Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.022, "Aquino, Julio César contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 667/676 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 703/713 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo desestimó la demanda instaurada por el señor Julio César Aquino, contra Prevención ART S.A., por la que se pretendía el cobro de una suma de dinero en concepto de prestaciones dinerarias y resarcimiento de los daños y perjuicios con motivo de la minusvalía que el trabajador denunció padecer (v. sent., fs. 667/676 vta.).
En el veredicto, el a quo precisó que no se hallaba controvertido que el actor sufrió un accidente (el día 9-II-2011) en ocasión de prestar tareas para la empleadora; también, que esta última se hallaba asegurada por la aquí accionada. Sostuvo que la aseguradora demandada admitió la recepción de la denuncia del siniestro y su tratamiento hasta el alta médica, lo cual implicó al reconocimiento de la existencia del siniestro denunciado (v. vered., fs. 667 vta. y sent., fs. 669 vta. y 670).
A su vez, tuvo por probado que el día 14 de febrero de 2013 por conducto de un reconocimiento médico el actor se anotició de la presencia de una patología columnaria (v. vered., fs. 668 y sent., fs. cit.).
Con apoyo en lo informado por el perito médico actuante en la causa, juzgó acreditado que el actor presenta una secuela traumático funcional en la columna lumbosacra y una listesis (de L5 sobre S1), que le provoca una minusvalía del 12,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. cit.).
Sin embargo, con sustento en la pericia técnica determinó que la parte actora no había logrado acreditar que las tareas correspondientes a su categoría de operario consistieran en labores de esfuerzo. Asimismo, descartó que la aseguradora demandada hubiera incurrido en omisiones de los deberes legales a su cargo, a la par que consideró cumplidas las medidas de seguridad dentro del establecimiento (v. vered., fs. 668 vta.).
En la sentencia, sostuvo que en su escrito de inicio el actor precisó que los problemas de salud que lo aquejan no son derivación solo del accidente sino de las tareas desempeñadas. Con mayor precisión, expresó que el accionante estableció que el hecho generador del daño cuya reparación pretende no es el siniestro individual sino la ejecución de tareas de esfuerzo cotidianas durante el cumplimento de su débito laboral. Además, apreció la fecha de toma de conocimiento de su minusvalía alegada al demandar y el antecedente fáctico en el cual fundó su posición para fijarla: el referido informe del médico de parte (v. sent., fs. 669 y 670 vta.).
En este contexto, enfatizó en que el accionante no había considerado al siniestro como el hecho generador del daño, sino sólo como una manifestación de él y que la efectiva toma de conocimiento de su patología incapacitante se produjo a partir del informe del reconocimiento médico al que se sometió (v. sent., fs. 670 vta.).
Sobre esa base, tuvo en especial consideración que el galeno actuante consignó en su experticia que el daño identificado por el trabajador era atribuible con carácter concausal a tareas que impliquen sobrecarga excesiva y permanente de la zona columnar, siendo una parte de la incapacidad detectada de carácter inculpable (v. sent., fs. 671).
Con todo, concluyó que una característica común en los supuestos de siniestros cuya cobertura se funda en la Ley de Riesgos del Trabajo o en el Derecho Civil "es que el suceso generador sea el trabajo", de allí que -manifestó- al no haberse acreditado las labores de esfuerzo denunciadas, la patología padecida por el actor no hallaba su causa en la prestación de tareas (v. sent., fs. 671 vta.).
Agregó que, no obstaba a ello "la falta de rechazo del siniestro denunciado, toda vez que tal omisión no puede hacerse extensiva a las características de la prestación de tareas y a la producción de secuelas incapacitantes a partir de ellas, en atención a que nada de ello fue denunciado ante la ART demandada" (fs. cit.).
En consecuencia, resolvió rechazar en todas sus partes la demanda promovida contra Prevención ART S.A. por carecer de causa jurídica que la sustente, dicha solución fue extendida a las restantes sociedades citadas en autos (v. sent., fs. 672).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 16, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10, 11 y 12 Constitución provincial; 8 y 22 de la ley 23.643 y 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 703/713 vta.).
II.1. Bajo la mentada invocación del vicio de absurdo en la interpretación de la prueba y el derecho aplicable, cuestiona el razonamiento que condujo al a quo a rechazar la demanda.
Objeta que el tribunal considerara dogmáticamente al accidente como la exteriorización de una patología incapacitante y desestimara el progreso de la acción, fundando su decisión en el art. 726 del Código Civil y Comercial de la Nación. Afirma que el hecho generador del daño fue el citado siniestro.
Sostiene, que, si bien en la demanda tomó como antecedente fáctico al informe médico de parte de fecha 14 de febrero de 2013 en el cual se fijó el porcentaje de su minusvalía, en realidad, anteriormente la Comisión Médica había dictaminado el día 7 de febrero de 2013 que el daño padecido por el trabajador tuvo origen en el infortunio denunciado, a la vez que determinó su carácter de laboral.
Argumenta que la aseguradora reconoció y aceptó el siniestro, otorgando las prestaciones al actor desde la ocurrencia del suceso, hasta la fecha de la determinación del alta médica.
Alega que su reclamo se fundó en lo normado en los arts. 6 apartado 1 de la ley 24.557 y 1 de la ley 26.773.
Denuncia que el a quo desvirtuó la fuente del derecho a la indemnización pretendida por el accidente denunciado, enmarcándolo como una enfermedad inculpable, no permitiendo su reingreso a las prestaciones médicas.
A su juicio, resulta equívoca e incongruente la interpretación efectuada por el juzgador de mérito respecto a los términos en los cuales quedó trabada la litis y los hechos sometidos a su decisión. Reitera que no se accionó con sustento en una enfermedad profesional como se indicó en la sentencia, sino en un accidente laboral, de allí que -explica- no debía acreditar la existencia de cosa riesgosa o viciosa, así como tampoco del nexo causal adecuado con las tareas desempeñadas y la patología incapacitante denunciada.
Expone que Prevención ART S.A. fue quien requirió en su conteste la citación de la empresa Megaplex S.A. y peticionó la producción de la pericia técnica a fin de probar la observancia de las normas de seguridad e higiene. Asevera que dicha prueba no logró corroborar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
II.2. Por otra parte, controvierte el grado de incapacidad determinado por el perito médico en su informe y repele la ponderación efectuada por el órgano de grado respecto a dicho medio probatorio.
Entiende que el galeno fijó arbitrariamente los porcentajes de invalidez que atribuyó a causales de origen laboral e inculpable, vulnerando los derechos del trabajador siniestrado. Con ello, reitera su disconformidad por cuanto considera que, en el caso, no se encontraba controvertida la naturaleza de las dolencias del actor pues lo que se reclama es la incapacidad derivada del siniestro laboral acreditado.
II.3. Concluye reafirmando su oposición al rechazo de la acción "contra la ART por responsabilidad civil", por no haber dado cumplimiento -asegura- con sus obligaciones de realizar las evaluaciones periódicas de los riesgos existentes en la empresa y al trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Esta Suprema Corte tiene dicho que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto solo puede revisarse en sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe el absurdo en dicha labor y la violación al principio de congruencia (causas L. 121.810, "Varga", sent. de 20-VII-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; e.o.). También, que es inherente a la labor axiológica de aquellos la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración del material probatorio, fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, que, en principio, no admite revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se verifique el mencionado vicio lógico invalidante (causas L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
Esto último requiere acreditar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
III.1.b. El recurrente no demuestra que el tribunal de grado haya incurrido en el vicio de absurdo al ponderar el escrito de demanda y -con ello- violado el postulado procesal de la congruencia.
En su escrito inicial el accionante solicitó en varios pasajes la reparación integral con sustento en el Código Civil en razón de la incapacidad que alegó sufrir, y si bien hizo referencias al accidente laboral que protagonizó, puso especialmente de relieve las tareas de esfuerzo que alegó haber realizado para su empleador. En tal sentido, destacó que "la lesión en la región lumbar [...] no obedece a un aislado acontecimiento atento a que los trabajos en sí de la empresa son de esfuerzo" y que "otros compañeros de trabajo del actor padecen de lesiones similares" (v. fs. 28/29 vta. y 31 vta.).
En el capítulo dedicado a fundar la responsabilidad de la aseguradora demandada solicitó que: "se declare a la ART responsable por los daños y perjuicios por mí sufridos como consecuencia de las enfermedades laborales reseñadas, frente al incumplimiento de las normas de higiene y seguridad" (v. fs. 33 vta./35). Además, puede observarse que al peticionar los rubros y efectuar la pertinente liquidación, lo hizo recurriendo al Código Civil (v. fs. 35 vta./38 vta.).
Luego, el argumento medular por el que transita la impugnación afincado en aquella aseveración que indica que el reclamo de autos consistió en las prestaciones dinerarias de las leyes 24.557 y 26.773 a raíz de la incapacidad que porta el trabajador generada -exclusivamente- por el accidente laboral que protagonizó el día 9 de febrero de 2011, solo es fruto de la subjetiva opinión del impugnante, inhábil a los fines que se pretenden (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-08-2016; L. 118.756, "Stalldeker", sent. de 12-IV-2017 y L. 120.732, "Gorosito", sent. de 17-X-2018). Lo expuesto alcanza para señalar que le vicio lógico que se le atribuye al juzgador, no se encuentra acreditado.
III.2. Las manifestaciones vertidas vinculadas con la determinación de la incapacidad del actor, tampoco resultan atendibles.
Dejando a un lado que los cuestionamientos dirigidos al dictamen médico no lucen idóneos para obtener su descalificación, el propio diseño del agravio muestra que las reflexiones que ensaya el interesado suponen admitir que el reclamo de autos lo fue con exclusivo sustento en el accidente de trabajo denunciado, tesitura que no ha tenido favorable recepción según lo resuelto en el punto anterior.
III.3. No ha de correr mejor suerte el reproche vinculado con el supuesto incumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte de la aseguradora accionada.
Al abordar el tema, valorando la prueba pericial técnica el tribunal descartó que la aseguradora de riesgos del trabajo demandada hubiera incurrido en omisiones de los deberes legales a su cargo, concretamente, halló cumplidas las medidas de seguridad dentro del establecimiento en que el trabajador se desempeñaba (v. vered., fs. 668 y vta.).
El impugnante ha soslayado por completo atacar esa motivación, falencia que cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo de la queja, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018; L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019; L. 118.636, "A., M. C.", sent. de 6-X-2020; L. 122.610, "Castronovo", sent. de 21-IV-2021; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2021 13:46:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/10/2021 08:43:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 09:50:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 16:42:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2021 08:13:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia