Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123858
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.858, "Bueno, Walter Javier contra Osram Argentina S.A.C.I. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 319/325 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 333/341 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que reviste interés por constituir materia de agravio- rechazó la demanda promovida por el señor Walter Javier Bueno contra Osram Argentina S.A.C.I., por la que se pretendía -entre otros rubros- el cobro de la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y la multa prevista en el art. 80 de la misma ley (texto según arts. 43 y 45, ley 25.345, respectivamente).
Para así decidir, tras valorar el informe suministrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP; v. fs. 200/209), juzgó demostrado que la empresa Ledvance S.A. (continuadora de Osram Argentina S.A.C.I.) "efectuó" en debida forma y durante todo el período de la relación laboral los "aportes previsionales" (v. vered., fs. 320).
Señaló, por otro lado, que la demandada acompañó (v. fs. 78/81) el certificado de trabajo con fecha de imposición el 30 de noviembre de 2010, circunstancia que concordaba -concluyó- con lo expresado en la carta documento del 9 de noviembre de 2010 (v. fs. 7), en cuanto allí se indicaba que dicho instrumento le sería entregado en tiempo y forma acorde a los plazos legales (v. vered., fs. 320 vta.).
En la etapa de sentencia, desestimó la aplicación de la sanción contemplada en el mencionado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por considerar que el informe emitido por la AFIP daba cuenta que al reclamante se le efectuaron "los pertinentes aportes previsionales" (v. sent., fs. 323 vta.).
En lo que respeta a la multa establecida en el referido art. 80 de la misma ley sustantiva laboral, juzgó que encontrándose a disposición del trabajador el certificado de trabajo, este último no demostró haber concurrido a la sede de la empresa a retirarlo, por lo que debía hacer lo propio con el glosado a fs. 79/81 (v. sent., fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345; v. fs. 333/341 vta.).
II.1. En primer lugar, impugna la sentencia de grado en cuanto desestimó la aplicación de la sanción conminatoria mensual establecida en la última de las normas citadas, alegando que tal decisión es derivación de una absurda valoración de la prueba.
Señala que, mediante el escrito de contestación de la demanda, los recibos de sueldo, la pericia contable, los telegramas y el informe de la AFIP agregados a la causa, quedó acreditado que su parte intimó a Osram Argentina S.A. para que cumpliera con lo dispuesto en el dispositivo legal. Sin embargo, asegura que la firma no ingresó los aportes retenidos respecto de aquellos organismos a los que estaban destinados (v. fs. 334/335).
Explica que surge de la prueba colectada que la sociedad demandada cambió su denominación social a Ledvance S.A., y que fue esta última quien cumplió dicho cometido (v. fs. 335 y vta.). Por tal razón, argumenta que los aportes previsionales y de obra social no fueron depositados en tiempo oportuno -esto es, luego de la intimación cursada el 5 de noviembre de 2010-, sino que fue Ledvance S.A. quien dio cumplimiento a la obligación luego de transcurridos siete años del emplazamiento remitido a Osram Argentina S.A.C.I. al efecto (v. fs. 336).
Por ello, solicita que se aplique la sanción conminatoria mensual desde el día en que debieron depositarse los aportes previsionales y de obra social, es decir, desde el 5 de noviembre de 2010 hasta la fecha del efectivo cumplimiento de esa obligación (v. fs. 338).
II.2. De otro costado, objeta el rechazo de la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Expresa que el tribunal atribuyó erróneamente la carga de la prueba de la obligación dispuesta en dicha norma legal (v. fs. 336 vta.).
Explica que, a través de los telegramas acompañados con la demanda, la parte actora demostró que emplazó a la accionada para que le entregara el certificado de trabajo y las constancias documentadas de pago de aportes a la seguridad social y que, pese a ello, aquella no cumplió con dicho requerimiento (v. fs. 337).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen efectuar un primer estudio referido a la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, más precisamente, en lo referido al valor del litigio.
III.1.a. En tal sentido, es menester destacar que en atención que los cuestionamientos traídos por la agraviada versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la aplicación de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 102.460, "Garcés", sent. de 7-III-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 117.748, "Castelluccio", sent. de 06-V-2015 y L. 121.578, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020; e.o.), sin que -adelanto- se verifique en el caso la concurrencia de motivos que permitan abordar esta parcela del recurso en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine , de la ley 11.653. En cambio, la restante -referida a la multa prevista en el art. 80 de la ley citada- no supera el umbral para la admisibilidad del recurso vigente a la fecha de su interposición (art. 278, CPCC, texto según ley 14.141).
III.1.b. Con relación a ello, como he hecho referencia, entre muchas otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, a cuyos fundamentos remito en honor a la brevedad.
La decisión que propuse en dichos precedentes -como hube de poner de resalto, entre otras oportunidades, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017)- ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación relativa a la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la ley sustantiva laboral -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía-, en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.c. Sentado lo anterior, habré de ingresar en el tratamiento de los agravios ensayados en el orden en que fueron expuestos en la reseña, y ello en el marco de análisis ya descripto respecto de cada crítica.
III.2. Considero que no le asiste razón al recurrente cuando denuncia que el tribunal de origen incurrió en el vicio de absurdo al desestimar la penalidad establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Conteste con lo expuesto en el intercambio telegráfico que antecedió al inicio de las actuaciones (v. fs. 6), el accionante al presentarse en el litigio se limitó a alegar que la empleadora realizó descuentos "...sin haber efectuado los aportes pertinentes a la entidad correspondiente..." (v. demanda fs. 52).
Sobre la base de dicho pedimento, y en el marco de las facultades privativas conferidas en el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653, el órgano judicial de grado, con sustento en los datos que surgen de la información brindada por la AFIP (v. fs. 200/209), declaró que la empresa Ledvance S.A. (continuadora de Osram S.A.C.I.) efectuó en debida forma y durante todo el período de la relación laboral los aportes previsionales (v. fs. 320).
Luego, en oportunidad de deducir el recurso ante esta sede extraordinaria, el interesado -sin siquiera cuestionar aquella esencial conclusión fáctica sobre la que se estructuró la decisión censurada- se ciñó a denunciar, en lo sustancial, que la carga fue cumplida extemporáneamente por Ledvance S.A., transcurridos siete años del emplazamiento remitido al efecto a Osram Argentina S.A.C I. (v. fs. 336).
Siendo ello así, fácil es advertir que el recurrente -alterando el alcance de su pretensión original (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015 y L.120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020)- pretende apartarse de las concretas motivaciones que condujeron al sentenciante a resolver este aspecto del reclamo, por conducto de la exposición de un planteo que -pueda o no compartirse- no formó parte de la estructura de la decisión, circunstancia que sella fatalmente la suerte del embate.
En tal sentido, no puede soslayarse que la facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 107.401, "Semenza", sent. de 13-XI-2012; L. 112.839, "Borsella", sent. de 8-V-2013; L. 117.197, "Laugero", sent. de 17-XII-2014; L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016; L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017 y L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; e.o.).
Lo dicho, y sin que ello implique abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión, revela la ineptitud de la queja para conmover las motivaciones que dotan de sustento al pronunciamiento objetado.
III.3. Por otro lado, el embate dirigido a controvertir la conclusión vinculada al rechazo de la multa establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo es inadmisible.
III.3.a. Por las razones ya expuestas en el apartado liminar, la crítica debe examinarse en el acotado contexto revisor que impone el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En estas condiciones, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e.o.).
III.3.b. Bajo esa directriz, resulta nítido que no se verifica la hipótesis de excepción prevista en la ley adjetiva local, toda vez que el despliegue argumental que formula el interesado carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
En tal sentido, no resulta ocioso recordar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la decisión que propone la doctora Kogan en su voto a excepción del punto III.1.b.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, ello, a excepción de lo expuesto en el punto III.1.b.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con las salvedades expuestas por los doctores Soria y Torres me sumo a la propuesta que se eleva al acuerdo.
Así lo voto.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:30:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 10:15:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/10/2021 16:15:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:29:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 07:56:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia