Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124032
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.032, "Olmedo, Eduardo Ceferino contra La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M. y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, rechazó la acción deducida e impuso las costas a la parte actora por resultar vencida (v. fs. 294/304 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8 de octubre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente, en lo que resulta materia de agravio, desestimó la demanda del señor Eduardo Ceferino Olmedo contra La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M. en procura del pago de la indemnización integral de daños y perjuicios sustentada en las normas del derecho común y, subsidiariamente, el resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Para así decidir, declaró acreditado que el día 9 de agosto de 2015, el actor sufrió un accidente de trabajo mientras desarrollaba sus tareas habituales para su empleadora, que le causó lesiones en su rodilla izquierda y le provocó una incapacidad psicofísica del 37,75% del índice de la total obrera (v. vered., primera y segunda cuestión, fs. 294/296 y sent., fs. 300). Asimismo, determinó que con motivo del infortunio el trabajador recibió prestaciones médicas por parte de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. vered., segunda cuestión, fs. 295 y sent., fs. 300).
Destacó que, en la audiencia de vista de la causa, esta última arribó a un acuerdo conciliatorio con el actor mediante el cual se comprometió a abonarle la suma de $600.000 (en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas) y el señor Olmedo desistió de la acción civil iniciada contra ella, continuando únicamente su reclamo resarcitorio respecto a la empleadora (v. vered., tercera cuestión, fs. 296 vta.).
Precisó que, pese a que las partes coincidieron en señalar que el reclamante transitó el procedimiento administrativo previo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, no surgía de la causa que la aseguradora hubiera notificado al trabajador, con carácter previo al inicio de la acción judicial, el importe que debía percibir en concepto de prestaciones dinerarias de la ley especial (v. vered., quinta cuestión, fs. 297).
Sobre esa base, indicó que el reclamo de autos se hallaba dirigido a obtener, por un lado, la reparación integral con sustento en normas del derecho común por los daños y perjuicios padecidos por el trabajador como consecuencia del infortunio laboral; y por otro, supletoriamente, las prestaciones dinerarias con fundamento en la ley 24.557. En este marco, toda vez que a la fecha del siniestro se encontraba vigente la ley 26.773, entendió que correspondía brindar tratamiento a la limitación de la doble vía contenida en el art. 4, segundo párrafo, de este último plexo legal, así como -también- a lo prescripto en su tercer apartado (v. sent., fs. 300 vta.).
Estableció que "...el actor en atención al sistema instaurado por la LRT peticiona que se declare la inconstitucionalidad de las normas que limitan la competencia de la justicia del trabajo y de las que limitan la reparación integral; pero nada dice y ninguna tacha de inconstitucionalidad plantea respecto de lo normado por el art. 4° de la ley 26.773, que introduce una importantísima modificación al sistema reparatorio de los accidentes de trabajo, en tanto instaura la opción excluyente de uno u otro sistema reparatorio..." (fs. cit.). Sostuvo que la mencionada ley mejoró a su antecesora al permitir la acción civil en los supuestos de accidentes del trabajo -la cual se encontraba vedada por el art. 39 apartado 1 de la ley 24.557-, admitiendo el reclamo de la reparación integral y retomando la opción excluyente entre los distintos sistemas de responsabilidad, tal como sucedía con las anteriores leyes 9.688 y 24.028 (v. sent., fs. 301).
Apuntó que con el dictado de los precedentes "Aquino" y "Torrillo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se habilitó la posibilidad de reclamar la reparación integral de los trabajadores con sustento en las normas del código civil (v. sent., fs. cit.).
Seguidamente, reiteró que el art. 4 de la referida ley 26.773 estableció que los damnificados debían optar, de modo excluyente, entre las indemnizaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo o aquellas que pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, destacando que ambos "no eran acumulables". Expuso -además- que por el artículo citado las acciones judiciales de derecho civil sólo pueden iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente que deben cursar los obligados al pago de la ley 24.557 sobre el monto que les corresponde percibir a los siniestrados por aplicación del régimen especial previsto en la misma. Halló no verificado en los autos dicho recaudo y tuvo por no cuestionada su validez constitucional y, estableció que el actor no se encontraba habilitado para el inicio de la acción civil (v. sent., fs. 301 vta.).
Juzgó que, por no haberse efectuado planteos de defensa de especial pronunciamiento, la causa continuó su tramitación, hasta el momento en que el señor Olmedo formalizó su derecho de opción al que alude el art. 4 de la ley 26.773, al arribar a un acuerdo conciliatorio -homologado- con la aseguradora, por el cual desistió de la acción civil dirigida contra ésta y percibió las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo. Destacó que, a partir de allí, habiendo -incluso- percibido dos de las cuotas pactadas, se materializó la obligación fundada en la legislación especial y, por ende, el único obligado al pago previsto por esa norma (v. sent., fs. 302/303).
En consecuencia, rechazó la acción civil iniciada contra la empleadora, por considerar que resolver de modo contrario implicaba convalidar un abuso del derecho, al constituir una maniobra tendiente burlar la ley vigente en lo relativo a la opción excluyente (v. sent., fs. 302 y vta.).
Concluyó que "...otro análisis y tratamiento de la cuestión se debiera haber efectuado y quizás otra muy diferente hubiera sido la solución de esta causa, si se hubiera planteado la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 26.773 en cuanto prescribe opción con renuncia de un sistema de responsabilidad determinado; ahora bien, no habiéndose planteado el tema, por lo que no se otorgó tampoco derecho de defensa a los accionados, no encuentro una afectación constitucional tan evidente que permita su tratamiento de oficio..." (sent., fs. 303).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el actor, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de las normas legales que identifica e impugna -en lo esencial- el rechazo de la acción instaurada contra la empleadora, fundado en la falta de cuestionamiento de congruencia constitucional del art. 4 de la ya mencionada ley 26.773.
II.1. Sostiene que planteó la invalidez cuando, en el punto III del escrito constitutivo del litigio, introdujo el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo, refiriéndose a la ley 24.557 y a la ley 26.773, expresando que consideraba "...oportuno se aplique al caso de autos, en todo caso, la ley 26.773 en lo referente a la reparación integral de mi representado tomando las pautas en ella establecidas..." (fs. 28 vta.). Ello así -expresó- teniendo en cuenta lo normado en los párrafos segundo y tercero de la norma atacada.
II.2. Denuncia que la descalificación constitucional de la norma se avizora desde su génesis, en tanto ésta impuso un régimen de opción excluyente con renuncia, el cual -expone- importa que, si el siniestrado percibió las indemnizaciones por incapacidad permanente definitiva del régimen tarifado, se ve privado de accionar por los daños no incluidos en aquella solución resarcitoria que le corresponderían por conducto del derecho civil. Manifiesta que ello implica un retroceso altamente gravoso respecto al escenario anterior del dictado de la ley 26.773, el cual resultaba más beneficioso para la víctima. Señala que esta última situación se encuentra afianzada en virtud de la jurisprudencia que dispuso el Máximo Tribunal Supremo al fallar en la causa "Aquino", al consagrar el carácter constitucional del derecho a la reparación plena y el otorgamiento de igual rango al principio alterum non laedere , el cual prohíbe dañar los derechos de un tercero; situación que -dice- fue expresamente planteada en su demanda. Aduce que a lo dicho en la mencionada causa debe sumarse la doctrina del precedente "Llosco".
Refiere que con la ley 24.557, nada impedía al trabajador accionar contra el dañador en procura de la reparación integral e intentar -previa o conjuntamente- el cobro de la tarifa contra la aseguradora. Explica que el accionante contaba con varios caminos posibles, todos igualmente válidos. Alega que el segundo párrafo del art. 4 de la ley 26.773 instaura la opción con renuncia (reproduciendo casi textualmente el art. 16 de la ley 24.028), colocando al trabajador en una disyuntiva altamente inconveniente, pues lo obliga a escoger entre aceptar lo determinado por la aseguradora de riesgos del trabajo o asumir la inseguridad de no recibir crédito alguno en la hipótesis de embarcarse en un largo juicio.
Asevera que la opción conlleva a una indemnización que no cumple la pauta de justicia, y, por lo tanto, no constituye una verdadera reparación, afectando las directrices que dimanan del art. 14 bis de la Constitución nacional, así como el principio de progresividad y los derechos de propiedad, igualdad y no discriminación. Plantea que el resarcimiento pleno es negado, en tanto la opción a la que alude el mencionado articulado comporta una negación al acceso judicial y al derecho a la reparación integral.
II.3. Postula que, en el caso, surge nítido que el actor escogió iniciar la presente acción, que no debió rechazarse por haber acordado con la aseguradora el pago de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, dado que -expone- el proceso no culminó ahí, sino que -por el contrario- continuó su curso, con la finalidad de obtener la reparación integral peticionada.
II.4. Insiste en que en su demanda hizo referencia a la inconstitucionalidad de las leyes 24.557 y 26.773 y, que dicha petición se asentó en los principios rectores del derecho del trabajo, y, fundamentalmente, en el art. 19 de la Constitución nacional, pues argumentó que "...se vería lesionado el principio alterum non laedere , si se aplica una indemnización tarifada a mi representado..." (pág. 7).
Sostiene que las conclusiones que porta el fallo denotan una valoración absurda de lo afirmado en la demanda -extremo que refuerza con profusa cita de doctrina legal vinculada con el referido vicio- y denuncia que el tribunal de origen no aplicó los principios protectorio e in dubio pro operario , rectores en materia laboral.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Entiendo importante recordar que el actor demandó a La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M. y a Provincia ART S.A., en procura del cobro de la reparación integral por los daños y perjuicios sufridos por el accidente laboral que protagonizó y, supletoriamente, por las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Planteó allí la inconstitucionalidad de la ley 24.557 y la ley 26.773, pues postuló textualmente que consideraba "...oportuno se aplique al caso de autos, en todo caso, la ley 26.773 en lo referente a la reparación integral de mi representado tomando las pautas en ella establecidas..." (fs. 28 vta. in fine y 29).
Fundó su pretensión en la jurisprudencia establecida por esta Suprema Corte en la causa "Castro c/ Dycasa" y en el criterio sentado por la Corte nacional en la causa "Torrillo", en cuanto a la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común (v. fs. 35).
Justificó su pedido alegando que de aplicarse al caso las mencionadas leyes especiales, la reparación "resultaría insatisfactoria e irrazonable y ocasiona una lesión al principio 'alterum non laedere' . Dicho principio, que prohíbe perjudicar los derechos de un tercero, se encuentran lesionados en ese caso, toda vez que el resarcimiento por la vía de la ley 26.773 por la reparación tarifada no resultaría satisfactorio en su integridad si lo cotejamos con la eventual obligación que nace de la aplicación de las normas del derecho civil". A fin de demostrar sus dichos, cotejó las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según se atienda a su reclamo en el marco del régimen común de responsabilidad civil o conforme las previsiones de la ley 24.557 y las modificaciones introducidas por la ley 26.773 y concluyó que de aplicarse una indemnización tarifada se vería lesionado su derecho constitucional consagrado en el art. 19 de la Constitución nacional (v. fs. 35 y vta.).
La aseguradora demandada se presentó y opuso defensa de falta de legitimación pasiva -fundada en el límite de la cobertura y en la concurrencia de los requisitos para atribuirle responsabilidad alguna fundada en el Código Civil- y subsidiariamente, contestó la demanda (v. fs. 70/79).
La empleadora en su responde, planteó la imposibilidad del actor de acumular los sistemas de reparación, de conformidad con lo establecido en la ley 26.773, en tanto instituye el sistema de opción excluyente con renuncia (v. fs. 86 in fine /87).
Al celebrarse la audiencia de vista de la causa, el accionante y la aseguradora arribaron a un acuerdo de pago -que fue homologado por el tribunal de grado-, por el cual el primero desistió de la acción civil iniciada contra dicha entidad y dejó asentada su intención de continuar el proceso respecto de la empleadora (v. fs. 289/290).
Al dilucidar la cuestión sometida a análisis, el a quo evaluó los escritos constitutivos de la litis y -en lo que reviste interés- desestimó la demanda fundada en el derecho civil iniciada contra la empleadora, con fundamento en la falta de planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
III.2. Acierta el impugnante en denunciar que el tribunal de origen incurrió en el vicio de absurdo al interpretar el contenido del escrito de inicio.
Así lo concluyo, ya que no luce compatible con esa constancia objetiva de la causa la motivación esgrimida por el órgano jurisdiccional de la instancia inferior en grado para disponer el rechazo íntegro de la demanda.
Advierto que en diversos pasajes del libelo inicial el actor solicitó la declaración de invalidez constitucional de aquellas normas que prohíben la reparación integral, a la vez que refirió que su aplicación lesiona el derecho a la reparación plena, consagrado constitucionalmente en el art. 19 de la Constitución nacional, afectando -de modo notorio y manifiesto- la regla alterum non laedere , despojándolo del derecho a acceder a una reparación justa y adecuada como consecuencia del daño sufrido en su salud.
De allí que las conclusiones arribadas en el pronunciamiento censurado, en base a las cuales el tribunal juzgó que el actor pidió la inconstitucionalidad de las normas que restringen la competencia de la justicia del trabajo y de las que limitan la reparación integral, para luego, culminar resolviendo el rechazo de la acción, fundado -precisamente- en el omiso planteo imputado al actor, demuestra una absurda apreciación del escrito postulatorio.
Sin abrir juicio respecto de la solución que corresponda adoptar respecto de la cuestión sustancial, considero que el tribunal actuante no reparó en el razonamiento que brindó la actora, por lo que incurrió en una absurda valoración del escrito constitutivo del proceso.
Esta Corte ha sostenido que para encontrar configurada dicha anomalía se requiere la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016; L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018; L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020; e.o.), circunstancias que, por concurrir en el caso, habilitan a tenerlo por cometido.
III.3. Lo dicho hasta aquí resulta suficiente para hacer lugar al remedio extraordinario traído y casar la decisión impugnada en cuanto desestimó la demanda con los fundamentos descriptos.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia en los términos y con alcances indicados en el punto III.2. y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen, para que, nuevamente integrado y renovando los actos procesales que estime conducentes, se pronuncie respecto de la procedencia de la acción.
Atento la naturaleza de la cuestión debatida y el modo en que se resuelve la impugnación, las costas se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Puede observarse que si bien es cierto que en la demanda entablada el actor no planteó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, no lo es menos que con ella primordialmente persiguió el cobro contra su empleador y la aseguradora de riesgos del trabajo de una indemnización integral -sea con fundamento en el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo o bien en la ley civil- cuestionando la insuficiencia de las prestaciones previstas en el régimen de riesgos del trabajo; también es un dato incontrastable que estas últimas fueron reclamadas "supletoriamente" a la firma aseguradora (v. fs. 26 y vta., 28 vta., 29, 31 vta. y 35). Por su lado, algunas objeciones al respecto esgrimió en su defensa Biznaga S.A.A.C.I.F. Y M. (v. contestación de demanda, fs. 86/87).
En ese marco, luce desacertado lo interpretado por el tribunal de grado en su sentencia cuando entendió que en oportunidad de arribar a un acuerdo conciliatorio con Provincia ART S.A. imputando su monto exclusivamente a las prestaciones previstas en el régimen especial de infortunios laborales y desistiendo de la acción civil dirigida contra aquella, el accionante ejerció la opción consagrada en el citado art. 4 de la ley 26.773. Es que, en dicha ocasión, el demandante aclaró que "continuaba" o "proseguía" la acción civil contra el empleador. Sin embargo, sin reflexión alguna acerca de la norma que prevé la opción excluyente, el mentado acuerdo fue homologado por el tribunal de grado (v. acta de la audiencia de vista de causa y resolución pertinente).
I.2. Luego, más allá de la opinión que pueda merecer el camino que transitó la parte actora en el juicio desde el momento en que estructuró su postulación inicial, la conclusión sobre la cual se asentó el rechazo de la demanda iniciada contra el empleador no tiene correlato en las constancias del expediente, revelando que la valoración realizada por el a quo es fruto del absurdo denunciado.
II. Bajo estas reflexiones, adhiero a la opinión emitida por mi distinguido colega doctor Torres en su sufragio y a la solución allí propuesta.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor G
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.