Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123841
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.841, "Tossi, Héctor Ariel contra Provincia ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín se pronunció nuevamente, ordenó que se practique una nueva liquidación e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 298/301 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 309/336).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1.a. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por el señor Héctor Ariel Tossi contra Provincia ART S.A. y condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias indemnizatorias por la incapacidad parcial y definitiva que padece el demandante (conf. arts. 14 apdo. 2 inc. "b", ley 24.557; 1, dec. 1.694/09; 3 y 17 apdo. 6, ley 26.773; v. sent., fs. 149/158 vta.).
Puesto a determinar el importe de la prestación dineraria que correspondería, por aplicación de los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, el órgano de grado la cuantificó inicialmente en la suma de $101.399,22 (v. sent., fs. 156 y vta.). Empero, tras declarar aplicables al caso las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1.694/09 (conf. resol. 22/14 de la Secretaría de Seguridad Social), fijó su cuantía en la cifra de $335.023 (a la que descontó la suma ya abonada por el 11% de incapacidad inicialmente fijado por la Comisión Médica interviniente).
A dicho importe, adicionó -además- el 20% que del art. 3 de la ley 26.773 ($63.044,60) y la prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557, resolución 22/14 ($275.740). Por último, a la suma de dichos valores ($654.007,60) aplicó el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773, arribando a un coeficiente de 6,93, que multiplicó por el monto antes señalado, obteniendo un total de $4.532.272,66, por lo que declaró procedente la demanda (v. sent., fs. 156 vta.).
Además, ordenó que los intereses compensatorios fueran abonados por la aseguradora demandada desde la fecha del accidente, conforme la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (v. sent., fs. 152 vta., 153 y 157/158 vta.).
I.1.b. La accionada Provincia ART S.A. se alzó contra la sentencia mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 170/181), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 197/198.
I.1.c. En esta sede extraordinaria, esta Corte -por mayoría-, teniendo en cuenta que a la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (14 de noviembre de 2006) no se encontraba vigente ni el decreto 1.694/09 ni la ley 26.773, resolvió que no resultaban aplicables al caso las normas actuadas en la sentencia impugnada para cuantificar las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Por ello, dispuso revocar la sentencia en este aspecto y ordenó la devolución de los autos a la instancia ordinaria para que, con nueva integración, se dictara nuevo pronunciamiento por conducto de la aplicación de las pautas de la ley 24.557, con las modificaciones del decreto 1.278/00.
Asimismo, dejó sin efecto los intereses calculados y ordenó que se realizara otra liquidación, según la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos de aplicación comprendidos (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
I.2. Arribados los autos a la instancia de grado, el Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Junín dictó un nuevo fallo, en el que determinó el valor de la prestación dineraria según el método de cálculo contemplado en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, arribando a la suma de $101.399,22 (53 x $2.410,17 -valor mensual del ingreso base- x 54% -porcentaje de incapacidad- x 65/44), de la que dedujo el importe de $19.800 ya percibido por el trabajador (v. sent., fs. 299).
Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios de la siguiente manera: a) desde la fecha del evento dañoso (14 de noviembre de 2006) y hasta el día 18 de agosto de 2008, con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y b) desde el 19 de agosto de 2008 y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva "digital" de esa misma entidad (v. sent., fs. 299 y vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación del principio de congruencia, de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 inc. "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo San Salvador; 10, 11, 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 11, 12 y 14 de la ley 24.557; 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 309/336).
II.1. Inicialmente cuestiona el monto de condena establecido en la sentencia.
Al respecto, sostiene que las indemnizaciones laborales abonadas al trabajador se deben ajustar a valores razonables al momento de su pago.
En este sentido, alega que el juzgador de grado vulneró la doctrina legal que emerge de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), en la que -afirma-, a partir de un análisis basado en el control de razonabilidad, este Tribunal confirmó el carácter de exigua y menguada de la reparación brindada mediante las prestaciones de la ley 24.557, declaró la inconstitucionalidad de su art. 12 y calculó el monto indemnizatorio al momento del pago.
Agrega que se transgredió -asimismo- la doctrina fijada en L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015, que considera idéntica a la presente causa). Indica que esta Corte, luego de un estudio claro de la situación fáctica y la falta de razonabilidad del pago realizado por el órgano de grado, dispuso la actuación del decreto 1.694/09 a un hecho ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia.
II.2. Por otro lado, reiterando algunos conceptos formulados al desarrollar el primer agravio, cuestiona que el sentenciante haya cuantificado la prestación dineraria por incapacidad laboral, permanente, parcial y definitiva con arreglo a lo prescripto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, ya que -manifiesta- de conformidad al grado de minusvalía que se tuvo por acreditado correspondía determinar dicho guarismo según las estrictas pautas de cálculo que proporciona el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la misma ley, y las resoluciones 29.346/03 y 34.834/10 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Señala que el tribunal de mérito interpretó erróneamente la normativa, toda vez que -postula- mal pudo acudir a un precepto legal que ha sido dictado para regir incapacidades de rango inferior al 50%, cuando el menoscabo en la salud del accionante de autos se determinó en un 54% del índice de la total obrera.
Argumenta, también, que en el pronunciamiento impugnado se omitió ordenar el pago de la compensación adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. dec. 1.278/00).
II.3. Por último, denuncia la violación del principio de congruencia, por cuanto el fallo -asegura- se aleja de los planteos realizados en los escritos constitutivos y de "...la sentencia de la Corte que establece la fecha de ocurrencia del evento, y, la ley aplicable correctas..." (v. fs. 331).
Afirma que en el pronunciamiento en crisis omitió ponderar que la aseguradora había ofrecido abonar la suma de pesos $179.999,67, calculada en base a la Ley de Riesgos del Trabajo y la resolución 29.346/03, lo que fue reconocido por ambas partes.
Manifiesta que la controversia no se apontoca en establecer el acaecimiento y fecha del evento dañoso ni -tampoco- en fijar el monto de capital de renta liquidado y ofrecido, sino en dirimir la razonabilidad de dicho pago en cuanto a su valor y modalidad.
III. El recurso es inadmisible.
III.1.a. Liminarmente cabe advertir que, encontrándose notificada y consentida por la interesada -ante la falta de impugnación- aquella resolución del tribunal de origen en virtud de la cual se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el estrecho marco de cognición que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 337/338), la competencia revisora de esta Corte debe ejercerse con las restricciones derivadas de ese estricto molde de análisis.
En ese contexto, cabe recordar que el supuesto excepcional habilitante de la vía intentada se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021; e.o.).
III.1.b. Ahora bien, a propósito de las argumentaciones del recurrente relativas a la exigencia de un monto mínimo para acceder a esta instancia extraordinaria, sabido es que el criterio jurisprudencial sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) -citado por el quejoso- condiciona la validez de las restricciones procesales locales para recurrir ante los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el art. 278 del CPCC) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Sin embargo, en la especie, no se observa que los planteos y agravios introducidos por el impugnante pudieran considerarse incluidos en las previsiones del art. 14 de la ley 48 (causas L. 116.665, "Funes", resol. de 3-V-2012 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; CSJN, Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
III.2. Aclarado ello, debiendo resolverse la impugnación, entonces, en el estrecho marco de análisis del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, debo indicar que la exclusión de la hipótesis de excepción habilitante se impone nítida.
III.2.a. En primer lugar, ello es así porque no asiste razón al recurrente en cuanto reputa transgredida la doctrina que emana de las causas L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018) y L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015).
En efecto, no es exacto el argumento contenido en la impugnación en orden a que la sentencia atacada contradice lo resuelto por esta Suprema Corte al fallar en los citados precedentes.
En ambos obrados las decisiones de los tribunales de grado fueron confirmadas en esta sede casatoria en virtud de la insuficiencia en la fundamentación de los recursos extraordinarios interpuestos. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
III.2.b. Por otro lado, en cuanto a la transcripción de fs. 330, relativa a los precedentes L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que la cita corresponde a la opinión personal de uno de los señores Ministros votantes en las mencionadas causas, no constituyendo -de suyo- doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que -por ende- permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017 y L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018).
Por lo demás, el interesado prescinde denunciar doctrina legal específicamente vinculada a los agravios que expone concernientes al modo en que el sentenciante hubo de calcular las prestaciones a las que el accionante es acreedor, circunstancia que contribuye a sellar de modo definitivo y fatal esta parcela del embate.
III.2.c. Igual suerte han de correr los restantes agravios traídos con apoyo en otras doctrinas legales invocadas, pues estas últimas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en autos (causas L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
Para mejor ilustración, no es ocioso recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015; L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021; e.o.).
III.2.d. Para terminar, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, he de señalar que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Sin embargo, la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación relativa a la denunciada violación del principio de congruencia con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Con arreglo a tal premisa, conforme tiene dicho esta Corte, la doctrina elaborada en torno a dicho postulado carece de idoneidad para habilitar la apertura del canal extraordinario previsto por el art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 96.162, "López", sent. de 1-IX-2010; L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018).
III.3. Sentado lo que antecede, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan, con excepción de los párrafos primero y segundo del punto III.2.d. de su sufragio.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2021 21:32:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2021 22:42:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 08:00:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:26:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:30:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/10/2021 11:47:39 hs. bajo el número RS-169-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia