Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77215
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la medida cautelar peticionada en la demanda y suspender lo establecido por el artículo 12, segundo párrafo, del decreto ley 9889/82 -texto según ley 14.086- con relación al Partido Intransigente, en cuanto exige contar con un número de afiliados con relación al último registro oficial de electores de la Provincia no inferior al cuatro (4) por mil de por lo menos dos (2) secciones electorales.
Lo dispuesto, en la medida en que dicha agrupación acredite el piso mínimo de 8.000 afiliaciones que determina la misma norma.
La decisión cautelar se hará efectiva previa caución juratoria y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos (arts. 195, 199, 230 y conc., CPCC).
I.77.215 “PARTIDO INTRANSIGENTE DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DEMADNA ORIGINARIA DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 12 DECRETO LEY 9889/82 Y MODIFICATORIAS”
I. El presidente del Partido Intransigente del distrito Provincia de Buenos Aires promueve demanda originaria en la que solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 del decreto ley 9889/82 -texto según ley 14.086-, en tanto consagra como exigencia para obtener el reconocimiento de los partidos en el orden provincial "... contar con un número de afiliados con relación con el último registro oficial de electores de la Provincia, no inferior al cuatro (4) por mil, de por lo menos dos (2) secciones electorales, el que no podrá ser menor de ocho (8) mil afiliados, requisito que verificará el órgano de aplicación".
Relata que el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires reconoció en el año 1972 personalidad jurídico política al Partido Intransigente como fuerza de distrito.
Puntualiza que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires declaró por resolución de fecha 6-II-2017 la caducidad de la personería partidaria de la referida agrupación, en los términos del art. 46 inc. "f" del dec. ley 9889/92 y sus modificatorias y que, el 6-II-2020 su parte inició el proceso de rehabilitación ante la misma autoridad, el que aun se halla en trámite.
Pone de relieve que durante los cuarenta y nueve años de vida partidaria la fuerza que representa superó con creces el número mínimo de 8.000 afiliaciones en la Provincia y que, actualmente, cuenta con 23.474 reconocidas por el Juzgado Federal con Competencia Electoral y con 21.615 según las acreditadas ante la Junta Electoral provincial. Sin embargo, denuncia que por aplicación de la directiva impugnada en el proceso, no sería acreedora de la rehabilitación perseguida para poder participar en las próximas elecciones legislativas debido a que no alcanza a cumplir con el requerimiento del cuatro por mil del electorado en al menos dos secciones de la Provincia, siendo que sí supera el mínimo total en ella.
Por tal motivo, promueve la acción en tratamiento argumentando que la exigencia, cuando se trata -como en su caso- de agrupaciones que tienen más de ocho mil afiliados -mínimo de adherentes en toda la Provincia-, afecta de manera irrazonable el funcionamiento de los partidos y resulta manifiestamente violatoria del régimen representativo y republicano de gobierno.
Aduce, también, que la norma afecta particularmente a los partidos más pequeños, con lo que se vería menoscabado el principio de igualdad.
En cuanto al peligro en la demora, señala que el próximo 14 de julio vence el término para la inscripción de las alianzas y el 24 de ese mismo mes, el plazo para la presentación de candidatos a cargos públicos electivos. Así, refiere que al hallarse en curso el cronograma electoral y, al haber vencido el término para la incorporación de nuevas fichas de afiliación, es "inminente una resolución administrativa que prive al histórico Partido Intransigente de intervenir en el proceso eleccionario en curso" y, con ello, la irreparabilidad del perjuicio denunciado.
Sobre tales bases, solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos de la ley a su respecto.
II. Esta Suprema Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de esta acción originaria, debido a la presunción de constitucionalidad o de validez de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (conf. Causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; I. 76.258, “Intendente de la Municipalidad de General San Martín”, resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, “Mendoza”, resol. de 11-XII-2019; e.o). Por excepción ha acogido solicitudes suspensivas de normas locales, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino, en rigor, acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit.; B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o). Así lo ha resuelto cuando de la apreciación de las circunstancias existentes se advierte que la impugnación de la disposición reputada lesiva posee una precisa y fundada apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas), porque demuestra prima facie la trasgresión constitucional, acredita en igual modo que el cumplimiento o los efectos de la norma controvertida han de generar un gravamen irreparable al derecho invocado (causas I. 3.521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007 e I. 73.256, "Canseco", resol. de 13-VIII-2014; e.o).
De esa manera, se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
III. El decreto ley 9889/82 exige, para el reconocimiento como partido provincial a los partidos de distrito con personería jurídico política en la Provincia de Buenos Aires otorgada por autoridades nacionales, entre otros requisitos, "contar con un número de afiliados con relación al último registro oficial de electores de la Provincia, no inferior al cuatro (4) por mil, de por lo menos dos (2) secciones electorales..." (art. 12, dec. ley 9889/82 -texto según ley 14.086-).
La ley 14.086 agregó, como requisito para el mantenimiento de la personería de los partidos políticos provinciales, el cumplimiento casi permanente de las exigencias previstas para su reconocimiento inicial. En efecto: el inciso "f" del artículo 46 del decreto ley 9889/82 (incorporado por la ley 14.086), prevé como causa de caducidad de la personería política el "no mantener el número mínimo de afiliados requeridos para el reconocimiento definitivo, circunstancia que será verificada anualmente por el órgano de aplicación".
En el caso del partido que inicia la demanda en tratamiento, el incumplimiento de esa exigencia fue verificado por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y por ello la caducidad de su personería política fue decretada el 6 de febrero de 2017 y, ahora, resulta un obstáculo para lograr su rehabilitación.
El Partido Intransigente cuestiona en autos la razonabilidad del aludido requisito previsto en el mencionado art. 12 del decreto ley 9889/82 en tanto supera ampliamente la cantidad de ocho mil afiliados, pero en ninguna sección electoral el número de adherentes alcanza el cuatro por mil del padrón.
III. 1. La exigencia normativa puesta aquí en crisis se presenta prima facie irrazonable y lesiva de la representación política de las minorías.
Lo primero, en cuanto no se advierte el motivo por el cual se requiere un piso de afiliados tan elevado en al menos dos secciones electorales, comparado con el que se exige para el total de secciones de ese mismo distrito. En su concreta aplicación, esa directiva determina que una agrupación política que supera holgadamente el umbral en toda la Provincia de Buenos Aires -como es el caso del Partido Intransigente que ha acreditado ante la Junta Electoral provincial un total de 21.615 afiliaciones válidas- no pueda participar en la contienda electoral.
Al mismo tiempo, pesa sobre las fuerzas políticas pequeñas el hecho de que a medida que aumenta el electorado se agravan las condiciones de cumplimiento de la cantidad de adherentes exigida para el reconocimiento de la personería política -y, también, para su mantenimiento (cfr. lo dispuesto por el art. 46 inc. "f" del dec. ley 9889/82 y modif.)-, debilitando así la posibilidad de participación y adecuada representación de la voluntad popular heterogénea que la Constitución provincial ampara en manos de las minorías (arts. 59 de la Constitución Provincial; 23, 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica).
De acuerdo a ello, el requisito de verosimilitud del derecho en el que se funda la demanda aparece suficientemente abastecido en este caso, tal como esta Corte lo consideró en supuestos que guardan cierta analogía con el presente (arts. 195, 230 y conc., CPCC; doctr. causas I. 74.391, "Coalición Cívica-Afirmación Para Una República Igualitaria (ARI)", resol. de 14-XII-2016 e I 74.566, "Partido Demócrata Progresista", resol. de 18-X-2017)
III. 2. Por otro lado, según la documentación acompañada por la parte actora, durante los días 2 y 3 de julio de este año, el órgano electoral de la Provincia estaría próximo a resolver su petición y, si hiciera aplicación de la norma impugnada, la consecuencia natural resultaría en el rechazo de la rehabilitación que le permitiría participar en las próximas elecciones (v. en especial el informe de la Junta Electoral de fecha 15-VI-2021 -individualizado en el escrito de inicio como "documento nro. 5"- del cual resulta que el PI no cumple con la adhesión mínima por sección electoral pese a alcanzar el número total de afiliaciones referido en el apartado anterior).
A ello debe añadirse que se encuentra en pleno desarrollo el cronograma electoral siendo inminente el vencimiento de los plazos para la presentación de las alianzas y de los respectivos candidatos que participarán de las Elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (v. resolución de fecha 12-VI-2021 que obra como "Documento nro 8"), todo lo cual demuestra la existencia del peligro en la demora que la tutela provisional reclama.
IV. Por las razones expuestas, corresponde disponer como medida cautelar la suspensión de lo establecido por el artículo 12, segundo párrafo, del decreto ley 9889/82 -texto según ley 14.086- con relación al partido político actor, en cuanto exige contar con un número de afiliados con relación al último registro oficial de electores de la Provincia no inferior al cuatro (4) por mil de por lo menos dos (2) secciones electorales, siempre que dicha agrupación acredite el piso mínimo de 8.000 afiliaciones que determina la misma norma. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos (arts. 195, 230 y conc., CPCC).
Previa caución juratoria -que podrá prestarse por medio de un escrito electrónico- (art. 199, CPCC), líbrese oficio por Secretaría a la Junta Electoral de la Provincia, para su cumplimiento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la medida cautelar peticionada en la demanda y suspender lo establecido por el artículo 12, segundo párrafo, del decreto ley 9889/82 -texto según ley 14.086- con relación al Partido Intransigente, en cuanto exige contar con un número de afiliados con relación al último registro oficial de electores de la Provincia no inferior al cuatro (4) por mil de por lo menos dos (2) secciones electorales.
Lo dispuesto, en la medida en que dicha agrupación acredite el piso mínimo de 8.000 afiliaciones que determina la misma norma.
La decisión cautelar se hará efectiva previa caución juratoria y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos (arts. 195, 199, 230 y conc., CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y, oportunamente, líbrese oficio por Secretaría para su cumplimiento a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2021 13:43:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2021 15:41:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/07/2021 12:58:19 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:31:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 19:34:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia