Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123109
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.109, "Sosa, Francisco Orlando contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, homologó el acuerdo al que arribaron las partes en la presente causa e impuso las costas a la demandada (v. sent., fs. 214/215 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 224/226).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente homologó el acuerdo conciliatorio que suscribieron en la audiencia de vista de la causa el actor Francisco Orlando Sosa y la legitimada pasiva Federación Patronal Seguros S.A., por considerar que el mismo comporta una justa composición de la litis (art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo).
A su vez, impuso las costas del proceso a la accionada según lo convenido, y -en lo que interesa- reguló los honorarios de la letrada de la actora con sustento en el decreto ley 8.904/77 y en la ley 14.967 y, asimismo, de los peritos actuantes, sobre la base del monto del acuerdo (v. fs. 214/215 vta.).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación del art. 1 de la ley 24.432; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (antiguo art. 505 del Código Civil); 17 y 18 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que cita en el desarrollo de la pieza impugnativa.
Inicialmente, señala que el importe fijado por el juzgador en concepto de costas excede el límite legal, pues el total de regulación asciende a la suma de $110.550 sobre un capital transaccional de $250.000.
Señala que el órgano judicial de grado transgredió los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil -según el art. 8 de la ley 24.432- y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también la doctrina que este Tribunal estableció en las causas L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 75.196, "Santillán" (sent. de 12-III-2003) y L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005), en tanto las costas impuestas a su parte exceden el porcentaje de la limitación legal del 25% (v. rec., fs. 225).
Bajo esta premisa, sostiene que, en el caso, la cuantía asciende al porcentual del 44,22% del quantum del valor conciliado, quedando -a su juicio- evidenciada la violación del referido tope.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo, corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre la suma que surge del pronunciamiento en materia de costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de la cuantía del acuerdo conciliatorio-, según lo anunciado por el propio quejoso, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018).
En este marco de análisis considero que le asiste razón al compareciente al denunciar que el judicante se apartó de la doctrina legal elaborada por este Tribunal en torno al art. 505 del Código Civil (modif. por ley 24.432), la que se mantiene vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto último, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del antiguo Código (ley 340), fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
Esta Corte -por mayoría- ya se ha expedido en distintos pronunciamientos en el sentido de que la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432), es aplicable en el ámbito provincial (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 81.838, "Macalusi", sent. de 10-IX-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; e.o.).
Luego, tal como se desprende de los cálculos aportados por el recurrente, el tribunal de grado ha excedido el porcentual (25%) establecido como límite a la responsabilidad de la parte vencida por las costas procesales, ciñéndose a la legislación arancelaria local para fijar el monto de los honorarios profesionales (dec. ley 8.904/77 y ley 14.967) e inaplicado las citadas normas legales (v. sent., fs. 214/215 vta. y rec., fs. 224/226).
Corresponde, entonces, revocar el pronunciamiento de grado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% de la cuantía del acuerdo conciliatorio.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia de grado conforme lo expresado precedentemente, debiendo regresar las actuaciones a la instancia de origen para que el tribunal obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
Como lo indica el doctor Pettigiani, también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte concerniente al límite en la responsabilidad en el pago de las costas, que ha sido denunciada por el recurrente (con cita de los arts. 730 del Cód. Civ. y Com. y 277 de la LCT; t.o. ley 24.432).
A los efectos de abordar el tratamiento de la crítica, habré de remitir -como indiqué al emitir mi voto en la causa L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016)- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicho precedente, entre otros, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido" y "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIll-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente-acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Tal como quedó de manifiesto en el voto que abre el acuerdo, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa (25%), el que -de conformidad con los guarismos que deben ser tomados en cuenta para formular dicho cálculo- ha sido superado en la especie. Por ende, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT -texto según ley 24.432-).
II. Por lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance expuesto en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera.
Comparto la solución a la que se arriba en el voto del doctor Pettigiani en cuanto postula la modificación de lo decidido en la instancia de grado respecto de la imposición de las costas, en tanto se corresponde con la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por todo lo expuesto, considero que el recurso extraordinario deducido debe prosperar, en los términos señalados en el punto IV del voto del doctor Pettigiani.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2021 21:14:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2021 12:08:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:55:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:47:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:54:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia