Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124992
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.992, "Segovia, José contra Finexcor S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 453/467 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16 de abril de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa por constituir materia de agravio, el tribunal de grado rechazó la demanda promovida por José Segovia contra Finexcor S.A. en cuanto procuraba el cobro de haberes adeudados, las indemnizaciones derivadas del despido y el resarcimiento por violación a la garantía de estabilidad gremial (art. 52, ley 23.551; v. fs. 453/467 vta.).
Para así decidir, juzgó demostrado que el actor ingresó a laborar para la accionada -empresa cuya actividad es la industria frigorífica- en la categoría laboral de operario especializado de primera, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 56/75, cumpliendo una jornada de lunes a viernes de 6 a 15 hs. y percibiendo como mejor remuneración normal y habitual al momento del distracto la suma de $12.579,26 (v. fs. 453 vta. y 454).
Puntualizó que no resultó controvertido que en las elecciones realizadas en el Sindicato del Personal de Frigoríficos de Carnes de Capital y Gran Buenos Aires el actor fue electo delegado de personal por el período comprendido entre el 10 de junio de 2008 al 9 de junio de 2010 (v. fs. 454 y vta. y 462).
Declaró probado que, mediante carta documento de fecha 19 de marzo de 2009, la mencionada entidad gremial comunicó a la patronal la suspensión del mandato del señor Segovia por el lapso de noventa días, con motivo de haber incurrido en la conducta prevista en el art. 119 inc. "c" apartado 5 de su carta orgánica (al participar en una entidad gremial ajena al sindicato, la cual carece de personería gremial y zona de actuación en la empresa), plazo en el que -adujo- se convocaría a la asamblea general de afiliados para que resolviera en definitiva la cuestión (v. fs. 454 vta., 455 y 462).
En lo tocante al intercambio telegráfico habido entre las partes, tuvo por demostrado los siguientes extremos: a) que la accionada remitió al dependiente la pieza postal de fecha 23 de marzo de 2009 comunicándole que, habiendo sido notificada (19 de marzo de 2009) por la entidad gremial de la suspensión de su mandato, debía presentarse a cumplir sus tareas habituales por el término de noventa días a partir del 25 de marzo de 2009 (v. fs. 455); b) que Segovia contestó dicha cartular el 26 de marzo de 2009 rechazando sus términos e indicando que la asociación gremial no tiene facultades para tomar dicha determinación sin intervención del órgano deliberativo, e intimó a la empresa a cesar en ese "infundado e injustificado accionar" -evitando, sostuvo, una conducta propia de la competencia desleal- bajo el apercibimiento de iniciar las "acciones legales y administrativas que dicha conducta diere a lugar" (v. fs. 455 y vta.); c) que tal telegrama fue contestado por la accionada mediante misiva del 31 de marzo de 2009 (v. fs. 7/8), rechazando -por los precisos motivos que expuso- la remitida por la contraria y ratificando la anterior.
Seguidamente, se reiteró la intimación para que el trabajador se presentara a trabajar "bajo apercibimiento de hacerlo responsable de los salarios caídos y adoptar medidas que esta empleadora considere correspondientes..." (v. fs. 455 vta.); d) que, seguidamente, Segovia envió un nuevo telegrama con fecha 27 de abril de 2009 emplazando a la patronal para que abonen las "...remuneraciones correspondientes a la 1° y 2° quincena de marzo y 1° quincena de abril de 2009...", así como también para que cesen "actitud persecutoria y trato discriminatorio" hacia su persona en virtud de su condición de delegado gremial bajo "apercibimiento de ley" (v. fs. 455 vta. y 456); e) que a ello contestó Finexcor S.A., mediante envió postal de fecha 3 de abril de 2009 rechazando la remitida por el operario, asegurando no adeudar rubro y/o concepto alguno y negando enfáticamente la existencia de actitud persecutoria o trato discriminatorio como se esgrimía (v. fs. 456); f) que el trabajador -finalmente- contestó mediante un nuevo telegrama enviado el 7 de mayo de 2009, a través del cual notificó su despido indirecto, peticionando el pago de diversos rubros salariales e indemnizatorios a que se consideraba con derecho (v. fs. 9, 456 y vta.) y; g) que la empresa contestó rechazando -en lo sustancial- la decisión rupturista del dependiente, ratificando sus envíos anteriores y poniendo a su disposición la liquidación final no indemnizatoria y los certificados de ley (v. fs. 456 vta.).
Advirtió el juzgador en el veredicto, aspecto que hubo de reiterar en la sentencia, que en las comunicaciones que remitió a la empleadora, el señor Segovia no la emplazó bajo apercibimiento de considerarse despedido. Por el contrario -puntualizó-, solamente refirió la advertencia de que en caso de desoírse sus reclamos iba a "iniciar acciones legales y administrativas" y que remitía la misiva bajo apercibimiento "de ley" (v. fs. 457 y 462 vta.).
Destacó que el reclamante tampoco produjo prueba alguna tendiente acreditar otras circunstancias relevantes, como el hecho que el mandato gremial de que gozaba no se encontraba suspendido, que se hubiera presentado a prestar servicios ante intimación de la accionada y, por último, que hubiera sido víctima de trato discriminatorio o actitud persecutoria por parte de la empresa, ni que la misma hubiera realizado acciones u omisiones violatorias de lo estipulado en los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551 (v. fs. 457 y vta.).
Indicó que frente a la intimación de la empresa para que retomara tareas -cursada a partir de la comunicación de la suspensión por parte de la asociación gremial-, el trabajador le cuestionó a la accionada la decisión de la comisión directiva del sindicato, perdiendo de vista que la demandada era ajena al conflicto; razón por la cual no advirtió una conducta impropia o arbitraria por parte de la accionada, que solo se limitó a intimar a Segovia a cumplir su debito laboral hasta tanto la Asamblea General de Afiliados resolviera la situación del reclamante y demás compañeros delegados y suspendidos al igual que el peticionante (v. fs. 457 vta. y 458).
En cuanto al pago de los salarios reclamados, juzgó que surgía de la pericia contable (v. fs. 212/218) y contestación a impugnaciones (v. fs. 247/249) que la primera quincena de marzo de 2009 fue abonada, aunque liquidada incorrectamente y que, por el contrario, no se le abonaron al actor los haberes correspondientes a la segunda quincena de marzo de 2009 y primera quincena de abril de 2009 (v. fs. 458).
Luego, en la etapa de sentencia, puesto a evaluar la legitimidad del despido indirecto en que se colocó el trabajador, destacó el juzgador que es requisito para una válida ruptura del vínculo laboral, la existencia de una adecuada intimación previa que contenga la afirmación de los hechos u omisiones que configuran la injuria alegada y el claro apercibimiento bajo el cual se efectuó el emplazamiento, para garantizar a la contraria la posibilidad de esgrimir oportunamente sus defensas (v. fs. 462 vta.).
Bajo dicha directiva reiteró lo expuesto en el veredicto en el sentido que el señor Segovia intimó, bajo apercibimiento de "iniciar acciones legales y administrativas" y "de ley", pero en ningún momento lo hizo bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido en caso de incumplimiento (v. fs. cit.)
En este contexto, enfatizó que los principios de conservación del contrato y la buena fe que deben imperar en el desarrollo del contrato de trabajo, imponen al operario intimar bajo apercibimiento expreso de considerarse injuriado y despedido, no sólo por el carácter subjetivo de la injuria, sino también, por la necesidad que el emplazado pueda conocer precisamente las consecuencias que sobrevendrán a su renuencia (v. fs. 462 vta.).
Así las cosas, teniendo en cuenta las modalidades y circunstancias personales del caso (art. 242, LCT), aseveró que la empresa mal pudo inferir que el dependiente, al intimar el pago de remuneraciones bajo apercibimiento de ley (salarios caídos, dijo el juzgador) iba a poner fin a una relación laboral de más de veinticinco años, en abierta contradicción con los principios mencionados en el párrafo anterior (arts. 10 y 63, LCT; v. fs. 462 vta. y 463).
En síntesis, a la luz del entramado fáctico y jurídico descripto, juzgó que el despido indirecto en que se colocó el señor Segovia no resultó ajustado a derecho (v. fs. 463).
En definitiva, dispuso rechazar las indemnizaciones derivadas del despido por violación a la garantía de estabilidad sindical. Esta última -puntualizó- porque el trabajador -de manera injustificada- se colocó en situación de despido indirecto y, asimismo, tampoco logró demostrar que la empresa hubiera cometido actos discriminatorios o incurrido en violación de los arts. 40 y 48 a 50 de la ley 23.551 (v. fs. 463 y vta.).
De otro costado, acogió el reclamo en concepto de diferencia de haberes correspondientes a la primera quincena de marzo de 2009 (v. fs. 464).
Por el contrario, rechazó la solicitud de pago de ocho días de la segunda quincena de dicho mes y de abril de 2009. Ello así, con sustento en la circunstancia que, frente a la válida intimación que le efectuó la empresa para que se presentase a trabajar -por haber sido suspendido su mandato gremial- el actor optó por no cumplir con su débito laboral -por las razones que esgrimió-, informándole la accionada que lo haría responsable por los salarios caídos (v. fs. 464 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 39 incs. 2 y 3 de la Constitución provincial; 9, 11, 12, 58, 63, 242, 243, 246 de la Ley de Contrato de Trabajo; 48 y 52 de la ley 23.551; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En sustancia, se agravia de lo decidido en la sentencia de grado en cuanto resolvió que el despido indirecto en que se colocó el trabajador no resultó ajustado a derecho, conclusión a la que arribó el juzgador sobre la base que de los telegramas enviados por el dependiente a la empleadora con anterioridad al distracto (v. fs. 3 y 11), no surgía que hubiera intimado a esta última bajo apercibimiento de considerarse despedido, sino que lo hizo solamente con la prevención de "iniciar acciones legales y administrativas" y "de ley".
Aduce que dicha interpretación del sentenciante se encuentra reñida con la doctrina legal que surge de los precedentes de esta Suprema Corte que individualiza, a saber: L. 31.967, "Chanquia" (sent. 28-XII-1982); L. 49.099, "Brizuela" (sent. de 12-V-1992) y L. 85.849, "Brentón" (sent. de 11-IV-2007).
II.2. Refuta, también, la conclusión por la que se estimó que incumbía al accionante aportar indicios razonables de los que pudiera inferirse la configuración de un acto discriminatorio con virtualidad para producir un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba.
Afirma que la falta de pago de los haberes quedó demostrada con la pericia contable, de donde surgen las remuneraciones percibidas durante los meses de febrero a abril del año 2009. En este orden de ideas, descalifica por absurda la conclusión del tribunal que estimó que la primera quincena de marzo resultó abonada, no obstante haberse liquidado de manera incorrecta.
Alega que el tribunal de origen no valoró la conducta asumida por la empleadora, quien, vulnerando la garantía de estabilidad gremial del actor, dejó de abonarle sus haberes. A todo evento, sostiene que la comunicación que el sindicato le cursó a la patronal, notificándole la suspensión de aquel en la función de delegado por el plazo de noventa días, no se erigió en causa limitante del fuero sindical.
II.3. Señala que el trato discriminatorio dispensado al trabajador por la empresa resulta de su condición de representante gremial y de la falta de pago de sus salarios. Entiende que ese proceder de la accionada implicó un trato peyorativo, toda vez que el resto de sus compañeros percibieron sus remuneraciones de modo regular.
II.4. Finalmente, cuestiona el rechazo de la indemnización por violación a la garantía de estabilidad gremial, desde que -afirma- al momento de extinguirse el contrato de trabajo su mandato se encontraba vigente.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho este Superior Tribunal que tanto la interpretación del intercambio telegráfico, así como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer un despido y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de la instancia de grado. De modo tal que, para desbaratar tales conclusiones, el interesado debe cumplir con la eficaz alegación y demostración del absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas o bien en la afirmación y comprobación de que la conducta injuriosa ha sido evaluada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; causas L. 118.273, "Ruíz Díaz", sent. de 14-X-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; e.o.).
Anticipo que, si bien el recurrente alega absurdo, no logra acreditar su configuración. Tampoco consigue poner en evidencia que la ponderación de la injuria efectuada en la instancia anterior hubiera contrariado la previsión legal del citado art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2. Como surge del relato de los antecedentes, para dirimir la controversia, el sentenciante hizo hincapié en la circunstancia que la primera intimación del reclamante a la accionada fue bajo advertencia de "iniciar acciones legales y administrativas" y la segunda bajo apercibimiento "de ley", destacando que en ningún momento comunicó que se consideraría injuriado y despedido en caso de incumplimiento (v. fs. 457, 462 vta. y 463).
Paralelamente, él valoró la conducta asumida por la accionada, quien no guardó silencio ante el reclamo actoral e intimó al dependiente a presentarse trabajar con la prevención de hacerlo responsable por los salarios caídos. Señaló, también, la orfandad probatoria en que incurrió el accionante respecto del pretendido trato discriminatorio que le atribuyó a la empresa (v. fs. 462 vta.).
Sentando ello, en lo que resulta esencial, afirmó que no pudo constituir una conducta previsible para la empresa que el dependiente, al intimar el pago de remuneraciones bajo apercibimiento de ley -salarios caídos, destacó el juzgador, que la accionada en una comunicación anterior le había expresado que serían de su responsabilidad de no presentarse a trabajar- iba a poner fin a una relación laboral de más de veinticinco años, en abierta contradicción con los principios de continuidad del contrato y buena fe (arts. 10 y 63, LCT; v. fs. 462 vta. y 463).
Sobre este piso de marcha, el tribunal concluyó que el despido indirecto del señor Segovia no resultó ajustado a derecho al no haber estipulado claramente en sus comunicaciones anteriores a la ruptura del contrato de trabajo que se consideraría despedido en caso que la accionada no cumplimentara los requerimientos por él solicitados, impidiendo así conocer acabadamente cuál sería la determinación a adoptar ante el incumplimiento (v. fs. 463).
III.3. Ese esquema de razonamiento del juzgador -tal como anticipé- no es idóneamente rebatido mediante la comprobación del absurdo que invoca el quejoso, desde que su réplica trasunta una mera disconformidad con la solución dada al caso, método que no autoriza a tener por acreditado dicha anomalía, sin que esta Suprema Corte puede sustituir con su propio criterio al de los jueces de la instancia de mérito (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011; e.o.).
En otras palabras, el embate no supera el registro de una simple discrepancia de opinión, pues se limita a exponer un criterio discordante al del juzgador respecto del modo en que debió interpretarse el intercambio postal habido entre las partes y las circunstancias fácticas que culminaron con la decisión rupturista del trabajador, técnica ésta que -reiteradamente se ha declarado- resulta impropia para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 105.326, "Dobler", sent. de 5-X-2011; L. 119.194, "Ferreyra", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
Recuérdese que, para que se configure el señalado déficit invalidante no basta con que la conclusión expuesta en el fallo censurado pueda resultar opinable, discutible o poco convincente. Se requiere algo más: una decisión que, desatendiendo el orden lógico formal de un razonamiento válido, conduzca a postulados insostenibles, o que exhiba conclusiones palmariamente inconciliables con el elenco circunstancial de la causa (causas L. 95.397, "Otaviani", sent. de 15-VI-2011; L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014 y L. 118.933, "Saenz", sent. de 5-X-2016). Tal situación -insisto- no se verifica en la especie.
III.4. La ponderación de la injuria despojada de la prudencia que la ley exige, como hube de adelantar, tampoco logra ser demostrada por el interesado. Pues, prescinde poner en evidencia que hubiera mediado error en aplicación del mentado art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo por parte del tribunal de grado a la hora de arribar a la decisión que le causa agravio.
En este orden, es dable precisar que para que el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley cumple con la misión asignada en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, mediante el desarrollo de la postulación debe acreditarse en qué consistiría el quebranto de la disposición que se invoca y sobre cuyas bases se asienta la definición puesta en crisis, carga cuya inobservancia se verifica de modo cabal en la especie.
No solamente advierto la señalada insuficiencia en la fundamentación del intento revisor respecto del citado precepto, sino también en lo que concierne al tramo de la decisión que se robustece a partir de las consideraciones efectuadas por el sentenciante en torno a los arts. 10 y 63 de la citada normativa de fondo.
III.5.a. A esta altura, corresponde indicar que tampoco resulta violada la doctrina legal que surge de la causa L. 85.849, "Brentón" (sent. de 11-IV-2007), desde que -adelanto- los presupuestos de hecho que la nutren no se compadecen con los extremos que caracterizan el presente debate.
En el caso de referencia, el actor formuló intimación a la demandada para que ratifique un supuesto despido verbal y le abone sumas impagas, haciendo reserva de reclamar las indemnizaciones correspondientes. A su turno, la patronal negó adeudarle rubro alguno, desconociendo -asimismo- el carácter laboral de la relación. En respuesta, el demandante ratificó su posición y expresó que, ante la negativa del contrato de trabajo, se veía en la necesidad de promover acciones judiciales tendientes al reconocimiento de sus derechos. En ese contexto, esta Suprema Corte consideró que la comunicación rupturista del señor
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