Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122205
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, nuevamente integrado, obre de conformidad con lo decidido.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.205, "G., P.M. contra Galeno ART S.A. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Genoud, Soria, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 284/289 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2018).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 328/334 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por P. M. G. (en su carácter de curadora definitiva de su hijo J. J. L. M.) contra Mapfre Argentina ART S.A. (actualmente Galeno ART S.A.; v. fs. 284/289 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que J. M. laboraba en relación de dependencia para la firma Bidarte S.A. (empresa afiliada a la aseguradora demandada) cuando, en ocasión de encontrarse recorriendo a caballo el campo de su empleadora, cayó y sufrió un golpe en la cabeza que le provocó lesiones de suma importancia.
Asimismo, tuvo por probado que la aseguradora abonó al trabajador la prestación dineraria establecida en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557 (conf. decreto 1.278/00); que depositó $180.717,07 en una cuenta a favor de Unidos Seguros de Retiro S.A. para el pago de la prestación prevista en el art. 15 apartado 2, párrafo segundo, de la citada ley (sin que exista constancia de las cuotas efectivamente abonadas); y que la parte actora había solicitado que la suma depositada le fuera entregada en un pago único, planteando, a esos fines, la inconstitucionalidad del mencionado precepto legal.
Sin perjuicio de ello -expresó el juzgador- con apoyo en el dictamen elaborado por el perito médico interviniente en autos, determinó que la incapacidad del accionante alcanzaba el 28% del índice de la total obrera y que, en ese contexto -en el que resultaba de aplicación lo normado por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557- el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad efectuado por el actor en su demanda respecto del art. 15 apartado 2 devenía abstracto. Agregó que, a su entender, se produciría un enriquecimiento sin causa si se ordenara a la aseguradora que pagara la misma prestación que ya había abonado (art. 1.794, Código Civil y Comercial de la Nación).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 33, 75 incs. 12, 22 y 23, 116, 121 y 122 de la Constitución nacional; 8 inc. 1, 25 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica; 2, 3, 7, 44, 103 inc. "a", 1.794 del Código Civil y Comercial de la Nación; 8 inc. 2 y 3, 10, 11 apartado 1, 14 apartado 2 inc. "a", 15 apartado 2, 17, 21, 22 de la ley 24.557; 34 incs. 4 y 5, 163 incs. 3, 4, 5 y 6, 358, 362, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial local; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2018).
II.1. En sustancia, sostiene que el juzgador interpretó de modo equívoco el material fáctico de la causa y, en clara transgresión al principio de congruencia, se apartó de los términos en que quedó trabada la litis y la cuestión que conformaba el pedimento de la actora relativo a solicitar que el saldo de la indemnización sistémica disponible para el trabajador -que había sido depositado en la compañía de seguros de retiro- fuera abonado en un pago único, previa declaración de inconstitucionalidad de lo establecido en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, de conformidad con lo resuelto por la Corte nacional en el precedente "Milone", y por este Tribunal en la causa L. 79.722, "Fernández" (sent. de 27-XI-2006; e.o.).
Señala que de los escritos constitutivos del proceso no surge controversia alguna sobre el grado ni el carácter de la incapacidad del actor, ni respecto de la legitimación pasiva de la aseguradora demandada, sino solamente sobre el modo en que aquél debía percibir las sumas ya depositadas a las que resulta acreedor en el marco del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo, teniendo en cuenta la incapacidad permanente del 70% del índice de la total obrera y la gran invalidez que oportunamente había establecido la Comisión Médica en el curso del procedimiento establecido por la citada ley. Por ello, insiste en subrayar que la cuestión estaba circunscripta a resolver la invalidez constitucional denunciada y que la absurda interpretación de la plataforma fáctica de autos condujo a declarar abstracto su tratamiento.
En ese contexto, añade que no resultan relevantes las conclusiones del perito médico -en que el tribunal de origen se apoya para decidir del modo en que lo hizo- en cuanto afirma que el trabajador presenta una minusvalía laboral parcial y permanente equivalente al 28% del índice de la total obrera, pues su informe -aduce- no es hábil para modificar el porcentaje de incapacidad que le otorgara la Comisión Médica y en virtud del cual la aseguradora depositara en la compañía de seguros de retiro el importe de la prestación que le corresponde al trabajador.
Desde otra perspectiva, reprocha, asimismo, que el sentenciante aludiera a un eventual enriquecimiento sin causa del actor, toda vez que -manifiesta- éste reclama sólo el remanente de las prestaciones dinerarias que le corresponde cobrar, deduciendo previamente las sumas ya percibidas bajo la forma de renta.
II.2. Por otro lado, denuncia infringido el art. 103 inc. "a" del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto -sostiene- se ha omitido oír al representante del Ministerio Público pupilar en el curso del proceso.
III. El recurso prospera.
III.1. Cabe señalar que el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acuerdo 3896/18), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte se limita, en principio, a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013).
No obstante lo expuesto, encontrándose en debate la validez constitucional del art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 planteada por el recurrente, se evidencia la presencia de una cuestión de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifica la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015).
III.2. Formulada dicha aclaración y, a los fines de abordar el principal agravio que contiene la impugnación, habré de hacer hincapié en las siguientes constancias de la causa.
En el veredicto, el tribunal de origen señaló que la parte actora en el escrito de inicio había solicitado que se estableciera que la incapacidad sufrida por el señor M. era definitiva y se dispusiera el pago de los rubros establecidos en la ley 24.557, mediante pago único y se adicionara como indemnización el complemento fijado en el art. 17 de la citada ley. Asimismo -puntualizó el órgano de origen- planteó la inconstitucionalidad del art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, argumentando que el pago en forma de renta periódica desnaturaliza la finalidad para la que fue establecida la prestación, vulnerando los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y concordante de la Constitución nacional.
Expresó también que la demandada en su responde había manifestado que, como consecuencia del accidente, había abonado al actor la suma que especificó en concepto de pago por incapacidad laboral permanente total y provisoria y que éste continuó percibiendo tanto las prestaciones dinerarias como en especie establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Destacó que el dictamen de la Comisión Médica n° 13 de Bahía Blanca daba cuenta que M., con un diagnóstico de desorden mental orgánico postraumático grado IV, presenta una incapacidad laboral permanente total y definitiva del 70% del índice de la total obrera y que la naturaleza de la contingencia que generó la incapacidad se corresponde con un accidente de trabajo y que el damnificado posee gran invalidez y se le otorgó prestación establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557.
Seguidamente, el tribunal puso de resalto que la parte actora había denunciado la existencia de un hecho nuevo. En ese sentido, indicó que había acompañado en autos la carta documento cursada por la demandada en la que esta última informaba el listado de las entidades que operan con la modalidad de renta vitalicia a fin de que eligiera una en la que sería depositado el monto correspondiente a la incapacidad permanente total y definitiva y se notificaba que emitiría el pago correspondiente a la prestación por gran invalidez determinada por la Comisión Médica.
Juzgó acreditado que la aseguradora había dado en pago la prestación adicional fijada en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557 y que se verificaba en autos el cumplimiento de lo establecido en el art. 15 apartado 2 de la ley citada, pues aquélla había depositado $180.717,07 correspondiente a la indemnización por incapacidad laboral permanente total y definitiva, en la Compañía Unidos Seguros de Retiro para que M. percibiera dicha suma en mensualidades de conformidad con lo dispuesto en el mentado precepto.
Destacó el juzgador que el propio actor había aclarado que aceptó dicho pago por la acuciante necesidad económica que estaba atravesando y bajo protesto en virtud de haber solicitado el pago único y la consecuente inconstitucionalidad de los artículos pertinentes de la Ley de Riesgos del Trabajo.
A la vez, desde otroángulo, expresó que el dictamen elaborado por la experta médica daba cuenta que la incapacidad que padece el actor es del 28% del índice de la total obrera y que la experta psicóloga señaló que no se detectaba "patología a nivel psiquiátrico". En ese marco -en el que resultaba de aplicación lo normado por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557-, como se adelantó, resolvió que el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad efectuado por el actor en su demanda respecto del art. 15 apartado 2 devenía abstracto. Añadió que, a su entender, se produciría un enriquecimiento sin causa si se ordenara a la aseguradora que pagara la misma prestación que ya había abonado (art. 1.794 del Código Civil y Comercial de la Nación).
III.3. Me he detenido a efectuar la precedente reseña pues, de la lectura armónica de los antecedentes expuestos en el pronunciamiento impugnado y de los argumentos que se desarrollan en el recurso, se advierte que acierta la impugnante en cuanto censura la evaluación de la plataforma fáctica llevada a cabo por el juzgador de origen, que lo condujo a declarar abstracto el tratamiento del planteo de invalidez constitucional del art. 15 apartado 2 de la ley 24.557.
Como se observa, el tribunal de grado arribó a tal decisión en un escueto párrafo (v. fs. 288), teniendo en consideración únicamente el dictamen del perito médico interviniente en autos y el porcentaje de incapacidad que allí se determinó, mas soslayó realizar un examen integral de las constancias obrantes en la causa (me refiero, especialmente, a la incapacidad -permanente total y definitiva- determinada en sede administrativa y al depósito que, teniendo en cuenta dicho guarismo, realizó la aseguradora demandada en favor de la Compañía Unidos Seguros de Retiro para el cumplimiento de la prestación prevista en el art. 15 apartado 2 -segundo párrafo- de la ley 24.557, extremos que el juzgador tuvo por demostrados en autos), resignando, de esa forma, desplegar un exhaustivo estudio del caso.
Tal sesgado análisis deja sin sostén la decisión, en tanto el juicio valorativo volcado en la sentencia no aparece como una derivación razonada de las circunstancias comprobadas en la causa.
En efecto, como con agudeza denuncia el interesado, se evidencia que el juzgador interpretó erróneamente el escenario fáctico planteado oportunamente por las partes y que, además, evaluó los elementos de juicio obrantes en la causa incurriendo en un razonamiento absurdo y quebrantando, a la par, el principio de congruencia consagrado por el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
No parece ocioso recordar que esta Corte reiteradamente ha declarado que dicho postulado se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (causas L. 117.223, "Santore", sent. de 19-II-2015; L. 119.668, "Díaz", sent. de 21-X-2016 y L. 118.803, "D., J. R.", sent. de 13-XII-2017).
También ha expresado que transgrede el señalado principio de congruencia el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en demanda y contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial (causas L. 118.117, "Reynoso", sent. de 14-X-2015 y L. 118.644, "Maguna", sent. de 11-II-2016).
Lo expuesto es suficiente para dar respuesta al agravio planteado.
En tales condiciones corresponde revocar el pronunciamiento de grado y disponer la remisión de la causa al tribunal de origen para que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda, atendiendo los planteos de las partes, las constancias objetivas del proceso y la prueba que estime conducente.
III.4. Finalmente, señalo que no resulta acertada la afirmación vinculada a la ausencia de intervención del Asesor de Incapaces en el trámite de las presentes actuaciones, pues la lectura de éstas permite corroborar la debida participación que ha tenido en ellas el representante del Ministerio Público.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance establecido en el apartado III.3. del presente.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Respetuosamente discrepo con la opinión de los colegas que me preceden en la votación pues, de acuerdo con consolidada doctrina legal de este Tribunal, no corresponde atender la denuncia de violación del principio de congruencia y de absurdo en el restrictivo marco de análisis que admite el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 98.025, "Giménez", sent. de 24-VIII-2011; L. 93.692, "Archetti", sent. de 14-III-2012; L. 119.574, "Sampetro", resol. de 11-V-2016; L. 120.304, "Reyes", resol. de 5-IV-2017 y L. 119.636 "Medina", sent. de 28-II-2018; e.o.).
I.2. La recurrente se agravia con fundamento -entre otros- en la vulneración de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 del Código Civil y Comercial de la Nación y 44 inc. "d" de la ley 11.653, "por la desinterpretación del material fáctico" que condujo al tribunal "...errada e incongruentemente, fallando extra petita y de modo autocontradictorio..." a declarar que la cuestión planteada en la demanda era abstracta. Pretende, en síntesis, dejar sin efecto la valoración de los escritos constitutivos y de la prueba obrante en la causa realizada por el juzgador que abrió paso al rechazo de su pretensión.
I.2.a. El tribunal de origen no se pronunció acerca de la validez o invalidez constitucional del art. 15 de la ley 24.557 que establece el pago de la indemnización sistémica en forma de renta, pues consideró que tal pronunciamiento, en el caso y atento el porcentaje de incapacidad que -según interpretó- padecía el trabajador, era abstracto.
Y, debo decir, lo expresado por la impugnante en cuanto que atento el contenido de los escritos constitutivos la única cuestión sometida a tratamiento del tribunal fue el modo en que el accionante debía percibir las sumas a las que resultaba acreedor en el marco del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo, no se compadece con las constancias del expediente en el que el actor reclamó -además de la cancelación en un pago único- la indemnización por accidente de trabajo por la suma de $378.000 (v. fs. 6/7) discriminada en suma fija, lucro cesante y gran invalidez (v. liquidación de fs. 14 vta.).
I.2.b. Luego, atento la insuficiencia del monto del agravio ante esta sede, no es posible revisar aquel entramado fáctico que tuvo por acreditado el a quo dadas las restricciones que, como ya se dijo, impone la vía de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley procesal laboral, correspondiendo por ello desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en su voto para desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido.
A todo evento, agrego, ningún argumento despliega el interesado en el medio de impugnación con el objeto de demostrar la configuración en el caso de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica (art. 55, ley 11.653); es más, sin otra explicación, el propio impugnante intenta justificar -erradamente- la admisibilidad del recurso alegando que valor de lo cuestionado en el pleito excede el mínimo fijado por la ley procesal.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Violini, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, nuevamente integrado, obre de conformidad con lo decidido.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
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