Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125323
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.323, "Pestillo, Mariano Carlos contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demanda (v. fs. 180/186 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante la presentación electrónica de fecha 4 de diciembre de 2019, el que, denegado por el a quo (v. fs. 191 y vta.), fue concedido en esta sede casatoria (v. fs. 231/233) previa deducción de la queja respectiva (art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Mariano Carlos Pestillo y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Interesa destacar que, en el veredicto, tras analizar los escritos constitutivos del proceso y las pruebas informativa, documental y pericial contable, el a quo declaró acreditado que "el actor laboró en relación de dependencia de Biyemas S.A., Kandiko S.A. y Rebisco S.A. [...] y que su ingreso mensual base en los términos del art. 12 de la LRT al mes de agosto de 2017 ascendió a $43.705,77" (fs. 180 vta.).
También, que el día 9 de agosto de 2017 mientras concurría a prestar tareas, protagonizó un accidente in itinere y sufrió afecciones físicas (cuadro de disminución funcional en la movilidad de la rodilla izquierda con dolor e imposibilidad de correr) y psicológicas (reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado II), que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 22,5% del índice de la total obrera (v. fs. 181 y vta.).
Además, "de acuerdo al reconocimiento formulado por la demandada Federación Patronal Seguros S.A. en su responde, corroborado posteriormente por el informe pericial contable, tuvo por demostrado que esta compañía "emitió un contrato de afiliación a favor de los empleadores del trabajador bajo el N° 162.476 con fecha 1 de abril de 2015, vigente al momento del accidente" (fs. cit.).
Ya en la sentencia, juzgó que conforme a lo previsto en los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, al señor Pestillo le correspondía percibir la suma de $1.092.820,48 según la siguiente operación aritmética: $43.705,77 x 22,5% x 53 x 65/31 (v. fs. 184).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 de la Constitución provincial; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 63 de la ley 11.653 y de la doctrina lega que identifica.
Inicialmente, solicita la inaplicabilidad de las limitaciones establecidas por las normas adjetivas en cuanto al valor mínimo del litigio para la concesión de este medio de impugnación (v. fs. 211 vta. y 212).
Ya en lo medular de su impugnación, señala que el tribunal de grado realizó una absurda y dogmática valoración del material probatorio al concluir que las firmas Biyemas S.A., Kandiko S.A. y Rebisco S.A. reconocieron su carácter de empleadoras del actor, y que el ingreso base mensual de este -en los términos del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo- fue de $43.705,77 (v. fs. 213).
En ese orden, destaca que el demandante padeció "un accidente de trabajo bajo la tutela de Biyemas S.A., quien denuncia la existencia del siniestro a FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A., e indica que el IBM percibido por el Sr. Pestillo Mariano alcanzaba la suma de $22.408" (fs. 213). Asimismo, que "el accionante, manifiesta [...] que producto de la labor para las mencionadas su remuneración alcanzaba un total de $38.257,79" (fs. cit.).
Agrega que "la pretensión de la actora en el sentido de haber trabajado, de modo simultáneo, para tres empresas de un mismo grupo económico [...] es inconcebible" (fs. cit.). Aduce que la prestación laboral a favor de un conjunto de sociedades no puede dar lugar a un salario básico por cada una, sino que hace exigible el pago de uno solo (v. fs. cit. y 214).
Alega que el juzgador incurrió en absurdo porque no explicó de qué forma y bajo qué parámetros objetivos arribó al importe indemnizatorio que fijó en la sentencia. Le reprocha no haber realizado un exhaustivo análisis ni tomar el Ingreso Base Mensual (IBM) correcto -que estima en la suma- de $22.408,56; postulando, además, "la aplicación del cálculo indemnizatorio $22.408,56 * 53 * 22,5% * 65/31 = $558.494,10" (fs. 215).
Por otro lado, cuestiona las conclusiones que estableció el a quo respecto a la existencia de nexo causal, indicando que "no remite a ninguna circunstancia fáctica que pudiere determinar que el accidente ocurrió en el trayecto del actor a su trabajo, y no en otro suceso que nada tuviere que ver con las causales que se invocan para que fuera de índole laboral" (fs. cit.). Resalta que el demandante no cumplió con su carga probatoria en tal sentido, pues no aportó prueba testimonial que demuestre que el infortunio ocurrió en la forma descripta (v. fs. cit.).
Aclara que la mera aceptación del siniestro de su parte no reviste la calidad probatoria que el tribunal consideró para resolver la cuestión. Entiende que, a tal fin, no basta con las conclusiones del perito y que, ante la ausencia de fundamentos que acrediten que el daño se corresponde con el hecho denunciado, el informe pericial queda vacuo (v. fs. 215 vta.).
Desde esa perspectiva, reclama que se rechace la demanda en todos sus términos, con imposición de costas a la actora.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente es menester destacar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis del planteo inicial que trae la recurrente en torno a dicho recaudo de admisibilidad de la cuantía económica.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; e.o.).
III.2. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, he de analizar en primer lugar el cuestionamiento a las conclusiones que estableció el a quo respecto a la existencia del infortunio y del nexo causal con la incapacidad que padece el accionante.
III.2.a. El órgano judicial de grado, tras examinar los escritos constitutivos de la litis, declaró que "no existe controversia en autos referida a la ocurrencia el accidente de trabajo que motiva las presentes actuaciones, y que el mismo aconteció el día 9 de agosto de 2017 en circunstancias en que el actor concurría a sus tareas habituales y fue víctima de un accidente de tránsito" (fs. 180 vta. y 181).
Luego, con apoyo en las conclusiones establecidas en los informes periciales médico y psicológico -que ponderó por tener "suficiente rigor científico en sus especialidades"-, tuvo por acreditado que el señor Pestillo sufrió afecciones físicas (cuadro de disminución funcional en la movilidad de la rodilla izquierda con dolor e imposibilidad de correr) y psicológicas (reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva de grado II), que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 22,5% del índice de la total obrera, y "reconoce como causal el accidente de trabajo sufrido mientras concurría a desempeñarse a las órdenes de sus empleadores" (fs. 181 y vta.).
III.2.b. Esta Corte reiteradamente ha declarado que determinar si -en el caso- se demostró o no el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, o si tiene relación causal con la incapacidad que presenta el trabajador, constituye una facultad privativa de los jueces de grado, exenta de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre que las conclusiones establecidas al respecto están invalidadas por absurdo (causas L. 116.867, "Wesner", sent. de 7-V-2014; L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016 y L. 119.399, "Roh", sent. de 14-VI-2017; e.o.)
III.2.b.i. Bajo esas directrices el recurso en examen se advierte insuficientemente fundado porque, pese a la denuncia de absurdo (v. punto VII.2. rec., fs. 212 vta. y 213) la peticionaria en modo alguno alcanza a demostrar el extremo error que caracteriza al vicio lógico mencionado.
Es que la crítica que formula la agraviada se limita a relativizar el reconocimiento formulado en el responde y las conclusiones establecidas en "el informe pericial", destacando la falta de prueba testimonial que corrobore el accidente o sus consecuencias, pero no se ocupa de rebatir eficazmente el referido análisis que realizó el tribunal del contenido de los escritos constitutivos del proceso y de los dictámenes -médico y psicológico-, que lo llevó a juzgar que, en el caso, se habían acreditado las afecciones, la incapacidad derivada de estas y su relación causal con el siniestro, que consideró además no controvertido.
De este modo la interesada, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al sentenciante a la solución objetada, intenta un nuevo examen de los hechos y de la prueba, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015).
III.3. Igual suerte adversa han de correr las objeciones al importe indemnizatorio establecido en la sentencia y al ingreso base que se utilizó a fin de calcularlo.
Es menester recordar que determinar el valor de ese ingreso para calcular la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y, en general, la base remuneratoria a tener en cuenta para cuantificar las indemnizaciones constituye una tarea reservada a los tribunales de trabajo que, al remitir al análisis de una típica cuestión de hecho, queda detraída del ámbito de la casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 72.119, "Dure", sent. de 19-II-2002; L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020).
En el veredicto, el juzgador estableció el valor mensual del ingreso base del señor Pestillo, en la suma de $43.705,77, con apoyo en los datos que surgen del informe pericial contable (v. fs. 180 vta.). Luego, en la sentencia, juzgó que de acuerdo a lo previsto en los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, le correspondía percibir la suma de $1.092.820,48 según la siguiente operación aritmética: $43.705,77 x 22,5% x 53 x 65/31 (v. fs. 184).
En este tramo de la queja la recurrente denuncia la configuración del mencionado vicio invalidante pero no logra acreditarlo. Ello, toda vez que los planteos que formula son notoriamente insuficientes en la medida que ignoran tanto el análisis del referido medio probatorio como la operación matemática que -conforme a las pautas previstas en las normas legales indicadas- realizó el a quo para fundamentar la decisión atacada.
Así, la impugnación solo exterioriza una mera discrepancia subjetiva de la interesada, tendiente a descalificar aspectos que también son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, sustentada en su propia opinión sobre los hechos y datos que debieron considerarse para determinar la cuantía del resarcimiento.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que expone su disconformidad con los criterios empleados por el tribual para fijar la indemnización y solo traduce la pretensión de disputarle las facultades que tienen los jueces de grado sobre el particular (causas L. 77.243, "Franco", sent. de 9-IV-2003; L. 82.416, "Fontana", sent. de 6-IX-2006 y L 91.931, "M. de G.", sent. de 11-III-2009).
IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:20:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:44:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:14:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:54:02 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 08:14:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia