Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124845
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.845, "Iakich, María del Carmen contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otro. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó íntegramente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 862/892 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 903/915 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda que María del Carmen Iakich (en calidad de viuda del señor Adrián Guillermo Ibarra) promovió contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y Mapfre Argentina ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.- (v. fs. 862/892 vta.).
Para así resolver, tras valorar la prueba adquirida durante la sustanciación del proceso, si bien tuvo por acreditado que el día 12 de febrero del año 2007 el señor Ibarra sufrió un infarto de miocardio en el establecimiento de Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., consideró que no había resultado demostrada la relación causal o concausal entre el infortunio y posterior fallecimiento en su domicilio por patología cardíaca, ni con las tareas y el ambiente laboral en que las desarrollaba ese día -y los anteriores-, como tampoco que el evento dañoso hubiera sido causado por culpa del empleador o que este hubiese infringido el deber de seguridad.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional; 3, 10, 12, 36 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 902 y 1.109 del Código Civil (ley 340); 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 6 y 39 apartados 1 y 2 de la ley 24.557; 34 inc. 4, 141, 163 inc. 6, 338, 362 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 28, 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Inicialmente se agravia de la definición de grado que no admitió al infortunio como accidente de trabajo amparado por la ley 24.557, ya que -afirma- ocurrió durante la jornada laboral, prestando tareas habituales y en el establecimiento de la empleadora.
En ese sentido, alega que se trató de un hecho súbito y violento, acaecido en ocasión del débito laboral cumplido, encuadrando en las contingencias previstas en el art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Señala que la decisión recurrida afecta el deber de indemnidad que consagra el art. 39 de la Constitución provincial, y que se traduce en la obligación de reparar el perjuicio sufrido por los trabajadores en ocasión de la actividad lucrativa del empleador, que crea el marco en el que el daño acontece. Implica -continúa- una obligación contractual de resultado ante el perjuicio sucedido incluso en forma indirecta y ocasional, durante las prestaciones cumplidas por el dependiente y, aun, en el accidente in itinere .
Cita -en apoyo de su postura- pronunciamientos emitidos por tribunales de distintas jurisdicciones en donde se incluyó al síncope cardíaco o infarto en el campo de la legislación que protege a los infortunios en general.
Argumenta que el accidente cardiovascular sufrido por quien en vida fuera el cónyuge de la actora implica un hecho comprendido en las disposiciones del art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también consagra el principio de indemnidad ante el hecho sucedido en ocasión de las tareas prestadas, a partir de la teoría del riesgo profesional como forma objetiva de responsabilidad contractual, operativa del postulado constitucional alterun non laedere , y que obliga a la aseguradora de riesgos del trabajo dentro del régimen de la ley 24.557.
Con sustento en doctrina autoral refiere que la ley protege al trabajador más allá de la realización de las tareas, bastando que sufra el evento en su lugar y horario de trabajo, sin necesidad que esté desarrollando una labor en concreto en el momento del infortunio y, menos aún, que este sea el producto de dichas tareas.
Alega que, contrariamente a lo afirmado en el fallo, existe una adecuada relación de causalidad entre el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo y el fallecimiento del señor Ibarra, resultando la empleadora responsable por el pago de la reparación de daños y perjuicios. Es claro, agrega , que de haberse respetado tales reglas el accidente no hubiera acontecido.
En este aspecto, expresa que el perito médico en su informe señaló que sin perjuicio de los estudios médicos llevados a cabo el 18 y 19 de enero de 2007, debía realizársele al señor Ibarra un cateterismo cardíaco, y hasta tanto ello no sucediera la indicación debía haber sido de reposo absoluto con vasodilatadores.
Explica que tanto la empleadora como la aseguradora de riesgos del trabajo no cumplieron con la obligación de aportar las pruebas que se encontraban en su poder (originales de los legajos médicos), tal como fuera requerido oportunamente en la demanda bajo apercibimiento de la presunción legal del art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial.
Indica que tal omisión, sumada a la rebeldía decretada en autos respecto de la demandada Galeno ART S.A., tienen efectos procesales en cuanto a la violación de las normas que gobiernan el debido proceso judicial y hacen a la sana crítica. Señala que ello evidencia que ambas accionadas burlaron la normativa vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo ante la falta de realización de exámenes médicos periódicos, llevar la historia clínica, comunicar los diagnósticos por escrito a los profesionales, siendo tales requisitos impuestos por el art. 117 del decreto 7.488/72 y el decreto ley 19.587/73. Expresa que de haberse cumplido con estos recaudos se hubiera prevenido el infortunio.
Manifiesta que ninguna consideración merecieron en el fallo de grado estas presunciones legales que operan a favor de la actora, incurriendo el a quo en el absurdo de juzgar (sin prueba documental alguna -ya que fue desistida la pericial caligráfica- y por vía indiciaria) que el señor Ibarra se encontraba infartado en condiciones de conocer su estado y la gravedad del mismo y negarse a ser internado.
Expone que la conducta atributiva de responsabilidad también se verificó en el caso respecto de quienes atendieron médicamente al trabajador -ahora fallecido-, en tanto dichos profesionales otorgaron tratamientos que no responden a las prácticas conforme a la ciencia médica para quien se encontraba en una situación de infarto y tenía antecedentes de alta presión arterial y necesidad de reposo.
Aduce que esas circunstancias, acreditadas y apoyadas en las presunciones legales, son absolutamente ignoradas en el pronunciamiento apelado que, además, dio por probado en forma indiciaria que el señor Ibarra habría firmado una conformidad para no ser internado y poder ser trasladado a su domicilio.
Dice que es absurdo tener por probado mediante indicios un consentimiento que reglamentariamente debe prestarse por escrito; o por las declaraciones de profesionales que no estuvieron presentes en el hecho accidental y fueron traídos a juicio como testigos de la parte demandada, siendo autores de la violación de las normas de seguridad e higiene que debían regir su propia actuación.
En suma, asevera que la responsabilidad del empleador por no haber tomado las medidas que correspondían, para prevenir las consecuencias inmediatas que se desencadenaron luego de constatar los síntomas que determinaron la atención del trabajador por los profesionales médicos, resulta de las constancias de la causa.
III. El recurso no prospera.
III.1. El tribunal de grado juzgó demostrado que el accidente cardiovascular sufrido por el señor Adrián Guillermo Ibarra en dependencias de Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. no se hallaba desconocido, encontrándose corroborado por el testimonio de los compañeros de trabajo Herrero y Gaspardo, así como por Fernando Carlos Decuzzi, médico de la empresa demandada (v. fs. 863 vta.).
Estimó probado dicho órgano jurisdiccional que la empleadora no actuó con negligencia el día del accidente, dado que convocó en forma inmediata al servicio de emergencia médica contratada, acudiendo este último en pocos minutos, siendo el paciente revisado, efectuándosele electrocardiograma con recomendación de traslado e internación en ese momento. Sin embargo -continuó- el señor Ibarra rechazó la indicación de los facultativos, firmando el formulario de "no aceptación" previsto a tal fin por la empresa de urgencias EMECA S.A., quien convocó a su esposa para que lo traslade a su domicilio, esto es, la casa 232 de Villa Argentina, Quilmes, donde al llegar falleció por paro cardio respiratorio no traumático, a las 12:00 hs. del mismo día, 12 de febrero de 2007 (v. fs. 864 vta./865).
Teniendo en cuenta las dificultades que presentó la demostración de autenticidad de la firma de una persona ya fallecida (por no poder confeccionarse el "cuerpo de escritura"), y del incompleto informe pericial caligráfico de fs. 735/737 (en el que la experta no pudo determinar si las firmas cuestionadas pertenecían a Ibarra, adjuntando una foto en la que se lee "estudiante", lo cual daba la pauta de que fue estampada muchos años antes de trabajar para la Cervecería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y del episodio que le causó la muerte), el juzgador consideró suficiente a los fines de la demostración de autenticidad del instrumento de fs. 112, la prueba indiciaria basada en las manifestaciones de la profesional que intervino en la emergencia y del médico de la empresa, cuyas expresiones no habían sido desvirtuadas por prueba contraria (v. fs. 865 y vta.).
Señaló, además, que la firma en ese instrumento coincidía con el resto de la documental aportada por la empleadora, especialmente la de fs. 115/164, consistente en todos los estudios médicos periódicos efectuados durante los veintiséis años que duró la relación laboral, suscriptos por el señor Ibarra. Y, agregó, que aun cuando también habían sido desconocidos por la parte actora se hallaban corroborados por las declaraciones de los testigos Herrero (acercado por la parte actora), Gaspardo (traído por ambas partes), Decuzzi (médico de la empresa) y Lainez (proporcionado por la empleadora), cuyas manifestaciones claras, sinceras y coincidentes, no desvirtuadas por prueba contraria, sobre la efectiva realización de estudios médicos periódicos anuales y completos a todos los trabajadores, llevaron al sentenciante a la convicción relacionada con la autenticidad y validez de los mismos (v. fs. 865 vta.).
Ponderó que la doctora Andrea Padín, médica que trabajaba para EMECA S.A. y que atendió al señor Ibarra el día 12 de febrero de 2007, en la audiencia de vista de la causa reconoció expresamente el contenido y firma de los instrumentos de fs. 112 y 113, manifestando además que había completado también de su puño y letra estos formularios de "conformidad de atención" y de "no consentimiento del acto médico". Aclaró a su vez que tales documentos se confeccionan y suscriben en el mismo momento de la atención de emergencia, antes de retirarse los profesionales del lugar (v. fs. 866).
En lo que concierne a las tareas y su modalidad de realización descriptas por la actora en la demanda, a las que le atribuyó el carácter estresantes, el tribunal tuvo por demostrado (con la prueba testimonial y pericial contable) que las labores desempeñadas por Ibarra como Analista Planificador de Insumos en el área administrativa de Logística de la empresa (cumpliendo un horario de 8 a 17 hs., sin realización de horas extra, ni en días sábados, francos o feriados, con descansos anuales en forma adecuada), eran de escritorio, sin exigencias diferentes ni superiores a las de cualquier trabajo ordinario ("eran rutinarias" dijo Gaspardo, testigo común de ambas partes); no implicaban gran responsabilidad; prestadas en un ambiente normal; sin personal a cargo; existiendo un buen trato con sus compañeros y superiores; y que concurría a almorzar a su domicilio, muy cercano al establecimiento. Asimismo, que el sistema TBE (de trabajo por equipos) no había sido implementado en el sector administrativo donde aquel trabajara; sin que existieran grandes ni significativas reducciones de personal entre los años 2002 y 2007 (v. fs. 866 vta./868 vta.).
Merced a la calidad de las tareas demostradas y a tenor del ambiente laboral y organización del trabajo en que las mismas se desarrollaron, no consideró probado el a quo que constituyeran factores estresores o detentaran un carácter nocivo o estresante, ni que el mismo pudiera calificarse de intenso y sostenido en el tiempo (v. fs. 868 vta. y 869).
Con la pericia médica, aclaraciones y explicaciones brindadas por el experto en la audiencia de vista de la causa tuvo por acreditado que Ibarra padecía un cuadro de isquemia cardíaca por enfermedad ateroesclerótica y que la causa respondía principalmente a la suma de sus factores hereditarios, su dislipemia, el tabaquismo y la hipertensión. Concluyó que de comprobarse que el trabajador estuvo sometido en el ambiente laboral a situaciones de estrés sostenido en el tiempo y de una intensidad superior a la común, dicho factor pudo haber actuado como agravante de la enfermedad con una participación de entre el 10 y 15%, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los otros factores intervinientes (v. fs. 869 y vta.).
Valoró que dicho profesional indicó que resultaba verosímil presumir que el paro cardio respiratorio fue causa directa de la enfermedad isquémica cardíaca diagnosticada en enero de 2007 y, por la cual, no se encontraba en condiciones de trabajar, especificando que luego de la ergometría y perfusión miocárdica del mes de enero de 2007 al paciente debería habérsele practicado inmediatamente un cateterismo y hasta tanto ello no sucediera, la indicación debía ser de reposo absoluto y vasodilatadores coronarios. También, que en la audiencia de vista de la causa explicó que Ibarra ya tenía factores de riesgo cuando ingresó a trabajar (antecedentes hereditarios, tabaquismo). Luego, contestando a una pregunta efectuada por el tribunal sobre si en esas condiciones y por sus propios factores de riesgo iba camino al infarto, trabajara o no, el perito contestó que sí. Finalmente aclaró que, si el paciente se niega a ser trasladado, no siendo menor o insano y estando consciente, no se lo puede obligar, conforme los dictados de la ley 26.529 (v. fs. 870).
En relación a los estudios médicos particulares adjuntados por la actora (Eco Doppler de vasos de cuello del 1 de abril de 2004; presurometría del 3 de diciembre de 2004; ergometría del 13 de diciembre de 2006 y perfusión miocárdica del 18 de enero de 2007), sostuvo el sentenciante que no se demostró que hubieran sido puestos en conocimiento de Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.; pues ninguna prueba se había aportado al respecto (v. fs. 870 in fine y vta.).
Ante la falta de comprobación de la calidad nociva y estresante de las tareas desempeñadas y el ambiente laboral en que se cumplían, sumado a la existencia de claros y comprobados factores de riesgo (hereditarios, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, sedentarismo), entendió el tribunal que no se hallaba acreditada la relación de causalidad o concausalidad entre las labores y/o ambiente laboral desempeñadas a las órdenes de la empresa Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y la patología cardíaca que portaba el trabajador (v. fs. 870 vta.).
De igual modo, no halló comprobado que el día 12 de febrero de 2007 -ni los anteriores- el señor Ibarra hubiera sufrido episodios de angustia o estrés, ni discusiones con sus compañeros o superiores, ni sobrecarga de ritmos de trabajo o evento alguno que pudiera haber resultado nocivo para su salud (v. fs. 870 vta. in fine y 871).
En tales condiciones, el órgano de grado juzgó que la empleadora actuó respecto a la salud de Ibarra dando acabado cumplimiento a los deberes derivados del contrato de trabajo y a la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, no existiendo prueba de que lo hubiera realizado con negligencia, imprudencia o culpa. También respecto de la conducta demostrada en los sucesos del día 12 de febrero de 2007 que desembocaron en el infarto de miocardio y posterior fallecimiento de su dependiente, en tanto no se demostró que ese día hubieran existido factores estresores que incidieran negativamente en la salud de este último (v. fs. 871 vta./872 vta.).
Con sustento en la interpretación del escrito de responde y de la contestación de la citación como tercero de EMECA S.A., la prueba testimonial, pericial contable, las constancias del informe elaborado por el perito ingeniero en electrónica, el protocolo de procedimientos específicos adjunto a fs. 500/507 y los formularios de fs. 112 y 113 (de "conformidad de atención" y "no consentimiento del acto médico") el juzgador de origen consideró probado que la empresa de emergencias médicas, como la doctora Andrea Padín, actuaron en la urgencia con la debida y legalmente prescripta diligencia, especialidad y prudencia que la situación requería. Ello así debido a que concurrieron al lugar de la prestación en el término de cinco minutos y atendieron al señor Ibarra mediante revisación y confección de electro cardiograma, por el lapso de treinta y nueve minutos, efectuando un diagnóstico y recomendación de traslado e internación acertados a juicio del perito médico doctor Bermúdez (quien así lo declaró en la audiencia de vista de la causa ante el tribunal de trabajo), encontrándose con la negativa consciente de aceptación de la prescripción médica, la que fue instrumentada y firmada por el paciente en el pertinente formulario al efecto; que debió ser aceptada por los profesionales intervinientes al ser una prerrogativa prevista por la ley 26.529, retirándose entonces estos últimos del lugar (v. fs. 873 vta . in fine /875 vta.).
Con ese sustrato fáctico, en la sentencia el tribunal de grado brindó tratamiento, en primer lugar, al reclamo articulado contra la aseguradora de riesgos del trabajo por el cobro del resarcimiento tarifado previsto en la ley 24.557 (v. fs. 882 vta. in fine y sigs.).
En ese orden, indicó que la parte actora debió demostrar a los fines de la percepción de las prestaciones previstas en el art. 18 de la referida ley, el acaecimiento de un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, que derivara en la muerte del señor Ibarra el día 12 de febrero de 2007 (v. fs. 883).
Sin embargo, precisó el a quo , no se logró demostrar la relación causal o concausal entre las tareas y el ambiente laboral en que desarrollaba ese día -y los anteriores- el señor Ibarra su trabajo, y la patología cardíaca que provocó su fallecimiento, es decir, no se comprobó que el acontecimiento súbito que lo llevó a la muerte hubiera ocurrido por el "hecho" del trabajo (v. última fs. cit.).
Tampoco, agregó, que el infarto de miocardio hubiera ocurrido por la "ocasión" del trabajo, pues para que eso sea posible, se debe estar en presencia de una "ocasionalidad o condición relevante". Es decir, explicó, que el trabajo no ha sido la causa eficiente pero ha facilitado o favorecido que esta actúe y no debe confundirse con la "contemporaneidad", dado que a los fines de imputar autoría no basta que el episodio haya ocurrido "en" el trabajo o "durant
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