Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123834
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.834, "L., A. contra La Segunda ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 235/249).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11-IX-2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, tras declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 21, 39, 46 y 49 de la Ley de Riesgos del Trabajo, hizo lugar a la acción deducida por A. L. contra La Segunda ART S.A., condenando a esta última al pago de la prestación por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de ley 24.557.
Para así decidir, juzgó acreditado que la accionante fue víctima de un accidente de trabajo in itinere acaecido el día 21 de agosto de 2014 (v. fs. 235 vta. y 238 vta.).
Con fundamento en el informe pericial psicológico obrante a fs. 164/168, tuvo por demostrado que a raíz de dicho suceso (abuso sexual) la actora padece un daño en su salud psíquica -distrés- que la incapacita en un 28% del índice de la total obrera, conforme lo manifestó el experto en su informe (ptos. 8 y 12 del cuestionario de la actora; v. vered., fs. 236).
Estimó probado -con sustento en los datos suministrados a fs. 133 por el perito contador interviniente- que el ingreso base mensual de la reclamante ascendía a $6.885,48; y que, al momento del evento dañoso, contaba con veintiún (21) años de edad (v. vered., fs. 236 vta.).
Sobre esta plataforma fáctica, condenó a la accionada a abonarle a la accionante A. L. la suma de $316.737,51.
Dispuso -además- que a dicho monto se adicionaran intereses, desde la consolidación del daño y hasta la fecha de notificación de la demanda (5-VIII-2016), a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días para un mínimo de $1.000 (opción plazo fijo tradicional, "CAT"), los que luego debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quedara firme la sentencia, efectuando ese cálculo hasta el 19 de junio de 2018 (v. fs. 247 y vta.).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución nacional; 9 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que el juzgador de grado se apartó del listado de enfermedades profesionales aprobado por los decretos 658/96, 659/96, 590/97 y 49/14, los cuales -aduce- revisten naturaleza legal en virtud de lo dispuesto en el art. 9 de la ley 26.773.
En este orden, destaca que el daño psicológico reconocido en la sentencia no se encuentra previsto en los baremos instituidos por las normas reglamentarias citadas.
Con base en ello, entiende que decisión atacada constituye un acto nulo, por haberse arrogado los magistrados potestades legislativas. Afirma, en este sentido, que aquellos adoptaron un criterio de acumulación normativa, que no se compadece con el conglobamiento por instituciones receptado por el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Puntualiza que, si bien el fallo en crisis se expresa enmarcado en las prescripciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en rigor de verdad, determina y cuantifica la incapacidad que porta la trabajadora, así como su ingreso base mensual, con sustento en parámetros ajenos a dicho cuerpo normativo.
Con pie en lo expuesto, enfatiza que la resolución censurada constituye un "híbrido legal", opuesto a la doctrina legal de esta Corte que exige -para condenar por fuera del contexto de la Ley de Riesgos del Trabajo- el cumplimiento ineludible de los presupuestos de responsabilidad civil. Al efecto, cita los precedentes L. 112.124, "Cañizares" (sent. de 20-III-2013); L. 97.799, "Rojas" (sent. de 30-III-2011); L. 116.862, "R., A. F." (sent. de 5-III-2014); entre otros-. Manifiesta que recién tras comprobarse la configuración de tales extremos, debe cotejarse si efectivamente la reparación que le corresponde al trabajador mediante la acción sistémica implica una notoria insuficiencia respecto de la que le cabría con base en el derecho común. Continua la exposición con la mención de otros antecedentes, tales como, entre otros, la causa L. 107.804, "Vatrella", sentencia de 11-XII-2013.
Seguidamente, transcribe parcialmente -en sustento de su posición- el fallo de la Corte provincial de Mendoza registrado como n° 13-01987668-8/1, "Chávez, Osvaldo Marcelo c/ Asociart ART SA s/ enfermedad accidente".
Señala que en la causa "Fontana, Mariana Andrea c/ Brink's Argentina S.A. y otro s/ accidente acción civil" (sent. de 3-X-2017), y su similar "Marando", la Corte nacional limitó la potestad jurisdiccional al revocar una sentencia que fijaba montos indemnizatorios exorbitantes mediante la invocación de pautas de "extrema latitud" que no permitían verificar cuales habían sido los fundamentos o el método seguido para establecerlas.
II.2. Cuestiona, también, la valoración de la prueba pericial psicológica efectuada en la instancia de origen.
Afirma que el informe elaborado por el profesional actuante no resulta idóneo para concluir sobre la existencia de la incapacidad psíquica de la actora, ni su relación causal con el accidente in itinere .
Reitera que la medición de la supuesta minusvalía fue elaborada de acuerdo a parámetros marginados de los baremos aplicables.
Indica que el experto que intervino obturó el control de la diligencia probatoria por parte de la aseguradora, toda vez que impidió al médico designado por la accionada participar como mero observador.
Añade que el dictamen no se ajusta a lo normado por el art. 472 del Código Procesal Civil y Comercial, por carecer de una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios en los que la perito fundó su opinión. Cita, en este punto, el precedente de esta Corte C. 120.307, "Galván" (sent. de 21-XII-2016).
Argumenta que el informe cuestionado deja en evidencia el desconocimiento pericial en cuanto a la gravitación de los factores de ponderación, desde que no existe en la causa -a criterio del impugnante- elemento alguno que permita inferir el elevado porcentaje que estimó para la realización de tareas habituales (15%). A ello añade que tampoco ilustra sobre la relación causal entre el accidente y el daño, los antecedentes de la actora, la repercusión inmediata del siniestro y su devenir posterior, ni qué cambios concretos se produjeron en las distintas áreas vitales de la damnificada.
Observa que la prueba pericial rebatida se asienta sobre los propios dichos de la reclamante y que, no obstante, se hace referencia a la realización de diversas pruebas de diagnóstico, no se exterioriza en forma clara y concreta la incidencia en la incapacidad consignada.
Arguye que, en rigor de verdad, debió efectuarse una pericia psiquiátrica. Funda esta afirmación en la circunstancia de que el experto, al expedirse respecto de las secuelas incapacitantes de origen psicofísico que le fueron solicitadas, apuntó que su determinación requería saberes y conocimientos que escapaban a la ciencia de la psicología. Sin embargo, en contradicción con esa premisa, determinó -luego- el daño de índole psíquico.
Advierte que el juzgador omitió ponderar otras constancias probatorias acompañadas por la actora junto con el escrito de demanda, a saber: a) el certificado del médico especialista en psiquiatría, quien -aduce- otorgó a L. el alta, sin mencionar ningún tipo de tratamiento posterior, salvo la necesidad de realizar controles (v. fs. 181) y, b) el informe suscripto por la licenciada en psicología, quien refiere el agravamiento del cuadro por otro hecho delictual (robo) ajeno a la controversia (v. fs. 184/185). Cita doctrina legal relativa al absurdo (causa A. 72.638, "Barán", sent. de 20-IX-2017).
II.3. Refuta, asimismo, la valoración de prueba pericial contable producida en instancia de origen. Puntualiza que el juzgador adoptó -lisa y llanamente- el ingreso base mensual denunciado por la reclamante en el escrito de inicio ($6.885,48), sin tener en cuenta el suministrado por el experto a fs. 144 vta. -en base a la nómina por CUIL ($4.622,29)- en oportunidad de contestar el pedido de explicaciones que le fuera formulado por la demandada. Invoca quebranto del antecedente de esta Corte registrado como P. 124.540, "Altuve", sentencia de 30-V-2018.
II.4. Por otro lado, rebate la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, porque considera que infringe la doctrina legal sentada, entre otras, en las causas L. 96.687, "Orellana" (sent. de 2-III-2011); L. 101.094, "Berthet" (sent. de 27-IV-2011) y L. 119.058, "Magnini" (sent. de 31-X-2016).
Asimismo, transcribe una cita parcial del precedente de la Corte nacional caratulado como "Aquino" (CSJN Fallos: 327:3753).
II.5. Objeta, luego, que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva "CAT" (tasa digital: opción Plazo Fijo Tradicional) que el Banco de la Provincia de Buenos Aires paga en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 84.266, "Rosado" (sent. de 9-VI-2010).
II.6. Por último, denuncia que el juzgador de origen incurrió en anatocismo, por cuanto, a partir de lo establecido en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, determinó la acumulación de intereses al capital originario y, sobre el importe total resultante, calculó nuevamente los acrecidos.
Puntualiza que al momento de ocurrido el siniestro de autos (21 de agosto de 2014), el Código Civil y Comercial no se encontraba vigente, pues -anuncia- su vigor data del 1 de agosto de 2015, por lo que se opone a su aplicación retroactiva. Aduce que el sentenciante debió ceñirse al art. 623 del Código Civil de Vélez que expresamente prohíbe la aplicación de intereses sobre intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena, los acrecidos acumulados con base en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, más la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el tribunal de grado y el que habría de obtenerse por aplicación de la tasa pretendida por el recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que la admisibilidad del medio de impugnación deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En estas condiciones, la función revisora de este Superior Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e. o.).
III.1.b. No obsta a lo dicho el agravio dirigido a controvertir la declaración de invalidez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, que -en principio- no queda atrapado por las limitaciones establecidas por las normas procesales locales, por constituir una cuestión de índole federal (causa L. 89.651, "Salum", sent. de 11-VII-2012; e. o.). Ello así, pues -en definitiva- más allá de la declaración contenida al respecto en el fallo atacado, lo cierto es que, a la fecha de ocurrencia del evento dañoso, cuya reparación se procura en autos (21 de agosto de 2014), la norma de referencia había sido derogada por la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012). De suyo entonces, resultan estériles tanto la conclusión del pronunciamiento sobre el particular como el reproche traído, que -por lo demás y en estas condiciones- deja en evidencia la falta de interés del quejoso para cuestionar este tramo del fallo.
III.2. Así las cosas, en el marco señalado en el primer párrafo del acápite precedente, procederé seguidamente a analizar cada uno de los demás agravios ensayados en el escrito recursivo.
III.2.a. Principio, entonces, por abordar el embate por conducto del cual el impugnante denuncia la inobservancia de determinados baremos y la pretensa asunción de potestades legislativas por parte de los magistrados de grado. Al respecto, debo señalar que el reproche luce inadmisible.
Ello así, toda vez que -más allá de cualquier otra consideración- los precedentes que se citan en este fragmento de la crítica, se observan elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020).
III.2.b. Resultan igualmente inatendibles los cuestionamientos dirigidos a impugnar las conclusiones del fallo vinculadas con la valoración de la prueba efectuada por el órgano de grado.
En este punto, corresponde destacar dichas críticas, estructuradas bajo la denuncia de absurdo, están orientadas a derribar la ponderación de las pericias psicológica y contable y parte de la documental acompañada junto con el escrito de demanda, por lo que remiten -en rigor- a típicas cuestiones de hecho y prueba que -como tales- se encuentran reservadas de modo privativo al tribunal de trabajo y detraídas del ámbito de la excepcional vía de la casación por la que transita el examen del presente canal revisor (causas L. 116.533, "Fernández", resol. de 4-VII-2012 y L. 117.910, "Frías", sent. de 3-V-2018).
Para más, debo recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que no se observa la concurrencia de la vía de excepción en cuestión, en el sentido y con el alcance por ella establecido, cuando la doctrina legal que se invoca violada refiere al vicio de absurdo (causa L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012; e. o.), tal y como -según lo dicho- acontece en la especie.
III.2.c. A esta altura, con relación a los embates hasta aquí abordados, no es ocioso indicar que la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia que formula el interesado a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, no constituyen doctrina legal (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e. o.).
III.2.d. Tampoco prospera la objeción planteada en torno a la tasa de interés aplicada en el fallo bajo censura respecto del capital de condena.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Se sigue de ello que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar también este aspecto del embate.
III.2.e. Finalmente, tampoco concurre la excepción prevista en la ley adjetiva laboral local respecto del cuestionamiento dirigido a objetar la capitalización de intereses, ya que la interesada omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico (v. fs. 442 y vta.; causas L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XI-2016; L. 121.669, "Coria", sent. de 29-IX-2020 y L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la solución propiciada en el voto de la doctora Kogan y en lo atinente al punto III.2.d. lo hago en atención a la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el caso, como bien se señala en el sufragio que inaugura este acuerdo, el valor del litigio resulta inferior a la suma fijada en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010 y L. 93.096, "Mañay", sent. de 3-VI-2009; e. o.).
I.2. No obsta a lo dicho en el párrafo que antecede que uno de los embates vertidos en el medio extraordinario de impugnación se encuentre orientado a cuestionar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los incs. 1 y 2 del art. 39 de la ley 24.557 (en su anterior redacción), puesto que ningún argumento despliega el quejoso para evidenciar en ello la eventual presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito de admisibilidad relativo a la cuantía económica.
Ya respondiendo al apuntado agravio, puede advertirse que si bien el sentenciante declaró lacónicamente en un pasaje de su pronunciamiento la inconstitucionalidad de las referidas disposiciones legales, lo cierto es que -y dejando de lado los razonamientos que empleó en torno a la dolencia e incapacidad de la accionante, criticados en otros compartimentos del recurso- la aseguradora recurrente resultó condenada en el marco del sistema de responsabilidad que contempla la primera parte del viejo art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo. En consecuencia, no se advierten motivos que -ceñidos a este tramo de la impugnación y a su diseño- ameriten desde el interés del impugnante a revisar en este aspecto el pronunciamiento a partir de la jurisprudencia que indica violada, elaborada en supuestos alejados de las particularidades aquí reseñadas.
Lo exp
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