Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124796
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.796, "Hurtado, Claudio Andrés contra Sony Argentina S.A. y otros. Despido y cobro de pesos", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan , Torres , Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 651/691).
Se dedujeron, por la parte demandada Sony Argentina S.A. y el actor, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 718/728 vta. y 737/759, respectivamente).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada Sony Argentina S.A. a fs. 718/728 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora a fs. 737/759?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Claudio Andrés Hurtado y condenó solidariamente a Sony Argentina S.A., Maem S.A., Royal Logistics S.A. y Rol Empresario S.A. (respecto de esta, en proporción al tiempo que se acreditó su intervención como tercero contratante), al pago de la suma que especificó para cada una de ellas, en concepto de indemnización por antigüedad y sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, haberes adeudados, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 16 de la ley 25.561; 2 de la ley 25.323, la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), la entrega de los certificados previstos en esta última norma y la indemnización por daño moral -a excepción de este último rubro y la confección de los mencionados certificados, que ordenó a cargo exclusivamente de la primera empresa mencionada (arts. 29 párrafos 1 y 2 y 31, LCT). En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el cobro de la indemnización establecida en el art. 132 bis de la última ley citada (conf. art. 43, ley 25.345) y, ya con fundamento en el derecho civil, la reparación de los daños y perjuicios.
Asimismo, rechazó en todas sus partes la demanda iniciada contra Sergio Marcelo Tripodi, Employs S.A. y A.B. Servicios S.R.L.
En particular, aplicó a la codemandada Sony Argentina S.A. la sanción prevista en el art. 275 de Ley de Contrato de Trabajo, por juzgar que su conducta asumida calificaba como temeraria.
Para arribar a esas decisiones, consideró probado que el trabajador fue contratado por diversos sujetos, en principio por empresas de servicios eventuales, y posteriormente de modo directo por las demandadas Maem S.A. y Royal Logistics S.A., habiendo sido proporcionado, a lo largo de esas vinculaciones, para prestar servicios de transporte y logística de los productos manufacturados por Sony Argentina S.A (v. vered. segunda y tercera cuestión, fs. 655 vta./656 vta. y sent., fs. 670).
Puntualizó que el actor debía considerarse empleado directo de esta última, por ser quien utilizaba su prestación laboral, verificándose el supuesto previsto en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. cit.). Sostuvo que Sony Argentina S.A. recurrió a la interposición de las restantes sociedades intentando un evidente fraude en los términos del art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que las tareas realizadas por el actor (control de calidad, embalaje y distribución de los productos que la misma comercializa), constituían actividades que integraban el objeto de la mencionada sociedad que, en definitiva consistía en la entrega de la cosa vendida, completando de ese modo el ciclo de la producción de ésta (v. vered. primera cuestión, fs. 652 vta./655 y sent., fs. cit.).
Sobre esa base -y a tenor de sendas consideraciones efectuadas en el veredicto-, juzgó que el accionar fraudulento de Sony Argentina S.A. (al no encontrarse inscripto el actor como dependiente suyo, así como también percibir una remuneración menor a los dependientes de aquella) constituyó injuria de gravedad suficiente para legitimar la rescisión contractual dispuesta por el accionante -el día 2 de enero de 2003- (art. 242, LCT; v. vered. cuarta, quinta, sexta y décima cuestión, fs. 656 vta./660 y fs. 662/663 y sent., fs. 670/671).
II. La parte demandada Sony Argentina S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación a las normas y a la doctrina legal que identifica (v. fs. 718/728 vta.).
II.1. Cuestiona que en la sentencia se le haya extendido la responsabilidad frente a lo reclamado en autos.
Manifiesta que la actividad principal de la recurrente resulta ser la venta de aparatos electrónicos, mientras que las codemandadas son empresas de logística que cuentan con personal propio y objeto social especial. Agrega, que su vinculación con alguna de las coaccionadas lo fue a través de un contrato comercial.
Aduce que el trabajador jamás laboró bajo relación de dependencia de su representada. Alega que -incluso- el propio actor reconoció quiénes fueron sus empleadores, al indicar que eran estos los que registraron su contrato de trabajo, siendo ellos -afirma- quienes le impartían órdenes y abonaban las remuneraciones del reclamante; y, por ende, los que deben responder por los eventuales incumplimientos.
Refiere que no se verifican en el caso las notas típicas que definen al contrato de trabajo, esto es; la dependencia jurídica, económica y técnica.
Destaca que las tareas invocadas por el accionante de ningún modo pueden encuadrarse en la actividad propia, normal y específica de Sony Argentina S.A., por lo que no le resultan aplicables a esta última las consecuencias que derivan del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto no abarcan cualquier tipo de contratación o subcontratación, sino solo aquellas referidas a trabajos y servicios correspondientes a la actividad antes mencionada. Asevera que esta Suprema Corte de Justicia ha adoptado un criterio restrictivo respecto a la concurrencia de los presupuestos que tornan operativa la responsabilidad solidaria establecida en el citado precepto; en tal sentido, cita la causa L. 76.392, "González" (sent. de 28-V-2003).
Con apoyo en doctrina autoral y precedentes de otros tribunales, afirma que el supuesto de autos no se encuentra alcanzado por el referido art. 30 de la ley 20.744.
II.2. Bajo la denuncia de absurdo, cuestiona la condena a entregar las certificaciones establecidas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Siguiendo el razonamiento expuesto en el agravio anterior, afirma que, dada la ausencia de relación laboral entre la empresa y el actor, la obligación impuesta a entregar el certificado de trabajo y aportes previsionales es de cumplimiento imposible.
Añade que tampoco se desprenden de la causa "pautas claras, concretas y objetivas para la confección del referido certificado".
A lo dicho agrega que, conforme los términos de la resolución 601/08 emitida por la ANSES, la certificación de servicios y remuneraciones debe generarla y emitirla el empleador por vía informática en base a lo declarado mensualmente en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por lo que su parte carece de datos concretos para confeccionar un documento como el que se exige.
Asimismo, sostiene que la solidaridad a la que alude el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no alcanza, como en el caso, a aquellas obligaciones "de hacer", las cuales -aduce- solo se encuentran a cargo del empleador.
Manifiesta que al no encontrarse obligada a confeccionar el certificado dispuesto en el art. 80 de la citada ley, tampoco puede serlo a abonar la multa que prevé la misma norma.
Añade que el accionante no denunció en su demanda en qué consistían los daños que le ocasionaron la falta de su entrega.
II.3. Luego, controvierte la conclusión del a quo por la cual juzgó acreditada -con fundamento en el art. 31 del cuerpo legal de referencia- la existencia de un grupo económico entre las codemandadas.
Sostiene que la sentencia de grado resulta arbitraria, en tanto -aduce- carece de la necesaria fundamentación que permita evidenciar la supuesta maniobra fraudulenta o conducción temeraria endilgadas por su parte. Indica que no se ha tenido en cuenta que la prestación del trabajador lo fue -exclusivamente- para las restantes demandadas. Por otro lado, alega que su mandante únicamente contrató los servicios de una de estas últimas, sin que ello implique que pertenezcan a un mismo grupo económico (v. fs. cit.).
II.4. Por último, al efectuar una síntesis del contenido del recurso solicita "que se revoque la decisión atacada, ordenando la aplicación de intereses que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (tasa pasiva)" (rec., fs. 728).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el tribunal de origen, a pesar de considerar que el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 796/797 vta.); sin que se formularan objeciones al respecto.
Siendo ello así, la competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
III.2. En el caso, se advierte un notorio desencuentro entre los fundamentos sobre los cuales se estructura la condena motivo de agravio (nítidamente enmarcados en un escenario de fraude a la luz del art. 29 de la LCT) y los argumentos con los que el impugnante busca obtener su revisión (en sustancia, emparentados con los arts. 30 y 31 de la LCT).
Ello explica el porqué de la ajenidad de la aislada doctrina que cita el interesado respecto de lo decidido en autos. A tales deficiencias, se les suman las consideraciones de índole fáctica que rodean a los reproches traídos con el afán de evidenciar una decisión absurda, de suyo inatendibles en el excepcional carril por el que transita el recurso (causas L. 118.457, "Avalos", resol. de 18-III-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; e.o.).
Con todo, no es ocioso señalar -ya que abundan sus citas- que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019; L. 120.973, "Frontera", sent. de 19-II-2020; L. 122.887, "Canepa", sent. de 6-X-2020 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-II-2020).
III.3. Finalmente, queda por indicar que la mera mención o petición referida a la tasa de interés de preferencia del interesado, carente de toda explicación conectada con lo decidido en el caso, y a su vez, de denuncia tendiente a demostrar el eventual quebrantamiento de la doctrina legal, se muestra patentemente inadmisible (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 18-IX-2019; L. 121.015, "Verón", sent. de 27-VII-2020; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta de mi colega doctor Soria desde que el caso bajo análisis presenta análogas connotaciones a las verificadas en la causa L. 123.368, "Hurtado" (sentenciada en la misma fecha), a la que remito.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Es dable advertir que tribunal interviniente examinó -con cierto grado de imprecisión- la admisibilidad de los remedios extraordinarios deducidos en autos y concedió el interpuesto por Sony Argentina S.A. en el marco que provee el art. 55 de la ley 11.653, tal como señala el doctor Soria en su exposición.
Luego, dado que el desarrollo argumental expuesto por el agraviado se afirma, en lo sustancial, en un enfoque que difiere de la motivación esencial del pronunciamiento (la condición atribuida a la codemandada en el vínculo sometido a juzgamiento), la crítica resulta inadmisible, por los motivos expuestos por el colega ponente. Como derivación de lo señalado, corresponde desestimar, por improcedente, el cuestionamiento relativo a la entrega de la documentación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que aquí interesa -por ser materia de agravio-, el tribunal de grado desestimó el planteo por el que se cuestionaba la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (t.o. art. 4, ley 25.561; v. sent., fs. 684 y vta.).
Respecto de los intereses, dispuso que debían calcularse desde el día 2 de enero de 2003 -fecha del distracto- hasta el 18 de agosto de 2008, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días y, desde el día 19 de agosto de 2008 y hasta la fecha de la sentencia, conforme la tasa pasiva digital que abona dicha entidad bancaria (v. sent., fs. 686 in fine /687).
Para el supuesto de incumplimiento, estableció aplicar adicionalmente intereses sancionatorios equivalentes a una vez la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días en pesos y hasta la cancelación de la obligación (v. sent., fs. 687 vta.).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, la vulneración de las normas y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 737/759).
II.1. En lo atinente a la admisibilidad de la impugnación, sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal Superior de la Provincia debe intervenir para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En esa línea, afirma que los fallos y precedentes del Máximo Tribunal "...deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 738 y vta.).
II.2. En lo medular de su crítica se agravia de la tasa de interés que el tribunal de grado aplicó al capital de condena.
Aduce que mediante la aplicación de las "tasas de interés" -ya sean activas o pasivas- los tribunales inferiores favorecen la "licuación" de las deudas de quienes incumplen sus obligaciones, afectando el valor adquisitivo final de los créditos. Agrega que, comparada con la inflación, la aplicación de alícuotas negativas priva al trabajador de todos los intereses puros y de gran parte de su capital real.
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando cierto coeficiente y otros tantos métodos que -asegura- evitan la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral.
Con todo, afirma que la sentencia atacada vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil y 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.3. Seguidamente, sostiene que el tribunal de origen omitió aplicar la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente es menester destacar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007; L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, cabe -también- indicar que la competencia revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; e.o.), por lo que no corresponde ingresar a analizar los planteos formulados por el impugnante en el punto III del recurso bajo la denominación "solicitudes especiales".
III.3.a. Luego, ocupa señalar que la objeción emparentada con la tasa de interés aplicada en autos al capital de condena, no es de recibo.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Se sigue de ello que la decisión adoptada en el presente caso por el órgano de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar el cuestionamiento traído.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.