Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122913
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.913, "Carrizo, Andrea Noemí contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la actora por resultar vencida (v. fs. 463/472).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 481/491 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia ART S.A. y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y, desestimó la demanda promovida por la señora Andrea Noemí Carrizo, mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 463/472).
Para así decidir, tuvo por verificado que la accionante -dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- sufrió un accidente automovilístico el día 13 de agosto de 2011, mientras se dirigía a la ciudad de Tandil junto a dos compañeros de trabajo, que le provocó una incapacidad parcial y permanente del 65% del índice de la total obrera (v. vered., primera y segunda cuestiones, fs. 463/465).
Juzgó que la actora no acreditó -como era su carga- la relación de causalidad o concausalidad entre los daños padecidos como consecuencia del siniestro y las tareas desarrolladas para su empleadora, como tampoco que el viaje hubiera sido realizado en cumplimiento de una orden recibida por aquella o aconteciera en ocasión de su trabajo; y, en tales condiciones, dispuso el rechazo íntegro de la acción deducida (v. vered., fs. cit. y sent., fs. 468/469 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la accionante deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación a la doctrina legal que identifica (v. fs. 481/491 vta.).
Controvierte el rechazo de la acción bajo estos cuestionamientos:
II.1.a. Denuncia que el tribunal de trabajo no ponderó debidamente las pruebas agregadas a la causa y el relato de los hechos efectuado en la demanda, arribando a conclusiones contrapuestas con las constancias de autos, que lo condujeron a apartarse de la verdad objetiva (v. fs. 484 vta. y 485).
Aduce que contrariamente a lo sostenido por el juzgador, en su libelo inicial nunca refirió que la decisión de emprender el viaje en el que ocurrió el infortunio hubiera sido de la actora; sino que afirma que fue dispuesta por quienes concurrieron a una reunión llevada a cabo una semana antes del suceso, entre ellos, la directora del establecimiento educativo (v. fs. 485).
II.1.b. Sostiene que en el fallo de grado se incurrió en absurdo por un análisis parcial, tendencioso y erróneo de la prueba documental producida (v. fs. 486). Precisa que no debió tenerse por reconocido el informe de investigación del accidente realizado a pedido de la aseguradora demandada, ante la falta de contestación del segundo traslado de la Fiscalía de Estado, cuando asevera que se encontraba desconocido por la accionante en tiempo y forma al evacuar el correspondiente a Provincia ART S.A. (v. fs. 486 y vta.).
Añade que la valoración de esa documental no fue integrada con el resto de las probanzas de la causa, pues -postula- el juzgador de origen omitió considerar que dicha pieza demostraba que la denuncia del siniestro había sido efectuada por la directora en representación de la Escuela y no por su parte (v. fs. 486 vta.).
II.1.c. Cuestiona la apreciación de la prueba testimonial (v. fs. 487 vta.).
Sostiene que el a quo seleccionó y realizó transcripciones parciales de las declaraciones -omitiendo parte de su contenido- y enfatiza que resultaban dirimentes para demostrar los dichos expuestos en el reclamo inicial (v. fs. cit.).
A modo de ejemplo, relata que los declarantes González y Heredia señalaron que el viaje fue autorizado por la directora del establecimiento y que esa consideración no fue plasmada en el pronunciamiento en crisis (v. fs. 488).
Postula acreditado que el viaje realizado por la actora, junto con sus compañeros, se debió a una diligencia necesaria para llevar a cabo el paseo de estudios oficial de los alumnos del último curso de la institución, en el marco del proyecto educativo (v. fs. 488 vta.).
II.1.d. Resalta que en la causa "Calderán, María Cristina c/ Provincia ART S.A s/ Accidente Ley Especial" (expte. n° 33.725, iniciada por los derechohabientes de la señora Mónica Varela, quien en vida fuera su compañera de trabajo y falleciera en el accidente de marras), el Tribunal de Trabajo n° 2 de Lomas de Zamora efectuó -según su punto de vista- un correcto análisis de las pruebas aportadas, y que son las mismas que las traídas en autos; lo que lo llevó a acoger aquella acción y condenar a la demandada a brindar a los reclamantes las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 489 vta.).
Argumenta que tanto la tramitación del mencionado expediente como su resolución, fueron puestas en conocimiento del juzgador a fin de evitar sentencias contradictorias y escándalo jurídico (v. fs. cit.).
II.2. Denuncia vulnerada la doctrina establecida por esta Suprema Corte en el precedente L. 83.586, "Luque", sentencia de 26-XI-2018 (v. fs. 490 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe señalar que contrariamente a lo manifestado por el interesado (v. rec., punto IV, apartado 4, fs. 481 vta.), el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, se constata que los agravios destinados a cuestionar las conclusiones establecidas en torno a la valoración de las pruebas efectuadas por el sentenciante de grado y, que lo llevaron a juzgar no acreditada la relación de causalidad entre el accidente y las tareas desarrolladas para su empleadora, se hallan marginadas de examen en el estrecho marco de revisión indicado.
III.2.a. Los planteos remiten necesariamente al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los magistrados de origen y, por ende -reitero- excluidas del ámbito de la casación por la vía transitada.
Ha declarado este Tribunal que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el estrecho carril del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba (causas L. 121.143, "Hurtado" y L. 120.016, "Mozzi", sents. de 14-VIII-2019; L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020; L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020; L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; e.o.).
Refuerza lo dicho la circunstancia que las doctrinas que se individualizan a fs. 488 vta. de la pieza recursiva, también remiten a la apreciación de la prueba, por lo que no resultan idóneas para configurar la hipótesis excepcional referida (causas L. 118.153, "Ferrara", resol. de 3-XII-2014; L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VII-2014; L. 118.612, "Altamirano", resol. de 25-II-2015; L. 123.850, "Tesoriero", sent. de 26-V-2021; e.o.).
El precedente de fs. 490, tampoco resulta útil, ya que no guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que constituyeron factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
Se recuerda al compareciente que reiteradamente ha dicho este Tribunal que no constituye la doctrina legal a que se refieren los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, la que se vincula a la definición del vicio de absurdo (v. rec., fs. 484 vta.; causas L. 119.161, "Ortíz", sent. de 13-VI-2018; L. 119.510, "Villarruel", sent. de 30-VI-2020; L. 120.927, "Argüello", sent. de 25-VIII-2020; e.o.), ni tampoco la que emana de la opinión de los autores (v. rec., fs. cit.; causas L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; e.o.).
III.2.b. En conclusión, dado que la propuesta impugnativa conlleva un renovado análisis de aspectos fácticos y probatorios que claramente excede el ámbito de aplicación del art. 55 in fine de la ley 11.653, corresponde desestimar el recurso traído a revisión.
III.3. A mayor abundamiento y para satisfacción de la interesada, añado -sin perjuicio del estrecho margen de revisión del presente- que la denuncia del quejoso de la omisa valoración, por parte del a quo , de lo resuelto en la causa "Calderán, María Cristina c/ Provincia ART S.A s/ Accidente Ley Especial", merece una mención.
El dictado de la sentencia el 12 de septiembre de 2017 en los autos tramitados por ante el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, fue "informado y puesto de manifiesto" en esta causa (v. escrito con cargo del 26 de octubre de 2018, rotulado "MANIFIESTA. INFORMA SENTENCIA TRIBUNAL N° 2"), en oportunidad de encontrarse este expediente en estado de resolver, de modo que mal pudo ponderarse por el tribunal de la instancia de grado en la etapa procesal oportuna, resultando -incluso- por demás tardía su invocación, lo que se evidencia de contrastar la fecha de la sentencia referida con la de su presentación en autos.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el punto III.3., habré de adherir al voto emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con igual salvedad que la formulada por el doctor Soria, adhiero -por los mismos fundamentos- al voto emitido en primer término.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2021 21:12:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2021 19:18:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2021 15:51:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 00:01:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 08:44:39 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia