Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76115
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.115, "Siemens S.A. y otros contra ARBA. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Torres, Kogan, Genoud, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al planteo de prescripción articulado por la parte actora, declaró inaplicables al caso las disposiciones de los arts. 157 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y dejó sin efecto la resolución administrativa impugnada (arts. 55 a 59, ley 12.008). En consecuencia, declaró extinguidos por prescripción los créditos resultantes del gravamen y por los períodos discutidos en el caso (arts. 55 a 59, ley 12.008).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La firma actora, "Siemens Sociedad Anónima" y los señores Ralph Matthias Kleinhempel, Marcelo Darío Etcherrán y Enrique Alejandro Gómez Barbella -en representación del señor Alberto Horacio Flores-, dedujeron demanda originaria solicitando la nulidad del acto administrativo dictado por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires el 12 de diciembre de 2016.
Señalaron que a través de esa resolución, el organismo demandado confirmó parcialmente la disposición delegada n° 2.015 del 11 de junio de 2014, dictada por la Agencia de Recaudación bonaerense, que determinó las obligaciones fiscales de la empresa actora como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los períodos fiscales 2007 y 2008 y estableció diferencias a favor del contribuyente como así también del Fisco, por las que se aplicó una multa por omisión del diez por ciento (10%) del monto dejado de oblar y la responsabilidad solidaria de los señores Ralph Matthias Kleinhempel, Marcelo Darío Etcherrán y Alberto Horacio Flores.
Luego de precisar los hechos en que fundan su pretensión, cuestionaron el rechazo del planteo de prescripción deducido en instancia de apelación administrativa.
De ese modo plantearon la inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), en tanto establecen plazos, formas de inicio del cómputo, causales de suspensión e interrupción de la prescripción no previstas en la legislación de fondo, con fundamento en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Filcrosa SA s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda", sentencia de 30-IX-2003.
Así, consideraron de aplicación excluyente la normativa específica que en la materia establecía el Código Civil (arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3, ley 340).
Señalaron también la prohibición hacia los gobiernos locales de toda regulación jurídica de dicho instituto -arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional-.
En ese contexto, afirmaron que en el mes de enero de 2009 operó el vencimiento para ingresar la obligación correspondiente al último período reclamado (12/08), por lo que las acciones y poderes del Fisco para su determinación y cobro se encontraban prescriptas al momento de la notificación de la disposición n° 2.015 del 11 de junio de 2014 (notificada a la contribuyente el día 17 de junio de 2014).
No obstante, también cuestionaron el ajuste de la base imponible por efecto de la escisión de la empresa.
Impugnaron, asimismo, la aplicación de intereses resarcitorios y la multa por omisión de tributo.
Por último, la atribución de responsabilidad solidaria también constituyó un punto de conflicto que articularon en el escrito de inicio.
Luego, a fs. 151, ampliaron la demanda impugnando la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 20 de julio de 2017, por la cual se aprobó la liquidación practicada por la Agencia de Recaudación.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al planteo de prescripción articulado por la parte actora, declaró inaplicables al caso las disposiciones de los arts. 157 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y dejó sin efecto la resolución administrativa (arts. 55 a 59, ley 12.008).
De ese modo declaró extinguidos por prescripción los créditos resultantes del gravamen y por los períodos cuestionados en el caso (arts. 55 a 59, ley 12.008).
En consecuencia, ordenó la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo, con más intereses, e impuso las costas a la demandada vencida.
Comenzó por aclarar que el conflicto quedó consumado bajo el vigor del Código Civil (ley 340 y modif.), pues no reporta un término de prescripción en curso, sino uno ya cumplido a la entrada en vigencia de aquel (ley 26.994) y por lo tanto fuera del alcance de las previsiones del nuevo Código Civil y Comercial.
Así, siendo que la materia en disputa se confina al momento de operarse el plazo de liberación del contribuyente y que ese acontecer se invoca ocurrido antes del nuevo Código, señaló que este último queda desplazado como ruta normativa (ley 26.994).
Bajo esa consideración preliminar, indicó que el señor Fiscal de Estado pregonó la aplicación de la norma local (art. 160 inc. 1, Cód. Fiscal, t.o. 2011) para establecer la vigencia o la extinción de los poderes tributarios, mientras que la contribuyente aludió a la contenida en el art. 3.956 del Código Civil.
Se remitió a la doctrina de esa Cámara para dejar establecido que en el inicio del cómputo de la prescripción debe estarse a lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil (ley 340), norma esta que, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, forma parte de las atribuciones delegadas y exclusivas del gobierno federal y que, no obstante haberse erigido esa exégesis en procesos de apremio, la hacen plenamente aplicable, pues su materia de fondo, definitiva en esos casos como lo es en este, supo recibir un tratamiento sustantivo acorde que autoriza esa derivación aplicativa.
Se sostuvo, para construir ese entendimiento y en sujeción a los alcances de la doctrina legal vigente (CSJN causa F.194.XXXIV "Filcrosa"), que la prescripción constituye una materia de fondo, ligada al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.) y por ello susceptible al ejercicio de las indicadas potestades legislativas (art. 75 inc. 12, Const. nac. cit.), no solo en cuanto concierne al plazo sino también al inicio de su cómputo, a las causales de suspensión e interrupción y a todo cuanto tribute a ellas.
En tal sentido, admitió la objeción constitucional que la demandante dirige a las normas locales que regulan la prescripción y su desplazamiento por las de fondo que integran el cuerpo normativo que ha sido materia de consigna (ley 340, Cód. Civ.).
Sobre este mismo aspecto aclaró que el argumento de revisión de la doctrina que guía esta intervención, a la luz de la sanción de la ley 26.994 como lo procurara el Fisco, no procede, no solo por cuanto fuera consignado para informar el cuerpo legal aplicable al tiempo de los sucesos que ventila el contradictorio (ley 340), sino también porque esa construcción jurídica se mantiene con el vigor expuesto en relación con ese mismo complejo preceptivo.
Sentadas esas premisas, analizó los períodos fiscales reclamados -2007 y 2008-.
Conforme las reglas expuestas (conf. art. 3.956, Cód. Civ.), a falta de justificación de un suceso que prolongue la exigibilidad del tributo más allá del período anual que lo connota, se determina para ellos el comienzo del lapso extintivo los días primero de enero de 2008 y 2009, respectivamente, y por lo tanto su expiración los días primero de enero de 2013 y 2014, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4.027 inc. 3 del aludido cuerpo normativo.
Luego, considerando que la disposición n° 2.015, en la que se apoya la demandante, fue dictada el día 11 de junio de 2014 y notificada el día 17 de junio de 2014, según resulta del expediente administrativo 2.360-0115697/09, consideró que el crédito fiscal ya se hallaba prescripto por entonces, sin que las actuaciones administrativas sustanciadas reconozcan efecto alguno a ese respecto.
Ello así pues los trámites ante el órgano administrativo carecen de efectos suspensivos o interruptivos de conformidad con la legislación aplicada (ley 340).
Concluyó pues en la prescripción de los períodos que se reclaman -2007 y 2008- (conf. arts. 3.956 y 4.027 inc. 3, Cód. Civ., ley 340) y decidió dejar sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires el 12 de diciembre de 2016, como así también aquella que aprobara la liquidación, del día 20 de julio de 2017.
III. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció que la sentencia impugnada ha infringido el régimen jurídico aplicable por violación de normas provinciales y errónea aplicación de normativa constitucional.
Sostuvo la necesidad de abandonar la doctrina sentada por la Corte Federal en la causa "Filcrosa", en virtud de los principios recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), puesto que fue el propio legislador nacional quien formuló su posición respecto del alcance de la competencia que le atribuye la Constitución nacional, confirmando la facultad provincial de regular los plazos de prescripción de sus tributos.
En lo atinente al tema que nos ocupa, expresó que el art. 2.532 del nuevo Código confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Respetando esa tesis, el art. 2.560 limita la aplicación del Código Civil y Comercial unificado a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales.
En cuanto al alcance de la potestad local para regular la prescripción de sus tributos, destacó que si bien el art. 2.532 determina que las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, resulta innegable que con esta expresión se abarcan todas las cuestiones atinentes a la prescripción, incluido el inicio del cómputo, la suspensión e interrupción, la dispensa, etcétera, y no solo el lapso temporal del plazo prescriptivo.
Señaló que la recta interpretación de las cuestiones debatidas en autos, imponen destacar que cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional menciona los diferentes códigos de derecho material, establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las Provincias respecto del derecho común que, interpretada racionalmente, no solo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la Constitución nacional (siendo la legislación local la regla, en tanto la legislación nacional es la excepción) sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas.
Sentado ello, recordó que el art. 159 del Código Fiscal regula el inicio del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de los tributos adeudados.
De allí sostuvo que el sistema diseñado por el legislador provincial en materia de prescripción, coordina cuestiones vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (propios de su naturaleza autodeclarada, como son la forma de exteriorizar los ingresos ante la Administración, de pagar el impuesto consecuente, de recibir el Fisco anticipos del impuesto con anterioridad a su cálculo y declaración definitiva, etc.), con otros dos asuntos relevantes: 1) el carácter anual del tributo; y 2) la cantidad de sujetos pasivos del impuesto (a quienes habrá que fiscalizar y -en su caso- constreñir al cumplimiento de las obligaciones formales y materiales mediante el procedimiento de determinación del art. 112 y sigs.).
Indicó que tales cuestiones justifican, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, uniformando así tanto los plazos de cumplimiento de las obligaciones vinculadas al impuesto examinado, como el día de inicio de la prescripción de las acciones derivadas de los incumplimientos.
En tal sentido, y profundizando la referencia al "carácter anual del tributo", observó que la obligación fiscal solo se perfecciona -en el caso- luego de cerrado el ejercicio, una vez que se resume toda la actividad realizada en el año concluido, lo cual se plasma en la pertinente declaración jurada anual. Este acto jurídico es el punto para establecer la exigibilidad del pago del tributo.
Es decir que los tributos se pagan por año, aun cuando -para facilitar su cumplimiento- se lo haya fraccionado en cuotas, o se hayan previsto adelantos o anticipos a cuenta de lo que resulte al finalizar el período.
Sin perjuicio de lo expuesto, señaló que el plazo prescriptivo del Código Fiscal resulta concordante con la naturaleza del tributo, con la ley 11.683 y con el Código Civil.
Ello se debe a que se trata de un gravamen de carácter periódico y anual, pues se paga en función de manifestaciones económicas que revisten esas dos características, esto es, que resulten continuadas en el tiempo y que se hayan cumplido durante el período señalado en la ley, que en el marco del Código Fiscal es el año fiscal.
Por lo tanto, la obligación fiscal solo se perfecciona luego de cerrado el ejercicio, una vez que se resume toda la actividad realizada en el año concluido con la deducción de los gastos que fueron necesarios realizar para desarrollar la misma actividad gravada, lo cual se plasma a través de la confección por parte del contribuyente de la pertinente declaración jurada, marcando este hecho jurídico, el punto de partida para establecer la exigibilidad del pago del tributo.
De tal modo, la constatación en la realidad del presupuesto de hecho previsto en la ley, da lugar al surgimiento de la relación jurídico tributaria, pero la obligación fiscal de pagar el impuesto nacerá recién al tiempo de vencimiento de la declaración jurada anual, y en la medida que se devenguen en el período fiscal considerado en su totalidad ingresos brutos. El hecho imponible es un hecho jurídico cuyas consecuencias, también jurídicas, dependen entonces de lo que regule al respecto el legislador.
Sostuvo que solo en las obligaciones puras y simples y de exigibilidad inmediata, el cómputo comienza a correr desde la fecha del título. Sin embargo, y tal como surge del art. 4.023 cuando se refiere a la prescripción de las acciones personales, la prescripción sólo corre respecto de "deudas exigibles".
Argumentó que del juego armónico de los arts. 3.956 y 3.949 del Código Civil, el curso de la prescripción no comienza sino cuando la acción está expedita, esto es cuando acaece el hecho jurídico que habilita la acción, no el hecho jurídico fuente de la obligación.
En definitiva, dijo, la concreción del hecho imponible no implica el comienzo del plazo prescriptivo, ni a la luz del Código Fiscal ni del propio Código Civil, en tanto y en cuanto el pago del impuesto está sujeto a un plazo que suscita una disociación temporal entre la generación del hecho y la determinación de la obligación.
Ello incide directamente en el curso del plazo de prescripción y es la razón por la cual se aplica a las obligaciones el plazo quinquenal del art. 4.027, pues su art. 3 se refiere especialmente a obligaciones que son exigibles anual o periódicamente, lo que implica indudablemente que son las sujetas a plazos, cuyo acaecimiento marcará el inicio del cómputo del plazo prescriptivo.
En virtud de lo expuesto, señaló que para los períodos fiscales 2007 y 2008, el vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas anuales operó en los años 2008 y 2009, respectivamente. Por lo tanto, el término de prescripción quinquenal comenzó a correr el día 1 de enero de 2009 para el período 2007, y el día 1 de enero de 2010 para el período 2008 (conf. art. 159, Cód. Fiscal).
Sentado ello, precisó que, en el transcurso del procedimiento para determinar la deuda, ocurrieron diversos acontecimientos que suspendieron e interrumpieron el curso de la prescripción.
Sostuvo que la disposición de inicio n° 2.793/13, fue notificada los días 5, 6 y 19 de septiembre y 7 de octubre de 2013, a la firma y a los indicados responsables solidarios (tal como surge de fs. 2.380, 2.385/2.389 y 2.394, expediente administrativo 2.360-0115697/09). Esto es, dentro de los ciento ochenta (180) días corridos inmediatos anteriores a que opere la prescripción del período fiscal más antiguo.
Posteriormente, dentro de los ciento veinte (120) días, el Fisco procedió a determinar las obligaciones fiscales de la firma, obrando las notificaciones a fs. 4.169/4.172, produciéndose con dicha notificación la causal de suspensión dispuesta en el inc. "a" del art. 161 del Código Fiscal (t.o. 2011).
Por su parte la actora interpuso recurso de apelación contra la disposición n° 1.015/14 ante el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, prologando así la referida suspensión.
Concluyó entonces que las facultades del Fisco para determinar y exigir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos fiscales 2007 y 2008 se encontraban plenamente vigentes al momento del dictado de la disposición delegada cuestionada en autos.
Precisó por último que el cómputo del plazo debe iniciarse sólo desde que el acreedor tiene la posibilidad efectiva de demandar judicialmente el cobro de la deuda, y se prolonga durante el tiempo de la inacción voluntaria del acreedor.
IV. El recurso no prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Corte, por mayoría que integré -y a cuyos términos me remito por motivos de brevedad-, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Esta tesis, por lo demás, sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", ha sido ratificada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
Pues bien, del relato efectuado precedentemente se desprende que el a quo se expidió en sintonía con la jurisprudencia antes referenciada, especificando que el plazo de prescripción quinquenal fijado en el art. 4.027, inc. 3 del Código Civil debía comenzar a correr el día primero de enero siguiente al de los ejercicios fiscales en los cuales se determinaron acreencias tributarias en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos (conf. art. 3.956, Cód. Civ.).
Se impone entonces descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la alegada violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales.
Al respecto, solamente me permito aclarar que la notificación del acto administrativo que dio comienzo al procedimiento de determinación de oficio no puede configurar un hecho suspensivo de l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.