Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61637
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.637, "Maralex S.A. contra Municipalidad de Necochea. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres, Soria.
I. Se presenta en autos la firma Maralex S.A., mediante apoderado, interponiendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Necochea con el objeto de que este Tribunal declare la nulidad del decreto 683/00, por medio del cual el Intendente de la comuna citada rechazara en su momento el recurso de revocatoria interpuesto contra el acto administrativo previamente dictado que denegara el pago de la suma de $206.318, con más intereses y costas, más los daños y perjuicios que su accionar antijurídico ocasionara.
Sostiene que la empresa Maralex S.A. construyó -por cuenta y orden de la Municipalidad- la obra denominada "Aeroestación de Necochea", siendo que, durante dicho proceso, la mentada construcción sufrió un crítico incendio que la destruyó en gran parte. Como consecuencia de ello, continúa, la comuna contratante inició juicios penal y civil para deslindar responsabilidades en los hechos acontecidos.
Asegura que, por tratarse de una obra de vital importancia para la comunidad local, las partes convinieron que -pese a lo antedicho- la obra no podía continuar paralizada, situación que derivó en la suscripción de un convenio por medio del cual la actora se comprometía a reconstruir la aeroestación, para lo cual donaría la mano de obra total que tales trabajos demandaran de acuerdo a un detalle que se adjuntaba por separado. Dejando aclarado en el mismo acuerdo que "...si por resolución administrativa o judicial firme para la empresa se determinara que ésta debe responder total o parcialmente por el siniestro ocurrido, el importe de la mano de obra será descontado actualizado por el índice de la Construcción ...". Del mismo modo, se previó que, si por los mismos medios se determinara que la empresa "...no tiene responsabilidad alguna en el hecho ocurrido el 5 de septiembre de 1988 en la Aeroestación, la Municipalidad asume la obligación de gestionar ante las Autoridades Provinciales y Nacionales un subsidio para restituir en todo o en parte a la empresa lo donado por ésta en mano de obra".
Manifiesta que, luego de homologado el referido convenio entre las partes, habría quedado claro entre ellas que una cosa era la "valuación de la mano de obra", que no formaría parte de esta litis pues aún no se ha resuelto definitivamente en sede judicial, y otra era la vinculada con "el cobro de materiales", que sí eran necesarios para llevar adelante la reconstrucción de la obra y sobre la cual versa, en definitiva, la negativa administrativa para el cobro.
Expresa que tal como surge de las actuaciones administrativas agregadas en copia simple a la causa, la empresa comenzó a acompañar las diferentes facturas de compra por materiales utilizados para la reconstrucción de la aeroestación, siendo que sobre ello se van produciendo los distintos informes de las diferentes oficinas técnicas comunales que, estiman, habiéndose pagado gran parte de los materiales, aún resta abonar la suma de australes 171.297,77, al mes de marzo de 1989.
Aduce que, pese a contar con dictámenes administrativos favorables, y luego de largas gestiones administrativas, se llega al año 1996, cuando sorpresivamente, un informe técnico de la Secretaría de Hacienda aconseja el rechazo del pago de materiales, circunstancia que se hace efectiva mediante el decreto del Intendente municipal 1.439/96, el cual es posteriormente ratificado -recurso administrativo de revocatoria mediante- por el citado decreto 683/00.
A este respecto, la actora replica que hasta el mes de febrero de 1989 el rubro "materiales" se venía pagando regularmente, mediante el otorgamiento de un subsidio de australes 500.000 para su acopio, que por razones de la inflación reinante por esos años, rápidamente se tornó insuficiente y tuvieron que afrontarse mayores costos de los materiales de construcción, los cuales fueron totalmente sufragados por la empresa para no caer en incumplimiento del contrato. Asegura que sobre todos ellos presentó facturas y comprobantes de pago ante la Administración comunal.
Destaca que, pese a la existencia de dictámenes administrativos vinculantes para el Intendente, este decidió rechazar el reclamo de pago de materiales por considerarlo ilegítimo, atento que, principalmente, consideró que no estaba acreditada suficientemente la deuda.
En cuanto a los derechos que considera vulnerados por los actos administrativos impugnados, la firma actora denuncia que el procedimiento administrativo está plagado de vicios y errores que vulneran su derecho de defensa, el principio de igualdad y el derecho a una decisión fundada. En particular, arguye la nulidad "absoluta" de la notificación del decreto 1.439/96, por cuanto habría sido dictado el día 8 de octubre de 1996 y en la notificación se consignó como practicada el día 5 de octubre de ese año. Asimismo, sostiene que tomó conocimiento del acto recién el día que interpuso el recurso de revocatoria, dado que la notificación obrante a fs. 46 del expediente administrativo 3.327/96 no es válida por tratarse de "un expediente equivocado y de un decreto equivocado" (sic. fs. 16 vta. del sub examine ).
Como derivación de ello, extrae que la revocatoria planteada no resultó extemporánea de acuerdo a los términos del art. 67 del decreto ley 7.647 y la ordenanza general 267/96, y resulta ilegítima, por consecuencia, la negativa de la Administración a tratar los argumentos acercados por la actora en orden a la averiguación de la verdad material de lo acontecido, circunstancia que, en su modo de ver, vulneró el derecho de defensa y, asimismo, el "principio inquisitivo o de oficialidad" por el cual la autoridad está obligada al resolver las cuestiones arrimadas por las partes.
Aduna que también se vulneró la congruencia de los actos administrativos ya que todos los actos previos a la emisión de la decisión administrativa final fueron concordantes en reconocer el derecho de Maralex S.A. a percibir su crédito y la resolución definitiva, en cambio, fue denegatoria.
Finalmente, peticiona que se le abonen los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita o lícita, por la actuación imprudente y temeraria que asumió la Administración municipal al tratar su petición. Pretende, por dichos conceptos, la suma de $100.000 en relación al daño patrimonial, con más $50.000 en concepto de lucro cesante, basándose "en las facultades del art. 165 del CPCC"; en razón de haberse visto la empresa privada durante doce años de la suma de $200.000 (en valores actuales) para el normal desenvolvimiento de sus negocios.
Funda su derecho en el decreto ley 7.647/70 y la ordenanza general 267/80; la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación; y el Código Contencioso Administrativo.
Ofrece prueba documental y testimonial.
II. Corrido el traslado de la demanda, se presenta en autos la Municipalidad de Necochea, mediante apoderado, y sostiene la legitimidad del actuar administrativo.
Efectúa una negativa general y otra particular de los hechos afirmados en la demanda, solicitando por ello su total rechazo.
Manifiesta que con fecha 8 de agosto de 1990, por decreto 1.155/90, el Intendente de Necochea autorizó a la Subsecretaría de Asuntos Legales para que iniciara el juicio pertinente contra Maralex S.A. con el objetivo de obtener un resarcimiento por los daños ocasionados a la comuna como consecuencia directa o indirecta del siniestro que destruyó la aeroestación local.
Como derivación de lo antedicho -apunta-, el día 7 de octubre de 1996, mediante decreto 1.439/96, se rechazó el pago de la suma de $206.318,00 reclamada por la contratista, por considerar que no era legítima, ya que no correspondía a operaciones o prestaciones genuinas realizadas por el acreedor original con la Municipalidad.
Finalmente, asegura que, tal como se desprende del informe efectuado el 8 de septiembre de 2005 por el Contador General Eduardo Espósito, no se encuentra (a dicha fecha) registrada deuda alguna por parte de la comuna a favor de la empresa Maralex S.A. por obras en la aeroestación municipal.
Como corolario de lo expresado, la demandada apunta que lo que la firma accionante pretende es el cumplimiento de una obligación contractual -esto es, el pago de los materiales para ejecutar la obra contra la presentación de los comprobantes pertinentes- que carece de causa, en los términos del por entonces vigente art. 499 del Código Civil. Estima, de acuerdo a ello, que la actora no ha podido demostrar la existencia de una obligación jurídicamente exigible que haya sido incumplida por su parte.
Agrega que, por lo demás, no se encuentran verificados en la especie los presupuestos jurídicos para la procedencia de un caso de responsabilidad del estado municipal, a saber: el incumplimiento objetivo de una obligación legal o contractual, un factor de atribución de responsabilidad, existencia real y efectiva de un daño jurídico resarcible y, por último, una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el supuesto daño.
Ofrece prueba documental y funda su derecho en las disposiciones del decreto ley 7.647/70 y la ordenanza general 267/80, del Código Contencioso Administrativo y del Código Civil -vigente por entonces-.
III. Agregadas las actuaciones administrativas a la causa, glosado el alegato de la actora -la demandada no hizo uso de este derecho- y no restando prueba pendiente de producción, la causa quedó en estado de dictar sentencia por lo que la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. De las actuaciones administrativas agregadas en copias al sub lite (sin acumular), surgen las siguientes circunstancias útiles a los fines de dilucidar la cuestión planteada:
Expediente administrativo n° 69.482/89:
A fs. 1 y 8 del Alcance 1 del expediente administrativo citado, obra copia de la ordenanza municipal 1.819/89 de fecha 23 de junio de 1989, que aprobó el convenio suscripto entre el (por entonces) señor Intendente de la Municipalidad de Necochea -Horacio Alfredo Vidal- y la firma Maralex S.A., representada en tal acto por el señor Carlos Bugando. El citado convenio, obra a fs. 2 y establece, sucintamente, que en virtud del incendio ocurrido en el Aeródromo municipal de Necochea durante el día 5 de septiembre de 1988, la partes acuerdan "someterse a las resoluciones definitivas que sobre el tema recaigan en sede administrativa y judicial" (art. 1); que la empresa donará la "mano de obra total" que impliquen los trabajos de reconstrucción en el citado predio de acuerdo al detalle que se entrega por separado, dejando aclarado que en caso de que por resolución administrativa o judicial firme se determinara su ausencia de responsabilidad, las sumas en concepto de mano de obra se actualizarán conforme el índice de la construcción y la municipalidad "asume la obligación de gestionar ante las Autoridades Provinciales y Nacionales un subsidio para restituir en todo o en parte a la Empresa lo donado por ésta como mano de obra" (art. 3).
A fs. 3 del mismo cuerpo, obra informe municipal de situación del Aeródromo al 7 de septiembre de 1988, donde se da cuenta de los daños luego del incendio sobre el predio. Los organismos técnicos estimaron que el porcentaje de obra "recuperable" ascendía al 28,74%.
Con fecha 30 de enero de 1990, la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Municipalidad de Necochea plantea ante el Departamento Ejecutivo la necesidad de iniciar un juicio de daños y perjuicios contra la empresa Maralex S.A. por los acontecimientos detallados previamente, y como derivación de lo expresamente contenido en el art. 3.1. del convenio en su momento firmado entre las partes (v. fs. 13, expte. cit.).
Posteriormente, y luego del sobreseimiento otorgado a la empresa en sede penal, el Concejo Deliberante instruyó al Departamento Ejecutivo a través de la Minuta de Comunicación n° 136/90, para que comience el proceso judicial tendiente a la obtención de la citada indemnización, de acuerdo a lo prescripto por la ordenanza 1.819/89 (v. fs. 25). En dicho orden de ideas, el intendente autorizó la iniciación del juicio civil contra la empresa Maralex S.A. por decreto 1.155/90, de fecha 8 de agosto del mismo año y la demanda se radicó en el Juzgado Civil y Comercial n° 2 de Necochea (v. constancias de fs. 27 y 28).
A fs. 1/2, del Alcance 3, consta el primer reclamo de pago por parte de Maralex S.A., por la obra "Refacción del Aeródromo Municipal de Necochea", presentado el 21 de noviembre de 1989, solicitando asimismo la firma de un convenio complementario de pago. Los diferentes ítems fueron actualizados ante la Secretaría de Obras públicas el 16 de febrero y el 15 de marzo de 1990 (v. fs. 5 y 7, expte. cit.).
Encausado el trámite del reclamo administrativo, se dio intervención a diversas oficinas técnicas de la comuna, destacándose a fs. 8 el dictamen de la Secretaría de Obras Públicas que informa que, dado que en el Convenio en su momento firmado entre las partes se estableció específicamente en el apartado 3.1. que debía existir un pronunciamiento judicial previo sobre la eventual responsabilidad de la empresa o de terceros en el incendio del aeródromo, correspondía que se iniciara -previamente a la discusión sobre el pago de cualquier remanente- una acción civil para determinar la responsabilidad de la citada contratista.
A fs. 11 consta el informe técnico de la Contaduría General municipal, del cual surge que a esa fecha (14-XI-1990) existían tres pagos efectuados a la firma Maralex S.A. en concepto de acopio de materiales que debieron haber sido comprados totalmente durante el mes de marzo de 1989, por lo tanto, ya certificados. Además, agregó, surgía del estudio realizado que existía un reclamo por colocación de carpintería (que se entiende como mano de obra) que debería estar exento de pago en los términos de la negociación efectuada por las partes en concepto de lo que la contratista donaría al municipio como parte del arreglo en su momento efectuado, por lo que no habría "claridad absoluta como para proceder al pago de la diferencia solicitada por la empresa Maralex S.A.".
De su lado, a fs. 78 del Alcance 2 obra el Informe de la Dirección de Obras Públicas, del 28 de agosto de 1989, el cual a los fines de determinar el costo final de la obra estableció que "habría una diferencia a favor de la empresa de Australes 171.297,77 a marzo /89" (sic). Pasado el expediente a la Subsecretaría de Asuntos Legales para que se expida respecto de la pertinencia del pago del rubro "mano de obra" reclamado por la empresa, ésta opina que no corresponde pago alguno dado que tal como surgía del convenio celebrado entre las partes, la mano de obra fue donada voluntariamente (v. fs. 79, Alcance 2). En el mismo sentido, a fs. 120 se expide en sentido negativo la Contaduría General municipal.
II. Ahora bien, tal como fue presentado el caso, la pretensión principal en autos consiste en el pago por parte de la Municipalidad de Necochea a la empresa Maralex S.A. de una suma de dinero a determinar, en concepto de precio de materiales presuntamente utilizados en la reconstrucción de la aeroestación comunal, en razón del incendio acontecido el día 5 de septiembre de 1988, hecho sobre el cual aún no se han deslindado responsabilidades jurídicas.
En tal contexto, cabe resaltar primeramente que del convenio celebrado entre las partes el día 25 de octubre de 1988 (v. copia obrante a fs. 2, Alcance 1, actuaciones administrativas agregadas sin acumular) no surge en modo alguno referencia al ítem "materiales" para la obra denominada "Reconstrucción de la Aeroestación de Necochea". Por el contrario, las cuatro cláusulas positivamente redactadas en cuanto al contenido de los trabajos a realizar se refieren, única y exclusivamente al rubro "mano de obra", el cual, como ya se explicitó acabadamente, no forma parte de la discusión jurídica relacionada con la pretensión incoada en autos.
Es también para destacar que la ordenanza municipal n° 1.819/89, ya mencionada, en sus considerandos se refiere única y expresamente como motivo fundante de la aceptación del convenio realizado entre las partes para la donación de mano de obra, a que "no hay perjuicio para el Municipio, ya que, de existir responsabilidad civil de la empresa Maralex S.A., el siniestro deberá indemnizarse, tomando por anticipo su actual aporte" (sic. fs. 8, Alcance 1, expte. adm. cit.). Asimismo que, como ya se anotó precedentemente, en el marco del convenio celebrado en su momento entre las partes (obra a fs. 2, expte. adm. n° 69.482/89) se estableció de manera expresa y taxativa que en virtud del incendio ocurrido en el Aeródromo municipal de Necochea durante el día 5 de septiembre de 1988, las partes acordaban en lo sucesivo y en relación a las obras de reconstrucción que se llevarían a cabo sobre el mismo predio "someterse a las resoluciones definitivas que sobre el tema recaigan en sede administrativa y judicial" (art. 1).
Recuerdo también que, paralelamente al inicio de las obras de reconstrucción, la comuna inició acciones legales para determinar la responsabilidad civil y/o penal de la empresa Maralex S.A. en el incendio ocurrido en el predio donde se encontraba la aeroestación municipal (v. fs. 66, 70, 71 y 73/74, actuaciones adm. cit.), ello, como medida preventiva y concomitante al inicio de las obras de reconstrucción por parte de la misma contratista.
III. Dicho esto, cabe entonces considerar, en adición, un elemento de análisis que en mi opinión resulta central para la resolución del conflicto que nos ocupa. En efecto, como la propia actora señala a fs. 14 vta. de su escrito de demanda, a lo largo del año 1989 se fueron sucediendo "mayores costos" en la construcción de la obra, entre otras razones debido a la alta inflación sufrida por nuestro país en aquellos años. Esta circunstancia resulta de vital importancia para la resolución del pleito, puesto que, en definitiva, la existencia de tales mayores costos no ha sido demostrada y, aun, siquiera debidamente invocada en autos, como para fundar el reclamo que aquí se incoa.
En efecto, recuerdo que es doctrina del Tribunal que las omisiones probatorias de la actora limitan los alcances de la decisión final del Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca (arg. art. 375, CPCC; cfr. causas B. 54.789, "Levitán", sent. de 12-III-2008; B. 66.345, "Del Río", sent. de 26-XI-2008; B. 63.951, "T.C. Haedo S.R.L.", sent. de 3-XII-2008 y B. 56.739, "Gutiérrez", sent. de 18-III-2009; e.o.).
Así pues, no existen constancias en autos de los mayores costos generados durante el tiempo que insumió la obra para la reconstrucción de la mentada aeroestación comunal, ni referencias concretas a los plazos de ejecución, rubros afectados, su magnitud y procedencia. Ni aun al régimen específico de contratación respecto de su pago y facturación, circunstancia sobre la que volveré enseguida.
No ha invocado la actora la existencia de un Pliego de Bases y Condiciones que regulara jurídicamente la cuestión de los mayores costos para el caso concreto, ni agregado a la causa constancias referidas a ello, ni siquiera una mínima mención al marco jurídico que pudiera otorgarle alguna cobertura jurídica en las normas que rigen las contrataciones de obra pública municipal (OG 165/73 y, supletoriamente, ley provincial 6.021).
En relación a esto último, agrego que la actora no a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.