Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto a la pauta utilizada para calcular la prestación dineraria, cuyo importe debe cuantificarse conforme lo establecido en el punto III.3.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que proceda de conformidad.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.290, "Gallano, Walter Daniel contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 254/260 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 266/271).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 330/332 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Walter Daniel Gallano contra Provincia ART S.A., en cuanto procuraba el cobro de diferencias por las prestaciones dinerarias oportunamente percibidas como derivación de las secuelas incapacitantes que padece por el accidente in itinere que sufriera el día 6 de julio del año 2010.
Para así resolver, juzgó acreditado que como consecuencia de dicho evento dañoso -por el que padeció una lesión severa del nervio ciático poplíteo externo de tobillo izquierdo, una lesión secuelar de tobillo derecho con presencia de limitación funcional y una reacción depresiva prolongada- la Comisión Médica interviniente le reconoció una incapacidad del 36,02% del índice de la total obrera, sobre cuya base el día 10 de marzo de 2011 percibió la suma de $131.681,30 en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente.
Seguidamente, con sustento en la pericia médica, declaró que el actor padecía, como secuela derivada del accidente, un porcentaje de incapacidad superior al asignado en sede administrativa; el que estimó -rechazando la aplicación de la teoría de la capacidad restante y considerando los factores de ponderación- en el 56,25% del índice de la total obrera.
Sobre dicha base, condenó a la accionada a abonarle en un único pago la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, con más la compensación dineraria adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la norma citada.
Señaló inicialmente que en los supuestos donde la incapacidad se sitúa entre el 50% y el 66%, el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo -vigente al momento del infortunio- dispone el pago en forma de renta periódica.
En ese contexto, expresó que en numerosos pronunciamientos había declarado la inconstitucionalidad de esa modalidad -aún de oficio- y dispuso la condena en un pago único, por lo que -en el caso- decidió en igual sentido. Por último, atento la asimilación de la situación de autos a la contemplada en el inc. "a" del apartado 2 del art. 14 de la normativa mencionada, ordenó la utilización de la formula allí establecida.
Por último, sostuvo el juzgador que mediante el dictado de la ley 26.773 se despejaron los distintos criterios y polémicas habidas en torno a esa temática. Ello así, según explicó, habida cuenta que el art. 17 apartado 1 del texto legal de referencia dispuso la automática e inmediata transformación bajo modalidad de pago único de aquellas prestaciones cuyo pago la ley originaria establecía en forma de renta. Al respecto, añadió que el art. 2.2 del decreto reglamentario 472/14 aclara que la reparación debe calcularse a tenor de la fórmula establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a", de modo que -conforme su razonamiento- quedó zanjada cualquier disquisición sobre el particular (v. fs. 258 vta. y 259).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 266/271).
II.1. En primer lugar, denuncia error en la aplicación al caso de la primera de las normas citadas. Expresa que el órgano de origen se equivocó al cuantificar la suma adicional allí prevista en el importe de $30.000 pues, encontrándose vigente el decreto 1.694/09 desde el mes de noviembre del año 2009, esa suma debió ascender a $80.000. Sostiene que dicho reglamento es aplicable al supuesto de autos, desde que el accidente in itinere acaeció el 6 de julio de 2010 (v. fs. 268 vta.).
II.2. En otro orden, cuestiona la definición con arreglo a la cual el juzgador determinó el importe del resarcimiento contemplado en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley especial utilizando la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" del mismo ordenamiento, cuya inaplicabilidad al caso expone.
De tal modo, propone diversos métodos de cálculo: i) el que emerge de la aplicación de la doctrina legal establecida en los precedentes L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012) y L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016), cuya transgresión denuncia; ii) aplicar una fórmula actuarial que recoja los parámetros previstos en sistema asistencial especial y; iii) mediante la utilización de la resolución SRT 34.834/10 (v. fs. 269/270).
Por último, plantea que, como argumento complementario para justificar su razonamiento, el sentenciante de grado tomó en consideración la ley 26.773 y el decreto 472/14, cuando dicha normativa es posterior al infortunio, sin que sea dable su aplicación retroactiva (v. fs. 270 y vta.).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo, se impone señalar que el cuestionamiento referido al yerro en el que incurrió el tribunal al momento de cuantificar la suma adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, mereció tratamiento favorable a su pretensión al resolverse en la instancia de grado la aclaratoria solicitada (v. fs. 272 y vta.).
De suyo, habida cuenta que el defecto denunciado fue subsanado, deviene carente de virtualidad el abordaje de la crítica (causa L. 110.984, "Scuffi", sent. de 20-VIII-2014; e.o.).
III.2. Luego, en el marco de análisis del restante agravio, se impone destacar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 295 y vta.), por juzgar el tribunal insuficiente el monto de lo cuestionado -en decisión que no ha merecido objeción alguna por parte del interesado-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020). Esta hipótesis se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.3.a. Delimitado de este modo el tema a revisar y desplegado el examen conforme los lineamientos antes enunciados, cabe reconocer la procedencia de la impugnación, toda vez que -en efecto- de la lectura de los antecedentes reseñados, surge evidente que las pautas que tuvo en cuenta el tribunal de origen para establecer el monto de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (en su texto originario) contrarían la doctrina legal de esta Suprema Corte.
Como bien pone de resalto el recurrente, en las causas L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012) y L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016), este Tribunal estableció que declarada la inconstitucionalidad del régimen de renta periódica previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, el importe total de las prestaciones por incapacidad allí establecidas debe cuantificarse conforme las estrictas pautas de cálculo que proporciona la citada norma legal y luego abonarse en un pago único.
Esas directrices no fueron seguidas por el sentenciante de grado, pues en el fallo, para determinar el monto de la prestación reconocida al trabajador empleó -conforme fue reseñado y con apoyo en el razonamiento descripto- la fórmula establecida en el inc. "a" del apartado 2 del citado precepto.
III.3.b. En consecuencia, el pronunciamiento de origen debe -en este aspecto- revocarse, ordenándose que el importe de la prestación dineraria debida al actor, en los términos de la tarifa del régimen especial, se cuantifique con ajuste a los parámetros que proporciona el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, en el marco de la norma aplicable a la fecha del suceso dañoso.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en el punto III.3.b. del presente. En consecuencia, los autos deben remitirse al tribunal de la instancia ordinaria para que proceda de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto a la pauta utilizada para calcular la prestación dineraria, cuyo importe debe cuantificarse conforme lo establecido en el punto III.3.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que proceda de conformidad.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2021 21:32:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2021 22:42:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 08:00:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:25:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:30:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/10/2021 11:47:36 hs. bajo el número RS-167-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia