Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119916
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.916, "O., S. M. contra Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Torres, Natiello, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 336/347 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 359/362).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 378/385), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por S. M. O. -por sí y en representación de su hijo menor V. R. O.-, y condenó a la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de empleador autoasegurado, al pago de la suma que estableció en concepto de proporcional (33%) por la reparación correspondiente en el marco de la ley 24.557 (arts. 11 apdo. 4 inc. "b" y 15 apdo. 2, LRT) debido a la muerte del señor M. Á. R., quien fuera el padre del menor (arts. 18, LRT y 53, ley 24.241). En cambio, rechazó la pretensión que por el pago de tales prestaciones dedujera la señora O. por su propio derecho y en carácter de conviviente del fallecido y, asimismo, desestimó el progreso de la acción civil interpuesta por ambos accionantes (v. fs. 336/347 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado el hecho denunciado por la promotora del pleito, en tanto surgía del informe agregado al expediente 5100-5334/2010 (v. fs. 22), que el día 11 de septiembre del año 2008 "en un procedimiento policial, mientras el Sr. R. retenía a un sujeto, aquél se le escapa y se inicia una persecución, a pie, realizada por el mismo Sargento R.. Que instantes después el referido agente policial se descompensó, siendo trasladado a la Clínica Calchaquí, donde finalmente fallece horas más tarde". Puntualizó que en el caso no se realizó otra prueba que indique cómo fue la persecución, ni el tiempo que duró y demás circunstancias (v. vered., fs. 336 vta.).
Destacó, luego, que con fecha 15 de mayo de 2009 en el expediente 395.053/08 (v. fs. 16) el Ministerio de Seguridad de la Provincia dictó la resolución 2.031/09, en la que se declaró que el fallecimiento del agente R., resultaba imputable al servicio por haberse producido como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policial, como un riesgo específico de aquella actividad en los términos del art. 208 primer párrafo del decreto 3.326/04 (v. vered., fs. cit.).
Tuvo por verificado que el fallecido tuvo un hijo con la señora S. M. O. (el menor cuya representación ejerce, V. R. O.; v. fs. 46) y otros cuatro con la señora Claudia Elena Silva, de quien -contrariamente a lo manifestado por la accionada- estaba divorciado desde el día 30 de diciembre de 1996 (v. fs. 50/51). Sin embargo, entendió que la actora no probó la convivencia invocada con el difunto, por cuanto acompañó copia simple de una información sumaria, cuya autenticidad no pudo ser constatada en tanto la accionante desistió de la prueba informativa y testimonial ofrecidas (v. vered., fs. 337 y vta.).
Ya en la sentencia, por el principio iura novit curia , alteró el orden de los reclamos, para abordar inicialmente la pretensión dirigida a obtener el cobro de las prestaciones de la ley 24.557 (v. sent., fs. 339 y vta.).
Al respecto, sostuvo que surgía probado del veredicto que luego de una persecución -en el marco de un procedimiento policial- el trabajador sufrió una descompensación que culminó con su deceso. Evaluó que esta situación había sido rechazada como "laboral" por el responsable del pago de las prestaciones contempladas en la Ley de Riegos del Trabajo y confirmada su desestimación por la Comisión Médica 10 E en el expediente 10E-L-04128/08. Expresó que de las constancias de la causa surgía que, contrariamente a lo allí dispuesto, el fallecimiento del trabajador se produjo por un acontecimiento súbito y violento sucedido con ocasión del trabajo, lo que lo calificaba como un "accidente de trabajo", según la definición del art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 339 vta.).
Señaló que el sistema establecido en la citada ley impone la obligación reparatoria de un sujeto (la ART o el empleador autoasegurado) cuando el trabajo actúa como "causa" u "ocasión" del daño. Refirió que si bien en autos no era precisa la conexión causal de la persecución del sujeto -en tanto, no se sabía por cuánta distancia y/o tiempo y/o intensidad- con el posterior deceso, la atribución de responsabilidad en base a la "ocasionalidad" (sic) lo eximía de mayores indagaciones en el terreno de la causalidad y le permitía atribuir al trabajo -como ocasionante- el fallecimiento de autos (v. sent., fs. cit.).
Agregó que, aunque la muerte del trabajador fue provocada por un paro cardiorrespiratorio no traumático, no por ese único motivo debía calificársela de "no laboral", pues -insistió- en el caso la ocasionalidad (sic) fue lo relevante y, si alguna duda quedara, se despejaba a la luz de lo que surge del art. 14 bis de la Constitución nacional. La única posibilidad de eximir a la obligada por la ley 24.557 era la existencia de las exclusiones previstas en el apartado 3 del art. 6 de la citada ley, lo que no fuera invocado ni probado (v. sent., fs. 339 vta. y 340).
Por ello, consideró que, en el caso, al no estar en ejecución el pago de la prestación, correspondía el cobro de la compensación prevista en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 en un único pago según lo dispuesto por la ley 26.773, y la suma adicional que dispone el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la primera ley citada (conf. art.18, ley 24.557). Expresó que, si bien los beneficiarios de dicho importe resultaban ser tres de los cuatro hijos del causante, habiendo accionado solo uno de ellos le correspondía a él percibir el 33% de la reparación determinada, quedando la señora O. excluida del cobro por no haber acreditado la convivencia invocada (art. 53, ley 24.241; v. sent., fs. 340/341 vta.).
A continuación, juzgó que, pese a que la parte actora fundaba su reclamo en el art. 1.113 del Código Civil, no se había probado la presencia de actividad riesgosa para activar el factor objetivo de atribución de responsabilidad (v. sent., fs. 341 vta.).
En este sentido, manifestó que aun cuando compartía el criterio amplio relativo a la calificación de la actividad como "cosa riesgosa", ratificado por el art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación, la imputación de responsabilidad en cada caso debía ser sostenida por hechos y pruebas, lo que no acontecía en autos. En efecto, toda vez que no se había demostrado otra cosa que el día 11 de septiembre de 2008 el trabajador persiguió a un sujeto, lo que no denotaba una actividad riesgosa per se . Señaló que la accionante pudo haber evidenciado la mecánica del hecho y su incidencia directa con el fallecimiento del agente R., para que -analizado en su particularidad- se pudiera calificar la actividad como riesgosa, pero, sin embargo, la actividad probatoria en ese sentido había sido nula (v. sent., fs. 341 vta. y 342).
Agregó que ninguna incidencia tenía el hecho de que la autoridad policial hubiera declarado "imputable al servicio" a la lesión sufrida por aquel, habida cuenta que -sostuvo- dicho acto administrativo se vinculaba con una normativa de naturaleza jurídica diferente a la que se abordaba en el presente juicio. Mientras que aquí debía demostrarse la presencia de una "actividad riesgosa" y su "conexión causal" con el daño; allí se calificaba en términos de la seguridad social y para efectos del derecho administrativo ajenos a lo que aquí se dirimen (v. sent., fs. 342).
Sostuvo, luego, que tampoco se probó un accionar culposo o negligente del empleador que permita encuadrar su conducta en el art. 1.109 del Código Civil, ni se atribuyó o evidenció algo similar respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo. En consecuencia, consideró inoficioso expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. sent., fs. 342 y vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 53 de la ley 24.241 (v. fs. 359/362).
Sostiene que surge claro de las circunstancias acreditadas en la causa que el infortunio que sufriera el señor R. fue provocado por el riesgo de la actividad que éste desempeñaba, por lo que resulta absurda la decisión de grado que le atribuyó a su parte la falta de prueba sobre la mecánica del hecho y su incidencia en el fallecimiento del trabajador (v. fs. 360 y vta.).
Señala que no hace falta acreditar que "la persecución de un delincuente por parte de un policía en el marco de un operativo" es una actividad riesgosa, sino que ello resulta evidente, público y notorio; máxime cuando el propio tribunal tuvo por demostrado que el trabajador falleció como consecuencia de la aludida persecución y el hecho fue calificado administrativamente como acto de servicio. Refiere que, además, el a quo no ponderó el dictamen médico producido en autos en el que el experto determina la existencia de nexo causal entre el fallecimiento del trabajador y la actividad policial que este desplegaba (v. fs. 360 vta. y 361).
Por otro lado, objeta que se hubiera tenido por no probada la condición de concubina del causante, invocada por la señora O.. Aduce que debe tenerse por verificada esta circunstancia tanto para el caso de que se admita su planteo vinculado al rechazo del reclamo civil deducido por sí y en representación de su hijo, como para el supuesto de que así no fuera, porque -aduce- no debió ser excluida del cobro de las prestaciones previstas en la ley 24.557 (v. fs. 361 y vta.).
Alega que quedó demostrado que ella es la beneficiaria de la pensión que otorga la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Buenos Aires por su condición de concubina del policía fallecido (v. fs. 221). Aduce, entonces, que administrativamente se tuvo por corroborada la relación convivencial y le fue otorgado el derecho a pensión conforme las disposiciones de la ley 24.241, por lo que no pudo válidamente el sentenciante descartar este elemento de prueba (v. fs. 361 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente habré de señalar que, en mi opinión, el cuestionamiento que gira en torno a la atribución de responsabilidad objetiva a la demandada en los términos del art. 1.113 del Código Civil no puede tener favorable recepción.
Es que como lo he señalado en anteriores pronunciamientos considero que la tarea realizada por el dependiente no puede enmarcarse dentro de la definición de cosa productora de riesgo a que se refiere el art. 1.113 de ese mismo cuerpo legal (mi voto, causas L. 92.508, "Montenegro", sent. de 7-IX-2005; L. 97.261, "Azpeitia", sent. de 19-XII-2012; e.o.).
La expresión "cosa" utilizada por el citado artículo no establece un sistema de responsabilidad que contemple el denominado riesgo de autoridad o profesional, sino que recepta la responsabilidad fundada en el riesgo creado que se aplica solamente a los casos en que media intervención de una cosa, pero que no se extiende a supuestos diferentes ni, como se señaló, lo constituye el trabajo desempeñado por el dependiente (causa L. 67.051, "Iparraguirre", sent. de 9-II-2000).
Por ello, entiendo que no concurren en el caso los presupuestos que hacen a la responsabilidad civil objetiva receptada en el art. 1.113 del Código Civil, por lo que debe confirmarse la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo sustentado en dicha norma.
III.2. En cambio, juzgo que le asiste razón a la interesada cuando tacha de absurda la decisión de grado que tuvo por no probada su condición de concubina del causante.
En la especie, el sentenciante consideró insuficiente para acreditar dicha situación la copia simple de la información sumaria agregada a la causa (v. fs. 52 y vta.), cuya autenticidad no fue probada por la actora en tanto desistió de la prueba informativa y testimonial (v. fs. 337 vta.).
Sin embargo, a fs. 283 surge el informe del Juzgado de Paz Letrado de Berazategui donde, en respuesta al oficio que librara la accionante, solicitando la remisión de la información en cuestión, el citado órgano refiere que las copias se reservan por el término de cinco años, por lo que, habiendo pasado ese lapso, le era imposible cumplir con lo requerido (v. respuesta de fs. 283).
Luego, más allá de la autenticidad de la referida copia agregada a fs. 52 que informa sobre la convivencia del causante (DNI 13.982.255, v. copias fs. 48, 233 y 238) con la señora O., con quien además tuvo un hijo, lo cierto es que en la especie dicho elemento constituye un indicio que puede ser complementado y/o suplido, en este especial supuesto, por el informe agregado a fs. 219/221 que fuera emitido por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en respuesta a un oficio también librado por la parte actora, donde se deja sentado que la señora S. M. O. es beneficiaria de dicho ente bajo el número de pensión 24.467/2, con fecha de alta 12 de septiembre de 2008, adjuntando planilla de consulta de beneficiarios y liquidación de haberes correspondiente al mes de mayo de 2011.
En definitiva, habida cuenta de las especiales circunstancias del caso, considero que el aludido instrumento resulta suficiente para tener por verificada la condición de conviviente invocada por la demandante.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar la sentencia impugnada en cuanto excluyó a la señora O. del cobro de las prestaciones previstas en la ley 24.557.
Los autos deberán volver a la instancia originaria a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto.
Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Considero que merecen desestimarse los agravios ensayados contra el rechazo de la pretensión incoada con base en la responsabilidad objetiva consagrada en el art. 1.113 del Código Civil.
En efecto, he de recordar que según he expresado en otras oportunidades entiendo que la tarea o actividad realizada por el trabajador no puede enmarcarse dentro de la definición de cosa productora de riesgo a que se refiere el art. 1.113 del Código Civil (ley 340), como sostiene la mayoría del tribunal en el precedente "Ferreyra", dejando a salvo mi parecer sobre los excepcionales supuestos que tornan aplicable la citada norma (mi voto en las causas L. 88.561, "Pérez", sent. de 7-III-2007; L. 82.743, "Ventancor", sent. de 26-IX-2007; L. 87.046, "C., C.", sent. de 13-VIII-2008 y L. 81.930, "D., M.", sent. de 25-II-2009).
En este marco, en mi opinión, no concurren en el caso los presupuestos que hacen a la responsabilidad objetiva receptada en la norma examinada, debiendo confirmarse lo resuelto en la instancia de grado.
I.2. En lo demás, adhiero a lo expuesto por el ponente en el apartado III.2. de su sufragio.
II. Con todo, debe revocarse la sentencia de grado conforme lo indica el colega doctor Pettigiani en el último párrafo del apartado IV de su opinión, ello, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Acierta la interesada al objetar la sentencia de grado en cuanto juzgó no configurada la hipótesis de responsabilidad objetiva contemplada en el art. 1.113 del Código Civil entonces vigente.
I.1.a. Esta Corte ya se expidió con relación al fallecimiento del agente M. Á. R. en la causa L. 117.109, "R." (sent. de 6-XII-2017), en la que otra de las hijas del causante -C. N.- había reclamado el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del deceso de su padre.
En esa ocasión acompañé con mi voto la opinión de mi distinguido excolega doctor Negri -que a la postre resultó mayoritaria-, en el sentido de revocar la sentencia de grado en cuanto había rechazado la demanda por reparación integral con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil.
I.1.b. Se esgrimieron para ello fundamentos que, en lo que sigue, habré de reproducir atento la similitud existente entre los agravios planteados en la presente y en dicha causa ya concluida.
I.1.c. Corresponde, en primer lugar y por su trascendencia, recordar que mediante resolución n° 2.031 del Ministerio de Seguridad provincial, se declaró que el fallecimiento del ex sargento M. Á. R., acaecido el 11 se septiembre de 2008 resultó imputable al servicio por haberse producido como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policial como un riesgo específico de esta, en los términos del art. 208, primer párrafo del decreto 3.326/04 (v. fs. 54 y vta.).
Es decir, fue la propia accionada quien reconoció en sede administrativa que el fallecimiento del causante fue atribuible al servicio porque se produjo como consecuencia del desempeño de la función policial y como un riesgo específico de esta. Riesgo específico no es otro que el que resulta propio de la función y la caracteriza. Considero que tal reconocimiento por parte de la autoridad administrativa no hace otra cosa que admitir la verdadera naturaleza de la función policial de seguridad: es riesgosa por su propia naturaleza y, por ende, intrínsecamente apta para que a partir de ella se produzca un daño, más allá de las circunstancias en que se realice, conlleva -como regla- un peligro inminente para quienes la ejecutan.
Ese carácter riesgoso de la actividad policial proviene del entramado de elementos humanos, materiales y de las acciones, operaciones y conductas llevadas a cabo para desplegarla.
Basta para ejemplificar lo expuesto traer a colación que constituyen funciones esenciales de la policía de seguridad, según el art. 20 de la ley 13.462 de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, entre otras: evitar la comisión de hechos delictivos o contravencionales y hacer cesar tales hechos cuando han sido ejecutados o han tenido comienzo de ejecución, impedir que esos hechos produzcan consecuencias delictivas ulteriores, implementar mecanismos de disuasión frente a hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública, proteger a las personas y la propiedad amenazadas de peligro inminente en casos de incendio, inundación, explosión u otros estragos, actuar como fuerza pública, etcétera. No menos relevante a los fines de esta caracterización resulta ser la provisión de armamento reglamentario por parte del estado provincial para el desempeño de la función.
Acreditado entonces que el causante falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático al sentir un fuerte dolor en el pecho, en circunstancias en que se encontraba junto a otro numerario en persecución de un sujeto, y que ese deceso resulta imputable al servicio en virtud de haberse producido como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policial de acuerdo con los establecido en el art. 12 inc. "h" de la ley 13.201 (es decir, cuando estaba interviniendo "para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores"), y como un ries
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