendo en cuenta lo resuelto por este Tribunal -entre muchas otras- en las causas L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016); L. 118.632, "Díaz" (sent. de 2-XI-2016) y L. 119.156, "Corti" (sent. de 14-XII-2016), sustancialmente análogas a la presente, adhiero al voto del doctor Torres.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Tengo en consideración que, en el caso, el tribunal de grado reguló los honorarios de los letrados actuantes con sustento en el decreto ley 8.904/77, aspecto del pronunciamiento que no ha sido objeto de impugnación.
Luego, y en virtud de las razones expuestas en oportunidad de emitir mi opinión en la causa L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016) -a la que por brevedad me remito-, adhi
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.