Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59234
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 59.234, "Tapera Arteche S.A. contra Municipalidad de Magdalena. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
La firma Tapera Arteche S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Municipalidad de Magdalena, solicitando la devolución de las sumas pagadas sin causa en concepto de "Derecho de Explotación de Canteras de Extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal y demás minerales", efectuados para el pago del tributo diferencial que la comuna estableció en el período 1986/1996, para gravar al material calcáreo o conchilla destinado a ser entregado fuera del partido.
Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Magdalena y solicita el rechazo de la demanda.
Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a los autos, los cuadernos de prueba, los alegatos de ambas partes, producida la medida para mejor proveer ordenada a fs. 191, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Relata la firma Tapera Arteche S.A. que ha venido explotando desde la década de los años cincuenta la cantera denominada "La Elvira" registrada en la Municipalidad de Magdalena y habilitada bajo el número treinta y ocho (38). Explica que en ese carácter ha sido tradicionalmente contribuyente de la tasa que grava la extracción de conchilla y material calcáreo.
Expresa que la comuna demandada incorporó año tras año en sus ordenanzas fiscales e impositivas una tasa o derecho que grava la extracción de conchilla y material calcáreo con distinta entidad según que el material extraído quede en el partido o se entregue fuera de sus límites.
Sostiene que esa tasa diferencial estaba establecida en el art. 26 inc. "c" de la ordenanza 1.057/92 y el decreto 486/92, cuyo texto era igual al de las ordenanzas que se venían dictando desde el año 1986 y las posteriores hasta el día 31 de diciembre de 1996.
Manifiesta que oportunamente promovió demanda solicitando la declaración de inconstitucionalidad del gravamen que se establecía cuando el material tenía por destino ser enviado fuera del partido.
Señala que este Tribunal, por sentencia dictada con fecha 5 de julio de 1996, declaró la inconstitucionalidad de la norma atacada por vulneración del principio constitucional de igualdad, desde que no se advertía que el destino dentro o fuera del partido de tales elementos permitiera distinguir los servicios y por ende establecer tasas con distintos valores. Allí se concluyó, según manifiesta, que la movilidad del tributo en cuestión no se encontraba prevista legislativamente y por ende el Municipio de Magdalena excedía con su consagración las atribuciones legales en la materia.
Considera que todos los pagos del tributo diferencial efectuados por Tapera Arteche S.A. cuando el material salía del partido, carecen de causa legal válida que los justifique y por ello se impone su devolución.
Explica que la repetición que se solicita es del importe que corresponde a la diferencia entre la tasa válida establecida para el supuesto en el cual el material permanecía dentro del partido, con el que se determinaba cuando tenía otro destino.
Añade que esos importes diferenciales variaron año a año según la ordenanza impositiva vigente en cada período y que el reclamo consiste únicamente en dicha diferencia, por cuanto de los recibos y guías surge haber abonado el gravamen diferencial por haberse destinado el material extraído fuera del partido.
Seguidamente plantea la innecesariedad del pago bajo protesto y, en apoyo a su postura, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, y a fin de acreditar el objeto de su pretensión, acompaña la totalidad de los recibos que instrumentan los pagos de la tasa por material extraído fuera del partido en el período comprendido entre los días 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1996, que corresponderían a las etapas no prescriptas según el plazo establecido en el art. 58 de la ordenanza impositiva vigente al momento de promoción de la demanda.
Asimismo advierte que, en diferentes años, la comuna promovió juicios de apremio reclamando el pago de la tasa diferencial, debiendo computarse también dentro del rubro accesorios del tributo los importes pagados en concepto de liquidaciones practicadas en los distintos convenios suscriptos, según los detalles que adjunta.
Por lo expuesto, solicita la devolución de las sumas pagadas hasta el día 31 de marzo de 1991, con actualización e intereses, hasta la fecha de su efectivo pago.
Hace reserva del caso federal.
II. A su turno, la Municipalidad de Magdalena solicita el rechazo de la demanda.
II.1. En forma preliminar plantea la caducidad de la acción.
Arguye que la declaración de inconstitucionalidad obtenida por la demandante lo fue para el caso concreto (art. 26 inc. "c", ordenanza impositiva 1.057/92 y decreto 486/92) y no para las ordenanzas dictadas con anterioridad o posterioridad.
Explica que el objeto de la demanda no reside en la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas anteriores o posteriores, sino en la restitución de las sumas abonadas en esos períodos, bajo la vigencia de otras ordenanzas. Por tal motivo, agrega, la acción deviene extemporánea en función de lo prescripto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme el cual el plazo para iniciar la acción debió computarse desde el pago de la tasa, que constituye el momento en el que cada ordenanza afectó concretamente los derechos patrimoniales de la empresa.
Considera que se equivoca la actora al pretender la devolución de las sumas pagadas, sin haber obtenido previamente la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas impositivas vigentes durante los períodos reclamados.
Afirma -con ese sustento- una errónea elección de la vía intentada, en cuanto considera que la acción contencioso administrativa no es la vía válida para efectuar tales planteos.
Indica que la firma actora no efectuó ningún pago bajo protesto y que ni siquiera durante el juicio de apremio interpuso alguna excepción a ese fin. Con ello evidencia que la cuestión de constitucionalidad de la tasa diferencial surgió únicamente con la demanda interpuesta respecto de los años 1993 y 1994.
Asimismo, señala que tampoco constituye materia de la acción contencioso administrativa la pretendida repetición de los importes que los particulares hayan oblado como consecuencia de un juicio de apremio en su contra.
II.2. Por otra parte, plantea la falta de legitimación activa de la firma actora.
A ese fin revela que Tapera Arteche S.A. computó la tasa extractiva por la cual demanda repetición en un carácter diferente al que hubiera correspondido. Sostiene para ello que, en realidad, la reclamante no actuó como sujeto obligado al pago del tributo (por deuda propia) sino que lo hizo como responsable por deuda ajena, pero con el agravante que ese carácter no surge de la norma, ni el Estado lo invistió de tal carga pública.
Agrega que la empresa trasladó la carga municipal a cada uno de los adquirentes del material extraído, fueran estos responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), no inscriptos o consumidores finales.
Explica que no se trata de una mera traslación de la incidencia económica de dicha carga, sino que la percibió por afuera del precio, es decir, evitó que la tasa repercutiera en el valor final de venta, sin considerarla al momento de liquidar el Impuesto al Valor Agregado.
Desde esa premisa, afirma que no puede repetir la tasa que nunca asumió como propia, en tanto del registro de sus operaciones surge que no la consideró para conformar el precio de venta.
II.3. Sostiene que la acción intentada -de prosperar- generaría un enriquecimiento incausado en la actora puesto que, en la realidad de los hechos, no ha pagado el tributo ni ha soportado directamente en su patrimonio los efectos de un pago indebido, siendo que actuó como agente de recaudación, lo que obstaculiza su legitimación para pretender la devolución.
II.4. Por último, alega que el sometimiento voluntario de la actora a las normas fiscales impide su posterior impugnación.
Explica que el haber suscripto dos convenios de pago por los períodos involucrados en esta acción, admitiendo la procedencia formal y sustancial de las normas aplicables en la especie, importó su voluntario sometimiento a dicho régimen.
Por último, deja planteado el caso federal.
III. De las actuaciones administrativas remitidas y de las constancias obrantes en autos, surgen los siguientes elementos útiles para resolver la cuestión:
III.1. Expediente 956/97 de la Municipalidad de Magdalena:
III.1.a. A fs. 5/15 obra agregada la demanda de repetición presentada por Tapera Arteche S.A. en la comuna demandada, en términos similares a los expuestos en el escrito de inicio de los presentes autos.
III.1.b. A fs. 16/163 constan los recibos emitidos por el municipio por el pago de la tasa correspondiente a la explotación de canteras.
III.2. Expediente 17/92 del Juzgado de Paz Letrado del Partido de Magdalena, mediante el que tramitó el juicio de apremio iniciado por la comuna contra la empresa actora. A fs. 7/11 obra el título ejecutivo relativo al cobro de la tasa objeto de controversia, por los períodos que allí se detallan.
III.3. A fs. 47/48 de estos autos obran los convenios de pago acompañados por la demandada, correspondientes a la cancelación de deuda atrasada de la tasa por explotación de canteras.
III.4.a. A fs. 95/100 se encuentra agregado el dictamen pericial contable.
III.4.b. A fs. 104 y 124 se hallan agregados los pedidos de explicaciones al perito, solicitados por la parte actora; mientras que a fs. 111/112 y 124 obran los de la demandada.
III.4.c. A fs. 116/121, 126 y 133/134 se encuentran glosadas las ampliaciones del dictamen pericial contable, realizadas en virtud de los distintos pedidos de explicaciones formulados por las partes.
III.5. A fs. 166/170 obra el alegato de la demandada y a fs. 171/176, el de la actora.
III.6. A fs. 191 obra la suspensión del llamado de autos para resolver y la medida para mejor proveer, por la que esta Suprema Corte ofició al municipio demandado a efectos que acompañe copia de las ordenanzas fiscales e impositivas correspondientes a los períodos 1986 a 1998, las que se encuentran acollaradas a las presentes actuaciones en quinientas dieciocho (518) fojas.
IV. Relatados de esta forma los antecedentes del caso, corresponde delimitar el objeto de la presente litis.
IV.1. La empresa actora demanda la restitución de los pagos realizados a la Municipalidad de Magdalena en concepto de tasas diferenciales por la venta de materiales extraídos y destinados fuera de los límites del partido.
Fundamenta su pedido de repetición en la declaración de inconstitucionalidad del art. 26 inc. "c" de la ordenanza impositiva 1.057/92, decidida por esta Suprema Corte en la causa I. 1.595, "Tapera Arteche Sociedad en Comandita por Acciones", sentencia de 5-VII-1996, donde para así decidir se consideró que el cobro de una alícuota diferencial a quien -como la empresa demandante- desarrolla la misma actividad: la extracción de arcilla, conchilla, cascajo, calcáreo y granza, no advirtiéndose que el diferente destino (dentro o fuera del partido de Magdalena) de tales elementos permita distinguir los servicios y, por ende, establecer esas diferencias, vulneraba la garantía de igualdad.
Asimismo, se indicó que la tasa diferencial tampoco lucía razonable en función de la finalidad invocada para legitimarla, referente a la protección de los bienes no renovables del suelo, pues se advirtió que con destino dentro o fuera del partido de Magdalena el resultado en orden a la degradación de los recursos naturales era similar, en tanto no se acreditó que en su aplicación haya contribuido a la disminución en su uso ni al desarrollo sustentable de la actividad extractiva.
A tal óbice, se agregó el referido a la cuantía del tributo (trece -13- veces mayor para la extracción de elementos trasportados fuera del distrito respecto del fijado cuando los mismos permanecen dentro de aquel), toda vez que el monto de la tasa en cuestión no guardaba proporción con el costo del servicio y determinaba la absorción de una parte sustancial de las ganancias razonablemente previstas, indicándose para ello que en su aplicación al volumen o giro patrimonial del contribuyente resultaba confiscatorio, afectando el derecho de propiedad y la libertad de trabajar y comerciar invocados por la firma actora; lo que tuvo por acreditado mediante prueba pericial contable producida a tal fin.
Puntualizó que tampoco la alegada rebaja tributaria cuando el material extraído permanece dentro de los límites del partido permitía justificar la distinción -argumento parafiscal planteando en forma integral con el aspecto económico a fin de determinar el denominado costo del uso ambiental y establecer quién y cómo debe pagarlo, tendiente a desalentar una eventual degradación del medio-, toda vez que no resultaba aceptable que tamaña diferencia (trece -13- veces más) deba asumirla la explotadora de recursos ambientales cuando decide trasportar estos fuera del distrito, sin la existencia de servicio alguno adicional de parte de la comuna que justifique semejante sobreprecio; máxime cuando la demandada no ha demostrado que este sirva efectivamente a alentar la utilización racional de los recursos naturales.
Por lo expuesto, en aquel precedente, esta Corte concluyó que asistía razón a Tapera Arteche S.A. cuando argumentaba que la modalidad del gravamen en cuestión no se encontraba previsto legislativamente y, por ende, que el municipio de Magdalena había excedido, con su consagración, las atribuciones legales en la materia, trasgrediendo así las disposiciones constitucionales que circunscriben normativamente su actividad en el capítulo atinente al régimen municipal (cfr. arts. 182, 184 y concs., texto anterior, Const. prov. y 226 inc. 5, LOM).
IV.2. Como resultado de ese pronunciamiento pretende en autos la repetición de las tasas pagadas en tal concepto por el lapso de once (11) períodos fiscales -años 1986/1996-, conforme lo preceptuado en los arts. 49 y 50 de la ordenanza fiscal e impositiva.
A ese respecto aduce que el texto del art. 26 inc. "c" de la ordenanza impositiva declarado inconstitucional resulta idéntico al de las ordenanzas que se venían dictando desde el año 1986 y de las posteriores dictadas hasta el año 1996.
Incluye en dicho reclamo los pagos realizados en el marco de los juicios de apremio iniciados por la comuna para obtener la cancelación de la deuda que la empresa poseía, relacionada con el pago de esa misma tasa.
V. Ahora bien, es preciso hacer referencia al marco legal en el que se desarrolla el reclamo.
V.1. Corresponde destacar, inicialmente, que este Tribunal, a partir de la resolución dictada el día 4 de febrero de 2004 en la causa B. 64.996, "Delbés", ha venido sosteniendo que en virtud de lo dispuesto por el art. 78 inc. 3 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- el nuevo Código de la materia deviene aplicable a las causas iniciadas antes del día 15 de diciembre del año 2003, en tanto las normas resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal.
V.2. Sentado lo expuesto, cabe ahora determinar si la empresa actora se encuentra legitimada para interponer la presente acción de repetición y si, eventualmente, la misma resulta procedente.
En esa labor debe analizarse si la actora resultaba sujeto pasivo del tributo en cuestión, en tanto supone un requisito para la procedencia de la pretensión.
Al respecto, la demandada sostiene que la empresa desvirtuó la relación jurídica tributaria establecida normativamente por cuanto no obstante resultar el sujeto pasivo obligado al pago, en los hechos actuó como un agente de percepción de la tasa, comportándose en definitiva como un responsable por deuda ajena con el agravante de que ese carácter no fue impuesto por la norma, sino que se desprendía de la realidad económica que trasuntaba el actuar comercial de la firma. Denuncia que la actora desplazó la carga impositiva que pesaba sobre ella a cada uno de los adquirentes del material extraído (y que tuviera destino fuera del partido), desnaturalizando su carácter de sujeto obligado al pago, motivo por el que alega su falta de legitimación activa para entablar la presente demanda.
Si bien es clara la doctrina de este Tribunal en el sentido de que resulta legitimada la persona revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio (conf. doctr. causas B. 56.524, "Moure", sent. de 2-VIII-2000; B. 59.538, "Rapagnini", sent. de 9-V-2001; B. 57.921, "Jeselsohn", sent. de 19-XII-2007, entre muchas otras; arts. 345 inc. 3, CPCC y 35 inc. 1 apdo. "g", ley 12.008 -texto según ley 13.101-); también es cierto que, en materia de repetición de impuestos, los recaudos se extreman.
Así, el sujeto pasivo de la obligación tributaria es la persona individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación, que puede ser el deudor (contribuyente) o un tercero (cfr. Giuliani Fonrouge; Derecho Financiero , Tomo I, pág. 366). En esa inteligencia, no se encuentra controvertida la circunstancia de que el sujeto obligado al pago de la tasa por explotación de canteras era la empresa actora, lo que así reconoció la propia demandada al sostener que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria era la firma Tapera Arteche S.A., encontrándose obligada al pago del tributo, no obstante manifestar que en realidad -ver fs. 55- la empresa alteró la estructura de la obligación tributaria, desplazando su vinculación con la Municipalidad a cada uno de sus clientes -adquirentes del material extraído-.
Ahora bien, al margen de la incidencia económica que pudo tener la tasa, abonan la legitimación de la actora para entablar la presente demanda de repetición, los juicios de apremio que la propia comuna le inició oportunamente a fin de reclamarle, justamente, el pago de las deudas tributarias que la firma poseía respecto de la tasa por explotación de canteras (v. expte. 17/92 y convenios de pago, fs. 46/48), donde se señala a la firma Tapera Arteche como contribuyente del referido tributo y contra quien inició el cobro compulsivo.
Esta circunstancia resulta bastante para concluir que la empresa posee suficiente legitimación como para promover la demanda de autos.
Asimismo, conforme la ordenanza que regula la solicitud de repetición (agregada por cuerda a autos) no resulta exigible para su procedencia la prueba del empobrecimiento, lo que evidencia que no obsta a su viabilidad haber trasladado el costo económico de la tasa (conf. CSJN Fallos: 327:5513).
Superada la legitimación activa, corresponde ahora ver si se encuentran cumplidos los restantes recaudos de procedencia.
V.3. A ese respecto la demandada aduce dos grandes valladares para la procedencia de la acción, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) caducidad de la acción y b) falta de titularidad de la relación jurídico tributaria en que se funda la pretensión.
En relación con el primero de ellos, el municipio alega que para que proceda la repetición previamente debe existir una sentencia que declare incausado el pago objeto de repetición (en tanto no se trata de un pago por error), por cuanto no puede extenderse la declaración de inconsti
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