Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120947
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.947, "Centauro S.A. contra Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Recurso de queja", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó el recurso de queja deducido a fs. 45/52 vta. por Centauro S.A. contra la decisión del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que denegó el recurso de apelación (v. resol. admin., fs. 57/59 vta. y sent., fs. 67/75), mediante el cual había impugnado la resolución que ordenó aplicarle una multa (v. fs. 7/8 vta.). Impuso las costas a la vencida.
Se dedujeron, por la apelante, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 77/87), admitidos -respectivamente- por el tribunal de grado a fs. 94 y 106 y, posteriormente, declarados bien concedidos por esta Corte mediante resolución de fs. 137/142 vta.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 17-VII-2020), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el de inconstitucionalidad deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, mediante el dictado de la resolución 1.681/14, impuso a Centauro S.A. una sanción pecuniaria de $119.200 por haber constatado el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, previstas en los arts. 79, 80, 134, 160, 169, 175, 176, 187 y anexo VII, punto 3 del decreto 351/79, declarando tipificadas las conductas descriptas en los arts. 3 inc. "h" y 4 inc. "g" de la ley 12.415 (v. fs. 7/8 vta.).
Contra esa decisión administrativa, la mencionada sociedad dedujo recurso de reconsideración con apelación en subsidio, en el cual planteó la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149, en cuanto el mismo exige el pago previo de la multa para recurrir. A la vez, alegó la imposibilidad económica de afrontar dicha erogación y ofreció sustituirla por una garantía real, recayendo la misma sobre un bien inmueble de su propiedad, ello, de conformidad con lo establecido en el art. 15 de dicho cuerpo normativo (conf. dec. 3.240/00; v. fs. 10/16 vta.).
Frente al silencio de la autoridad de aplicación respecto de la admisibilidad del remedio impetrado y vencido el plazo del pedido de pronto despacho, la interesada dedujo recurso de hecho por apelación rechazada (al que denominó "queja"), ante el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el que requirió -nuevamente- la sustitución del depósito exigido por el citado art. 61 y -de forma subsidiaria- mantuvo el planteo de inconstitucionalidad formulado en sede administrativa en relación a dicho artículo. Pues, sostuvo que toda vez que condiciona la concesión del recurso deducido contra las resoluciones que impongan multas en calidad de sanción al pago previo de su importe, dicha norma trasgrede los derechos consagrados en la Ley Suprema de la Nación que citó (v. fs. 45/52 vta.).
Posteriormente, se presentó la reclamante y denunció -como hecho nuevo- que el día 9 de agosto de 2016, se le notificó del dictado de la resolución 171/15, en la cual el Subsecretario de Trabajo provincial resolvió desestimar los pedidos formulados por la apelante y declaró la inadmisibilidad del recurso incoado, al no haberse cumplimentado con el requisito del depósito previo de la multa impuesta (v. fs. 57/59 vta.).
A su turno, el tribunal de grado, con sustento en la doctrina elaborada en la causa L. 117.098, "Grúas San Blas S.A." (sent. de 20-VIII-2014) despejó toda duda acerca de la procedencia de la articulación del recurso directo deducido por Centauro S.A. y brindó tratamiento a la queja deducida (v. sent., fs. 68 y vta.).
Sobre tal base, declaró la inaplicabilidad al caso del art. 15 de la ley 10.149 y rechazó el planteo subsidiario de inconstitucionalidad del art. 61, razón por la cual, declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, desestimó el recurso de "queja" impetrado (v. sent. fs. 67/75).
II. Contra dicho pronunciamiento, la recurrente deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que invoca vulnerados los derechos de acceso irrestricto a la justicia, debido proceso y defensa en juicio (v. fs. 81/83 vta.).
II.1. En primer término, denuncia violación y errónea aplicación de la doctrina legal que individualiza.
En tal sentido, se agravia de la decisión del tribunal de trabajo por la cual -inicialmente- consideró procedente la queja directa con apoyo en la doctrina de este Tribunal emergente de la causa L. 117.098, "Grúas San Blas S.A.", sentencia de 20-VIII-2014, pero luego rechazó la apertura para su tratamiento (v. fs. 81 y vta.). Afirma que la decisión de grado se apartó de dicho precedente (v. fs. 81 vta.).
Refiere que las génesis de ambos casos resultan análogas, en cuanto se solicitó la sustitución del previo pago de la multa administrativa impuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de recurrir judicialmente en los términos del art. 61 de la ley 10.149, mediante una póliza de caución que, en el presente caso, consiste en una garantía de embargo sobre un bien inmueble de su propiedad, libre de todo gravamen; requiriendo -de modo subsidiario- la declaración de invalidez constitucional del mentado art. 61 (v. fs. 81 vta.).
Aduce que tales peticiones fueron desestimadas, trasgrediendo la normativa aplicable y doctrina legal citada (v. fs. cit.).
Explica que el propio juez que debe conocer sobre el recurso contemplado en la mencionada disposición ha de tener bajo su esfera la potestad de revisar la decisión concerniente a la declaración de incumplimiento de sus requisitos de admisibilidad, pues, no puede la interesada -sancionada, en el caso, con la imposición de una multa- verse privada de ello, con manifiesto quebranto de elementales derechos constitucionales (arts. 15, Constitución provincial y 18 y 75 inc. 22, Constitución nacional). De allí que -explica- no pudo el tribunal desprenderse de la tarea jurisdiccional que le incumbía (v. fs. 82).
II.2. Por otro lado, aduce que la sentencia de grado traduce un excesivo rigor formal al condicionar la concesión del recurso interpuesto al pago previo de la multa, a fin de posibilitar la revisión de una sanción administrativa impuesta en un sumario en el que -dice- se denegó la apertura a prueba (v. fs. cit.).
En ese orden, se agravia de la conclusión del juzgador con arreglo a la cual consideró que el pago previo yace en la presunción de legitimidad de los actos administrativos, cuando en esa instancia -alega- el procedimiento seguido por su parte fue "...absolutamente irregular al privarla de la apertura a prueba, a fin de que el imputado pueda producir los medios probatorios ofrecidos (documental, informativa y testimonial), a efectos de demostrar su falta de responsabilidad en la presunta infracción que se le imputaba..." (fs. cit.).
Sostiene que en autos se ha soslayado lo normado en el art. 18 de la Constitución nacional, principio rector dirigido a posibilitar el pleno ejercicio y desarrollo del debido proceso, propio del estado de derecho (v. fs. 82 y vta.).
II.3. Asimismo, cuestiona la disquisición interpretativa efectuada por el sentenciante por conducto de la cual desestimó la sustitución de la multa por una garantía, conforme lo estipulado en el art. 15 de la ley 10.149, denegando en el supuesto previsto en el art. 61 de aquella, la posibilidad de suplir su pago por cauciones reales suficientes que cubran el importe, tal como lo prevén los arts. 1 y 3 del decreto 3.240/00, lo cual -denuncia- le causa un agravio irreparable al imponer rigorismo formal que contradice el objetivo del legislador (v. fs. 82 vta.).
En suma, aduce que frente a la posibilidad de optar entre dos interpretaciones sobre el alcance de sustitución de la multa por una garantía que prevé el propio sistema recursivo de la ley 10.149, debería mantenerse aquel que viabilice el derecho de acceso a la justicia (v. fs. 83).
Plantea que, en el caso, los derechos del administrado se han visto manifiestamente afectados ante el impedimento de abrir a prueba el sumario. Máxime -alega- teniendo en cuenta que dejó acreditada mediante el informe contable (agregado a fs. 9) su grave situación económica, y, con ello, la imposibilidad de cumplimentar con el pago previo de la sanción pecuniaria a los fines recursivos (v. fs. 83 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Es preciso recordar que esta Suprema Corte en la causa L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (sent. de 20-VIII-2014) estableció -en un contexto similar- que obstar el control judicial de la decisión administrativa que deniega el denominado "recurso de apelación" previsto por la ley 10.149 (art. 61) contra la resolución que -en ejercicio del poder de policía laboral- impone una multa, importa una restricción lesiva de la garantía de acceso pleno a la tutela judicial efectiva (art. 15, Constitución local).
En el mencionado precedente, en el que adherí al voto de mi colega doctor Genoud, se ha señalado -y he de reiterar aquí- que aun cuando no se encuentre expresamente previsto el indicado supuesto en el diseño de la ley 10.149, no hay dudas de que la pretensión articulada contra el acto dictado por la autoridad administrativa laboral provincial que deniega la impugnación deducida en esa sede debe ser resuelta por el tribunal de trabajo. Este último es el órgano competente para entender sobre las impugnaciones articuladas contra las resoluciones dictadas por los señalados órganos de la Administración cuando las leyes así lo dispongan (arts. 2 inc. "f", ley 11.653 y 61, ley 10.149).
Esa interpretación -se dijo- es la que mejor se ajusta a la garantía del acceso irrestricto a la jurisdicción (art. 15, Constitución provincial) que, indudablemente, conforma una de las bases primordiales del estado de derecho.
III.1.b. Sentado lo anterior e ingresando en el tratamiento de las críticas que porta la impugnación articulada, considero que no resulta de recibo el reproche que radica en la denuncia de violación de la doctrina legal emergente de la causa registrada como L. 117.098, "Grúas San Blas S.A.", sentencia de 20-VIII-2014.
En efecto, en dicho precedente esta Suprema Corte, luego de declarar admisible el recurso extraordinario deducido, reprodujo el criterio sentado en la mencionada causa L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (sent. de 20-VIII-2014) -a la que he hecho referencia precedentemente- para revocar la decisión de origen que había cerrado la vía de hecho tendiente a revisar el rechazo formal de la apelación dispuesta por la autoridad administrativa y, con pie en ello, devolvió la causa al inferior en grado para el tratamiento de la "queja por denegatoria". En autos, el órgano de grado, hubo de aplicar con acierto la directriz que emana de la citada causa e ingresó a analizar la "queja", aunque la decisión -como surge de la reseña efectuada- ha resultado adversa a las pretensiones de la aquí recurrente.
III.2. Luego, corresponde señalar que si bien el valor de lo cuestionado -representado por el monto de la multa establecida en la decisión administrativa que se apela- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010; Ac. 3.864/17), la interesada expresamente vincula sus agravios a la afectación de los derechos de acceso irrestricto a la justicia, debido proceso y defensa en juicio garantizados por los arts. 18, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En consecuencia, considero que toda vez que se encuentra en debate una cuestión de naturaleza federal -tal como anticipó esta Suprema Corte al declarar bien concedido el remedio articulado (v. resol. de fs. 137/142 vta.)-, no resulta aplicable el referido límite cuantitativo (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) en lo vinculado a la restricción de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley examinado (causas L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011 y L. 115.497, "Palomo", sent. de 5-VII-2017).
Aclarado ello, corresponde abocarme -sin más- al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
III.3. En primer lugar, estimo que no resulta atendible el agravio por conducto del cual se denuncia que el procedimiento administrativo fue irregular al privar a la ahora recurrente de la posibilidad de la apertura a prueba de las actuaciones, a efectos de demostrar su falta de responsabilidad en la infracción imputada.
Las constancias adunadas a la causa permiten evidenciar que, en oportunidad de resolver el descargo efectuado por la empresa infraccionada en los términos del art. 57 de la ley 10.149, la autoridad administrativa dictó resolución -que lleva el número 1.681/14- desestimando los medios probatorios aportados por la interesada para intentar demostrar la inexistencia de las infracciones endilgadas a su parte (v. fs. 7).
Relató allí, que la aquí impugnante adujo haber dado cumplimiento a cada punto infraccionado, a la vez que denunció que el acta de procedimiento carecía de firmas requeridas para su validez. A tal fin, indicó que proporcionó la prueba documental (fotografías certificadas por un actuario notarial), que -a su juicio- resultaba conducente para demostrar sus dichos (v. fs. cit.).
Sobre el particular, meritó que las mismas carecían de eficacia probatoria, desde que, en principio, no eran -por si mismas- instrumentos públicos o privados, a la par que puntualizó que la certificación había sido realizada con posterioridad a la visita efectuada por la autoridad y, por ende, a la fecha del labrado del acta (v. fs. 7 y vta.).
Ahora bien, al momento de presentar el recurso de hecho ante el tribunal de trabajo actuante, la recurrente alegó la imposibilidad de haber producido la prueba necesaria para demostrar los incumplimientos endilgados.
En estas condiciones, a la vista del relato efectuado, estimo que la interesada en modo alguno se encontró privada -en este aspecto particular- de hacer valer su derecho de defensa, lo que conduce -sin más- al rechazo de este tramo de la impugnación.
III.4. Tampoco es de recibo el cuestionamiento formulado respecto al rechazo de la sustitución de la multa prevista en el art. 61 de la ley 10.149, por una garantía real, conforme lo normado en el art. 15 de dicha ley.
III.4.a. En el caso, el tribunal de grado tuvo en consideración al momento de resolver la controversia, lo pretendido por la apelante al incoar su recurso de queja (v. sent., fs. 68 vta.).
En ese cometido, indicó que la interesada admitió allí que la concesión de su medio impugnativo se encontraba condicionada al pago previo de la multa, el cual consideró sustituible por una garantía suficiente. Sobre el particular, el sentenciante juzgó que la recurrente había arribado a dicha conclusión realizando una interpretación sesgada de la ley 10.149 (v. sent., fs. cit.).
Partiendo de dicha premisa, precisó que el art. 61 de la ley 10.149 era determinante y claro en cuanto a los requisitos para apelar las multas impuestas por el Subsecretario de Trabajo; requiriendo dicha norma que la interposición del recurso debía ser efectuada en el plazo de tres días, fundado y previo pago de la multa (v. sent., fs. cit.).
Refirió que la empresa pretendió cumplir con este último requerimiento, ofreciendo sustituirlo por una garantía real, en los términos de los arts. 15 de aquel dispositivo legal y 1 y 2 del decreto 3.240/00; y, en tal sentido, sostuvo que dicha norma no era aplicable al caso (v. sent., fs. 68 vta. y 69).
Señaló que el régimen normativo de la mencionada ley 10.149 constaba de diversos capítulos relativos a diferentes temáticas y materias. Destacó que el artículo en cuestión que habilita la pretendida sustitución del pago previo, se encontraba inserto en el capítulo II, aplicable a los "conflictos individuales y pluriindividuales de conciliación y arbitraje" (arts. 7 a 18), por lo que -en lo que aquí interesa- sostuvo que no resultaba extensible a los procedimientos infraccionarios regulados en el capítulo VIII de la ley, relativos a los "procedimientos para la ejecución de sanciones" (arts. 53 a 63; v. sent., fs. 69).
Para así decidir, consideró que la apelación de la resolución dictada por la autoridad administrativa en los términos del citado art. 15, permitía la posibilidad de suplir el depósito previo por cauciones reales suficientes, no pudiendo esta última norma aplicarse al supuesto previsto en el caso del art. 61 que expresamente exige el "previo pago de la multa". En ese orden de ideas, precisó que "cada tipo de sanción del Subsecretario de Trabajo tiene su procedimiento especial y distinto en cuanto al pago", por lo cual no cabía la posibilidad de sostener que el art. 61 se integraba con lo dispuesto en el citado art. 15. Refirió en tal sentido, que al redactar y sancionar la ley 10.149, el legislador provincial estableció como principio general el previo pago -determinando como excepción a dicha regla la regulada en el mentado art. 15-, no concediéndola al caso del art. 61; ello así, pues sostuvo que este último se trataba de un procedimiento de sanciones por infracciones en el cumplimiento de la normativa laboral y/o de seguridad e higiene en el trabajo, resultando este último el caso de marras (v. sent., fs. 69 y vta.).
En respaldo de su postura, citó doctrina de autores para reafirmar su decisión y culminó desestimando la pretensa aplicación al sub lite (v. sent., fs. 69 vta./70 vta.).
III.4.b. En el caso, advierto que la recurrente no logra desvirtuar las conclusiones del sentenciante que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada en este aspecto.
El propio relato de los antecedentes deja en evidencia que la agraviada discurre sobre la aplicabilidad al caso de las disposiciones del art. 15 de la ley 10.149 (conf. dec. 3.240/00), dejando sin réplica las concretas motivaciones que definieron el contenido de la decisión, a las que alude sólo en forma tangencial.
Se desentiende del razonamiento que condujo al juzgador a establecer que el supuesto aprehendido en el citado artículo de la ley (que establece la posibilidad de suplir el depósito previo por cauciones reales suficientes) resultaba aplicable a los casos en los que la apelación de la resolución proviniera de conflictos individuales y pluriindividuales de conciliación y arbitraje; no resultando la mencionada excepción -por el contrario- extensible al caso previsto en el art. 61 de esa norma, por versar sobre una materia diversa a la de autos (a saber: un procedimiento para la ejecución de las sanciones); no pudiendo por todo ello, suplirse el requisito del depósito previo previsto en este último artículo por una caución real, de acuerdo a lo prescripto en mencionado art. 15.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la cau
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.