Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124100
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.100, "G., A. L. y otros contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 79/104 vta. y aclaratoria de fs. 106/108 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 30-II-2019).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fs. 134/138 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por A. L. G. -por sí y en representación de su hija menor de edad C. V. G. G.-, J. A. G. G. y L. R. G. G. contra Provincia ART S.A., condenando a esta última a abonarles la suma que especificó en concepto de indemnización por el servicio funerario y de cremación (ley 24.557 y resol. de la SRT 1.195/04) por el fallecimiento de C. A. G. -quien en vida fuera esposo y padre, respectivamente, de las accionantes-. También dispuso la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fijó en dos veces y media la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, calculada sobre el capital de condena desde el día 13 de agosto de 2016 hasta que quede firme la sentencia. Rechazó, en cambio, el reclamo por el que se procuraba el cobro de diferencias indemnizatorias, con más la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables e intereses (v. fs. 79/104 vta. y aclaratoria de fs. 106/108 vta.).
Para así decidir, en lo que aquí interesa destacar, juzgó que no se hallaba controvertido que la aseguradora accionada abonó a las referidas causahabientes las prestaciones dinerarias de la ley especial con motivo del siniestro que provocó el fallecimiento del trabajador el día 12 de agosto de 2016, luego de transcurrido casi un año de su acaecimiento (20 de julio de 2017). Ello, no obstante lo normado en el art. 4 de la ley 26.773, que -destacó el juzgador- prevé la obligación de pago a los quince días del deceso (v. vered., fs. 82 vta. y 83).
Con sustento en la prueba informativa, tuvo por acreditado que la accionada no cumplió -como era su carga- con los costos de sepelio (tales como servicio funerario, arreglos florales y una corona, impuestos y tasas abonados en el Cementerio, Registro Civil, Municipio) y gastos de cremación (incluida la provisión de una urna), normados en la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 1.195/04 (arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 7; v. vered., fs. 82 y sent., fs. 87 vta. y 88).
Sobre esa base, declaró temeraria y maliciosa la conducta asumida por la demandada en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque entendió que su comportamiento debía ser encuadrado en el precepto aludido, al no haberse dado cumplimiento -dentro del plazo establecido en la citada resolución- con la obligación de abonar los rubros reclamados, "...habiendo manifestado no adeudar los gastos de sepelio, obligándola a litigar..." (fs. 97 vta.). Sostuvo, entonces, que la aseguradora había actuado con conciencia de su propia sinrazón, obstruyendo el derecho de la parte actora de percibir su crédito (v. sent., fs. cit.).
Finalmente, luego de brindar acogimiento a la aclaratoria interpuesta, dispuso liquidar los intereses moratorios correspondientes a las prestaciones dinerarias percibidas por las actoras (el día 20 de julio de 2017; $2.047.649,81), "...a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos (SCBA L. 108.142, 'Abraham') y se calculan en base a la TASA PASIVA CAT que paga dicho banco; conforme el siguiente cálculo: desde que acaeció el evento dañoso (12/8/2016, art. 2 ley 26.773) y hasta la notificación de la demanda (30/11/2017) que ascienden a la suma de $481.390,48, que se capitalizan (art. 770 inc. 'b', CCCN); 2) El importe resultante de la acumulación referida en el Punto 1) devenga el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia, efectuándose ese cálculo hasta el 20/11/2018 ascendiendo a la suma de $133.792,38, sin perjuicio de los intereses que resulten de esta fecha hasta el efectivo pago..." (resol. aclaratoria de fs. 106/108 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9, 15, 27 y 43 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; de la ley 24.557; 68 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 19 y concordantes de la ley 11.653. Aduce, también, quebrantamiento de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 30-II-2019).
II.1. En primer término, cuestiona la capitalización de intereses dispuesta por el juzgador de grado en los términos del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
Denuncia arbitrariedad y vulneración de los derechos constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso e igualdad.
Afirma que el fallo en crisis proviene de una errónea interpretación y aplicación de la doctrina legal emanada de la Suprema Corte y de la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, así como -también- de la normativa aplicable al caso.
Sostiene que la capitalización de intereses dispuesta en la sentencia transgrede los principios de congruencia y preclusión procesal, pues introduce una cuestión no reclamada en la demanda, generando un enriquecimiento sin causa.
No obstante, postula que la normativa ha sido erróneamente aplicada, ya que, en el caso, no se exigió una suma de dinero líquida determinada o determinable -capital adeudado- y con intereses generados desde la mora, previamente pactados por las partes, como -a su entender- establece el precepto, sino que -antes bien- se peticionó al tribunal que fije ambos extremos mediante el dictado de una sentencia.
En apoyo de su postura, cita el voto del ex Ministro de esta Suprema Corte, doctor de Lázzari, pronunciado en la causa C. 100.462, "Asociación Mutual Supervisores Ferroviarios", sentencia de 28-IX-2016 (v. rec., págs. 5 y 6).
II.2. Impugna, asimismo, la fecha de inicio del cómputo de los intereses que estableció el tribunal de grado.
Plantea que al notificarse del dictamen de la comisión médica efectuó el pago correspondiente, de modo tal que -asegura- obró de acuerdo con las disposiciones de la ley 24.557 y sus modificatorias.
Entiende que -en los términos del art. 4 de la ley 26.773- la determinación de la exigibilidad de la prestación resultó ser el momento en el que se anotició de la aceptación del siniestro y de la incapacidad fijada en el mencionado dictamen. Bajo esas directrices, sostiene que efectuó el pago de las prestaciones dinerarias en tiempo y forma, de modo tal que los intereses moratorios dispuestos en la sentencia deben ser revocados (v. rec., pág. 7).
II.3. Por último, se agravia de la aplicación al caso de la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cita, en sustento de su postura, distintos precedentes emanados de este Tribunal y otros de la Corte federal que individualiza.
En concreto, bajo la denuncia de absurdo, sostiene que el juzgador fundó la condena por el indicado concepto en los términos expuestos en la contestación de la demanda, los cuales -afirma- en parte resultaron "satisfactorios", al haberse rechazado en la sentencia la mayoría de los rubros reclamados en el libelo inicial.
Manifiesta que la actitud desplegada por la accionada no configura la conducta descripta, sino que -por el contrario- su comportamiento se ampara en la garantía constitucional de defensa en juicio. En ese orden, postula que el pronunciamiento en crisis se basó en argumentos incongruentes y contradictorios con los escritos constitutivos del proceso.
Considera que tampoco podría justificarse la aplicación al caso de la sanción recurrida, utilizando como pretexto la circunstancia de haber obligado a la actora a litigar y -con ello- obstruido la percepción del crédito que le correspondía, desde que -expone- no peticionó exclusivamente los gastos que finalmente fueron acogidos.
Añade que los conceptos de temeridad y malicia no comprenden situaciones "homónimas", sino que responden a conductas dispares, debiendo los jueces ser sumamente cautelosos y prudentes en la apreciación de estas circunstancias.
Postula también que la aplicación de la sanción importa una fuente de enriquecimiento injustificado para el actor (v. pág. 11).
III. Coincido con la solución propuesta por el señor Procurador General, pues entiendo que el recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado (v. pág. 2 de la pieza recursiva), no establece cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantifica su importe; no demostrando -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Reiteradamente ha resuelto esta Corte, que es el impugnante quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral determinado en la ley ritual para la admisibilidad del remedio extraordinario en cuestión (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.519, "R., L. F.", sent. de 21-IV-2010; L. 95.744, "Toscano", sent. de 14-VII-2010; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 18-IX-2019; e. o.), imperativo que -reitero- no ha sido satisfecho en la especie.
En consecuencia, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e. o.).
III.2. Bajo tal contexto de análisis, el reproche referido a la capitalización de intereses deviene inadmisible.
III.2.a. Me afirmo en esta conclusión porque los precedentes que invoca el impugnante (v. rec., págs. 3 in fine /4 -tercer párr.-) han sido elaborados en casos en los que mediaron presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que exhibe el presente litigio, déficit que lo torna infructuoso (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 121.116, "Morcillo", sent. de 20-VII-2020; e. o.).
III.2.b. Cabe también desestimar la alegada violación de la doctrina legal elaborada en orden a la transgresión de los principios de congruencia y preclusión.
III.2.b.i. No puedo dejar de señalar -inicialmente- que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Sin embargo, la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Con arreglo a tal premisa, conforme tiene dicho esta Corte, no se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando la doctrina que se invoca como violada refiere -como en el caso- a temas procesales, como es lo relativo a la violación del principio de congruencia (causas L. 96.162, "López", sent. de 1-IX-2010; L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018).
III.2.b.ii. De todos modos, a mayor abundamiento y para satisfacción del interesado, añado -ya, incluso, desde otro marco de análisis- que, contrariamente a lo alegado en la propuesta impugnativa, las accionantes solicitaron expresamente la aplicación al caso de la capitalización establecida en el art. 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial de la Nación.
III.2.c. Asimismo, igual suerte adversa ha de correr el embate tendiente a demostrar la errónea aplicación al caso de la mentada normativa, toda vez que no resulta idóneo acudir -tal como lo hace el compareciente- a las argumentaciones vertidas en un voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (v. rec., págs. 5 y 6; causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.469, "Álvarez", resol. de 12-II-2021).
III.2.d. Para más, no es ocioso recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los de otros tribunales de justicia no constituyen la doctrina legal a la que hace referencia el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (v. rec., págs. cits.; causas L. 120.083, "Sanquigni", sent. de 14-II-2018 y L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020; e. o.).
III.3. A su turno, el planteo dirigido a impugnar la fecha de inicio del cómputo de los intereses también debe ser desestimado.
En este tramo de la impugnación, el interesado prescinde de denunciar la violación de doctrina legal vinculada concretamente con este tópico.
Al respecto, cabe señalar que no es atendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley destinado a ser examinado en el marco del supuesto de excepción previsto en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, si la recurrente omite vincular la crítica que esgrime con cita de doctrina legal (causas L. 100.582, "Rimoli", sent. de 30-XI-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 121.204, "Benítez", sent. de 17-II-2021; e. o.).
A todo evento, resta agregar, que reiteradamente ha dicho este Tribunal, que la opinión de los autores no participa de dicha naturaleza (v. rec., pág. 7; causas L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; e. o.).
III.4. Por último, tampoco puede ser receptado el agravio tendiente a revertir la penalidad que fija el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo impuesta en la instancia ordinaria.
Sabido es que la determinación de la existencia o inexistencia de un comportamiento por parte del empleador que torne aplicable la sanción por temeridad y malicia en los términos del mencionado art. 275 de la ley citada remite, claramente, a cuestiones fácticas y probatorias, detraídas de revisión en el acotado ámbito cognoscitivo al que se circunscribe el referido supuesto excepcional (causas L. 122.493, "Aguirre", sent. de 4-III-2020 y L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020; e. o.).
Refuerza lo dicho la circunstancia de que si bien se citan precedentes que se consideran transgredidos, el interesado no explica de qué modo dicha infracción se habría producido, pues ni siquiera vincula lo decidido en aquellas causas con lo resuelto en autos (v. rec., págs. 9/12; causas L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013 y L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018).
A su vez, es dable puntualizar que la cita de doctrina definitoria del vicio de absurdo, carece de idoneidad a los fines pretendidos, en el acotado margen de revisión que prevé el citado art. 55 de la ley de rito del fuero laboral (v. rec., pág. 12; causas L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021 y L. 124.757, "Castelli", sent. de 14-VI-2021; e. o.).
III.5. En conclusión, todo lo expuesto determina la falta de aptitud de la réplica para desvirtuar -en el estrecho marco en que fue revisada- las motivaciones del fallo que ha sido materia de agravio.
IV. En virtud de lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al sufragio de mi distinguida colega doctora Kogan, con excepción de lo manifestado en el primero y segundo párrafo del punto III.2.b.i. de su voto.
Con la salvedad efectuada, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, ello, a excepción de lo señalado en el punto III.2.b.i. en relación con su criterio sobre el alcance de la doctrina legal en el marco de la excepción prevista en el art. 55 de la ley 11.653 y de lo dicho en el punto III.2.b.ii.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con las salvedades formuladas por el doctor Soria, adhiero al voto emitido en primer término.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:30:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 10:16:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/10/2021 16:16:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:29:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 07:56:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia