Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124438
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.438, "Ruiz Díaz, Mirta Haydee contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 506/524 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VIII-2019), el que fue concedido por el juzgador de grado a fs. 455/456.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Presidenta del tribunal de trabajo interviniente hizo lugar al reclamo efectuado por la representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires (aunque originalmente el emplazamiento fue cursado a Provincia ART S.A., lo que luego fue rectificado; v. proveído electrónico de fecha 28-VI-2019 e interlocutorio de fs. 452/454 vta.) a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios de los médicos Rodolfo Edgardo Galli y Miguel Ángel Sirna, por su trabajo profesional efectuado en la causa, en su carácter de peritos oficiales dependientes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. proveído electrónico de fecha 28-VI-2019 e interlocutorio de fs. 452/454 vta.).
Frente a ello, la Fiscalía de Estado formuló oposición (v. escrito electrónico de fecha 19-VII-2019), la que fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 452/454 vta.).
Para así resolver, sostuvo que el art. 4 de la Acordada 1.870/79 de esta Suprema Corte (texto según Ac. 2.938) establece que toda actuación judicial de los peritos oficiales devengará honorarios, con excepción de las realizadas en causas penales, inscripciones de nacimientos y las requeridas por los miembros del Ministerio Público en las causas que tramitan con su intervención. A su vez, señaló que el art. 8 del mismo plexo normativo, dispone que los magistrados practicarán la regulación de los honorarios de los peritos oficiales, por su actuación en causas de los fueros civil y comercial, de familia y laboral, aplicando para ello el mismo criterio y pautas utilizadas para la fijación de los honorarios de los peritos de lista y de parte.
Afirmó que, si bien los peritos de la Asesoría Pericial son funcionarios que por sus tareas perciben un sueldo del Estado provincial, el sistema de honorarios que crea el Acuerdo 1.870/79 tiene un destino especial y determinado para los fondos que derivado de ello se obtengan. Que, entonces, las tareas de los peritos oficiales generan ingresos genuinos a las arcas del Poder Judicial, con destinos específicos, por lo que no puede producirse confusión entre los patrimonios de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ni de cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo provincial y el Poder Judicial.
En tal sentido, indicó que, los honorarios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es cuestión ajena a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de aquellos casos en que deben actuar en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que pueda establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) prevé el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones, devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Estado provincial debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Por otro lado, desestimó los argumentos vertidos por el representante del Fisco en relación a que la intervención de la Asesoría Pericial tenía como finalidad evitar el pago de honorarios periciales. Pues, para que ello fuera posible -señaló- se requeriría de una norma legal expresa que habilite a la eximición, tal como sucede con el pago de la Tasa de Justicia (v.gr. arts. 343, ley 10.397; 1, ley 14.223 y 25, ley 11.653; etc.), o cuanto menos un convenio marco entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo provincial en el que se dispense a los magistrados de regular emolumentos por las tareas desarrolladas por los peritos oficiales o bien se exima al Fisco de su pago.
Consideró que el precedente B. 60.505, "Barbalarga" de esta Suprema Corte, citado por la demandada en su presentación, no resulta aplicable en tanto las situaciones fácticas y jurídicas de aquel caso son distintas a las de la presente.
Por todo ello, concluyó que correspondía rechazar la oposición articulada por la parte demandada y que la Provincia de Buenos Aires debía cancelar los honorarios por la actuación de los peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 5 y 6 de la Acordada 1.870/79; el decreto ley 8.904; la ley 5.827 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 29-VIII-2019).
En sustancia, denuncia la transgresión de la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración -cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 5 del escrito recursivo).
En tal sentido, manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de este, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentra -afirma- imposibilitado de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo 1.870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Estado, a quien en definitiva, pertenecen los peritos de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) van destinados los emolumentos, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, este aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. pág. 6 del escrito recursivo). Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Argumenta que de ese objetivo tuvieron pleno conocimiento los peritos oficiales al momento de aceptar el cargo, por lo que en ese momento la Asesoría Pericial debió oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no pueden oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con dicho acto de aceptación (v. pág. 10 del escrito recursivo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, corresponde poner de resalto que, esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias solo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo, en el caso, la decisión del tribunal de grado, en cuanto desestimó la oposición formulada por la Fiscalía de Estado resolviendo el tópico desarrollado en torno a la obligación de pago de los honorarios regulados a los peritos oficiales -aspecto que se cuestiona en la impugnación-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009; L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e.o.).
III.2. Sentado ello, se observa que el valor del litigio -representado por los estipendios estimados a los peritos oficiales en razón de las actividades profesionales desarrolladas en el presente- no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e.o.).
Cabe agregar a lo dicho, a propósito de lo argumentado por el interesado en la página 2 del escrito recursivo, que no se encuentra en debate una cuestión que deba calificarse como de gravedad y trascendencia institucional susceptible de justificar la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, toda vez que no se evidencia que la solución dada al conflicto exceda el interés de las partes para afectar de modo directo al de la comunidad.
III.3. Bajo esa directriz, y del mismo modo que hube de expresarlo al emitir mi voto en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020) -que, con ciertos matices diferenciales, guarda sustancial analogía con la presente-, la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación bajo estudio no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018; L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
III.3.a. En efecto, y sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contenciosa administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba, el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y, también, se tuvo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, en los cuales -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada si bien se opuso a la producción de la prueba pericial contable, peticionó a todo evento que para el caso de encomendarse una tarea pericial "...deberá solicitarse que sea solventada por profesionales de la Asesoría Pericial de Tribunales..." (fs. 112) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a cargo de la actora por los rubros que fueron rechazados y a la demandada por aquellos que prosperaron (v. sent., fs. 395 y vta.).
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído a esta sede casatoria no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Se desprende de las actuaciones que en la sentencia dictada el día 4 de abril de 2016, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada con imposición de costas a la parte actora por los rubros de la demanda rechazados, con el beneficio del art. 22 de la ley 11.653, y a la parte demandada, por los rubros que prosperaron. En igual fecha, reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas decisiones fueron notificadas a la accioanda mediante cédula del 13 de abril del mismo año, que impugnó -según dijo- "la regulación de honorarios" practicada toda vez que -señaló- de la sumatoria de los honorarios de los letrados de la parte actora con sus aportes y los honorarios regulados a los peritos intervinientes con sus correspondientes aportes, excedía el tope del 25% establecido por ley.
I.2. En atención a lo señalado, y remitiéndome en lo demás a los antecedentes relatados por la colega ponente, considero que la crítica traída contra la resolución dictada luego por el a quo , en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los expertos oficiales, debió ser articulada en aquella primera oportunidad, revelándose aquí tardía y por ello inatendible. Es que el supuesto agravio motivo de la impugnación en estudio no se comenzó a gestar cuando la demandada en la etapa de ejecución fue intimada a depositar los estipendios de los peritos oficiales, aquel ya existía desde el momento en que se anotició de su condición de condenada parcialmente en costas definida en la sentencia de mérito y que dentro de ellas estaban incluidos los honorarios de los peritos oficiales, como se indicó en la regulación.
I.3. Si bien lo dicho en el párrafo precedente basta para desestimar el medio de impugnación, en una mejor hipótesis para el recurrente puede observarse igualmente la ausencia de identidad de presupuestos entre el precedente cuya violación se denuncia y la presente causa (art. 55 primer párrafo in fine, ley 11.653).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución brindada por el distinguido colega doctor Soria en su propuesta, de conformidad con los fundamentos que expuse en la causa L. 122.306, "Merlo" (sent. de 27-V-2021), a los que remito por brevedad.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2021 16:19:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2021 11:27:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2021 19:30:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 11:28:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 12:07:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/10/2021 13:17:38 hs. bajo el número RS-157-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia