Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123375
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.375, "Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica contra Aegis Argentina S.A. Cobro de aportes cuota sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda interpuesta, con costas del modo que especificó (v. fs. 1.144/1.175).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31 de octubre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó íntegramente la demanda promovida por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica contra la firma Aegis Argentina S.A., por la que reclamaba las diferencias derivadas del pago en menos de la contribución solidaria establecida en el art. 100 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (v. fs. 1.144/1.175).
Para así resolver, tuvo por demostrado en el veredicto que el personal de la empresa accionada se encuentra comprendido dentro de la citada convención colectiva, y que la contratación de sus dependientes se materializó a través de acuerdos de adhesión que la demandada hubo de enmarcar en el art. 198 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 1.145/1.146).
Declaró probado, asimismo, que el plantel de dependientes de la firma mencionada -a excepción de casos puntuales- prestó servicios en jornadas que superaban el límite horario establecido en el art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474; v. fs. 1.159 vta. y 1.160), disposición en la que -a la postre- declaró encuadrados los contratos laborales, difiriendo para la posterior etapa de sentencia el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad que a su respecto esgrimió la accionada en su conteste (v. fs. 255/274 y 1.164).
Luego, al momento de fallar, juzgó que el citado art. 92 ter inc. 1, última parte, en cuanto establece que "...si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa..." es inconstitucional (v. fs. 1.167/1.170 vta.).
Para fundar esta afirmación, argumentó que la disposición en crisis resulta violatoria de los arts. 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitución nacional, cuyo texto transcribió (v. sent., fs. 1.167 vta. y 1.168). Posteriormente, expuso el contenido del art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y diversos precedentes de esta Suprema Corte que definen el concepto de remuneración (art. 103, ley cit.). Seguidamente, enunció varios tratados internacionales con jerarquía constitucional, citando las disposiciones en ellos contenidas que reafirman el principio de igualdad ante la ley. En lo sustancial, concluyó que los trabajadores que prestan servicios en una jornada cuantitativamente menor que los que laboran la jornada legal de trabajo no pueden percibir igual salario que estos últimos, pues tal distinción no tiene bases constitucionales ni legales y cercena las facultades del principal reconocidas en los arts. 64 y 65 de la ley laboral citada.
En consecuencia, rechazó la demanda impetrada por considerar que el reclamo carecía de causa que lo justifique (v. fs. 1.174).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; XIV a XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo; 354 y 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que menciona.
II.1. En primer lugar, se agravia de la solución adoptada en la sentencia de mérito, toda vez que -sostiene- es portadora de una contradicción.
Se afirma en esa conclusión porque aduce, por un lado, que en el veredicto el tribunal de grado juzgó que los contratos de trabajo celebrados entre los dependientes y la empresa demandada resultaban encuadrables en el art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474), para luego concluir, en la etapa de sentencia, que la última parte del primer párrafo de la norma citada (en cuanto establece que "...si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa...") resulta inconstitucional (v. fs. 1.167 vta.).
Por otro lado, asegura que el fallo en crisis es violatorio de la doctrina legal que emerge del precedente que identifica como L. 116.424, "Peñalva" (sent. de 7-V-2001), transcribiendo al efecto su contenido (v. fs. 1.161 vta./1.164 vta.).
II.2. Finalmente, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2.a. Argumenta que el planteo se introdujo de manera extemporánea, pues recién fue articulado por la accionada en oportunidad de presentar el escrito de contestación de la demanda (v. fs. 255/274).
Puntualiza que el tribunal de grado no efectuó un análisis razonado de las normas en juego. Por el contrario, asegura que se limitó a señalar que la normativa objetada se contrapone con las disposiciones que hubo de enumerar -a saber: los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, las facultades de dirección y organización del empleador (arts. 64 y 65, LCT)- y que violenta los principios de igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea y el derecho de propiedad, soslayando brindar una explicación concreta e idónea al respecto.
Postula, en lo esencial, que la declaración de inconstitucionalidad que contiene el fallo carece de todo fundamento.
II.2.b. Con cita de doctrina de autor, plantea que el art. 92 ter inc. 1 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474) no implica una fractura del sinalagma contractual ni impone retribuir trabajos no recibidos.
Bajo este esquema de razonamiento, aduce que es plenamente válido que se negocien colectivamente (y, mucho más, que así lo disponga el legislador) condiciones salariales especiales que no reflejen con exactitud una paridad en los cambios resultante del cotejo de una situación singular con las remuneraciones previstas de modo general en la misma fuente. Si eventualmente alguien -prosigue el compareciente- se encontrara legitimado para invocar un derecho a igual tarea por igual remuneración sería el compañero de trabajo que debe prestar servicios ocho horas para ganar lo mismo que aquel que lo hace durante seis o siete horas.
Añade que la decisión impugnada soslaya la finalidad del derecho del trabajo, desoye el principio protectorio e interpreta las normas en el sentido más favorable para la empresa.
II.2.c. Por último, aduna que, conforme doctrina legal de esta Suprema Corte que cita, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico.
Asimismo, sostiene que el demandado no logró su cometido de demostrar -de manera acabada- de qué modo la norma cuestionada contraría la Constitución nacional, causándole un perjuicio a su parte.
Destaca que lo resuelto en la sentencia de grado atenta contra el principio de congruencia y el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto dispone que en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable para el trabajador.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. Considero que debe desestimarse el primero de los planteos traídos.
No observo que el fallo atacado resulte portador de una contradicción intrínseca en la medida que declara que los contratos de trabajo de los dependientes de la demandada que reúnen determinadas condiciones resultan encuadrables en las prescripciones del ya citado art. 92 ter de la ley citada, conforme lo pretendido por el sindicato actor, y, luego, al realizar el control de constitucionalidad de la evocada norma, decrete su incongruencia constitucional, haciendo lugar al planteo subsidiario de la accionada.
Entiendo que mediante su discurrir y, a la luz del contenido del fallo objetado, el quejoso no consigue demostrar en este aspecto el absurdo ni la violación de los arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 que le atribuye (art. 279, CPCC).
III.2. Tampoco encuentro de recibo el reproche por conducto del cual se invoca vulnerada la doctrina legal que se indica emergente de la referida causa L. 116.424, "Peñalva" (sent. de 7-V-2001), emanada de esta Suprema Corte.
Sin dejar de señalar que en este fragmento de la postulación recursiva el interesado se limita a transcribir el fallo dictado en el indicado precedente, lo cierto es que -en rigor- en el supuesto en cuestión, en que -como en la especie- se debatía sobre la aplicabilidad de los arts. 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, este Tribunal hubo de desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por considerarlo insuficientemente fundado (art. 279, cit.), lo que denota la ausencia de una definición sustancial ensayada respecto de dichas normas legales.
En este sentido, no es ocioso memorar que resulta criterio arraigado que constituye doctrina legal, aquella elaborada en torno a la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial en una determinada controversia.
III.3. En cambio, merece acogimiento la crítica medular que contiene la impugnación.
III.3.a. Sin desconocer el debate en torno a la temporalidad del planteo de inconstitucionalidad de una norma, lo cierto es que, en el caso, la verificación de ese extremo no admite discusión. Ello así, en la medida que la cuestión fue introducida en la primera oportunidad procesal propiciada por la interesada, esto es, en el escrito de contestación de la demanda.
III.3.b. Luego, debo puntualizar que -conforme se encarga de recordar el agraviado- la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018; e.o.; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Desde este prisma, con rigurosidad observo que el tribunal de origen se ha limitado a efectuar el test de constitucionalidad del precepto impugnado mediante una enumeración, enunciación o simple transcripción de cláusulas de rango constitucional que entiende conculcadas, en cuyo contexto apunta escuetas declaraciones orientadas a justificar la solución, la cual -al cabo- luce desprovista de conclusiones adecuadamente emparentadas con la temática de excepción llevada a su consideración.
En definitiva, como postula el quejoso, el órgano interviniente no explicó, con la agudeza inherente al examen que impone un supuesto como el abordado, los motivos por los cuales -a su criterio- el legislador se habría apartado de los derechos consagrados en la Constitución nacional y documentos internacionales con igual jerarquía, cuando introdujo la figura del contrato a tiempo parcial en el art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, de cara a los derechos que la demandada invoca contrariados. En el brevísimo esquema de razonamiento que porta este fragmento del fallo, se observa que el control constitucional de la norma censurada siquiera ingresa en un análisis de razonabilidad, teniendo en miras la funcionalidad de la regulación y el objetivo perseguido por el legislador.
Desprovisto, entonces, de sustento jurídico idóneo a la luz del planteo que fuera sometido a su consideración, el órgano de origen hubo de arribar a una decisión teñida de arbitrariedad, que -como tal- obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998; L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014; L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019 y L. 120.182, "B., C. M.", sent. de 17-II-2021), ameritando -sin que ello implique abrir juicio respecto de la cuestión de fondo- su revocación
III.3.c. Finalmente, es conveniente recordar -a los fines pertinentes- que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004; e.o.).
IV. Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474). Los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con los alcances indicados, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 92 ter inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.474). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2021 16:19:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2021 11:26:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2021 19:30:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 11:28:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 12:07:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/10/2021 13:17:36 hs. bajo el número RS-156-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia