Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123368
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.368, "Hurtado, Claudio Andrés contra Sony Argentina S.A. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 706/734).
Se interpusieron, por la codemandada Sony Argentina S.A. y por la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 13 de junio de 2018 y 14 de junio de 2018, respectivamente).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la codemandada Sony Argentina S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Claudio Andrés Hurtado y condenó solidariamente -con sustento en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo- a Sony Argentina S.A., Adecco Argentina S.A, Adecco Specialties S.A. y Schenker Argentina S.A., al pago de los días trabajados del mes de julio de 2008, aguinaldo y vacaciones proporcionales del año 2008; de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido; de las multas contempladas por los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345); 8 y 15 de la ley 24.013; 53 ter de la ley 11.653; de la penalidad por conducta temeraria y maliciosa y al resarcimiento por daño moral. Condenó asimismo a Sony Argentina S.A. -con exclusividad- a la entrega del certificado de trabajo, constancia documentada del ingreso de aportes y contribuciones y la certificación de servicios y remuneraciones (art. 12 inc. "g", ley 24.241). En cambio, rechazó la aplicación al caso del agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25.323 y el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 25.561 (v. fs. 706/734).
Dispuso, luego, que a los importes de condena se adicionen intereses desde la fecha del distracto -ocurrido el 17 de julio de 2008- y hasta la de su efectivo pago, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días en plazo fijo tradicional. Para el supuesto de incumplimiento, estableció intereses sancionatorios equivalentes a una vez la tasa activa promedio que percibe la mencionada entidad (v. sent., fs. 707 vta./708 vta., 730 y vta.).
II. Sony Argentina S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestionando -en sustancia- la decisión del tribunal de grado en cuanto extendió solidariamente la condena a su parte.
II.1. En ese orden, señala que su actividad principal es la venta de "aparatos electrónicos" y que las codemandadas de autos son empresas de logística, que cuentan con su propio personal y su especial objeto social.
Sostiene que su vinculación con las coaccionadas fue de índole comercial y que, contrariamente a lo sostenido por el actor, no se verifica en la especie ninguna de las notas tipificantes de un contrato de trabajo, esto es: subordinación técnica, jurídica ni económica. En suma, afirma que entre el señor Hurtado y Sony Argentina S.A. no existió relación laboral alguna.
Destaca que las tareas invocadas por el promotor del pleito no hacen a la actividad normal y específica de la empresa, por lo que no resultan aplicables a la recurrente las consecuencias que se derivan del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cita en apoyo de su postura a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Rodríguez Juan R. c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro" (sent. de 15-IV-1993).
Luego, desarrolla argumentos tendientes a demostrar que en el específico supuesto de autos no se encuentran configuradas las condiciones para la extensión de responsabilidad solidaria previstas en el citado art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Vinculado con lo anterior y -según afirma- dada la ausencia de relación laboral, censura la condena a entregar el certificado de trabajo y aportes previsionales, bajo el argumento de que se trata de una obligación de cumplimiento imposible.
Agrega que, conforme los términos de la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) n° 601/08, la certificación de servicios y remuneraciones debe generarla y emitirla el empleador por vía informática en base a lo declarado mensualmente en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por lo que su parte carece de datos concretos para confeccionar un documento como el que se exige.
II.3. Sostiene que resulta inconsistente y arbitraria la decisión del tribunal de grado de extender la responsabilidad solidaria a Sony Argentina S.A. en los términos del art. 31 de la mencionada ley sustantiva laboral, en el marco de interpretación que las demandadas conforman un grupo económico.
II.4. Por último, al efectuar una síntesis del contenido del recurso solicita "...que se revoque la decisión atacada, ordenando la aplicación de intereses que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (tasa pasiva) ..." (pág. 21, escrito recursivo electrónico).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el tribunal de origen concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 770/772 vta.), por considerar que el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141); sin que se formularan objeciones al respecto.
Siendo ello así, sin ingresar en consideraciones de otro orden, la competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 122.596, "Felioga", resol. de 8-V-2019; L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 119.599, "Silveira", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
III.2. Sin dejar de destacar que -contrariamente a los argumentos con los que la impugnante busca obtener la revisión del fallo- la condena impuesta a la aquí recurrente halló sustento en la circunstancia de haberse juzgado configurada en autos la existencia del supuesto previsto en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, sobre cuya base se declaró que la codemandada Sony Argentina S.A. era empleadora directa del señor Claudio Andrés Hurtado (v. sent., fs. 721 vta./723 vta.); observo que en el caso se traen a consideración cuestiones de hecho y prueba, como son las vinculadas a la definición que versa sobre la existencia o no de los presupuestos determinantes de la solidaridad establecida en los arts. 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, a la alegada imposibilidad de confeccionar las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 25.345- (causas L. 95.316, "Pedone", sent. de 4-XI-2009; L. 102.944, "Amoretti", sent. de 10-VIII-2011; L. 99.461, "Damiani", sent. de 4-VII-2012; L. 119.931, "Mancilla", sent. de 21-IX-2016; L. 120.812, "Adi", sent. de 4-X-2017; L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016; L. 120.013, "Quilodran", sent. de 15-XI-2017; L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020; e.o.) y al absurdo denunciado a su respecto, por lo que el asunto queda detraído de la revisión extraordinaria habilitada en el estrecho marco cognitivo de la vía excepcional por la que transita la presente queja.
En este sentido, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que no concurre el supuesto de excepción previsto en la mencionada norma del régimen adjetivo laboral cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas, ni cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador (causas L. 118.457, "Avalos", resol. de 18-III-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; e.o.), tal como -reitero- acontece en la especie.
Luego, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016; L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
III.3. Para finalizar, resta señalar que la mera mención o petición referida a la tasa de interés de preferencia del interesado, carente de toda explicación conectada con lo decidido en el caso, y a su vez, de denuncia tendiente a demostrar el eventual quebrantamiento de la doctrina legal, se muestra patentemente inadmisible (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 18-IX-2019; L. 121.015, "Verón", sent. de 27-VII-2020; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Si bien mediante un desarrollo impreciso, de similar tenor al relevado en la causa L. 124.796, "Hurtado" (sentenciada en la misma fecha), el tribunal interviniente examinó la admisibilidad de los remedios extraordinarios deducidos en autos y concedió el interpuesto por Sony Argentina S.A. en el marco que provee el art. 55 de la ley 11.653.
Luego, dado que el desarrollo argumental expuesto por el agraviado se afirma, en lo sustancial, en un enfoque que difiere de la motivación esencial del pronunciamiento (la condición atribuida a la codemandada en el vínculo sometido a juzgamiento), la crítica resulta inadmisible, por los motivos expuestos por la doctora Kogan, que comparto. Como derivación de lo señalado, corresponde desestimar, por improcedente, el cuestionamiento relativo a la entrega de la documentación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que aquí reviste interés, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Claudio Andrés Hurtado contra Sony Argentina S.A., Adecco Argentina S.A, Adecco Specialties S.A. y Schenker Argentina S.A., y dispuso que al capital de condena se le adicionen intereses desde la fecha del distracto (7 de julio de 2008) y hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" conforme la tasa digital, opción plazo fijo tradicional.
II. La parte actora se alza mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil (ley 340); 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; 9 de la ley 25.013; 2 de la ley 25.323; 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, sostiene que se configura en el caso una clara violación del derecho de propiedad amparado por la Constitución nacional y, denunciándose arbitraria valoración de la prueba, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales.
En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario.
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los acrecidos.
Señala que las tasas mensuales nominales -sean activas o pasivas- son sensiblemente inferiores a las tasas mensuales de inflación, vulnerando el derecho de los acreedores a que se les respete el poder adquisitivo de sus créditos.
Afirma que en las causas S.722.XXIV, "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine, Gerardo M. c/ OLDE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994), el voto minoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no solo ha violado esa doctrina, sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el Máximo Tribunal.
Refiere que la aplicación de las tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional.
En esa senda, plantea diversos métodos para evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la vulneración del citado art. 17. Así, enumera como métodos para sortear ese desapoderamiento: la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero; la fijación prudencial de los acrecidos teniendo en cuenta la inflación; la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com. de la Nación); o bien que se determine un capital indemnizatorio con arreglo al "ingreso actual" del trabajador conforme el criterio delineado por la Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
Para el supuesto de acogerse la impugnación (aceptándose que se ha violado el poder adquisitivo de los créditos amparados por el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional y se ordene expresarlo a valores actuales con algún mecanismo de actualización) peticiona que también se modifiquen los intereses punitorios reconocidos en la sentencia de grado en los términos del art. 9 de la ley 25.013, o los del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo que los reemplacen.
Finalmente, plantea que la regulación de los honorarios que corresponde percibir al letrado apoderado de la parte actora se adecúe al nuevo monto de condena que resulte, de conformidad con lo explicitado.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera preliminar cabe aclarar que en el recurso en tratamiento -a diferencia del abordado en la cuestión anterior, que fue concedido en el marco de la excepción- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Sobre esa base, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las cuales el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2. Luego, se impone señalar que el agravio medular que define el contenido de la crítica ha sido resuelto por esta Corte en casos afines y en sentido adverso a la pretensión del impugnante (causas L. 117.365, "Ramírez", sent. de 11-X-2017; L. 119.727, "Andrada", sent. de 16-V-2018; L. 119.520, "Silva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.863, "Ojeda", sent. de 11-III-2020; L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021; e.o.).
III.3. Sentado lo anterior, cabe -también- indicar que la competencia revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; e.o.), por lo que no corresponde ingresar a analizar los planteos formulados por el impugnante en el punto III del recurso ("solicitudes especiales").
III.4. Seguidamente, dejando a un lado los efectos "vinculantes" que se atribuyan -o no- a los fallos provenientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, individualizados como S.722.XXIV, "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine" (sent. de 13-X-1994), los argumentados ensayados por el recurrente se sustentan, en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el ex Ministro Fayt.
III.5. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por el quejoso como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, pretende sustentarse en una tesis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte, en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
III.6. A su turno, el planteo afincado en la pretendida aplicación al caso de la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación desde el 1 de agosto de 2015 (esto es, a partir de la entrada en vigencia de este digesto
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