Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123299
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.299, "Galimberti Betancur, Sandra Virginia contra Mapfre Argentina ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 179/200 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 215/234).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo -en lo que reviste interés por ser materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Sandra Virginia Galimberti Betancur contra Mapfre Argentina ART S.A., por la que pretendía, con fundamento en las normas del Código Civil, el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 6 de agosto de 2011.
Para así decidir, en el veredicto, declaró no controvertido que la actora sufrió el siniestro mientras se desempeñaba bajo relación de dependencia de la firma Ardapez S.A., empresa que "lucía cubierta contra los riesgos de trabajo y en los términos de la ley 24.557 con la aquí aseguradora demandada..." (fs. 179 vta.). También consideró comprobado que la comisión médica dictaminó que, como consecuencia del infortunio, la accionante padece "...lumbalgia post-esfuerzo, más sin establecer a aquella fecha, incapacidad definitiva..." (fs. cit.).
Con apoyo en los informes periciales médicos (v. fs. 119/120, 136 y vta. y 157/161 vta., respectivamente), tuvo por acreditado que Galimberti Betancur, sufre afecciones físicas (lumbalgia por contractura de los ligamentos y músculos adyacentes) y psiquiátricas (depresión, ansiedad y reacciones vivenciales anormales neuróticas grado III), que "...tienen causa en el accidente de trabajo sufrido [...] el pasado 6-8-11..." y -conforme al método Balthazard- le generan "...una incapacidad parcial, permanente y definitiva equivalente al 37%"(fs. 182/183 vta.).
Con sustento en las declaraciones testimoniales de las señoras Fruto y Corbalán, tuvo por constatado que las tareas de la actora consistían en acarrear, cargar y descargar cajones, pilotes, cunas y bandejas de pescado entero. Asimismo, juzgó acreditado que aquella cargaba y descargaba aproximadamente cuarenta cajones diarios que pesaban entre quince y treinta kilos cada uno. Finalmente, estableció que la accionante trabajaba permanentemente agachada y haciendo fuerza y que los empleados destacados en la planta carecían de elementos de seguridad, desde que no tenían fajas ni arneses (v. fs. 180).
Luego, juzgó no demostrado que la aseguradora hubiera realizado actividades permanentes de prevención y control, o que hubiese seguido y vigilado lo que ocurría en el establecimiento de calle Vértiz y Figueroa con los empleados de su asegurada Ardapez S.A., ni que se les proveyera a los mismos elementos de seguridad alguno. Agregó que "...ni siquiera se demostró que la aseguradora haya ido alguna vez a visitar el establecimiento de su asegurada; ni que se interesara por el impacto físico que le provocaba a los empleados de Ardapez S.A. (léase la actora) el cumplimiento de sus respectivas tareas en la carga y descarga de cajones de pescado..." (fs. 180 vta.).
Concluyó entonces que "...pese hallarse en mejor posición para hacerlo, no produjo la aseguradora accionada, prueba alguna demostrativa del cumplimiento de su deber de promover la prevención y demás obligaciones establecidas en los arts. 4 y 31 de la ley 24.557..." (fs. 181 y vta.).
Sobre esa conclusión, declaró a la aseguradora como civilmente responsable, por los daños sufridos en el establecimiento de su asegurada Ardapez S.A., con fundamento en los arts. 512, 901, 902, 903, 904, 1.068, 1.074 y 1.109 del Código Civil y los lineamientos trazados por esta Corte en la causa L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009; v. fs. 188/189 vta.).
En este contexto, aclaró que "...resultando la acción entablada, de índole civil o extrasistémica respecto de la ley 24.557, la norma del decreto 659/96, resulta ab initio, ajena e inaplicable al caso; amén de resultar abstracto, el declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 en acciones deducidas contra las aseguradoras de riesgos del trabajo, tal como ocurre en autos..." (fs. 191).
Al estimar los daños y perjuicios sufridos por la accionante "...por razones de uniformidad, practicidad y sentido común...", expresó la necesidad de utilizar "...como punto de partida los valores mínimos a los que habría de reconocérsele -hoy- a un accidentado de trabajo, como lo es en el sub lite la aquí actora, según el sistema tarifario de la ley 24.557", arribando así al monto de $471.978 (v. fs. 191 y vta.). Seguidamente, "...tras merituar la profesionalidad de la actora, la singularidad de sus funciones, la gravedad y tipo (físico y psiquiátrico) de sus enfermedades, la extensión total de su incapacidad definitiva, la edad en la que sufriera el accidente de trabajo (a los 39 años) y -especialmente- su status familiar (v.gr. esposa y madre de cinco hijos), para justipreciar al daño material", consideró prudente y razonable fijarlo en $500.000 (v. fs. cit.). A esa suma agregó $100.000 en concepto de daño moral (v. fs. 192 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Galeno ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y 33 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución provincial; 1, 4, 26 y 31 de la ley 24.557; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643), 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil 7/89.
II.1. Señala que, de acuerdo a la fecha de la primera manifestación invalidante "...resulta plenamente aplicable al caso de autos la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo con las modificaciones introducidas por el Decreto 1694/2009...", pero no las disposiciones de la ley 26.773, que -desde su interpretación- se aplicó erróneamente en el caso (v. fs. 218).
Explica que conforme lo establecido en el art. 17 apartados 5 y 6, la nueva legislación refiere a las contingencias en las cuales la primera manifestación invalidante se produce con posterioridad a su entrada en vigencia, esto es, el 26 de octubre de 2012 (v. fs. 218 y vta.). Postula que el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables fue previsto para los montos adicionales de pago único del art. 11 de la ley 24.557, los supuestos de gran invalidez y los pisos de los arts. 14 y 15 de dicho plexo legal (v. fs. 219 vta. y 220).
Se agravia porque -desde su punto de vista- el tribunal hizo el cálculo indemnizatorio según la ley 24.557 y aplicó el señalado índice retroactivamente (v. fs. 222). En apoyo de su postulación, cita el precedente "Espósito", emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la causa registrada como L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) sentenciada por esta Suprema Corte (v. fs. 222 vta. y 223 vta.).
Añade que "...asimismo, es incorrecta la aplicación de la ley 27.348 que modifica el art. 12 de la ley 24557 , toda vez que la misma entró en vigencia el 8/01/2018..." (fs. cit.). Alega que la manera de determinar el ingreso base mensual (IBM) realizada afecta su derecho de propiedad al disponer una actualización respecto a la condena que no corresponde (v. fs. 224/225 vta.).
II.2. En segundo término, aduce que el sentenciante interpretó erróneamente las obligaciones a cargo de las aseguradoras en materia de prevención de riesgos laborales (v. fs. 225 vta.). Indica que el deber del art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo de observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo se impone exclusivamente al empleador (v. fs. 226). Afirma que la aseguradora de riesgos del trabajo no tiene a su cargo un deber de seguridad, ni tiene funciones de policía, como para inspeccionar establecimientos y obligar a los empleadores a entregar elementos de protección (v. fs. 226 vta. y 227 vta.).
Plantea la imposibilidad de responsabilizar a las aseguradoras en exceso de las prestaciones previstas en la ley 24.557, señalando que sus obligaciones se encuentran inmersas en un contrato y las consecuencias específicas de su incumplimiento no pueden exceder ese microsistema normativo (v. fs. 228). Así, concluye que la condena no debió exceder la medida del seguro, porque los contratantes limitaron sus responsabilidades a las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 227 vta./230).
Denuncia que es absurda la conclusión vinculada a que la actividad de la aseguradora de riesgos del trabajo o su eventual omisión en materia de seguridad son causas adecuadas para provocar el resultado dañoso sufrido por la trabajadora, premisas estas que -indica- tornan arbitraria la sentencia (v. fs. 230 vta.).
También se agravia de la condena amparada en el art. 1.074 del Código Civil, alegando que las obligaciones de la ART, conforme el art. 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo, son de medio y no de resultado (v. fs. 231) y que, en cualquier caso, incumbe al actor la prueba de la culpa alegada (v. fs. 231 vta.).
Por último, expresa la inexistencia de relación de causalidad entre la supuesta omisión de prevención del infortunio laboral por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo y el daño ocasionado (v. fs. 233 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Habré de invertir el orden de los agravios por razones metodológicas y analizaré, inicialmente, las críticas formuladas respecto de la responsabilidad civil que fuera atribuida a la aseguradora.
III.1.a. No asiste razón a la interesada en cuanto objeta la decisión sobre la base de la alegación de que no tiene a su cargo el deber de seguridad o que sus obligaciones se encuentran limitadas únicamente a las prestaciones de la citada ley 24.557.
Resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser juzgadas en el marco del derecho común por incumplimientos de sus deberes de prevención y control, fue admitida por esta Suprema Corte en el conocido precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sentencia de 25-XI-2009 (citada en la sentencia), en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011); L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014) y L. 120.316, "Palacios" (sent. de 19-XI-2020), todo ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
Luego, añado que a partir de las prescripciones de la ley 24.557, las aseguradoras aparecen -en concurrencia con el empleador- como sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, por lo que resulta inaceptable entender que son meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, ya que la norma les otorga un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017 y L. 120.712, "Perata", resol. de 15-XI-2017).
Siendo que la decisión cuestionada encuentra respaldo en dichas directrices y que la agraviada no aporta argumentos eficaces para revertirla, he de concluir que el recurso no resulta idóneo, máxime ni bien reparo en la ausencia de denuncia explícita sobre la errónea aplicación de las normas y la doctrina legal que citó el tribunal para fundamentar la decisión cuestionada (arts. 512, 901, 902, 903, 904, 1.068, 1.074 y 1.109 del Código Civil y causa L. 98.584, cit.), evidenciando así una insuficiencia manifiesta en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 107.378, "Santoro", sent. de 13-VI-2012; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015).
III.1.b. Por otro lado, esta Suprema Corte ha declarado que determinar si la aseguradora cumplió o no con las obligaciones que la ley 24.557 le impone en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su inobservancia y el infortunio laboral o enfermedad profesional, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no susceptible de revisión en casación, salvo denuncia y fehaciente demostración de absurdo (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017 y L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; e. o.).
En el caso, la recurrente no logra cumplir con ese cometido. La crítica se limita a invocar genéricamente ese vicio invalidante sin rebatir el análisis de la prueba y demás elementos de juicio (declaraciones testimoniales, pericias médica y psiquiátrica y el déficit probatorio imputado a la aseguradora de riesgos del trabajo) que formó la convicción en el juzgador sobre el incumplimiento incurrido por parte de aquella respecto de las obligaciones legales de prevención y control y la verificación del nexo causal con las dolencias padecidas por la trabajadora.
A esta altura, conviene recordar que no es atendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite impugnar en forma concreta, directa y eficaz las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, dejando firme la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que aquel se asienta (causa L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA", sent. de 8-II-2021).
III.2. Firmes las conclusiones concernientes a los incumplimientos de las obligaciones legales de la aseguradora en materia de seguridad, pierde relevancia el lacónico reproche dirigido a desvirtuar la distribución de las cargas probatorias.
III.3. Tampoco son atendibles los planteos orientados a objetar el monto de la condena, desde que no sólo no se abastecen de la denuncia de errónea aplicación de las normas actuadas en el fallo, sino porque -además- parten de una premisa equivocada.
Me afirmo en lo dicho, toda vez que cuando el tribunal determinó dicho importe no aplicó las leyes 24.557, 26.773 y 27.348, como aduce la interesada. Con el fin de cotejarlas, calculó inicialmente la reparación sistémica que percibiría la actora (en la suma de $471.978), pero inmediatamente se apartó de ella, precisamente, para establecer una integral -comprensiva de los daños material y moral- de conformidad a las normas civiles. En esta tarea, individualizó los datos que consideraba pertinentes (a saber: la profesionalidad de la actora, la singularidad de sus funciones, la gravedad y tipo -físico y psiquiátrico- de sus enfermedades, la extensión total de su incapacidad definitiva, la edad en la que sufriera el accidente de trabajo -a los treinta y nueve años- y especialmente su estatus familiar, esposa y madre de cinco hijos) para justipreciar el daño material, y arribó al importe de $500.000, agregando -de seguido- la cuantía de $100.000 en concepto de perjuicio moral (v. fs. 191 vta. y 192 y vta.).
En estas condiciones, cabe aquí memorar que este Superior Tribunal tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si su argumentación parte de una premisa errónea, lo que importa desentenderse de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado. Por ende, deviene ineficaz para cumplir con la carga de evidenciar la violación o el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 89.358, "León", sent. de 22-X-2008; L. 110.993, "González", sent. de 5-VI-2013; L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015 y L. 117.489, "Carracedo", sent. de 1-IV-2015).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2021 13:37:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/11/2021 08:11:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2021 09:43:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 14:39:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2021 08:37:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia