Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121334
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.334, "Mano, Patricio Adrián contra Difusora Austral S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida, con costas en el modo que especifica (v. fs. 339/369 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 381/387 vta. y 388/426 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 431/432 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Patricio Adrián Mano inició demanda contra Editorial La Capital S.A. y Difusora Austral S.A. procurando el cobro de haberes adeudados, vacaciones, sueldo anual complementario, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 1 y 2 de la ley 25.323; 43 inc. "d" de la ley 12.908 (conf. modif. ley 16.792) y 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 13/25 vta.).
Sostuvo haber laborado como periodista con el rango de redactor (art. 23 inc. "d" de la ley 12.908) en el grupo económico conformado por las empresas del rubro de las demandadas, específicamente para el "Diario La Capital de Mar del Plata" (perteneciente a Editorial La Capital S.A.) y la emisora radial "LU9 Radio Mar del Plata" (propiedad de difusora Austral S.A.), atribuyéndoles -al margen de señalar que prestó servicios en forma conjunta para ambas firmas- responsabilidad solidaria en los términos del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 13).
Señaló haber ingresado a trabajar el día 5 de abril del año 2003, realizando al momento del distracto (5-IX-2012) todo tipo de tareas atinentes a su categoría en la sección deportiva de las demandadas. Destacó que en el "Diario La Capital de Mar del Plata" editaba cables nacionales e internacionales, realizaba notas propias y entrevistas, reemplazaba a sus compañeros cuando estaban de vacaciones y hacía viajes para cubrir eventos deportivos, así como también que los dos últimos años tuvo a cargo la íntegra realización y edición del suplemento infantil "De los Pibes y la Familia" que salía los días jueves con el diario. También que en la "LU9 Radio Mar del Plata" efectuaba transmisiones deportivas como comentarista (dentro y fuera de la ciudad) y durante la programación de la emisora se desempeñaba como periodista cumpliendo turnos de seis horas diarias (v. fs. 13/14).
I.2. A su turno, ambas accionadas en sus respectivos respondes negaron los hechos relatados en el escrito inicial y rechazaron cualquier tipo de vinculación con el señor Mano, expresando que jamás prestó servicios para ninguna de ellas (v. fs. 45/50 y fs. 65/70 vta.).
I.3. El tribunal de grado, por mayoría, desestimó la demanda interpuesta (v. fs. 339/369 vta.).
Para así decidir, luego de enunciar los elementos de juicio adquiridos en la causa (documental, informativa, testimonial, pericial contable y caligráfica), sostuvo que dichos medios probatorios debían cotejarse con lo dispuesto por el art. 2 del Estatuto Profesional del Periodista (EPP), en cuanto establece como requisitos para atribuirle a una persona la calificación de periodista profesional que las tareas que realiza sean de índole periodística, trabajo regular y retribución pecuniaria (v. vered., fs. 341/348 vta.).
Ponderó que en el caso, negada por ambas accionadas la existencia de un vínculo de naturaleza laboral y en vista a las categorías establecidas por el art. 23 del aludido estatuto, debía indagarse si las notas que el demandante realizó a favor de cada una de ellas, cuestión que tuvo por verificada a la luz de la pericia caligráfica producida en la causa, habían sido llevadas a cabo en la condición de redactor como invocaba en el escrito de inicio (art. 23 inc. "d", ley 12.908), o como un colaborador permanente u ocasional (v. vered., fs. 348 vta. y 349).
Bajo ese esquema, habida cuenta de que surgía de la prueba testimonial y de la mayoría de las notas periodísticas del señor Mano que era especialista en el ámbito deportivo y casi exclusivamente en fútbol, dado que todos sus escritos eran sobre dicha especialidad y con apreciaciones subjetivas sobre el tema; y no sobre noticias en general o de índole general, como el redactor ("encargado de redactar notas de carácter informativo, a las que realiza apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general [...] realiza notas con comentarios generales y apreciaciones subjetivas sobre las noticias que se van seleccionando en el medio: hoy un tema, mañana otro"), consideró que debía catalogarse al actor como "colaborador" del órgano periodístico (v. vered., fs. 349/351).
Siguiendo ese razonamiento y a fin de verificar su condición de periodista profesional según lo dispuesto en la ley 12.908, se dispuso a determinar si se trataba de un colaborador permanente u ocasional. Destacó que en el primero de los supuestos, para probar una relación de dependencia, debe acreditarse (y la carga es de quien lo invoca) que se han realizado no menos de veinticuatro trabajos en el año para la organización periodística (más allá de si su cómputo es por año calendario o aniversario), de no probarse esa circunstancia, entra en la segunda variante, resultando un auxiliar no dependiente de la empresa y, por tanto, excluido del ámbito de aplicación del Estatuto Profesional del Periodista (v. vered., fs. 351/352).
En ese cometido, señaló que en el caso del actor había algunos períodos en que se superaban las veinticuatro publicaciones anuales realizadas para la Editorial La Capital S.A., mientras que en otros la relación se interrumpía porque no había ninguna nota periodística de su autoría, sin que advirtiera que el diario se hubiera negado a recibirlas. Refirió que en tanto la calidad de colaborador permanente no se adquiere de una vez y para siempre, sino que debe mantenerse de un año al otro con el adecuado número de publicaciones a menos que existan motivos justificados (razones de salud, por ejemplo) que lo impidan. Adunó que tampoco puede la empresa hacerle perder dicha calidad al trabajador rechazando sus colaboraciones en forma sistemática (v. vered., fs. 352/355).
Luego, juzgó que respecto al suplemento infantil que el actor alegaba haber tenido a su cargo, no logró demostrar su autoría, es decir, que lo haya escrito, dirigido o editado (art. 375, CPCC). También que en relación a la invocada dependencia con Difusora Austral S.A. tampoco evidenció que hubiera cumplido con los veinticuatro anuncios radiales por año y que el programa de radio en que el relataba y comentaba fútbol pertenecía a una productora independiente que compraba o alquilaba el espacio, por lo que su participación era como colaborador de espacios en producciones independientes (v. vered., fs. 352 vta./355).
Tuvo entonces por acreditado que el accionante ingresó como dependiente de la firma Editorial La Capital S.A. el día 12 de octubre de 2003 (con su publicación veinticuatro), trabajando en forma ininterrumpida hasta fines del año 2005 y que desde enero del 2006 a diciembre (inclusive) del 2009 hubo disolución de la relación laboral; luego, en enero del año 2010 reinició el vínculo con la firma demandada hasta el final del año 2011 y en el 2012 sólo realizó tres notas periodísticas (de fecha 21 de junio y 17 y 23 de agosto) hasta que se produjo el distracto en diciembre de ese año. Consideró entonces que el contrato no se mantuvo durante el año 2012, desempeñándose ese período como colaborador ocasional y no permanente, es decir, no dependiente de la accionada (v. vered., fs. 355/356 vta.).
Ya en la sentencia, concluyó que en atención al resultado al que se arribara -por mayoría- en el fallo de los hechos, el accionante carecía de permanencia en la época que decidió emplazar fehacientemente a la demandada para que le asigne tareas y registre el vínculo, por lo que no le era exigible a ésta dicha obligación, ya que el señor Mano no se desempeñaba en calidad de redactor (art. 23 inc. "d" de la ley 12.908), ni reunía al momento del despido la cantidad de notas para calificarlo como colaborador permanente y por lo tanto dependiente de aquella (art. 23 inc. "e", ley 12.908). Sostuvo que las veinticuatro colaboraciones deben computarse anualmente y mantenerse año tras año para obtener la calificación de permanente en dependencia de la empresa; sin que se hubiera demostrado en el expediente que la demandada le hubiera hecho perder esa calidad rechazando sus colaboraciones de manera sistemática o que hubiesen existido motivos de salud que hayan impedido al actor cumplir dicho requisito. Asimismo, que respecto de la firma Difusora Austral S.A. tampoco cumplió el demandante con las veinticuatro publicaciones anuales que exige la norma estatutaria, por lo que fue considerado como un colaborador ocasional o colaborador de espacios en producciones independientes. En consecuencia, consideró abstracto el tratamiento de otras cuestiones y dispuso el rechazo de la demanda (v. sent., fs. 366 vta. y 367).
II. Contra esa decisión, la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 381/387 vta. y 388/426 vta.), fundando este último en la denuncia de absurdo y violación de los arts. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 37, 48, 50, 52, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 90, 99, 103, 105, 150, 231, 232, 242, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 10, 11, 15, 39 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 39, 44 inc. "d", 47 y 48 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 375, 384, 386, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 69, 72, 73 y 74 de la ley 24.013; 1 y 2 de la ley 25.323; 3, 4 y 5 del decreto 2.725/91; 2, 23, 28, 30, 43 y 81 de la ley 12.908 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 388/426 vta.).
En lo esencial, plantea los siguientes agravios:
II.1. Impugna por absurda la conclusión del a quo en cuanto consideró que el trabajador se desempeñó como "colaborador".
Reprocha el análisis de la prueba llevado a cabo por el juzgador para arribar a esa definición, a la vez que aduce que el "colaborador" es una persona externa a la empresa, un pseudo empresario, a diferencia del demandante que estaba inserto en la organización del multimedios, con un lugar propio en el diario y en la radio, siendo sus tareas en el área de deportes las habituales de ambos medios, por lo que era un periodista y no un colaborador.
Postula que esa burda calificación condujo al tribunal a analizar la cantidad de notas escritas y avisos radiales (servicios) que supuestamente habría realizado el actor individualmente para cada medio accionado, omitiendo considerar que se planteó (y, a su juicio, demostró) la existencia de un grupo económico entre las empresas.
Aduce que aún situados en el absurdo e ilógico razonamiento expuesto en el voto mayoritario y tomando en cuenta el último año aniversario (conforme jerarquizada doctrina), se corrobora que durante ese período (desde el día 4-IV-2011 hasta el día 4-IV-2012, dada su fecha de ingreso) el demandante publicó veinticuatro notas firmadas (sin contabilizar el suplemento infantil ni la actividad en la radio), por lo tanto, según el propio criterio del tribunal, encuadraba dentro de la calificación de "colaborador permanente" y estaba incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto del Periodista Profesional.
II.2. Alega que el razonamiento expuesto en el voto de la mayoría desvirtúa la forma en que quedó determinado el objeto procesal.
Refiere que ante la postura asumida por cada una de las partes (en cuanto el actor afirmó la existencia de un contrato de trabajo y la demanda negó cualquier tipo de vínculo con este) y habida cuenta de que fue reconocida en la sentencia la prestación de servicios durante algunos períodos, debió aplicarse al caso la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Afirma que el voto de la mayoría considera que por ser el accionante un especialista en temas deportivos le estaría vedado ser redactor, pasando entonces a ser un "colaborador" y, en esa inteligencia, concluye -absurdamente- que la cantidad de notas rubricadas por su parte durante el último año de la relación habida con cada una de las demandadas no alcanza para considerarlo un empleado dependiente; a la vez que entiende que los períodos en los que sí hubo una vinculación laboral quedaron tácitamente disueltos.
Sostiene que el razonamiento del tribunal ha sido elaborado en base a circunstancias que no fueron planteadas en la causa, resultando violatorio del principio de congruencia y afectando su derecho de defensa.
II.3. Insiste en señalar que en el fallo no se consideró adecuadamente la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina, desde que reconocida en la sentencia la prestación de servicios en determinados períodos, la solución no podía ser otra que presumir la existencia del contrato de trabajo durante todo el tiempo invocado al demandar. Agrega que si existía alguna duda en el juzgador debió aplicar el principio in dubio pro operario .
II.4. Explicita los argumentos por los que entiende transgredidos los arts. 12 y 58 de la ley 20.744, ello, esencialmente al entender que durante épocas el vínculo se extinguió sin ante la presunción de renuncia efectuada en el voto del fallo que obtuvo mayoría.
II.5. Plantea que en el caso no se abordó la invocada existencia de un grupo económico conformado por las empresas demandadas. Alega que las constancias obrantes en la causa convalidan su postura y que además dicho grupo económico ya ha sido reconocido en otro pronunciamiento del mismo tribunal que cita.
II.6. Refiere también que se ha omitido analizar el reclamo por la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y, a su vez, se ha rechazo la pretensión por el cobro de la sanción contenida en esa norma.
II.7. Finalmente, manifiesta que el fallo transgrede el art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto al haberse negado maliciosamente la accionada a acompañar la documentación en su poder (ejemplares del "Diario La Capital de Mar del Plata") debió aplicarse al caso la presunción prevista en la norma.
III. El recurso prospera.
III.1. He de señalar inicialmente que la razón que me conduce a abordar, en primer término, el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley se justifica en la inexorable gravitación que reviste el resultado que se obtenga en la presente cuestión para evaluar el progreso de los agravios esgrimidos en el carril impugnativo de nulidad deducido.
III.2. Aclarado ello, considero que acierta el recurrente cuando denuncia que el tribunal de grado incurrió en absurdo y desatendió el planteo propuesto por los litigantes.
La sola lectura del relato de los antecedentes permite advertir que la decisión del órgano de grado se desentiende del sustrato fáctico sometido a su conocimiento, estructurándose sobre la base de un encuadre del caso desajustado de la pretensión deducida en la demanda y de la postura defensiva asumida en el responde.
En efecto, al circunscribir su análisis a las notas periodísticas y los avisos radiales efectuados por el accionante en cada medio demandado (Diario y Radio) para determinar si su desempeño respondía a la pretendida condición de "redactor" o se trataba de un "colaborador permanente u ocasional" del órgano periodístico, el tribunal de origen no sólo se apartó de los términos en que fue deducida la acción (sustentada en la invocada relación de dependencia basada en múltiples tareas cumplidas por el reclamante como periodista en la categoría de redactor a favor del grupo económico conformado por las empresas demandadas), sino que resolvió la controversia sobre la base de un supuesto (colaborador permanente u ocasional) que no había sido planteado por ninguna de las partes, además de endilgarle al señor Mano ser un especialista en deportes (fútbol) por el sólo hecho de haber estudiado periodismo deportivo y que sus notas mayoritariamente eran relativas al deporte. Al proceder de tal modo, el a quo excedió claramente el marco en que había quedado encuadrado el caso.
Tal abordaje además encontró como único soporte probatorio el resultado de la pericia caligráfica y la alusión a algunos de los testimonios recibidos en la causa, permaneciendo los restantes elementos de juicio enunciados en el voto de la mayoría desprovistos de todo análisis valorativo.
Luego, no surge del fallo de los hechos evaluación alguna que evidencie la jerarquización, ponderación y comparación necesaria para decidir, respecto del material probatorio evaluado, ni las conclusiones fácticas que de los mismos pueden derivar, y que son esenciales para sustentar la correcta decisión que es dable aguardar de un adecuado pronunciamiento judicial (causa L. 51.266, "Delgado", sent. de 27-IV-1993).
En definitiva, el razonamiento plasmado -por mayoría- en el pronunciamiento de grado no es el resultado del necesario análisis de los planteos formulados por las partes, lo que se traduce en la falta de un examen detenido del tema sometido a juzgamiento, que dista de constituir un fundamento suficiente para decidir el caso.
Se configura en el fallo impugnado aquel error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 94.502, "M., J. M.", sent. de 18-VIII-2010; L. 110.362, "Douton", sent. de 14-VIII-2013; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017 y L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018).
Cabe agregar que la litis determina los límites de los poderes del juez, quien debe pronunciarse sólo sobre lo que se peticiona: la regla iura novit curia tiene como valladar el de no alterar la relación procesal; quebrantándose el principio de congruencia cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento respecto de la persona, el objeto o la causa de la pretensión (causas L. 99.702, "Da Silva", sent. de 30-III-2011; L. 107.944, "Maldonado", sent. de 5-XII-2012 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e. o.).
Lo expuesto es suficiente para revocar la sentencia de origen. Por lo tanto, y sin que ello implique abrir juicio sobre el acierto sustancial del planteo contenido en la demanda, deben devolverse las actuaciones al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces, renovando los actos procesales que estime necesarios y, respetando las posturas asumidas por las partes, dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.3. La solución que se propicia, me releva de pronunciarme respecto del planteo en torno a la invocada existencia de un grupo económico conformado por las empresas demandadas, como así también en relación a los reclamos tendientes formulados a fin de obtener la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el cobro de la sanción contenida en dicha norma.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido y revocar la sentencia de grado en cuanto rechazó la demanda promovida. Los autos deben volver al tribunal de grado a fin de que -con nueva integración, previa renovación de los actos procesales que considere necesarios, y teniendo en cuenta las a
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