Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124197
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida y lo normado en el decreto ley 8.904/77, regule nuevamente los honorarios de los letrados intervinientes.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.197, "Lugani, Fernando Daniel contra Siderca S.A.I.C. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 355/358).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 382/390 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones que inició Fernando Daniel Lugani contra Siderca S.A., procurando el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa derivada de las afecciones que -según sostiene en la demanda- padece como consecuencia del accidente que protagonizó el día 24 de agosto de 2009 mientras prestaba tareas bajo relación de dependencia de la accionada.
Para así decidir estableció que, si bien el actor había activado el proceso frente a una intimación previa -cursada en los términos del segundo párrafo del art. 12 de la ley 11.653-, "dejó transcurrir nuevamente un plazo superior a seis meses sin impulsar la causa, ello cuando la intimación se efectuó ya vigente la reforma del art. 315 del C.P.C.C." (fs. 356 y vta.).
En ese sentido, destacó que "la reforma [...] mencionada habilita la declaración de caducidad, sin necesidad de reiterar el emplazamiento, por el mero transcurrir del plazo de seis meses sin registrarse impuso procesal útil" (fs. cit.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el análisis de las constancias del proceso revela la existencia de actividad procesal que el a quo debió realizar de oficio (v. fs. 383).
Agrega que, sin perjuicio de ello y previo a decretar la caducidad, el juzgador debió cursar una nueva imitación según lo previsto en el art. 12 segundo párrafo de la ley 11.653 (v. fs. cit.).
Explica que la perención de la instancia constituye una medida excepcional y por lo tanto de aplicación restrictiva, especialmente en el proceso laboral en el que el tribunal del trabajo tiene un rol protagónico (v. fs. 383 vta.).
A su vez, plantea "la inconstitucionalidad del art. 12 segundo párrafo de la ley 11.653, por considerar que su aplicación al presente caso transgrede derechos esenciales [...] en tanto posibilita el abuso del derecho que implica el mantenimiento de la declaración de caducidad de la instancia" (fs. 384).
En apoyo de su crítica, cita doctrina legal sobre el mentado instituto (v. fs. 384 vta./385).
Por otro lado, indica que el sentenciante incurrió en absurdo porque impuso las costas a su parte, sin tener en cuenta que pudo considerarse con derecho a litigar sobre la base de los informes periciales obrantes en la causa n° 9.225/10, en trámite ante el mismo órgano judicial. En ese orden, invoca precedentes de esta Corte y postula que se distribuyan en el orden causado (v. fs. 385 vta./387).
Finalmente, alega que el a quo al regular los honorarios de los profesionales intervinientes sobre las pautas establecidas en el nuevo régimen de la ley 14.967 se apartó de la doctrina legal sentada en la causa I. 73.016, "Morcillo" (resol. de 8-XI-2017) y de las previsiones del decreto ley 8.904/77 -que considera- aplicable al caso (v. fs. 387).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente es menester destacar que, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado respecto al límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141-, el tribunal de grado concedió el recurso sub examine en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 394 y vta.), decisión que no mereció objeciones.
En estas condiciones, no encuentro que las restricciones procesales que impone la referida norma deban ceder en virtud del lacónico y genérico planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 11.653 que formula el recurrente. Ello así, puesto que -más allá de que el fundamento del fallo estriba en el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 13.986; v. fs. 356 y vta.)- ningún argumento despliega el interesado con el objeto de demostrar la invalidez constitucional de dicha norma o la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica del asunto.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e.o.).
III.2. En este estricto marco de análisis, el primer agravio que porta la impugnación no se muestra idóneo para transitar la vía excepcional referida, toda vez que las doctrinas que invoca el recurrente en esta parcela fueron elaboradas en torno a las concretas previsiones de una norma adjetiva (art. 12, ley 11.653).
Por otro lado, el análisis que propone -sobre las constancias del proceso y la actividad desplegada para impulsarlo- se vinculan con una cuestión de índole fáctica, cuya definición constituye una facultad privativa de los jueces de grado, como lo es determinar si se encuentran reunidas -o no- las condiciones de procedencia del instituto de la caducidad de la instancia.
Al respecto, esta Suprema Corte expresamente ha declarado que carece de aptitud para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, la denuncia de violación de doctrina vinculada a disposiciones de carácter procesal o bien a la apreciación de cuestiones de índole fáctica (causa L. 116.690, "Pando", resol. de 1-VIII-2012; e.o.).
III.3. Igualmente inadmisible es el cuestionamiento a la imposición de costas pues, tratándose también de una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y típicamente de hecho, resulta extraño a la hipótesis excepcional antes mencionada (causas L. 89.437, "Oliveri", sent. de 12-IX-2007; L. 98.017, "Alegro", sent. de 31-VIII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012 y L. 121.504, "Tala", sent. de 21-XII-2020).
III.4. En cambio, corresponde admitir y declarar procedente el reproche destinado a objetar la aplicación de la ley 14.967 (B.O. de 12-X-2017).
Conforme se ha resuelto en la causa I. 73.016, "Morcillo" (resol. de 8-XI-2017), citada por el agraviado, la regulación de honorarios debe efectuarse según las pautas establecidas por la norma vigente al momento en que fueron realizados los trabajos, es decir, si se ejecutaron estando en vigor el decreto ley 8.904/77 -como acontece en el caso- deben utilizarse las previsiones allí instituidas, correspondiendo aplicar la ley 14.967 y la unidad arancelaria (ius) para las labores desarrolladas a partir de su fecha de entrada en vigencia (21 de octubre de 2017; causa B. 60.538, "García", sent. 27-XII-2017).
En consecuencia, en el sub lite , en el que los trabajos se realizaron estando en vigor el decreto ley 8.904/77, a los fines de la fijación de estipendios corresponde utilizar los parámetros establecidos en dicho dispositivo.
En atención a lo señalado, propongo revocar la sentencia de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida y lo normado en el decreto ley 8.904/77, regule nuevamente los honorarios de los letrados intervinientes.
IV. Por lo dicho, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión atacada con el alcance indicado en el apartado precedente.
Costas de esta instancia en el orden causado, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. De modo liminar, he de aclarar que la resolución atacada que declara la caducidad de la instancia debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 110.885, "Alonso", sent. de 22-VIII-2012 y L. 111.555, "Orfano", sent. de 20-III-2013; e.o.).
I.2. Sentado ello, adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.3. Respecto del agravio dirigido a controvertir la caducidad de instancia declarada en autos, coincido con el ponente en orden a la inadmisibilidad del embate.
Sin embargo, me veo en la necesidad de formular algunas consideraciones vinculadas con mi posición personal en torno a la doctrina legal que habilita el examen en el acotado marco previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Tal como lo señalé al emitir mi voto, entre otras, en las causas L. 82.176, "Giménez" (sent. de 30-XI-2005) y L. 87.476, "Pardo" (sent. de 29-VIII-2007), soy de la opinión que la doctrina legal aprehendida por dicha hipótesis de excepción resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma.
Ahora bien, aun desde esta última perspectiva, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en el ciado art. 55 del régimen procesal laboral local se impone nítida. Ello así, desde que la impugnante trae a consideración reproches insoslayablemente vinculados a cuestiones atingentes a un análisis privativo del tribunal de origen, como lo es determinar si, en un caso dado, se configuraron -o no- las condiciones para decretar la caducidad de la instancia (causas L. 103.756, "Davila", sent. de 6-VII-2011 y L. 118.115, "Gaita", resol. de 24-IX-2014).
Dicho ello, suscribo lo indicado por mi colega -exclusivamente- en el segundo párrafo del punto III.2. de su propuesta.
I.4. Luego, adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.3. y III.4. de su voto.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad deducido, con el alcance expuesto en el punto IV de la opinión inaugural.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani.
En relación a la temática abordada en el apartado III.4. de su sufragio debo decir que esta Corte ha señalado de modo inveterado, que las decisiones adoptadas por los tribunales colegiados en materia de honorarios no son, en principio, recurribles ante esta instancia extraordinaria. Así se ha establecido con alcance de doctrina legal, tanto respecto de las disposiciones del decreto ley 8.904/77, como de la ley 14.967 (causas Ac. 93.300, "Lemba", resol. de 21-IX-2005; L. 83.688, "Municipalidad de San Miguel", resol. de 24-V-2006; L. 118.495, "Ruiz", resol. de 17-XII-2014 y L. 121.480, "Andresiuk", resol. de 21-VI-2018). Sin embargo, también se ha resuelto que tal regla debe ceder en situaciones de excepción cuando se hallan en pugna determinadas garantías, como ser: la afectación del derecho del letrado a la regulación de sus estipendios; supuestos de confiscatoriedad; aplicación de normas arancelarias inadecuadas, o cuando la decisión en crisis que provenga del mero arbitrio del juzgador (causas C. 116.935, "Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726/90", resol. de 7- VIII-2013; L. 101.196, "F., S.", sent. de 18-VI-2014; L. 123.686, "Brovessard", resol. de 13-XI-2019 y L. 125.159, "Perugini", resol. de 1-VI-2020).
En la especie se configura una de las situaciones de excepción mencionadas. En efecto, al amparo de la doctrina que individualiza en su apoyo, la impugnante logra poner en evidencia los motivos que permiten apartarse del principio que rige la materia examinada, quedando expedita la vía extraordinaria y correspondiendo, tal como se lo explica en el voto al que adhiero, hacer lugar al recurso en este tramo.
Por las razones expuestas y con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida y lo normado en el decreto ley 8.904/77, regule nuevamente los honorarios de los letrados intervinientes.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:20:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:44:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:14:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:53:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 08:14:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia