Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66276
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.276, "Besson, Susana I. y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Pod. Jud.). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Borinsky, Mancini, Natiello.
Las señoras Susana Ivonne Besson y María Angélica Cantore, y los señores Ramón Lorenzo Ciacia, Oscar Angel Levato, Eduardo Humberto Murphy y Hugo Eduardo Tamer, mediante apoderados, promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Pretenden la anulación de las resoluciones 909/03 y 1.233/03 de esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por las que se denegó el pago de la bonificación salarial prevista por el art. 41 de la ley 10.475, en concepto de bloqueo parcial de su título profesional.
Solicitan, en consecuencia, que se condene a la Provincia al pago de dicha bonificación, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo más gastos de representación, con actualización monetaria e intereses desde su devengamiento, a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con los respectivos aportes al Instituto de Previsión Social. Asimismo, peticionan que dicho pago se efectúe desde la fecha de su presentación administrativa y en forma retroactiva por todo el plazo no prescripto, que consideran de diez (10) años.
Por último, pretenden se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Acordada 2172/87 y de la resolución 835/99, ambas dictadas por esta Suprema Corte (v. fs. 57/76).
Corrido el traslado de ley se presenta en autos la Fiscalía de Estado solicitando el rechazo de la demanda (v. fs. 119/132). Subsidiariamente plantea la prescripción quinquenal de las diferencias reclamadas (v. pto. X de la contestación).
Agregado el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos de ambas (v. fs. 213/215), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Señalan los actores que se desempeñan como peritos de la Dirección General de la Asesoría Pericial, Delegación Pergamino, de esta Suprema Corte.
Relatan que cada uno de ellos presentó reclamo administrativo, en el que solicitaron el pago de la bonificación por bloqueo parcial de título prevista en el art. 41 de la ley 10.475 y el correspondiente retroactivo por el plazo no prescripto.
Detallan, en forma individual, la fecha de inicio en la función, el cargo, la categoría y la especialidad de cada uno y las fechas de sus peticiones.
Expresan que, con fecha 16 de abril de 2003, se dictó la resolución 909 -impugnada en autos- mediante la cual se rechazó lo peticionado en la consideración de que, mediante el Acuerdo 2172, este Tribunal reglamentó el art. 41 de la ley 10.475 estableciendo que la bonificación solicitada solo alcanza a los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, escribano o procurador, quienes soportan un bloqueo total de sus títulos para el ejercicio de su profesión, no siendo el caso de los peticionantes. Lo expuesto fue confirmado el día 28 de mayo de 2003, por la resolución 1.233, que rechazó los recursos de los aquí actores.
Seguidamente repasa las leyes que regulan la bonificación por bloqueo de título y las distintas acordadas dictadas al respecto por esta Suprema Corte (ref. ley 5.827; Ac. 2300/88; resols. 879/81 y 1.515/91). Asimismo, reseña las disposiciones normativas propias de cada profesión.
En este contexto, afirman que se encuentran comprendidos en lo normado por el art. 41 de la ley 10.475, el que establece el pago de una bonificación del veinticinco por ciento (25%) del sueldo percibido en concepto de bloqueo de título y gastos de representación, el que debe abonarse cuando el personal del poder judicial sufra una inhabilitación legal que implique dicho bloqueo total o parcial del título para el libre ejercicio de su profesión.
Particularmente se agravian de la Acordada 2172/87, por la que se reglamentó el art. 41 citado, reconociendo el beneficio a abogados. No obstante, indican que nada se establece respecto de la posibilidad de que sea percibido por el resto de los profesionales que se encuentran en relación de dependencia; y advierten que dicha limitación mereció su declaración de inconstitucionalidad en la causa I. 1.298, "Pozzi".
En ese sentido, entienden que la demandada se extralimitó en el ejercicio de sus competencias al reglamentar el art. 41 de la ley 10.475, resultando así manifiesta la inconstitucionalidad de la Acordada 2172, en tanto la única autoridad con facultades para hacerlo es el Poder Ejecutivo provincial (art. 144 inc. 2, Const. prov.).
Manifiestan que, en caso de que se reconozca la potestad reglamentaria a la Suprema Corte, igualmente resulta inconstitucional la Acordada por exceso reglamentario al haber suprimido el derecho consagrado por la ley 10.475, limitando su alcance a los agentes abogados (arts. 11, 31 y 164, Const. prov.). Concluyen así que la Acordada violentó el derecho a la igualdad, consagrado constitucionalmente, al efectuar distinciones donde la ley no distingue.
De igual modo, sostienen que quebrantó el derecho de propiedad, al privarlos de una bonificación que debería integrar sus sueldos (arts. 17 y 31).
Por lo expuesto, expresan que el ejercicio de su profesión se encuentra cercenado como consecuencia de la relación de dependencia que los une al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, junto con las limitaciones que esa labor conlleva.
Aducen, por último, que si el Tribunal considera que los actores no están sujetos a limitación alguna, no correspondiéndoles -por ende- la bonificación que pretenden, pudiendo desempeñarse como peritos de lista y desempeñarse con total libertad y amplitud en su profesión, sin restricciones derivadas de su situación de revista, así debería declararlo. En caso contrario, exigen que se les abone la bonificación referida.
I.2. Asimismo, solicitan se declare la nulidad y la inconstitucionalidad de la resolución 835/99, por la que esta Corte solicitó al Poder Ejecutivo la reglamentación del art. 41 de la ley 10.475, a efectos de que determine el porcentaje que correspondería abonar a aquellos profesionales que tengan bloqueo parcial de título, en tanto -insisten- la ley no efectúa tal distingo.
En esa inteligencia, afirman que no corresponde a la autoridad administrativa determinar qué profesional puede percibir la bonificación, ni constatar si debe ser total o parcial, porque la propia ley es clara al disponer el veinticinco por ciento (25%) para todos los casos, sin efectuar distinción alguna ni condicionar su pago a petición previa.
I.3. Por tales argumentos, solicitan el pago de la bonificación desde la fecha de petición administrativa y en forma retroactiva por el término de diez años.
II. La Fiscalía de Estado, por su parte, luego de formular una reseña normativa de la cuestión controvertida, sostiene que la pretensión de autos resulta infundada.
II.1. Indica para ello que los demandantes no se encuentran inhabilitados legalmente para el libre ejercicio de sus profesiones (en el caso: médicos, psicóloga e ingeniero) a diferencia de aquellos con título de escribano, procurador o abogado.
Destaca que el Ejecutivo provincial elaboró un proyecto de ley tendiente a modificar el art. 41 de la ley 10.475, eliminando el bloqueo parcial y dejando como exclusivos beneficiarios del sistema a los profesionales que tuvieran bloqueo total de su título. Explica que luego, atento el tiempo transcurrido y la presentación de numerosos pedidos de peritos, esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó la resolución 2.596/01 mediante la cual ratificó el criterio sustentado al denegar el pago del beneficio que se reclama, ratificando la resolución 835/99. En igual sentido expresa que este Tribunal se expidió en las resoluciones aquí cuestionadas (909/03 y 1.233/03).
II.2. Señala que la Acordada 2172/87 reglamentó el beneficio contemplado en el art. 41 de la ley 10.475 estableciendo su alcance para los magistrados, funcionarios y empleados que se desempeñan en el Poder Judicial con título de abogado, escribano o procurador. Advierte que resulta improcedente el pedido en tanto las profesiones de los peritos oficiales actores en autos no son las señaladas.
II.3. Explica que la sentencia dictada en la causa "Pozzi", no resulta aplicable al caso, dado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley solo tiene efecto respecto de las partes involucradas en el proceso judicial en el que se cuestiona la norma. Cita doctrina y jurisprudencia en ese sentido.
II.4. Asimismo, indica que la Acordada 2172/87, la que fue dictada por esta Suprema Corte en uso de las atribuciones que le confieren los arts. 152 -actual 164- de la Constitución local y 32 inc. "s" de la ley 5.827, constituye un auténtico acto reglamentario del art. 41 de la ley 10.475.
Considera que la Acordada citada no resulta incompatible con cláusula constitucional alguna, en tanto no es inconciliable con el texto del art. 41 de la ley 10.475, ni se ha apartado de su espíritu en tanto la bonificación por bloqueo de título procede solo ante el supuesto de existencia de una inhabilitación legal para desempeñar la profesión, como es el caso de los abogados, procuradores y escribanos (arts. 3 inc. "b", ley 5.177 y 33 inc. 3, decreto ley 9.020/78).
Indica que de esas normas surge la inhabilidad legal del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador cuando exista relación de dependencia con el Poder Judicial.
II.5. Resalta que las incompatibilidades respecto de los peritos oficiales que surgen de la ley 5.827 (art. 131) y la Acordada 879/81, no deben ser asimiladas a las inhabilidades legales referidas en el art. 41 de la ley 10.475, en razón de su diferente naturaleza jurídica.
Indica al respecto que la ley reseñada solo establece prohibiciones destinadas a impedir la eventual intervención -en la justicia provincial- de los peritos oficiales como peritos de parte o de oficio, lo que solo puede revelar incompatibilidades con el ejercicio de sus funciones, por la oposición de intereses que pudiere suscitarse entre los particulares en litigio y la Administración de Justicia (art. 125), pero que ello no representa una inhabilitación legal.
Por su parte, afirma que las acordadas 879/81 y 1515/91 tampoco constituyen una "inhabilitación legal"; para ello precisa que la incompatibilidad para inscribirse en otras jurisdicciones, encuentra sustento en la necesidad de "...cumplir con integridad las exigencias impuestas" y de que el perito oficial dedique "...buena cantidad de tiempo para producir un resultado dentro del plazo que el juez establezca" (cfr. cons. de la Ac. 879/81).
Sostiene, entonces, que tales acordadas han ratificado un impedimento de carácter general, propio de cualquier agente del organismo, relativo a prestar los servicios de su incumbencia según las tareas que se le asignen "...dentro del horario general o especial que se determine por autoridad competente con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la administración de justicia..." (conf. arts. 66 inc. "a", Estatuto del Agente Judicial instituido por la Acordada 2300/88 y 67 inc. "g", misma normativa).
En definitiva, concluye que no existe disposición legal que expresamente inhabilite a los accionantes para el libre ejercicio de sus profesiones (tal como lo estipula el art. 41, ley 10.475), razón por la cual deviene manifiestamente improcedente la pretensión de autos.
II.6. Respecto a la pretensión subsidiaria de los actores, de que en caso de desestimarse la demanda se establezca la posibilidad de poder inscribirse como peritos de lista, advierte que ello resulta contrario a lo dispuesto en el art. 125 de la ley 5.827, en cuanto establece que "En ningún supuesto los integrantes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial podrán intervenir como peritos a propuesta de parte en causas que se sustancien ante cualquier fuero en el ámbito provincial ni inscribirse en las listas de profesionales auxiliares de la justicia para nombramientos de oficio". Agrega que en idéntico sentido lo prevén las acordadas 879/81 y 1515/91, que establecieron que la inscripción de los peritos dependientes de la Dirección General de Asesorías Periciales en listas para actuar en otras jurisdicciones, resulta incompatible con la dedicación que les exige la función.
II.7. Por último, como defensas subsidiarias, expresa que no procede aplicar el plazo de prescripción decenal establecido en el art. 4.023 del Código Civil para las deudas personales, sino el fijado en el art. 4.027 de dicho cuerpo legal, por entonces vigente, que establece el plazo quinquenal para todo aquello que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos.
III. De las actuaciones administrativas obrantes y demás prueba producida en autos, se destacan las siguientes constancias útiles para la resolución de la causa:
III.1. Obran los pedidos formulados al señor Presidente de esta Suprema Corte, en el mes de marzo de 2003, donde las señoras Susana Ivonne Besson, psicóloga (v. fs. 36) y María Angélica Cantore, medica forense (v. fs. 39), y los señores Ramón Lorenzo Ciacia, médico forense (v. fs. 43), Oscar Angel Levato, médico psiquiatra (v. fs. 45), Eduardo Humberto Murphy, ingeniero mecánico (v. fs. 48) y Hugo Eduardo Tamer (v. fs. 51) solicitaron se les reconozca el pago de la bonificación por bloqueo de título, equivalente a un veinticinco por ciento (25%) del sueldo.
III.2. A fs. 54 obra copia de la resolución 909/03, de fecha 13 de abril de 2003, mediante la cual se rechazan las peticiones formuladas.
III.3. A fs. 38, 41, 42, 47, 50 y 53 lucen los recursos de los actores, presentados contra la resolución 909/03.
III.4. A fs. 56 consta copia de la resolución 1.233/03, de fecha 28 de mayo de 2003, mediante la cual se rechazaron las impugnaciones deducidas.
III.5. A fs. 196/197 se encuentra el oficio de la Secretaría de Personal informando el estado de revista de los peritos demandantes y los datos que surgen de su legajo personal.
IV. De las postulaciones de las partes reseñadas y de las constancias obrantes en autos, se desprende que la cuestión a resolver radica en determinar si resulta legítima la denegatoria al pedido de los actores o si -por el contrario- les asiste derecho a percibir la bonificación reclamada y, en este último supuesto, con qué magnitud y alcances.
La cuestión sometida a decisión es sustancialmente análoga a la que ya fuera materia de tratamiento por esta Suprema Corte en reiterados pronunciamientos (ref. causas B. 62.956, "Quartara", sent. de 24-IX-2014; B. 63.629, "Garmendia", B. 63.633, "Franzoni", B. 63.634, "Albina", B. 63.635, "Richard", B. 63.636, "Donadío", B. 63.630, "Reboredo", B. 63.632, "Ruiz", B. 63.639, "Cerdá" y B. 63.641, "Segura", sents. de 12-VIII-2015; A. 72.841, "Servin", sent. de 18-X-2017; B. 62.768, "Avila", sent. de 9-V-2018 y A. 72.766, "Eguiguren, Daniel", sent. de 13-V-2020) cuyos fundamentos guiarán -en lo pertinente- la solución del presente.
IV.1.a. Los demandantes, todos profesionales con título de médico, psicóloga e ingeniero, que se desempeñan o se han desempeñado en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, reclaman el reconocimiento al pago de la bonificación por bloqueo de título dispuesta por el art. 41 de la Ley de Presupuesto 10.475.
El citado art. 41 dispone que: " Establécese para [...] el personal del Poder Judicial comprendido en la ley 10.374, una bonificación por bloqueo de título. Dicho adicional será igual al veinticinco por ciento del sueldo y gastos de representación, y se abonará cuando sufra una inhabilitación legal mediante bloqueo total o parcial del título para su libre actividad... " .
Por su parte, la ley 10.374 se refiere a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
En este marco normativo, esta Suprema Corte de Justicia, en el mes de febrero de 1987, dictó la Acordada 2172, en la que, teniendo en consideración la inhabilitación legal que sufren los abogados y procuradores en virtud de los arts. 3 inc. "b" y 65 inc. "b" de la ley 5.177 (t.o. dec. 180/87) -hoy arts. 3 inc. "d" y 63 (t.o. dec. 2.885/01 con modif., ley 13.419)- y los escribanos por el art. 33 inc. 3 de la ley 9.020, estableció que: "...la bonificación que contempla el artículo 41 de la ley 10.475 alcanza a todos los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, escribano o procurador que se desempeñan en el Poder Judicial con inhabilitación legal para el ejercicio profesional...".
IV.1.b. Sentado ello, corresponde analizar si asiste razón a los peticionantes cuando cuestionan la competencia de la Suprema Corte de Justicia para reglamentar el art. 41 de la ley, además del contenido de la Acordada 2172.
Es de destacar que la Acordada 2172 fue dictada en uso de las atribuciones que le confieren los arts. 152 -hoy 164- de la Constitución provincial y 31 inc. "s" -hoy 32 inc. "s"- de la ley 5.827.
Este Tribunal ha expuesto que la potestad reglamentaria es una atribución inherente a cada una de las funciones estatales que consagra la división de poderes y que se asienta en la Constitución, siendo ejercida por los tribunales judiciales superiores a través de acordadas y resoluciones (doctr. causas B. 69.213, "Consorcio Propiedad Edificio Rubli Alsina", resol. de 25-IX-2009 y B. 69.263, "Coceres", resol. de 10-III-2010).
Dicho en otros términos, debe reconocerse suficiente competencia a cada Poder en cuanto se refiere a su organización y, a tal fin, necesariamente, la atribución de dictar reglamentos (conf. causas "Consorcio Propiedad Edificio Rubli Alsina" y "Coceres", cits.). Y en este sentido, la Suprema Corte de Justicia -como órgano supremo del Poder Judicial- tiene todas las facultades implícitas necesarias para la plena y efectiva realización de los fines que la Constitución le asigna en tanto poder del Estado.
Zanjado el cuestionamiento a la facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia, corresponde señalar que mediante la Acordada 2172, se precisó qué profesionales se encuentran legalmente inhabilitados para el libre ejercicio de su actividad conforme resulta de la ley 5.177 y del decreto ley 9.020/78.
Por ello, no se evidencia conculcación alguna a derechos constitucionales para quienes no se encuentran comprendidos en esas normas.
En efecto, mediante esta Acordada se especificó, detalló o precisó, en forma general e impersonal, una disposición legislativa (art. 41, ley 10.475) presentándose así los datos que hacen a la esencia de toda reglamentación, en tanto concreción ordenada por medio de normas objetivas de otras de mayor generalidad. Con lo que no resulta cuestionable la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de reglamentar el art. 41 de la ley 10.475 como lo hizo con la Acordada 2172, la cual resulta plenamente aplicable a la parte actora (doctr. causa B. 63.634, cit.)
IV.1.c. En nada varía esta conclusión lo dispuesto por las resoluciones 835/99 y 2.596/01.
Así, en los meses de septiembre y octubre de 1999, ante los reclamos de los profesionales no abogados, procuradores y escribanos que consideran tener parcialmente bloqueados sus títulos profesionales por verse impedidos de inscribirse como peritos de lista, y no resultando del texto legal disposición al respecto que diferencie el bloqueo parcial del que corresponde en concepto de inhabilitación total, la Suprema Corte dictó la resolución 835/99 solicitando: "...al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires se sirva propiciar el dictado
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