Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123216
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.216, "Bravo, Juan Santos y otros contra Supermercados Toledo S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Acuerdo 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó in limine la acción de amparo sindical deducida, por la que los actores procuraban -con fundamento en los arts. 47 y 53 de la ley 23.551 y 1 de la ley 23.592- el cese del comportamiento antisindical atribuido a la accionada, la nulidad de los despidos y la reinstalación en sus puestos de trabajo, asimismo, el cobro de salarios caídos y de las sanciones por práctica desleal (v. sent., fs. 248/251).
Esta Suprema Corte, luego de resolver la queja interpuesta, declaró procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, revocó el fallo de grado y remitió los autos al tribunal de origen para que -integrado con otros jueces- dictara un nuevo pronunciamiento (v. sent., fs. 360/371).
Con renovada integración, el tribunal de la instancia hizo lugar parcialmente a la pretensión (v. fs. 3.203/3.225 y aclaratorias de fs. 3.227/3.229 vta. y 3.230/3.232 vta.).
Se dedujeron, por ambas partes, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, siendo que la accionada, además, articuló uno de nulidad (v. fs. 3.263/3.292 vta. y escrito electrónico de fecha 9-XI-2011, respectivamente), que fueron concedidos por el órgano de grado a fs. 3.297/3.298.
Posteriormente, la parte actora solicitó el otorgamiento de una medida cautelar, lo que fue admitido por el tribunal, quien -de este modo- ordenó la reinstalación de los actores en sus respectivos puestos de trabajo (v. fs. 3.415/3.418 vta.).
Contra esta última resolución, se interpuso por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 19-II-2019), el que, denegado por el a quo (v. fs. 3.471/3.473), fue concedido por este Superior Tribunal a fs. 3.756/3.758 vta., al haberse admitido la queja interpuesta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 3.774/3.776 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la parte demandada?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por esa misma parte?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el deducido por la parte actora a fs. 3.263/3.292 vta.?
En tal caso:
4ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto por la parte demandada contra la resolución que otorgó la denominada "medida cautelar"?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El tribunal de trabajo acogió la acción de amparo incoada por los señores Ricardo Marcelo Borda, Juan Santos Bravo, José Rafael Cuello, Cristian Gustavo Fonseca, Rubén Oscar Godoy y Diego Sebastián Guzmán y condenó a Supermercados Toledo S.A. a reinstalar a los trabajadores en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada la sentencia, momento a partir del cual se devengarían los salarios correspondientes en la misma categoría que detentó cada accionante desde el distracto; ello, bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria. Asimismo, condenó a la demandada a abonar a los accionantes los "salarios caídos" por el período comprendido entre el despido hasta la efectiva reinstalación, pero -explicó- en tanto la prueba producida no había aportado elementos precisos en atención al tiempo transcurrido, la determinación del monto quedaría sujeto -una vez firme la sentencia- a la liquidación a realizar por el perito contador designado. Finalmente, dispuso la aplicación de intereses moratorios a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, capitalizando los períodos devengados hasta el momento del traslado de la demanda, conforme el art. 770 del Código Civil y Comercial (v. fs. 3.203/3.225).
En lo sustancial, para arribar a aquella decisión -en lo que interesa-, juzgó acreditado en el veredicto que los trabajadores se desempeñaban en "la planta faenadora y procesadora de aves" perteneciente a Supermercados Toledo S.A. (v. vered. primera cuestión, fs. 3.204).
Luego, consideró demostrado que el día 30 de agosto de 2006 se dispuso la apertura del concurso preventivo de la demandada (ante el Juzgado Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de Mar del Plata). También, que posteriormente se inició un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo provincial, que culminó con la homologación de un convenio (prorrogado desde el 30-IX-2008, cada seis meses), en el cual se establecieron las pautas remunerativas propuestas por el empleador para cada trabajador, contando con la participación del Sindicato de Empleados de Comercio (v. vered. primera cuestión, fs. 3.204 vta.).
Tras analizar los hechos reconocidos por las partes, el intercambio telegráfico, la prueba testimonial y, especialmente la informativa producida en la causa, consideró probado que el día 1 de junio de 2007 se llevó a cabo en el establecimiento donde se desempeñaban los trabajadores un acto a efectos de elegir delegados directos por la Central de Trabajadores Argentinos, del cual resultaron electos los señores Godoy, Guzmán y González (hecho que fue notificado a la empleadora el día 14-VI-2007) y que motivó la formación del expediente administrativo n° 251.177 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación (v. vered. segunda cuestión., fs. 3.206).
Seguidamente, indicó que el día 23 de julio de 2007, el Sindicato de Trabajadores de Alimentación de Buenos Aires le notificó a Supermercados Toledo S.A. la candidatura del señor Godoy a delegado de personal (v. vered., fs. cit.).
A su vez, puntualizó que el día 8 de febrero de 2008, se celebró una asamblea en el lugar de trabajo de los actores que originó la constitución del "Sindicato de los Trabajadores de las Plantas Faenadoras y Procesadoras de Aves y Afines" y que del acta pertinente incorporada a la causa surgía la participación de los accionantes Borda y Cuello (en carácter de Presidente y Secretario de actas, respectivamente), Fonseca y Bravo (como responsables de la suscripción del acta) y Godoy (electo como autoridad provisoria); remarcó que dicha conformación fue notificada a la demandada. Ponderó a la par, que días después -más allá del evidente equívoco en el año- los actores Bravo, Guzmán y Godoy comunicaron a la accionada que habían resultado electos como integrantes de la comisión directiva de aquella entidad en formación y que se encontraba iniciado el trámite de inscripción ante la autoridad nacional del trabajo. Y vinculado con el camino recorrido en el desarrollo formal de la asociación sindical, señaló que luego de requerida ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, fue la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) la que ordenó la simple inscripción gremial de la mencionada entidad el día 16 de mayo de 2014; además, precisó que posteriormente obtuvo personería gremial de primer grado mediante la resolución 1.304, el día 1 de diciembre de 2014 e indicó -ahora- que conforme esa documentación todos los actores integraban la comisión directiva del Sindicato, con mandato vigente hasta el día 22 de junio de 2019 (v. vered. segunda cuestión, fs. 3.206/3.207).
Retomando la cadena de acontecimientos que valoró relevantes, consideró probado que el día 9 de abril de 2008, se celebró una reunión en la planta faenadora y procesadora de aves con la finalidad de solicitar a los empleadores una negociación de las pautas salariales -entre otros reclamos-, precisó que participaron todos los trabajadores, ocasionando la suspensión de tareas. Ponderó que, frente a ello, la empresa demandada requirió la presencia de un escribano para que "intime a los trabajadores a desalojar el comedor y a cumplir con su débito laboral, ello bajo apercibimiento de despido" (v. vered. tercera cuestión, fs. 3.207 y vta.).
Luego, juzgó acreditado que los accionantes fueron despedidos por la demandada mediante telegrama cursado el día 10 de abril de 2008, fundado en la negativa a prestar y retomar tareas pese a la intimación fehaciente dada en tal sentido y por haber incitado a sus compañeros a adoptar idéntica actitud, provocando un importante daño e incumpliendo las obligaciones laborales a su cargo. Refirió que, en respuesta, el día 14 de abril de 2008 los actores negaron esas afirmaciones y aseveraron que el distracto dispuesto obedeció a una causal discriminatoria, en represalia por la actividad sindical desarrollada en el ámbito de la Comisión Directiva y los reclamos salariales efectuados; el cual fue contestado por la accionada el día 17 de abril de 2008, ratificando el despido dispuesto (v. vered. tercera cuestión, fs. 3.208 vta. y 3.209).
Adunó, que el día 14 de abril de 2008, luego del distracto impuesto a los accionantes, Supermercados Toledo S.A. remitió a otros trabajadores una carta documento intimándolos en forma inmediata a retomar tareas bajo apercibimiento de despedirlos con justa causa; que esa comunicación fue contestada por los trabajadores intimados manifestado que se encontraban ejerciendo su derecho de huelga; y que en réplica a esto último, la empresa contestó rechazando la legitimidad de la medida y reiterando la intimación a retomar tareas (v. vered. tercera cuestión, fs. 3.209 vta. y 3.210).
Desde esa plataforma fáctica, ya en la etapa de sentencia, el tribunal de origen entendió probado que las acciones llevadas a cabo por los actores constituyeron actividades sindicales y que aun cuando al momento del despido no las ejercieron al amparo de una asociación sindical cuanto menos inscripta, lo cierto fue que de ellas surgió el nacimiento del Sindicato de los Trabajadores de las Plantas Faenadoras y Procesadoras de Aves y Afines, cuya inscripción fue solicitada el 18 de marzo de 2008 y demoró más de seis años (v. sent., fs. 3.213).
Con sustento en ciertos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (así, indicó: "Varela", sent. de 4-IX-2018 y "Orellano", sent. de 7-VI-2016), evaluó que ante la falta de inscripción de la asociación a la que pertenecían los actores a la fecha del despido no correspondía aplicar al caso la ley 23.551, y que, planteado el carácter discriminatorio de la cesantía, el marco regulatorio del presente supuesto resultaba subsumible en la ley 23.592 (v. sent., fs. 3.213/3.214).
Seguidamente, consideró que la prueba producida arrojaba indicios suficientes que permitían avizorar la discriminación invocada. Expresó que ese colectivo de trabajadores que comenzaba a organizarse para adquirir los derechos de la ley 23.551, fue claramente discriminado por su participación sindical. Concretamente, teniendo especial consideración en las intimaciones postales cursadas entre las partes, ponderó que no existían dudas del trato discriminatorio dado a los actores que fueron despedidos el día 10 de abril de 2008, frente a otros trabajadores que habiendo participado de la misma reunión e incluso habiendo continuado con las medidas de fuerza, fueron intimados a retomar tareas en dos oportunidades y no resultaron despedidos; aquella situación, advirtió, se hallaba fundada en la evidente actividad y participación sindical que ejercían los accionantes (v. sent., fs. 3.214 vta./3.215 vta.).
En virtud de ello, acogió la acción de amparo incoada y ordenó la reinstalación de los trabajadores en sus puestos de trabajo, a su vez, declaró procedente el reclamo patrimonial de los accionantes y estimó que correspondía la reparación por daño moral; y, por último, desestimó la sanción peticionada con fundamento en el art. 53 de la ley 23.551, por no resultar el marco regulatorio del decisorio (v. sent., fs. 3.216/3.219).
I.2.Posteriormente, resolvió la aclaratoria formulada por los accionantes en relación con la sentencia dictada, ante la omisión advertida, declaró la nulidad de los despidos impetrados por parte de Supermercados Toledo S.A. (v. fs. 3.227/3.229 vta.).
Asimismo, consideró procedente la aclaratoria interpuesta -ahora- por la demandada y agregó al contenido de la decisión que la reinstalación de los trabajadores ordenada debía realizarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de encontrarse firme y consentida la sentencia (v. fs. 3.230/3.232 vta.).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. presentación electrónica de fecha 9-XI-2018).
II.1. Sostiene que el órgano de grado omitió tratar una cuestión esencial para la resolución de la litis: aquella que fuera introducida al contestar la demanda representada por la manifestación que indica que con posterioridad al inicio de las presentes actuaciones, los mismos actores promovieron una acción contra la aquí demandada reclamando el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, puntualmente, en la causa "Bravo, Juan Santos y otros c/ Supermercados Toledo S.A. s/ despido", expediente n° 56.384, tramitada por ante el tribunal de trabajo n° 1 departamental.
Alega que en el veredicto, equívocamente sostuvo el tribunal que sin dejar de soslayar la existencia de los autos denunciados y las consideraciones efectuadas por la parte actora al respecto al contestar el segundo traslado, se encontraba eximido de abordar la aludida cuestión, dado que la empleadora no había producido la prueba informativa ofrecida oportunamente para requerir dicho expediente y que -además-, en ocasión de llevarse a cabo la audiencia de vista de la causa, las partes habían desistido de la prueba pendiente de producción. Aduce que el tribunal de trabajo yerra al exponer que dicha prueba no había sido producida; expresa además que la conclusión se halla en contradicción con lo expuesto posteriormente al relatar los antecedentes de la sentencia, en donde consignó que se encontraban agregadas las copias certificadas de aquellas actuaciones.
Indica que la mencionada preterición es de extrema importancia, explica que la interposición de la demanda por despido posterior al inicio del juicio sumarísimo de reinstalación, implica la confirmación de la extinción del vínculo laboral y, por ende, la decisión de no participar en la reinstalación.
En esa línea, manifiesta que las conclusiones vertidas en el veredicto y la sentencia son antagónicas y excluyentes, por lo cual esta última debe ser anulada por esta Corte.
II.2. Por otro lado, reprocha al juzgador haber soslayado el tratamiento de otra cuestión que también es esencial.
Asevera que en ocasión de contestar el escrito inaugural solicitó que en la hipótesis de que el sentenciante acogiera la demanda e hiciera lugar al reclamo incoado en concepto de salarios caídos, tuviera en consideración aquellos períodos en los que los actores -con posterioridad a sus despidos- desempeñaron labores para otros empleadores. Manifiesta que esta omisión provoca un enriquecimiento ilícito e injustificado en favor de los demandantes, a costa del patrimonio de su representado.
Argumenta que en el desarrollo del proceso su parte produjo prueba con el propósito de demostrar el referido extremo denunciando; tal es así, que solicitó oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos y exhorto al Tribunal de Trabajo n° 2 Departamental requiriendo los autos "Godoy, Rubén Oscar c/ Pampa Fish y otro s/ despido" (que se adunaron a los autos), los cuales -afirma- daban cuenta de los trabajos que realizaban los actores para otros.
Plantea entonces, que resulta incongruente que se pretenda el pago de los salarios caídos.
Señala que el presente tema fue abordado en la primera cuestión del veredicto (indica: en el punto 12), en la cual los juzgadores consignaron expresamente tener presente la mencionada prueba informativa, así como también los períodos, montos y empleadores que ingresaron a la seguridad social por cada uno de los actores.
Refiere que a pesar de haber diferido a la etapa de sentencia la ponderación de los efectos y consecuencias jurídicas de los de hechos acreditados, al momento de abordar la temática de los salarios caídos, la cuestión planteada no recibió consideración alguna en su pronunciamiento.
Arguye que no puede considerarse que la mencionada omisión se debió a un "desplazamiento consciente" por la condena al pago de los salarios caídos, dado que entiende que las cuestiones y defensas de las partes que han sido materia de análisis en el veredicto deben ser tratadas, ya sea para acogerlas o rechazarlas.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 3.774/3.776 vta.), opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019 y L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
III.2. Sentado lo anterior, se advierte que bajo la denunciada transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los agravios que trae el interesado lejos de evidenciar la preterición de cuestiones esenciales, remiten a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso en análisis y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.570, "Branco", sent. de 3-X-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020).
Concretamente, son aplicables al caso aquellas directrices del Tribunal que indican que resultan extrañas al recurso extraordinario de nulidad las alegaciones relacionadas con la apreciación del material probatorio, así como a la eventual ausencia de su tratamiento o su deficiente ponderación (causas L. 87.736, "Barrios", sent 2/12/2009; L. 91.863, "Gómez", sent. 17-VIII-2011 y L. 114.776, "Alegre", sent. 5-VI-2013); también, que no se verifica infracción a la mentada norma de la Constitución bonaerense si las omisiones que se denuncian no constituyen cuestiones esenciales, sino meros argumentos desarrollados por la parte en apoyo de su posición (causas L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011 y L. 103.160, "Macías", sent. de 2-V-2013).
III.3. Finalmente, procede indicar que la anulación de oficio de los pronunciamientos de los tribunales de la instancia se trata de una facultad exclusiva y excluyente de este Tribunal y no asiste a las partes la potestad de efectuar un planteo de esa naturaleza (causas L. 119.469, "Sánchez", sent. de 29-VIII-2017; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020 y L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020).
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 163 inc. 3, 4 y 6, y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; de normas insertas en instrumentos internacionales con jerarquía co
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