Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124446
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.446, "Roca, Julio Cesar contra Brunello e Hijos S.H. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 399/414).
Se interpuso, por la coaccionada Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11 de junio de 2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la acción interpuesta por el señor Julio Cesar Roca y condenó solidariamente a Federación Patronal Seguros S.A. y a Brunello e Hijos S.H. al pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así resolver, juzgó probado que el día 13 de diciembre de 2007, mientras prestaba servicios, el actor sufrió un accidente de trabajo que le produjo una incapacidad del 38,54% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 400 vta./401 vta. y sent., fs. 410 y vta.).
Asimismo, desestimó el reclamo fundado en el derecho común, ya que estableció que el promotor del pleito no consiguió demostrar los presupuestos fácticos necesarios para atribuir responsabilidad civil a la demandada en los términos del art. 1.113 del anterior Código Civil.
Conforme el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, cuantificó el importe indemnizatorio en la suma de $532.624,21 y amplió la condena en $31.200, considerando el valor pecuniario de las sesiones del tratamiento psicoanalítico que debe realizar el reclamante.
Entendió que el señalado monto no resulta violatorio del piso mínimo que establece el decreto 1.694/09 vinculado al régimen de riesgos del trabajo.
Adicionó a la suma de condena intereses -por el período que especificó- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 410 vta./411 vta.).
A partir de la liquidación de fs. 415, practicó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora de riesgos del trabajo denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 505 del Código Civil de Vélez -actual art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación- y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, ambos modificados por la ley 24.432 y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, imputa al juzgador haber incurrido en absurdo e incongruencia al fallar del modo en que lo hizo.
Precisa que rechazó la acción orientada a obtener la reparación civil, por no considerar acreditados los factores de atribución de responsabilidad previstos por la preceptiva común, por no tener por verificado el hecho dañoso.
Denuncia que, sin embargo, se condenó al cumplimento del resarcimiento sistémico, establecido en los términos de la ley 24.557.
Postula la existencia de un desvío en la lógica del pensamiento plasmado por el juzgador ya que, si el presunto hecho generador del daño no se tuvo por probado a los fines del encuadre normativo civil, esta conclusión debió proyectarse con relación al resto del ordenamiento jurídico y, por ende, la condena amparada en la Ley de Riesgos del Trabajo carece de sustento.
II.2. Luego, cuestiona la aplicación retroactiva del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, hipótesis que -sostiene- se halla vedada de conformidad con lo establecido en los arts. 16 y 17 apartado 5, respectivamente, de la normativa mencionada.
Al efecto, denuncia violada la doctrina legal plasmada en el fallo L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), pues se vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del anterior Código Civil y, actualmente, en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Desde que el accidente ocurrió el día 13 de diciembre de 2007, argumenta que corresponde la aplicación del decreto 1.278/00 vigente a esa época.
Invoca infringida la doctrina legal emergente, entre otras, en las causas L. 90.384, "Navarro", sentencia de 9-V-2007; L. 94.119, "F., C. V.", sentencia de 4-XI-2009 y L. 112.832, "González", sentencia de 2-V-2013, en cuanto destaca que en esos casos este Tribunal se pronunció por la no aplicación del referido decreto respecto de las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a su entrada en vigencia.
Menciona en su apoyo el fallo "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como precedentes de otros tribunales de justicia que cita.
II.3. Por último, sostiene que el pronunciamiento contradice la doctrina legal proveniente, entre otras, de las causas L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002; L. 81.838, "Macalusi", sentencia de 10-IX-2003 y L. 77.859, "Acosta", sentencia de 27-VII-2005, pues sostiene que la regulación de honorarios profesionales practicada en la instancia de grado supera el límite del 25% previsto por el art. 505 del anterior Código Civil (texto según la ley 24.432).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Liminarmente, debo señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre la suma que el tribunal estableció en concepto de prestación y la cuantía calculada según la normativa cuya aplicación procura el quejoso, más la diferencia entre los honorarios regulados y los que correspondería fijar de conformidad con la limitación legal que aquel invoca- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que el tratamiento del canal extraordinario ensayado ha de situarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 118.753, "Marquez", sent. de 15-XI-2016; L. 118.456, "Martinez", sent. de 29-III-2017 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; e.o.).
III.1.b. Aún en el estrecho marco revisor impuesto para el análisis de los agravios que porta el recurso, corresponde formular una aclaración inicial en lo vinculado al planteo referido al infortunio sufrido.
A diferencia de lo que postula el quejoso, el evento dañoso se tuvo por acreditado en el fallo de los hechos. En la segunda cuestión del veredicto, se consideró verificado el acaecimiento del accidente de trabajo que afectó al trabajador, ocasionándole incapacidad. También concluyó el sentenciante, con apoyatura en la prueba obrante en la causa, que la aseguradora brindó las prestaciones médicas y otorgó el alta médica con recalificación laboral (v. fs. 401).
La desestimación del reclamo al amparo de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil velezano no se fundó -como equivocadamente dice el interesado- en la ausencia de prueba respecto de la ocurrencia del siniestro, sino en la orfandad probatoria respecto de los demás presupuestos de la responsabilidad civil alegada en la demanda.
III.1.c. Sentado lo anterior, en el estrecho marco cognoscitivo de la vía de excepción receptada en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, observo que el despliegue argumental del impugnante trae a consideración de este Tribunal cuestiones fácticas, excluidas del ámbito de la casación por el canal indicado.
En efecto, revisten esa naturaleza la determinación de la existencia del infortunio y del monto de la prestación establecida por parte del tribunal de grado (causas L. 96.699, "Grisette", sent. de 11-VII-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; e.o.).
Por otro lado, no es útil para desvirtuar la conclusión del fallo, en el acotado marco revisor por el que transita la vía en tratamiento, la doctrina legal denunciada, en tanto en los precedentes traídos a consideración mediaron presupuestos fácticos y normativos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento. Asimismo, corresponde añadir que los casos mencionados tampoco guardan correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que constituyeron factores esenciales de su decisión (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 118.976, "Veroisa Muñoz ", sent. de 28-II-2018 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; e.o.).
III.2. En cambio, asiste razón al impugnante en cuanto invoca transgredida la doctrina legal elaborada en torno de los arts. 505 del anterior Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificados por la ley 24.432; criterio que ha sido reiterado en el vigente art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En efecto, en función del consolidado criterio de esta Suprema Corte en la materia, debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causa L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; e.o.), en el caso, es dable advertir que si bien el tribunal de grado fijó los emolumentos según la legislación arancelaria local (aspecto que, según sostengo, no merece reproche), en la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas, excedió el límite legal (25% del monto de la sentencia concerniente a esta) establecido en la citada ley 24.432 (v. fs. 415/416).
En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la demandada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar parcialmente al recurso traído y revocar la sentencia traída, con el alcance establecido en el punto III.2. Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se propone resolver.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2021 17:07:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:15:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 14:15:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 09:32:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 11:50:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia