Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.773, "Ruíz, Francisco contra Provincia ART S.A. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 354/366 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 376/394 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda instaurada por Francisco Ruíz y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la reparación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo del accidente que padeciera el 6 de enero de 2010, en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales como guardia-cárcel del Servicio Penitenciario (v. fs. 354/366 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la Comisión Médica n° 05A de la ciudad de Córdoba dictaminó que el promotor del juicio era portador de una incapacidad equivalente al 11,50% del índice de la total obrera; habiendo percibido por parte de Provincia ART S.A. la suma de $25.267,72 en concepto de prestación sistémica (v. vered., fs. 355 vta./356 vta. y 359 y sent., fs. 361 vta.).
Luego, a partir de las conclusiones de la pericia médica producida en la causa, juzgó demostrado que, a raíz del mencionado infortunio, el actor padece una secuela posquirúrgica (cirugía de meniscos) de rodilla derecha que le ocasiona una minusvalía del 15%. Con tales elementos y los factores de ponderación del decreto 659/96, fijó la incapacidad parcial y permanente en el orden del 18,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 356 vta./357 vta. y sent., fs. 361 vta./362).
En cuanto al valor mensual del ingreso base, el juzgador determinó que el correspondiente al año anterior al accidente, ascendía a $3.276,90 (ello, incluyendo las sumas que especificó), por juzgar que -indudablemente- integraban el salario del trabajador (v. vered., fs. 357 vta./359).
En lo que interesa destacar, en la etapa de sentencia, sostuvo que la declaración de invalidez constitucional de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional, que debe ser cabalmente demostrado por quien lo alega; y, en ese orden, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 formulado por el accionante (v. sent., fs. 362 vta./363 vta.).
Seguidamente, teniendo en cuenta la edad del trabajador a la fecha del siniestro (cuarenta y cinco años), el valor mensual del ingreso base ($3.276,90) y el porcentaje de incapacidad (18,50%), cuantificó el importe de las prestaciones dinerarias que le correspondían percibir en la suma de $46.267,20 ($3.276,90 x 53 x 18,50% x 65/45-); superando dicho importe el piso mínimo legal establecido en el apartado segundo del inciso "a" del art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo ($180.000 x 18,50%; texto según art. 3, dec. 1.694/09; v. sent., fs. 363 vta./364).
Por último, añadió que sobre ese monto se aplicarían intereses desde la fecha del siniestro (6 de enero de 2010), hasta el día en el que la aseguradora efectuó el pago, momento en que deberá deducirse el importe ya abonado al trabajador que se tuvo por acreditado en el veredicto ($25.267,72; con imputación primero a intereses y luego a capital) y, continuando el saldo devengando intereses hasta el efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación en su "variante digital" (v. sent., fs. 364/365).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561 (v. fs. 376/394 vta.).
II.1. Objeta que el tribunal de grado no aplicara ningún mecanismo de actualización monetaria al momento de estimar las prestaciones dinerarias que fueran reconocidas en la sentencia.
Cuestiona el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557. Al respecto afirma que el juzgador desestimó su planteo con apoyo en doctrina legal de esta Suprema Corte y en la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, sin analizar el grave perjuicio que ocasiona la aplicación literal de la norma (v. fs. 381 y vta.).
Sostiene que el método utilizado pulveriza el derecho a una indemnización justa. Añade que la fórmula matemática-financiera se desentiende totalmente del resultado cuantitativo final y del modo en que el mismo gravita en la pérdida de ganancia futura -lucro cesante- respecto de la minusvalía que aquel padece en forma definitiva (v. fs. 381).
Indica que de haberse considerado el ingreso base mensual como una "deuda de valor" y de haberse utilizado un salario actualizado, el tribunal hubiera arribado a un monto sumamente mayor (v. fs. 381 vta.).
Argumenta que la Ley de Riesgos del Trabajo, como cualquier otra norma que reglamenta el derecho a la integridad psicofísica del trabajador, merece un análisis guiado por la razonabilidad, debiendo descalificarse cuando no cumple con el mandato constitucional (v. fs. 382/384).
Aduce que el sistema indemnizatorio previsto en dicha ley provoca un enriquecimiento ilícito a favor de las aseguradoras de riesgos del trabajo, quienes cobran sus alícuotas en moneda actualizada y pagan las indemnizaciones en moneda depreciada, situación que contradice las bases del derecho laboral (v. fs. 384/385).
Expresa que en autos se ha configurado una situación de discriminación, ya que el actor -que transitó un largo proceso judicial- obtuvo un resultado irrisorio y recibió un trato dispar respecto de aquellos otros dependientes que, sin recurrir a juicio alguno, logran obtener un resarcimiento proporcional a sus ingresos reales (v. fs. 385 y vta.).
En suma, afirma que el régimen reparatorio especial de infortunios laborales, tal como ha sido diseñado, premia al incumplidor, pues produce una redistribución de ingresos inversa, que les otorga a los que más tienen y les quita a los económicamente más débiles (esto es, a los trabajadores incapacitados que se encuentran en mayor estado de indefensión; v. fs. 385 vta.).
En apoyo a su postura invoca distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -a su criterio- avalan el pedido de reajustar las sumas reclamadas (v. fs. 385 vta./387).
II.2. Peticiona que, en el caso, se disponga la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor de créditos reclamados desde su exigibilidad hasta el día del efectivo pago (v. fs. 389 vta.).
Manifiesta que el tribunal de grado no interpretó la citada norma en consonancia con el restante plexo normativo laboral (v. fs. 392 vta.).
Añade que a fin de establecer el valor mensual del ingreso base se deben considerar salarios ajustados, ya que toda indemnización supone una ponderación del valor actual del desmedro patrimonial sufrido, pues de lo contrario se desnaturalizaría su función resarcitoria (v. fs. 392 vta./393).
II.3. Por los argumentos expuestos, plantea también la invalidez constitucional de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 (v. fs. 394; v. también fs. 376 punto I y fs. 387 del escrito impugnativo).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente cabe destacar que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente en su medio impugnativo respecto al monto del agravio (v. fs. 379 vta./380), el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia entre lo concedido en el fallo y la suma que señala pretendida- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3938/19)-, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo puede justificarse, en principio, en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Sin embargo, no corresponde soslayar que los agravios que animan la impugnación (destinados a cuestionar la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 y de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-), involucran el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del medio de impugnación con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
Sobre esa base, pierde virtualidad el análisis de la argumentación -escueta, por cierto- por la que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2.a. Ahora bien, conforme fue relatado, el tribunal de grado condenó al Fisco provincial al pago de diferencias por la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 6 de enero de 2010.
En lo que interesa, por resultar materia de agravio para arribar a tal definición y cuantificar el importe de la tarifa, el juzgador abordó el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor en torno al art. 12 de la ley 24.557.
Reprodujo el criterio ostentado en otro precedente del mismo organismo, señalando que la consideración de los haberes devengados durante al año anterior a la manifestación invalidante como pauta estructural para la determinación del salario base no exhibe confrontación con ninguna norma constitucional, ni pulveriza el significado económico de la indemnización, más allá de que por variaciones salariales posteriores, producto de las distintas coyunturas históricas, las remuneraciones del actor se hayan visto incrementadas. Afirmó que esta última circunstancia no era causa en sí misma que justifique la modificación de todo un régimen indemnizatorio que tarifa los resarcimientos, cuando siquiera se ha probado que la cifra a la que se arriba por desinencia del procedimiento establecido en la norma especial no abastezca la reparación merecida por el trabajador (v. sent., fs. 363 y vta.).
En conclusión, explicitó el juzgador que, habiendo la promotora del pleito accionado por la normativa especial de la ley 24.557, el cálculo del art. 12 de dicho régimen legal resultaba aplicable al caso, sin que se avizore en los achaques que vierte el interesado ninguna objeción constitucional respecto de su aplicación, único presupuesto que -en definitiva- hubiere obstado a su utilización como fórmula de cálculo de obtener favorable acogida su pretensión (v. sent., fs. 363 vta.).
III.2.b. Tales motivaciones no han recibido un embate idóneo por parte del agraviado, pues su crítica -vinculada, en esencia, a la necesidad de recurrir a valores actuales al momento de utilizar la fórmula legalmente prevista- no ataca concretamente las definiciones sobre las que el órgano de grado estructuró este tramo del pronunciamiento, quedando así evidenciada una manifiesta deficiencia técnica en el desarrollo del embate (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016 y L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
Desde este punto de mira, la ausencia de eficacia de la impugnación se exhibe nítida, ni bien se repara que su argumentación contiene un enfoque distinto del contenido en el escrito liminar, que el órgano de grado estimó inhábil a los fines pretendidos. En efecto, el desarrollo crítico del recurso se advierte como el fruto de una reflexión que innova el discurso blandido en la demanda -donde claramente se confunde con el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 24.557 (v. fs. 38/40)-; alterando el esquema que conformó aquella e impidiendo determinar con claridad la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
Sobre el particular, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación esgrimida por el interesado denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e.o.).
Ello así, pues en rigor, el recurrente pretende en el escrito bajo examen que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante; v. demanda fs. 33 vta.) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar salarios actualizados).
III.3. Por último, sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal para la introducción del planteo de inconstitucionalidad de los de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561), corresponde señalar que es criterio de esta Suprema Corte que son constitucionalmente validas tales normas en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 88.616, "Ibáñez", sent. de 5-VI-2013; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; L. 118.241, "Tarelli", sent. de 15-VI-2016; L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017 y L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018); sin que las razones vertidas en la impugnación ameriten la revisión de dicha postura.
III.4. Corolario de lo expuesto, y del mismo modo en que fuera señalado por esta Corte en la causa L. 124.700, "Insaurralde", sentencia de 29-VI-2021 -de connotaciones similares a la presente-, el fallo puesto en crisis no ha de modificarse, dadas la insuficiencia técnica del embate orientado a cuestionar la conclusión que causa agravio a la impugnante y la reiterada doctrina legal que sobre el tópico tratado en el punto anterior ha forjado este Superior Tribunal (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Observando que en el caso el recurrente se ha encargado de evidenciar que podría estar en juego una cuestión federal, comparto lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan acerca del marco en el que debe resolverse el recurso deducido. Con ello, coincido también con la opinión que brinda la ponente para desestimar el medio de impugnación y, en fin, con la solución que propone.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:30:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 10:16:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/10/2021 16:16:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:29:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 07:56:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia