Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122346
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.346, "Amaya, María Liliana contra Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 306/316).
Se interpuso, por Prevención ART S.A. -en su carácter de gerenciadora del Fondo de Reserva de la ley 24.557, atento la liquidación de la demandada Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A.-, recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 7 de agosto de 2018), el que, denegado en la instancia de origen (v. fs. 334/336), fue concedido por esta Corte al declarar procedente la queja presentada a fs. 365/368 vta. (v. resol., fs. 378/379 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 382/383 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Tribunal de Trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Maria Liliana Amaya y condenó a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, así como el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que el día 16 de abril de 2014 la actora sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba tareas bajo la dependencia de la Clínica Pergamino S.A. (v. vered., fs. 306 vta. y 307). Asimismo, por no encontrarse discutido, tuvo por cierto que esta última se vinculó con la demandada Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. a través de un contrato de afiliación, en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo.
También estableció que, como consecuencia del infortunio, la reclamante padece diversas afecciones que le generan una incapacidad parcial y permanente del 5,56% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 307 vta./308 vta.).
A partir de esta conclusión, el juzgador de origen cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir a la señora Amaya, de acuerdo con las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y declaró aplicable al caso el art. 3 de la ley 26.773, sumando, en consecuencia, una indemnización adicional equivalente al veinte por ciento (20%) de la prestación (v. sent., fs. 313 y vta.).
Finalmente, impuso las costas a la accionada vencida, en los términos del art. 19 de la ley 11.653 y reguló los honorarios profesionales (v. sent., fs. 315/316).
II. Contra el pronunciamiento de grado, la parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
II.1. Por un lado, señala que el tribunal omitió la aplicación del decreto 1.022/17, reglamentario del art. 34 de la ley 24.557.
Indica que, en el caso, al dictarse sentencia condenatoria con arreglo a la cual se hizo lugar al reclamo impetrado por la actora, se impusieron las costas a la demandada por resultar vencida. Expresa que el citado decreto -que, insiste, no fue aplicado- establece claramente que la obligación del Fondo de Reserva alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la ley 24.557 y sus modificatorias, excluyéndose expresamente las costas y gastos causídicos (v. rec., págs. 3/6).
II.2. Manifiesta que el órgano jurisdiccional interviniente soslayó en autos toda consideración en torno a la aplicación del art. 129 de la ley 24.522, referido a la suspensión del curso de los intereses cuando media declaración de quiebra.
Advierte que, no obstante que la accionada es una aseguradora de riesgos del trabajo en proceso de liquidación, el juzgador dispuso la adición de intereses al capital de condena, ordenando su liquidación desde la fecha del alta y hasta su efectivo pago, sin reparar en el límite temporal impuesto en la mencionada norma (v. rec., págs. 6/9).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde recordar que el dicho remedio sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019 y L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020).
III.2. De la simple lectura del escrito recursivo, se desprende que el impugnante no introduce ningún reproche susceptible de ser abordado en el marco de las señaladas causales a las que refiere del recurso extraordinario de nulidad bajo estudio.
Ello así, desde que los agravios que lo sustentan, lejos de vincularse con alguno de los supuestos contemplados en los arts. 168 y 171 de la Constitución local -únicos que delimitan el campo de actuación del remedio procesal bajo análisis-, se dirigen a objetar el modo en que el tribunal trató y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo -en rigor- a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, cuyo tratamiento resulta extraño al ámbito del medio de impugnación intentado, siendo materia propia del recurso de inaplicabilidad de ley (causas L. 119.066, "H.M. Azul S.A.", sent. de 6-IV-2016; L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sent. de 20-XII-2017; L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019 y L. 121.816, "Acosta", sent. de 28-IV-2021).
En efecto, la invocación de la omisa actuación de un precepto legal constituye materia específica de la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución provincial, pues importa -en puridad- una de las hipótesis configurativas de violación de la ley (art. 278, CPCC). Reitero, entonces, el tema queda excluido de examen por conducto del carril en tratamiento (v. mi adhesión al voto de mi distinguido excolega doctor Pettigiani, causa L. 121.816, "Acosta", sent. de 21-IV-2021 y mi voto, causa L. 123.850, "Tesoriero", sent. de 26-V-2021).
III.3. Por último, resta aclarar que el fallo atacado se encuentra fundado en ley (art. 171, Const. cit.), sin que corresponda analizar -en el marco de la presente vía- su eventual incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015; L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018 y L. 124.355, "Bogao", sent. de 23-II-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
Solo he de señalar que en lo referente al último párrafo del punto III.2., lo hago conforme a mi adhesión al voto de mi distinguido excolega doctor Pettigiani en la referida causa L. 121.816, "Acosta", sentencia de 21-IV-2021.
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:30:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 10:15:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/10/2021 16:15:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:28:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 07:56:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia