Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70564
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.564, "Coats Cadena S.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre proceso sumario de ilegitimidad. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Soria, Genoud, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó, por mayoría, la sentencia de primera instancia y rechazó la pretensión anulatoria instaurada, declarando prescripto el crédito cuya repetición persigue la firma actora en concepto de impuesto al servicio de electricidad y de gravamen adicional al consumo de energía eléctrica (dec. ley 7.290/67 y 9.038/78) e impuso las costas por su orden (v. fs. 170/180).
Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 184/205), el que fue concedido a fs. 207.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 205), agregado el memorial de la demandada (v. fs. 218/237) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad deducido en cuanto se opone a la declaración de prescripción de los créditos reclamados en autos?
2ª) ¿Es fundado el reclamo atinente a la forma de cancelación de la deuda perseguida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La firma Coats Cadena S.A. promovió pretensión anulatoria contra la Provincia de Buenos Aires procurando que se deje sin efecto la parcela del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 16 de junio de 2005 (v. fs. 7/13) que declaró prescriptos los créditos reclamados mediante la demanda de repetición interpuesta por las sumas abonadas indebidamente en concepto de impuesto al servicio de electricidad y de gravamen adicional al consumo de energía eléctrica (dec. ley 7.290/67 y 9.038/78, respectivamente) durante los períodos fiscales 1992, 1993 y 1994.
Planteó la inconstitucionalidad de los arts. 119 y 120 del Código Fiscal (t.o. 1999; 132 y 133, t.o. 2004) en tanto establecen el plazo de prescripción de la acción de repetición en contravención al art. 4.023 del Código Civil, violando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
También sostuvo la inconstitucionalidad del art. 114 del Código Fiscal (t.o. 1999; 127, t.o. 2004), relativa al pago de intereses en caso de devolución de importes abonados indebidamente o en demasía por el contribuyente, por tratar en forma desigual a la administración según sea acreedora o deudora de tributos, solicitando su reconocimiento desde que cada pago se realizó y no desde la presentación de la demanda de repetición.
Pidió que el pago de las sumas repetidas se efectuara en la forma determinada en el art. 55 de la ley 12.575 (bonos ley 11.192) y no mediante la entrega de bonos de consolidación de la ley 12.836, como lo prevé el art. 34 de la ley 12.874, cuya inconstitucionalidad también plantea (v. fs. 34 vta./45).
I.2. La demandada opuso la defensa de prescripción por haber transcurrido, desde la oportunidad del pago de los impuestos cuya repetición se reclama, el plazo legal previsto en los arts. 119 y 120 del Código Fiscal (t.o. 1999; 132 y 133, t.o. 2004).
Argumentó a favor de la constitucionalidad tanto del plazo de prescripción previsto en el Código Fiscal como de los intereses fijados y su cómputo.
Solicitó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 12.874 y sostuvo la constitucionalidad de los bonos de consolidación de la ley 12.836 (v. fs. 82/97).
I.3. La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la pretensión impugnatoria, anulando el punto 1 del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 16 de junio de 2005.
En consecuencia, condenó a la demandada a devolver a la demandante las sumas indebidamente abonadas (dec. ley 7.290/67, 9.038/78 y dec. 1.160/92) en los años 1992, 1993 y 1994, conforme a la liquidación que se practique, atento la documental obrante en el expediente administrativo n° 2403-419/00, suma a la que le adicionó los intereses previstos en el art. 127 del Código Fiscal (t.o. 2004), a partir del 28 de marzo de 2000 y hasta el cumplimiento de la sentencia, descartando, de tal modo, la invalidez constitucional de las disposiciones del Código Fiscal que disponen el dies a quo y la tasa de interés que corresponde admitir en las demandas de repetición.
Además, declaró inaplicable al caso la ley 12.836 y dispuso que la cancelación de la deuda se efectuara mediante la entrega de bonos de consolidación de la ley 11.192 por aplicación del art. 55 de la ley 12.575. Impuso las costas en el orden causado (v. fs. 113/127).
Para así decidir, asignó a la demanda de repetición interpuesta dentro del plazo de gracia (conf. art. 124, CPCC) el efecto interruptivo del curso de prescripción previsto en el art. 3.986 del Código Civil, declarando inoficioso un pronunciamiento acerca del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 119 y 120 del Código Fiscal (t.o. 1999; 132 y 133, t.o. 2004; 158 y 159, t.o. 2011).
I.4. Contra esa decisión, la Fiscalía de Estado dedujo recurso de apelación (v. fs. 130/147).
I.4.a. Criticó lo resuelto por la jueza de grado, en cuanto al acogimiento parcial de la acción promovida por la actora y la condena impuesta a su parte consistente en la devolución de las sumas oportunamente abonadas. A su juicio, dicha decisión resulta desacertada al apartarse de las previsiones legales y principios generales que regulan la forma de computar los plazos e intervalos en el derecho y, por otra parte, hace aplicación de un instituto -plazo de gracia- no previsto en la norma específica.
Refirió que el legislador determinó imperativamente el plazo de prescripción de estas acciones, fijando una fecha exacta -1 de enero de 2000-, plazo que resulta computable en forma corrida, tal como lo determina el Código Civil en los arts. 25, 27 y 28.
Asimismo, consideró que el plazo de gracia regulado en el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial solo se aplica a los llamados "plazos procesales" y no a los que regulan instituciones que carecen de aquella naturaleza, como resulta ser la prescripción, no estando permitido -observó- modificar un aspecto del derecho fiscal sustancial a través de una figura de neto corte procesal que, además, al momento de interposición de la demanda de repetición de autos, no se encontraba prevista para el ámbito administrativo.
I.4.b. Por otra parte, señaló que no existe fundamento jurídico válido para beneficiar al actor con lo previsto en el art. 55 de la ley 12.575.
Al respecto, mencionó que -a contrario de lo expuesto por el iudex - el Estado provincial no efectuó reconocimiento alguno en el sentido de estar obligado a repetir las sumas abonadas por los contribuyentes en concepto de impuesto a la transferencia de energía, limitándose los precedentes "AGUEERA" e "Hidroeléctrica El Chocón" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los supuestos allí recaídos, sin ser extensivos a otros casos como el de autos.
En ese sentido, advirtió que tanto la ley 12.575 como el decreto 94/02 tendieron a la promoción y realización de "acuerdos de naturaleza transaccional motivados en razones de oportunidad, mérito y conveniencia", con todas las características que poseen dichos acuerdos, siendo que además la emisión de bonos de la ley 11.192 como medio de pago fue prevista únicamente para quienes se adhirieran al decreto citado, con la previsión presupuestaria a tal fin, adhesión que -refirió- no efectuó la actora.
II. El fallo de la Cámara de Apelaciones interviniente revocó, por los fundamentos de la mayoría, la decisión de primera instancia (v. fs. 170/180).
II.1. En cuanto al tema de la prescripción de la acción, cabe señalar que los agravios vertidos por la demandada fueron receptados favorablemente.
El voto de la mayoría (votos doctores De Santis y Spacarotel) sostuvo que no era de aplicación al caso el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial (plazo de gracia) por tratarse de un instituto de forma sin incidencia posible en el derecho de fondo. Añadió que tampoco lo era la dispensa prevista en el art. 3.980 del Código Civil en relación al feriado del día 1 de enero de 2000, por resultar categórico el art. 28 de ese cuerpo normativo, dejando a salvo que bien pudo predicarse dicha dispensa respecto del período posterior a esa fecha (el contemplado en el decreto 4.016/93, que declaraba inhábiles a todos los efectos legales los días del mes de enero de cada año) en tanto óbice a la acción del acreedor para reclamar en sede administrativa por su derecho.
En definitiva, la Cámara rechazó el efecto interruptivo de la demanda y declaró prescripto el crédito cuya repetición se pretendía.
II.2. En punto a la modalidad de cumplimiento de la obligación reclamada, solamente dos magistrados -doctores De Santis y Milanta (y sobre este punto he de volver al abordar la segunda cuestión)- estimaron acreditado el error en el juzgamiento de este tópico por la jueza de la causa, señalando que el caso se subsumía en ley 12.836, cuya validez constitucional no sufría fisura alguna.
Tales judicantes opinaron que correspondía aplicar el art. 34 de la ley 12.874, en tanto preveía para los créditos que dieron origen a la controversia, esto es, los resultantes de la devolución de los tributos creados por los decretos ley 7.290/67 y 9.038/78, la modalidad de cancelación mediante la entrega de bonos de consolidación de la ley 12.836.
En ese marco, descartaron que ello configurase una inclusión progresiva prohibida por las leyes de emergencia.
Afirmaron que el crédito que se intentaba repetir encontró su primer régimen de pago en la mencionada ley 12.836, que claramente lo incluía, sin que las anteriores normas legales hubieran tenido incidencia en él.
Consideraron que los bonos de la ley 11.192, previstos para el pago de estos créditos, ya habían sido suplantados por los nuevos establecidos en la ley 12.836, porque a la fecha en que la parte actora pudo obtener pronunciamiento favorable en cualquiera de las instancias por las que transitara, ya se encontraba vigente el nuevo mecanismo de pago. En cuanto al cuestionamiento constitucional de la ley 12.836, consideraron que el tópico quedaba fuera de los agravios que habilitaban la intervención de la Cámara.
III. Contra ese pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Se agravia de la decisión de la Cámara que declara prescriptos los créditos objeto del litigio y denuncia infracción de la ley y violación de la doctrina legal referida a los arts. 124 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 del decreto 4.016/93; 132 y 133 del Código Fiscal (t.o. 2004).
También critica el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la ley 12.836 y que no se hiciera lugar a la posibilidad de que la deuda por impuestos que el Fisco pudiera tener con el contribuyente se cancelase con bonos de consolidación de la ley 11.192. Denuncia violación de ley y de doctrina legal respecto de los arts. 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 55 de la ley 12.575; 34 de la ley 12.874; 8 de la ley 12.836 y 6 de la ley 13.436.
IV. Adelanto mi opinión favorable al primer planteo a resolver.
La cuestión a decidir en primer término se centra en determinar si el plazo de prescripción establecido por el Código Fiscal -sin que, a la luz de como propongo resolver esta cuestión, resulte necesario ingresar en la evaluación de su constitucionalidad- había o no transcurrido al momento en que la actora interpuso la demanda de repetición en sede administrativa.
Contrariamente a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, entiendo que la firma Coats Cadena S.A. interpuso la demanda de repetición dentro del plazo legal que tenía para hacerlo, por lo que la acción de repetición no se encontraba prescripta.
Si bien el art. 132 del Código Fiscal (t.o. 2004) dispuso que el 1 de enero del año 2000 era la fecha de vencimiento del plazo para interponer la demanda de repetición nacida durante los ejercicios fiscales de los años 1992, 1993 y 1994, ese término debe ser apreciado en el marco de lo dispuesto por el decreto 4.016/93, que limitó durante el mes de enero de cada año la actividad habitual de la Administración Pública a prestaciones de carácter esencial e impostergable (conf. art. 1) y declaró "inhábiles a todos los efectos legales los días del mes de enero de cada año..." (conf. art. 3).
Por lo demás, juzgo que la demanda de repetición presentada durante el plazo de "gracia" establecido por el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 199, Cód. Fiscal -t.o. por resol. 173/99-) constituye un acto eficaz para interrumpir la prescripción de la acción sobre la que versa el sub lite (conf. mi voto en las causas L. 87.134, "Sforzini", sent. de 3-X-2008; B. 65.535, "Fiscal de Estado", sent. de 17-IV-2009 y A. 70.604, "Libertador Motors", sent. de 23-II-2021, a las cuales remito en mérito a la brevedad).
En ese orden, dado que el vencimiento del plazo prescriptivo operaba el día 1 de enero de 2000, que el decreto 4.016/93 declaró inhábiles a los efectos legales los días del mes de enero de cada año (v. art. 3) y que la interposición del correspondiente reclamo ante el otrora Ente Provincial Regulador Energético se efectuó el día 1 de febrero de 2000, entiendo que, en el caso, no se había operado la prescripción al momento de la mentada presentación.
Por tales razones, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución propiciada por el doctor Pettigiani, sobre la base de las razones brindadas en su voto y las demás que tuve oportunidad de indicar al votar la primera cuestión planteada en la causa A. 70.604, "Libertador Motors", sentencia de 23-II-2021, sustancialmente análoga a la presente.
Con tal alcance, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la solución propiciada por el distinguido colega que inicia el acuerdo, atento a los fundamentos concordantes que fueran tratados en la causa A. 70.604, "Libertador Motors", sentencia de 23-II-2021, sustancialmente análoga a la presente.
Con tal alcance, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los antecedentes de la cuestión ya han sido expuestos en el voto del ponente.
En cuanto a la solución propiciada, habré de apartarme de ella, pues entiendo que corresponde rechazar el recurso extraordinario bajo análisis.
Tal como expresé en las causas B. 65.535, "Fiscal de Estado", sentencia de 17-VI-2009 y A. 70.604, "Libertador Motors S.A.", sentencia de 23-II-2021, la solución al punto aquí controvertido no se encuentra en la dispensa de la prescripción prevista en el entonces vigente art. 3.980 del Código Civil. Y por cierto -a tenor de los motivos que expone el a quo - tampoco se vincula con la distribución de competencias entre la Nación y las provincias, de acuerdo al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y los efectos que sobre una cuestión de fondo pudiese tener el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Otros son los fundamentos que determinan que en el sub lite la demanda de repetición por los períodos 1992, 1993 y 1994 se encuentre prescripta. Veamos.
I.1. La demanda de repetición de impuestos deducida en sede administrativa interrumpe el plazo de prescripción de la pretensión, si es incoada dentro del "plazo de gracia" del primer día hábil posterior al vencimiento del plazo legal (cfr. arts. 121 -t.o. 1999- y 160 -t.o. 2011-, Cód. Fiscal; causa B. 65.535, cit. y CSJN, Fallos: 326:2746).
En efecto, el art. 4 del Código Fiscal prevé la aplicación supletoria, para los casos no previstos en dicho ordenamiento, de las disposiciones -entre otros- del Código Procesal Civil y Comercial y, con ello, la del tercer párrafo del art. 124 de este último cuerpo normativo al procedimiento fiscal. Además, el legislador provincial incorporó el "plazo de gracia" en el segundo párrafo del art. 69 del decreto ley 7.647/70 (conf. ley 13.262).
I.2. Mas en la especie lo dirimente es el alcance que debe otorgársele al decreto 4.016/93 y, de ello, su interrelación con el criterio sentado en el apartado anterior.
La mentada norma declaraba inhábiles los días del mes de enero de cada año (conf. art. 3). Con todo, preveía la ejecución de prestaciones administrativas de carácter esencial e impostergables (conf. art. 1), regulando el modo de determinar el plantel de personal que atendería dichas necesidades mínimas (conf. art. 4). A ello se añade también la aplicabilidad supletoria (conf. art. 4, Cód. Fiscal) de los arts. 152 -segundo párrafo- y 153 del Código Procesal Civil y Comercial, que facultan a disponer (y obviamente a solicitar) la habilitación de días y horas inhábiles para dar curso a "diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces y originar perjuicios evidentes a las partes".
De este modo, para quien era interesado en el procedimiento de repetición existió la posibilidad de presentarse ante el órgano administrativo en las primeras dos horas del día lunes 3 del mes de enero de 2000, solicitando la habilitación de días inhábiles, o bien la actuación de los funcionarios a cargo de las guardias habilitadas, a fin de incoar su pretensión de repetición (en igual sentido, CNCom, Sala D, "Las Nuevas Coloradas c/ Sierra Nieves y otros", sent. de 30-VI-1983, JA 1983-IV; CNCiv, Sala C, "Muzzupapa, Carlos c/ Porto, M. Isabel", sent. de 27-VI-1991, JA 1992-I-324 y "Fernández, Raquel Noé c/ Benito Roggio e hijos S.A.", sent. de 11-XII-2007, DJ 2008-II-697). Pero ello no ocurrió. La inercia del contribuyente por el lapso cercano a un mes luego de expirado aquel plazo no solo trasunta el propio desinterés en hacer valer su derecho, patentiza también el desacierto de encuadrar tal plataforma fáctica en el excepcional supuesto del art. 3.980 del Código Civil. Es que, como se ha visto, aun admitiendo cierta dificultad para peticionar, no hay duda de que el interesado contaba con medios para superarla y no demostró que el impedimento fuera invencible (cfr. causa L. 96.496, "Papili", sent. de 30-IX-2009).
Por tanto, por los fundamentos aquí expuestos, al 1 de febrero de 2000 la demanda de repetición por los períodos 1992, 1993 y 1994 se encontraba prescripta (conf. arts. 4 y 119, Cód. Fiscal -t.o. 1999-; 152 y 153, CPCC; mi voto en la causa B. 65.535, cit.).
II.1. Las consideraciones que efectúa el recurrente, con el objeto de que se declaren inaplicables las disposiciones del Código Fiscal en materia de prescripción y se recurra al art. 4.023 del Código Civil, tampoco son de recibo, por los fundamentos que tuviera oportunidad de desarrollar al votar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018 y, más específicamente, en virtud de lo que se discute aquí, en la causa A. 70.604 citada arriba. Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo
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