Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.716, "Sosa, Hipólito Salvador contra Galeno ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 155/166 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 168/185 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró procedente la demanda instaurada por el señor Hipólito Salvador Sosa contra Galeno ART S.A. y condenó a esta a abonar la suma de dinero que determinó en concepto de diferencias vinculadas con la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 155/166 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que, relacionada con las tareas desplegadas para su empleador, el actor padece hipoacusia perceptiva bilateral, cuya primera manifestación invalidante se produjo el día 18 de septiembre de 2009 y que lo incapacita en un 17,18% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 155 vta./157 vta.).
Asimismo, juzgó probado que, como consecuencia de esa afección auditiva, la Comisión Médica n° 7B de la ciudad de Rosario dictaminó que el promotor del juicio era portador de una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 9,19%; habiendo percibido por parte de la aseguradora demandada la suma de $57.553,26 (v. vered., fs. 157 vta. y 158).
Luego, sostuvo que la declaración de invalidez constitucional de una norma constituye un acto de suma gravedad y con variados argumentos desestimó los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 y decretos 658/96 y 659/96, formulados por el accionante (v. sent., fs. 162/163 vta.).
Ya al determinar el importe indemnizatorio establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $42.405,98, sin embargo, tras declarar aplicable al caso el "piso" indemnizatorio establecido por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3/14, determinó que la prestación no podía ser inferior a $89.659,49; a dicho valor, adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $17.931,89; v. sent., fs. 163 vta. y 164).
Seguidamente, rechazó la defensa de pago total opuesta por la demandada y dispuso la aplicación de intereses sobre el capital de condena, desde la exigibilidad del crédito y hasta su efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días en su "versión digital". Por último, dispuso descontar a la liquidación resultante, el monto ya abonado por la aseguradora accionada (v. sent., fs. 164 y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561 (v. fs. 168/185 vta.).
II.1. Objeta que el tribunal de grado no aplicara ningún mecanismo de actualización monetaria (v. fs. 173).
Cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557, así, afirma que el juzgador lo desestimó con apoyo en doctrina legal de esta Suprema Corte y en la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, sin analizar el grave perjuicio que ocasiona la aplicación literal de la norma (v. fs. cit.).
Sostiene que el mecanismo utilizado pulveriza el derecho a una indemnización justa. Añade que la fórmula matemática-financiera se desentiende totalmente del resultado cuantitativo final y del modo en que gravita en la pérdida de ganancia futura -lucro cesante- respecto de la minusvalía que padece el actor (v. fs. cit.).
Indica que de haber considerado el tribunal de la instancia el ingreso base mensual como una "deuda de valor" y utilizado un salario actualizado, hubiera arribado a un monto sumamente mayor (v. fs. 173 vta.).
Argumenta que la Ley de Riesgos del Trabajo, como cualquier otra norma que reglamenta el derecho a la integridad psicofísica del trabajador, merece un análisis guiado por la razonabilidad, debiendo descalificarse cuando no cumple con el mandato constitucional (v. fs. 173 vta./175 vta.).
Aduce que el sistema indemnizatorio previsto en dicha ley provoca un enriquecimiento ilícito a favor de las aseguradoras de riesgos del trabajo, quienes cobran sus alícuotas en moneda actualizada y pagan las indemnizaciones en moneda depreciada, situación que contradice las bases del derecho laboral (v. fs. 175 vta. y 176).
Expresa que en autos se ha configurado una situación de discriminación, ya que el actor -que transitó un largo proceso judicial- obtuvo un resultado irrisorio y recibió un trato dispar respecto de aquellos otros dependientes que, sin recurrir a un juicio alguno, logran obtener un resarcimiento proporcional a sus ingresos reales (v. fs. 177).
En suma, afirma que el régimen reparatorio especial de infortunios laborales, tal como ha sido diseñado, premia al incumplidor, pues produce una redistribución de ingresos inversa, que les otorga a los que más tienen y les quita a los económicamente más débiles (esto es, a los trabajadores incapacitados que se encuentran en mayor estado de indefensión; v. fs. cit.).
En apoyo a su postura invoca distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -a su criterio- avalan el pedido de reajustar las sumas reclamadas (v. fs. 177/178).
II.2. Peticiona que, en el caso, se disponga la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor de créditos reclamados desde su exigibilidad hasta el día del efectivo pago (v. fs. 181).
Manifiesta que el tribunal de grado no interpretó el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en consonancia con el restante plexo normativo laboral (v. fs. 184).
Añade que a fin de establecer el valor mensual del ingreso base se deben considerar salarios ajustados, ya que toda indemnización supone una ponderación del valor actual del desmedro patrimonial sufrido, pues de lo contrario se desnaturalizaría su función resarcitoria (v. fs. 184/185).
II.3. Por los argumentos expuestos, plantea también la invalidez constitucional de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 (v. fs. 185; v. también fs. 168 -punto I- y 178 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente cabe señalar que, sin perjuicio de que la suma indicada por el interesado para justificar la plena admisibilidad del recurso únicamente halla respaldo en su propio criterio, lo cierto es que también se ha encargado de evidenciar que a tenor de la naturaleza de los agravios traídos podría estar en juego una cuestión federal.
Siendo ello así, el medio de impugnación deducido debe analizarse por fuera de las restricciones impuestas por las normas procesales locales (causas L. 116.672, "Leuzzi", sent. de 21-V-2014; L. 118.847, "Díaz", sent. de 4-VIII-2016; L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016 y L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; e. o.).
III.2.a. Sentado lo anterior, como en parte fuera relatado, al cuantificar el importe de las prestaciones que integran la condena, el sentenciante de grado abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Señaló en dicha oportunidad que la consideración de los haberes devengados durante al año anterior a la manifestación invalidante como pauta estructural para la determinación del salario base no exhibe confrontación con ninguna norma constitucional, ni pulveriza el significado económico de la indemnización, más allá de que por variaciones salariales posteriores las remuneraciones del actor se hayan visto incrementadas. Afirmó que esta última circunstancia no es causa que justifique la modificación de todo un régimen indemnizatorio "...cuando siquiera se ha acreditado que la cifra a la que se arriba por desinencia del procedimiento establecido en la norma especial no abastece, en el caso concreto, la reparación merecida por el trabajador, cifra que a más de no haber sido objetada resulta ser prácticamente la denunciada por la propia parte actora en su demanda..." (fs. 163 y vta.).
Sobre esa base, desestimó el cuestionamiento constitucional formulado por la parte actora (v. fs. 163 vta.).
III.2.b. Estas motivaciones, desatendidas, no han sido objeto de un ataque concreto y eficaz por parte de la agraviada, lo que evidencia la manifiesta deficiencia técnica que porta el recurso (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016 y L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e. o.).
La anunciada falta de idoneidad de la impugnación se acentúa a poco de observar que los argumentos aquí traídos son el fruto de una reflexión que innova y así se diferencia del discurso blandido en el escrito de la demanda (v. fs. 29/32). Recuérdese que esta Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación en él esgrimida denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e. o.).
III.2.c. Por último, sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal para introducir el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561), corresponde señalar que es criterio de este Tribunal que son constitucionalmente validas tales normas en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 88.616, "Ibáñez", sent. de 5-VI-2013; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; L. 118.241, "Tarelli", sent. de 15-VI-2016; L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017 y L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018); sin que las razones vertidas en la impugnación ameriten la revisión de dicha postura.
III.3. Del mismo modo en que fuera señalado por esta Corte en la causa L. 124.700, "Insaurralde" (sent. de 29-VI-2021), de aristas similares, el fallo aquí recurrido ha de permanecer incólume en razón de la insuficiencia técnica del medio de impugnación y la reiterada doctrina legal existente sobre el tópico tratado en el punto anterior (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. No acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348 [B.O. de 24-II-2017]), concretamente en cuanto establece para determinar el ingreso base mensual un módulo calculado sobre la base de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante.
En efecto, advierto que, como apuntó el citado colega, el pedimento formulado ante esta instancia -en cuanto persigue se calcule el citado módulo con arreglo al salario ajustado a valores actuales al momento de aplicar la fórmula legalmente prevista- difiere de los términos -confusos, por cierto- en que fue esgrimida la pretensión en el escrito de inicio (v. dem., fs. 29/32), introduciendo extemporáneamente un planteo que, además de alterar sustancialmente el alcance del esquema que conformó la demanda, tornándolo inatendible (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; e. o.), impide determinar con nitidez la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
En tales condiciones, adhiero a lo expuesto por mi colega en el punto III.2. de su voto, en cuanto pone de manifiesto la insuficiencia técnica de esta parcela del recurso.
I.3. En lo demás, también suscribo la propuesta del ponente.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto emitido por mi distinguido colega doctor Soria. Ello de conformidad con la opinión que brindé en el precedente L. 124.700, "Insaurralde" (sent. de 29-VI-2021), de connotaciones similares a la presente y a cuyos fundamentos remito, en lo pertinente, por motivo de brevedad.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/09/2021 16:39:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2021 12:10:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2021 09:09:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 23:17:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2021 10:04:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia